Hay una escena memorable en El
Padrino II. En la Cuba de Fulgencio Batista, un grupo de empresarios
norteamericanos celebra, copa en mano, las oportunidades que ofrece la isla:
casinos, hoteles, azúcar, juego y un país entero disponible para quien tenga dinero,
relaciones y la protección adecuada. El dictador recibe de sus visitantes un
teléfono de oro. Poco después, Batista huye y todo aquel mundo de negocios,
favores y propinas políticas queda arrastrado por la revolución.
El
conservador Wall Street Journal ha recurrido a esa escena para
describir el acuerdo petrolero que la Administración Trump acaba de anunciar
con Delcy Rodríguez, presidenta interina venezolana desde la captura de Nicolás
Maduro por fuerzas estadounidenses hace ocho meses. La comparación no procede
de The Nation, ni de algún periódico bolivariano, ni siquiera de una
organización venezolana de oposición: procede de un diario que no acostumbra a
confundir el capitalismo con la piratería ni la geopolítica con el cine de
gánsteres.
No es difícil entender por qué.
Lo que se conoce del pacto es, para empezar, extraordinario. La Casa
Blanca ha confirmado oficialmente la “privatización” del sector de
hidrocarburos de Venezuela. El gobierno interino de Delcy Rodríguez ha
concedido por un siglo entero 17 campos petroleros que acumulan cerca de 65 000
millones de barriles en reservas, una quinta parte, aproximadamente, del
petróleo venezolano, a la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP),
propiedad del millonario
venezolano Alejandro Betancourt, investigado por la justicia. Esta empresa
se ha asociado con el Gobierno estadounidense, según confirma la oficina
presidencial. No se trata, por tanto, de vender crudo en un mercado abierto,
sino de asegurarse una fracción sustancial de él con ventajas que ningún
competidor normal podría obtener.
Todavía más llamativo es el papel
reservado a Estados Unidos. El inversor no sería Chevron, ExxonMobil o
ConocoPhillips, sino el propio Pentágono, a través de su Oficina de Capital
Estratégico. La participación se estructuraría mediante penny warrants, un
instrumento financiero que otorga el derecho a comprar acciones de una empresa
por un precio simbólico o casi nulo, normalmente de un centavo o menos. Es una
fórmula que permitiría al Gobierno estadounidense entrar en el capital de la
empresa sin realizar una inversión convencional de gran cuantía.
La operación plantea una pregunta
elemental: ¿con qué autoridad puede el Departamento de Defensa de Estados
Unidos convertirse en socio de una empresa petrolera extranjera? La Oficina de
Capital Estratégico fue creada para facilitar financiación, préstamos o
garantías vinculadas a intereses de seguridad nacional. Que ese mandato alcance
a otorgar al Pentágono una participación en una empresa privada con concesiones
petroleras en Venezuela no está, ni mucho menos, claro. El Wall Street Journal
se pregunta con razón por qué la institución encargada de defender a
Estados Unidos debe convertirse en intermediaria y accionista de un negocio de
petróleo pesado del Orinoco.
La explicación es poco
edificante. Desde la caída de Maduro, Trump había solicitado a las grandes
petroleras de su país a regresar a Venezuela y reabrir el grifo. Las petroleras
no respondieron con el entusiasmo esperado. No porque les falte apetito por el
petróleo, sino porque conocen Venezuela. Saben que sus instalaciones están
deterioradas, que el marco legal es volátil, que la seguridad jurídica es
escasa y que cualquier contrato firmado por un poder provisional puede ser
anulado por un gobierno posterior. Por eso Washington ha optado por fabricar su
propio vehículo inversor, asociado a un empresario local que conoce el terreno
y mantiene relaciones con la nueva presidenta.
El resultado es un triángulo
político de aspecto deplorable: una administración estadounidense que desalojó
por la fuerza al presidente venezolano; una sucesora no elegida que conserva el
poder gracias, entre otras cosas, al respaldo de Washington; y un empresario
próximo a esa sucesora que obtiene una posición privilegiada en el principal
negocio nacional. Cualquier petrolera extranjera que entre en Venezuela deberá
contar, en la práctica, con esos tres socios: la familia política de Rodríguez,
Betancourt y el Gobierno de Estados Unidos.
