En el artículo anterior
hablábamos de catorce kilómetros y unos cuantos siglos de problemas. El
Estrecho de Gibraltar no ha cambiado de tamaño, pero sí quienes juegan en sus
orillas y el valor de las fichas. Durante mucho tiempo, el tablero parecía
relativamente sencillo: España y el Reino Unido controlaban la orilla europea;
Marruecos ocupaba la africana; Estados Unidos vigilaba el conjunto desde su
alianza con España y la base de Rota. Ahora hay que añadir un jugador que hasta
hace pocos años apenas aparecía en los mapas estratégicos del Estrecho: Israel.
Todo comenzó formalmente en 2020
con los Acuerdos
de Abraham, promovidos durante el primer mandato de Donald Trump. Emiratos
Árabes Unidos y Baréin normalizaron sus relaciones con Israel; posteriormente
lo hicieron Sudán y Marruecos. Los acuerdos abrieron embajadas, rutas aéreas,
intercambios comerciales y nuevas formas de cooperación regional.
El caso de Marruecos tenía una
particularidad. Rabat no se limitó a reconocer a Israel. El 10 de diciembre de
2020, Trump anunció simultáneamente que Estados Unidos reconocía la soberanía
marroquí sobre el Sáhara Occidental. Dos decisiones formalmente independientes
quedaron políticamente unidas: Marruecos daba un paso histórico hacia Israel y
Washington otro igualmente histórico hacia Marruecos.
El Sáhara constituye desde hace
medio siglo la gran obsesión de la política exterior marroquí. Para Rabat no es
una disputa fronteriza más, sino un asunto de Estado. Conseguir que la primera
potencia mundial reconociera su soberanía sobre el territorio significaba
romper un dique diplomático que llevaba décadas resistiendo.
El acercamiento entre Marruecos e
Israel tampoco quedó reducido a embajadas y vuelos comerciales. En noviembre de
2021 ambos países firmaron un memorando de defensa que institucionalizó la
cooperación en inteligencia, formación militar y seguridad. Israel comenzó
además a participar en ejercicios militares celebrados en Marruecos, incluida
la gran maniobra African Lion, dirigida por Estados Unidos.
El triángulo empezaba a
dibujarse: Estados Unidos, Israel y Marruecos. Desde la perspectiva
estadounidense tiene lógica. Marruecos es un aliado antiguo y estable, situado
frente a Europa, con fachada mediterránea y atlántica, próximo al Estrecho y
enfrentado diplomáticamente con Argelia, tradicionalmente cercana a Rusia. Para
Israel, disponer de un socio árabe en el extremo occidental del Mediterráneo
amplía su profundidad estratégica. Y para Marruecos la operación resulta
extraordinariamente rentable: dos potencias fundamentales respaldan su
creciente papel regional.
No hace falta recurrir a ninguna
teoría conspirativa. Los Estados hacen política exterior buscando ventajas. El
resultado es que Marruecos pesa hoy bastante más que hace veinte años. Tánger
Med se ha convertido en uno de los grandes complejos portuarios del
Mediterráneo y África, mientras Rabat ha invertido en infraestructuras,
industria, energía y defensa y desarrollado una política africana muy activa.
El respaldo estadounidense de 2020 aceleró ese proceso.
Y ahí volvemos al Estrecho. En el
artículo anterior señalábamos que controlar Gibraltar en el siglo XXI no
consiste en colocar un cañón sobre una roca. El poder se ejerce mediante
puertos, bases, radares, inteligencia, comercio, acuerdos militares y control
de fronteras. Marruecos dispone además de un instrumento especialmente eficaz
frente a Europa: la capacidad de regular la presión migratoria.
Ya lo vimos en mayo de 2021,
cuando miles de personas cruzaron hacia Ceuta durante la crisis provocada por
la hospitalización en España de Brahim Ghali, dirigente del Frente Polisario.
Bastó una relajación del control marroquí para provocar una crisis política en
España y la Unión Europea. Lo ocurrido los días 30 y 31 de julio de 2026
pertenece a otra escala.
Más de 70 000 personas
atravesaron la frontera de Ceuta. La Audiencia Nacional investiga ahora los
hechos ante la posibilidad de que constituyeran una acción coordinada con
finalidad desestabilizadora. Los informes policiales describen una
extraordinaria pasividad de las fuerzas marroquíes e incluyen testimonios según
los cuales algunos agentes habrían facilitado el movimiento hacia la frontera.
Eso no demuestra que el Gobierno
marroquí organizara la operación. Pedro Sánchez ha insistido en que el Gobierno
no dispone de pruebas suficientes para afirmarlo. Marruecos lo niega y atribuye
lo sucedido a las redes sociales, las mafias y una interpretación errónea de
las posibilidades de entrar en territorio español. Conviene mantener esa
cautela para no convertir una hipótesis en un hecho.
