domingo, 2 de diciembre de 2012

Primero Shylock, luego el jubilado


Este hombre, que una vez fue niño, sólo sabe hacer dos cosas: las que le mandan y las que prometió que nunca haría. La misma semana en la que, con la que está cayendo, el ministro de Hacienda tuvo el cuajo de anunciar que el Gobierno blindaría a los mercados para evitar que las autonomías les impongan impuestos especiales como hizo Ibarra en Extremadura, Rajoy traspasó la última línea roja que le quedaba: los pensionistas perderán poder adquisitivo. El PP está comprobando ahora que con el apoyo que otorgó a la reforma constitucional en 2011 estaba escupiendo hacia el cielo.
¿No les parece sorprendente que cada quince días los responsables del Tesoro saquen pecho diciendo que han “colocado” en el mercado varios miles de millones de euros de deuda pública? ¿No les extraña que los mismos mercados que desconfían de nuestra solvencia acudan luego a adquirir un puñado de títulos cuyo cobro depende de un futuro que ellos mismos profetizan que será catastrófico? De verdad, ¿no les parece raro? La explicación es sencilla: se trata de comprar duros a peseta. Desde diciembre de 2011, el Banco Central Europeo (BCE), que es un banco público, ha prestado más de un billón de nuestros euros a la banca privada, la mitad de los cuales ha ido a bancos españoles e italianos. Aplicándoles intereses multiplicados por seis, lo que cogen del BCE a un interés inferior al uno por ciento, los bancos lo prestan a los estados que ellos mismos han endeudado.
Ahora bien, atiborrarse de deuda pública resulta arriesgado si el acreedor decide no asumir sus compromisos. Los banqueros deben garantizarse el cobro de la deuda pública y lo han conseguido sobradamente. Además, como son también acreedores de enormes deudas privadas, han logrado que sea un negocio redondo transmutando las deudas de empresas y particulares en deuda pública. A conseguir ambas cosas se pusieron con ahínco en cuanto estalló la burbuja financiera. Veamos primero cómo la banca se aseguró el cobro de la deuda pública.
Para hacerlo, amenazaron con estrangular económicamente al país para que PP y PSOE reformaran la Constitución para que incluyera una cláusula leonina: [...] Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, [...].
Priorizar absolutamente el pago trajo consigo renunciar a la doctrina de la “inmunidad soberana”, según la cual ningún acreedor puede forzar a un Estado a pagar su deuda pública.  Mediante aquel cambio constitucional España renunció a ese derecho y se autoimpuso la pena de satisfacerla cueste lo que cueste, caiga quien caiga. La reforma constitucional nos apretó aún más las tuercas cuando transformó la deuda pública en lo que en jerga financiera se denomina “deuda sénior”, lo que significa que su devolución es prioritaria sobre cualquier otra obligación del Estado, o lo que es lo mismo, que deberemos atender a la satisfacción de la deuda antes que al pago de prestaciones de desempleo, devoluciones de IRPF, pago de sueldos a funcionarios, mantenimiento de la cobertura sanitaria y todos los etcéteras que usted quiera añadir... incluyendo la actualización de las pensiones.
Para culminar la faena con una vuelta al ruedo, la meritada prestidigitación constitucional no sólo nos obliga con prioridad máxima, sino que establece que los “créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación”, lo que quiere decir que no tendremos ni la posibilidad, en caso de necesidad extrema, de poder renegociar ni una quita ni de hacer una reestructuración por pequeña que sea. El atraco perfecto. Consuelo: las constituciones se cambian. Tarde o temprano el estallido social llegará, porque la ciudadanía es cada vez más consciente de que quienes deberían gobernar para ellos reman a favor del viento de una crisis que no cesa de aumentar la injusticia social.
Si el cobro de la deuda pública está garantizado, imagínese ahora que usted posee un buen puñado de deuda privada de dudoso cobro. ¿Cómo deshacerse del muerto? ¡Acertó! Lo mejor es convertirla en deuda soberana. Pues eso es lo que está pasando: la troika comunitaria -Comisión Europea, BCE y FMI, los dos primeros bajo la batuta de Merkel y el último guiado por la bronceada mano de la francesa Lagarde- lleva tiempo en la faena. Los grandes tenedores de deuda española son bancos alemanes y franceses. ¿Va entendiendo? Ambas señoras, bailando al son de sus respectivas bancas, pretenden reducir al mínimo los gastos del Estado con recortes de todo tipo para que nunca nos falte lo que desde agosto de 2011 es constitucionalmente prioritario: que los modernos Shylocks cobren sus deudas, aunque tengamos que pagarlas destrozando el presente e hipotecando el futuro.
Cuando estalló la burbuja inmobiliaria la deuda pública de España era moderada. Sin déficit y con el 40% del PIB de deuda pública, cuando los criterios de Maastricht permitían tener hasta el 60% y la media de la UE era del 80%: ¡Estábamos perfectos, mejor que Alemania, con su 83%! Pero entonces, presionados por los banqueros, el Estado empezó a cargar con la deuda de los bancos: comenzó a gastar muchísimo dinero para avalar, capitalizar y salvar a los mismos bancos que, con sus movimientos especulativos y desregulados, habían causado el problema. Desde ese momento, la deuda pública se disparó hasta la insostenibilidad.
A partir de 2008, gobiernos y bancos iniciaron la mágica e imparable transmutación de deuda privada en pública mediante trucos financieros tan sutiles y difíciles de entender para el común de los mortales como la compra de activos tóxicos, avales, garantías, ayudas públicas, bancos malos y otras indescifrables trapisondas que han llevado nuestra deuda hasta el actual 76%, porcentaje que, a pesar de todo, sigue siendo ligeramente más bajo que el de nuestros socios. En total, en lo que va de reestructuración, y a la espera de la ejecución del último macropréstamo europeo de 37.000 millones, nuestro sector bancario lleva absorbidos más de 125.000 millones en ayudas públicas que pesan sobre nuestra deuda como una losa.

Hasta el comienzo de la crisis la situación no era preocupante porque podíamos presumir de balance: en 2007 nuestro superávit (1,9% del PIB) sextuplicaba al alemán (0,3%). Teníamos ingresos suficientes para satisfacer nuestros compromisos financieros. Pero la crisis lo trastocó todo. En 2008, cuando los bancos alemanes y franceses, al enterarse de que sus activos estaban podridos de basura hipotecaria procedente de sus colegas estadounidenses, dejaron de prestar dinero a España como resultado de su propio pánico, la burbuja inmobiliaria se derrumbó y creó un agujero en la economía española equivalente al 10% del PIB en tan solo unos meses. Fue un auténtico desastre. De repente, como consecuencia de la caída de los ingresos estatales, autonómicos y locales, se pasó del modesto superávit al déficit enorme.
Con la presión que ejerce sobre los gobiernos, la banca privada, que es en realidad el sector más endeudado, está consiguiendo convertir sus deudas privadas en nuestras deudas públicas. Es una terrible y triste paradoja que los mismos actores que causaron la crisis sean los que ahora exijan que sea la población quien pague la fiesta de los años del crédito fácil con el que llenaron sus bolsillos. Nada nuevo bajo el Sol: privatizar ganancias y socializar pérdidas.
Pero así son las cosas. Peter Bofinger, asesor económico del gobierno alemán, lo expresó muy claramente: “La ayuda no es para los países en problemas, sino para nuestros propios bancos que poseen una gran cantidad de deuda privada en esos países”. Lo podría haber dicho aún más claro: “Antes cobrará el prestamista germano que el pensionista hispano”.