La crítica al acuerdo no consiste
en idealizar a Nicolás Maduro. Fue un autócrata que arruinó su país, persiguió
a sus adversarios y convirtió una democracia petrolera imperfecta en un régimen
autoritario y empobrecido. Precisamente por eso resultaba necesario que Venezuela
recupere instituciones legítimas, elecciones libres y un poder sometido a la
ley. Lo que se ha hecho, sin embargo, parece apuntar en la dirección contraria:
se ha sustituido a un gobernante ilegítimo por un arreglo de fuerza y se
pretende blindarlo con un negocio petrolero de duración extraordinaria.
La Constitución venezolana
establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República y no
pueden ser vendidos. Delcy Rodríguez sostiene que Venezuela conservará la
propiedad de los recursos y que el acuerdo aportará inversiones, empleo, impuestos
y un porcentaje para el Estado (mínimo, hay que puntualizar). Puede que así se
presente formalmente. Pero la sustancia importa más que los adornos jurídicos.
Si una potencia extranjera participa en la empresa concesionaria y reserva para
sí una parte de la producción a precio de coste durante décadas, hablar de
plena soberanía nacional exige una flexibilidad verbal digna del abogado del Lincoln.
El acuerdo puede proporcionar a
Rodríguez un respiro político. También permite a Trump afirmar que ha asegurado
petróleo barato para Estados Unidos, rellenar la Reserva Estratégica y rebajar
el precio de la gasolina. Son promesas vistosas, aunque Venezuela produce hoy
unos 1,1 millones de barriles diarios y recuperar de verdad su industria requiere
años, capital y una estabilidad que nadie puede garantizar. El editorial del Wall
Street Journal señala que, más allá de los interrogantes jurídicos, la
operación supone extender fuera de Estados Unidos el creciente clientelismo de
la Administración Trump.
Ni siquiera parece un negocio
especialmente sólido desde la perspectiva norteamericana. Trump dejará el cargo
en enero de 2029. Ningún presidente posterior está obligado a respaldar
políticamente una operación concebida en estas condiciones, y una futura
Venezuela democrática tendría poderosas razones para revisarla ante sus
tribunales o renegociarla. La Administración estadounidense posee normas
presupuestarias, controles administrativos y límites legales que no desaparecen
porque el presidente anuncie un acuerdo en una red social.
Tampoco será fácil consolidar el
pacto en Venezuela. La oposición democrática denuncia, con motivo, que una
presidenta no elegida carece de mandato para comprometer de ese modo la riqueza
nacional. Y la izquierda chavista o bolivariana, por razones distintas pero
comprensibles, lo interpreta como una entrega del país al imperialismo
estadounidense. Si algún día se celebran elecciones competitivas, será difícil
que una candidatura venezolana quiera defender ante sus votantes un acuerdo
firmado por una presidenta provisional, bajo tutela extranjera y en beneficio
de una potencia que intervino militarmente en el país.
El matonismo de Trump explica en
parte el silencio de Europa y de buena parte de la comunidad internacional.
Estados Unidos sigue siendo demasiado poderoso, y su presidente ha demostrado
una afición especial por las represalias contra quienes cuestionan sus
decisiones. Pero la prudencia diplomática no puede convertirse en aceptación de
un hecho consumado. La defensa del derecho internacional y de la soberanía
nacional no puede depender de que el país perjudicado sea aliado, enemigo,
próspero, pobre, gobernado por demócratas o por sátrapas.
Venezuela no es un solar
petrolero disponible para la primera potencia que consiga imponer un gobierno
amigo. Es un gran país, con una ciudadanía que ha soportado una dictadura, una
emigración masiva y una crisis humanitaria devastadora. Su salida no puede
consistir en cambiar un grupo de beneficiarios por otro, ni en entregar por
adelantado el recurso del que depende su reconstrucción.
En El Padrino II, el
teléfono de oro era el símbolo de una relación corrupta que parecía eterna y
acabó de golpe. La lección de aquella escena, que el Wall Street Journal
ha tenido el mérito de recordar, es sencilla: los negocios construidos sobre
gobiernos sin legitimidad pueden ser muy rentables durante un tiempo, pero rara
vez sobreviven a la historia. El gansterismo de ficción tenía al menos la
decencia de reconocerse como ficción. El espectáculo venezolano pretende pasar
por diplomacia, seguridad energética y libre empresa. Es difícil imaginar una
versión más denigrante del teléfono de oro.