Pero después ocurrió algo difícil
de ignorar. La crisis migratoria empezó a transformarse en territorial.
Responsables marroquíes volvieron a plantear públicamente la soberanía sobre
Ceuta y Melilla. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, llegó a calificarlas
como un «derecho histórico y geográfico» de Marruecos y propuso abrir un
diálogo con España sobre su futuro. El Gobierno español rechazó cualquier
negociación sobre su soberanía.
Es entonces cuando los Acuerdos
de Abraham adquieren interés para interpretar lo ocurrido. Sería aventurado
afirmar que Estados Unidos o Israel están detrás de la crisis de Ceuta. No
existe ninguna prueba pública que permita sostenerlo. La pregunta interesante
es otra: ¿han cambiado los Acuerdos de Abraham el cálculo estratégico de
Marruecos frente a España?
Hay buenas razones para pensar
que sí. Antes de 2020, Estados Unidos mantenía una posición neutral sobre la
soberanía del Sáhara. Después desapareció esa barrera. Washington pasó a
respaldar la reivindicación territorial más importante de Rabat y Marruecos
profundizó simultáneamente su cooperación militar con Israel.
El mensaje que pudo extraer la
monarquía marroquí resulta sencillo: su alineamiento estratégico tiene
recompensa. Eso no significa que Washington vaya a apoyar una reivindicación
sobre Ceuta y Melilla. Son asuntos jurídicamente diferentes. España considera
ambas ciudades parte integral de su territorio y de la Unión Europea y sostiene
que su soberanía no está abierta a negociación.
Pero en política internacional no
solamente importa quién tiene razón. Importa también cuánto cuesta enfrentarse
a cada uno. Y el precio de enfrentarse a Marruecos ha aumentado. Para Estados
Unidos es un aliado estratégico en el norte de África. Para Israel, un socio
militar y de inteligencia. Para la Unión Europea resulta imprescindible en el
control migratorio. Para España es vecino, competidor, socio comercial y
colaborador necesario en inmigración, terrorismo y narcotráfico. Esa
acumulación de funciones proporciona a Rabat una capacidad negociadora que no
poseía hace unas décadas.
La crisis permite además
contemplar lo ocurrido a través de un concepto estudiado por la politóloga
estadounidense Kelly M. Greenhill: la migración coercitiva. En su libro Weapons
of Mass Migration (2010), Greenhill analizó numerosos episodios en los que gobiernos
y otros actores políticos utilizaron —o amenazaron con utilizar— movimientos de
población para presionar a otros Estados. Las personas que emigran no tienen
por qué formar parte consciente de ninguna operación: el instrumento de presión
consiste precisamente en facilitar, provocar o amenazar con facilitar su
desplazamiento hacia otro país.
Ceuta ofrece condiciones
especialmente favorables para una estrategia de ese tipo. Es pequeña, está
rodeada por Marruecos y separada de la Península por el mar. Además, existe una
enorme asimetría: Marruecos puede intensificar o relajar el control de quienes
se dirigen hacia la frontera, mientras que España debe afrontar las
consecuencias una vez cruzada. Una entrada de decenas de miles de personas
puede desbordar en horas una ciudad de poco más de 80.000 habitantes. No hace
falta mover un tanque para ejercer una formidable presión sobre el vecino. Por
eso deberíamos evitar dos errores opuestos.
El primero consiste en afirmar,
sin pruebas, que existe un plan conjunto de Marruecos, Israel y Estados Unidos
para apoderarse de Ceuta. Eso pertenece al terreno de la especulación. El
segundo sería analizar lo sucedido como si los Acuerdos de Abraham nunca
hubieran existido.
Estados Unidos reconoció la
soberanía marroquí sobre el Sáhara. Marruecos reconoció a Israel. Israel y
Marruecos establecieron una cooperación militar sin precedentes. Rabat ha
ganado peso estratégico y diplomático. Y, después de la mayor crisis fronteriza
sufrida por Ceuta, han reaparecido públicamente las reivindicaciones marroquíes
sobre la ciudad. Ninguno de esos hechos demuestra una conspiración.
Pero todos pertenecen al mismo
tablero. El Estrecho sigue teniendo catorce kilómetros en su punto más
estrecho. Lo que ha cambiado desde 2020 es quién se sienta alrededor de la mesa
y cuánto vale cada una de sus fichas. Quizá la pregunta que España debería
hacerse después de lo ocurrido en Ceuta no sea solamente quién abrió la
frontera durante aquellas horas, sino otra bastante más preocupante: qué
pretende conseguir Marruecos con el poder que ha acumulado y hasta dónde está
dispuesto a utilizarlo.