sábado, 13 de noviembre de 2010

La pensión del general Sherman




En 1861 estalló en Estados Unidos la Guerra de Secesión que enfrentó a los estados del Sur, confederados y esclavistas, y a los del norte, unionistas y abolicionistas. Tres años después, tras incendiar Atlanta, el general unionista William Tecumseh Sherman inició la campaña que pondría final a la contienda. Desde mediados de 1864 hasta diciembre del mismo año, Sherman dirigió una vasta fuerza de casi 70,000 soldados en su denominada «marcha hacia el mar». El 10 de diciembre de 1864, el ejército de Sherman alcanzó la costa de Georgia, después de haber arrasado un frente de cien kilómetros de ancho que había cumplido sobradamente su objetivo: partir en dos las líneas confederadas, cortar sus suministros por ferrocarril y alcanzar el mar apoderándose del principal puerto de abastecimiento de la Confederación: Savannah. Acuartelado allí, Sherman aceptó la rendición de todos los ejércitos confederados de las Carolinas, Georgia y Florida en abril de 1865, lo que significó prácticamente el final de la gran guerra civil norteamericana.

La marcha de Sherman y la quema de Atlanta fueron objeto de una de las novelas más leídas en Estados Unidos, Gone with the wind, de Margaret Mitchell, que después se llevaría al cine en la película más taquillera de todos los tiempos, Lo que el viento se llevó. La lectura de las memorias de Sherman (Memoirs of General W.T. Sherman, Appleton & Co., 1889), de su biografía más conocida, (Hirshson: The White Tecumseh: A Biography of General William T. Sherman, John Wiley & Sons, 1997), y de la espléndida novela La gran marcha, de E. L. Doctorow (Roca Editorial; 2005) , me han llevado hasta Savannah, una de las ciudades más hermosas, más tranquilas y de aire más europeo del sur de Estados Unidos.
Cuando redacto algunas notas para escribir este artículo, cómodamente sentado en Forsyth Park, espero a que abra sus puertas la casa donde se instaló Sherman, una mansión que Clint Eastwood utilizó en 1997 para el rodaje de su película más aburrida (para mí), Medianoche en el jardín del bien y del mal. Pero si de mitomanía cinematográfica se trata, apenas a una decena de metros de donde estoy un grupo de turistas alborotan mientras se relevan para fotografiarse sentados en un banco del parque, objeto de culto desde que Forrest Gump, charlando con varios desconocidos, comparaba la vida con una caja de bombones.

En estos días de campaña electoral hay un gran tema de debate en la sociedad americana: las pensiones, que los republicanos quieren limitar y el Tea Party dinamitar. He seguido la prensa y algunos debates televisivos y con lo que he sacado en limpio he redactado este artículo que puede aplicarse en el fondo a lo que está ocurriendo en todo el mundo: cómo pagar en el futuro las pensiones. Todo comienza con la guerra de Secesión.

Cuando aquella guerra comenzaba a destrozar el país y no existía el servicio militar obligatorio, alguien tuvo una idea ingeniosa: fomentar el reclutamiento ofreciendo pensiones generosas a los soldados y a sus viudas. El plan surtió efecto: cientos de miles de hombres se apresuraron a sumarse a la contienda en uno y otro bando. ¿Cuándo piensa que se hizo el último pago de una pensión de la guerra de Secesión? ¿La década de 1930 o 1940, cuando los veteranos más jóvenes, cumplidos ya holgadamente los setenta años, debían de estar acercándose al final de sus días? Pues no: el sistema de pensiones no realizó su último pago hasta el año 2004, ciento cuarenta años después de terminada la contienda. En la década de 1920, una avispada joven de veintiún años vio el negocio claro y decidió casarse con un veterano que tenía ochenta y uno, lo que dejó al Estado con una factura extraordinariamente duradera hasta que la mujer murió a la edad de noventa y siete años.
Imagine ahora que el mismo problema se manifiesta en una magnitud mucho mayor en todo el mundo desarrollado donde, en mayor o menor grado, impera el estado de bienestar. En un marco sociológico favorable, los gobiernos prometieron mantener de forma generosa a sus ciudadanos de edad avanzada, para descubrir décadas después que esos ciudadanos no se mueren cuando estaba previsto o se valen de triquiñuelas perfectamente legales para prolongar las prestaciones, absorbiendo una porción demasiado grande de los recursos disponibles. Basta con ese ejemplo para comprender la crisis de las pensiones y de la seguridad social.

Aunque desde tiempos de los romanos ya existían beneficios económicos a cambio del servicio militar, la existencia del estado del bienestar y de sistemas de seguridad social en todo el mundo es un fenómeno relativamente reciente. Después de la Primera Guerra Mundial y de la Gran Depresión, cuando la pobreza afectó a millones de familias, países como el Reino Unido y Estados Unidos impulsaron sistemas públicos de protección social destinados a redistribuir la riqueza entre los más necesitados. Tras el ensayo de Bismarck en Alemania, el catalizador de la creación de los estados del bienestar fue el Primer informe Beveridge, elaborado por el economista británico de origen indio William Beveridge en 1942, quien proporcionó las bases teóricas de reflexión para la instauración del Welfare State (Estado del Bienestar) por parte del gobierno laborista posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de «combatir la pobreza, la enfermedad, la ignorancia, la miseria y la ociosidad». 
La teoría que sustenta las pensiones y la seguridad social es sencilla: los ciudadanos deben contribuir a un fondo general cuando tienen trabajo y están sanos y, a cambio, ese fondo les ayudará a mantener su bienestar cuando estén enfermos, sean incapaces de trabajar o quieran jubilarse. El estado del bienestar ha traído consigo algunos problemas importantes, tanto socioeconómicos como fiscales. Dejo para otro momento el principal de los problemas socioeconómicos, la disminución de la productividad a la que puede conducir la aplicación perversa de los subsidios de desempleo, y me centro en el más acuciante problema de su financiación a medio plazo.

Los sistemas de seguridad social son sistemas de reparto en los que los contribuyentes financian hoy las pensiones de quienes están actualmente jubilados, no sus propias pensiones futuras. Este sistema funcionó de forma excelente en los años de la posguerra: el aumento de población provocado por el «baby boom» de finales de los años cuarenta y la década de 1950 hizo que hubiera abundantes trabajadores jóvenes pagando impuestos y contribuyendo a la hucha común entre 1960 y 1990. Desde entonces la tasa de fertilidad ha disminuido significativamente, por lo que varios países son conscientes de que les aguarda una inmensa factura que, de no adoptar medidas enérgicas, provocará la bancarrota del sistema.

Según los economistas especializados en analizar cómo las decisiones de una generación pueden afectar a la siguiente, los costes del estado del bienestar a medio plazo indican que el país que me acoge estas semanas se dirige hacia la bancarrota absoluta. Predicciones similares se han hecho para el caso de Japón, donde más del 21% de la población ya supera los sesenta y cinco años de edad y se calcula que su proporción igualará la de la población activa para el año 2044. No dispongo aquí de los datos españoles, pero imagino que la base sociológica será más o menos la misma.

La dolorosa verdad es que las alternativas son dos: o los pensionistas aceptan pagas menos generosas o se obliga a los ciudadanos a pagar más impuestos. Se trata de un dilema que dominará la política y la economía durante algunas décadas.