(Aunque la Constitución diga que no)
El 30 de marzo de 2025, Donald
Trump dijo
en una entrevista en la NBC que no estaba bromeando cuando hablaba de un
tercer mandato. “Hay métodos”, aseguró, con esa media sonrisa que en él nunca
aclara si está improvisando o ensayando. No es la primera vez que presenta una boutade
como si fuera una hipótesis constitucional. Tampoco sería la primera vez que
una broma acaba convertida en programa.
La Constitución de Estados
Unidos, en principio, no deja lugar a dudas. La Vigesimosegunda Enmienda
establece que nadie puede ser elegido presidente más de dos veces. Trump ya lo
ha sido. El asunto debería acabar ahí. Pero Trump no es un presidente al que le
gusten los puntos finales, y la Constitución estadounidense tiene la cortesía
—o el defecto— de decir con precisión lo que prohíbe y callar sobre casi todo
lo demás.
La enmienda es breve. Prohíbe ser
elegido más de dos veces. No dice nada sobre ejercer el poder por otras vías.
Ese silencio es la gatera por el que entran las especulaciones.
Durante siglo y medio, Estados
Unidos no tuvo límites formales al número de mandatos presidenciales. El límite
era una costumbre, inaugurada por George Washington, que se marchó a casa tras
ocho años porque consideró que ya había hecho bastante. Nadie discutió la norma
no escrita hasta que apareció Franklin D. Roosevelt.
Roosevelt fue elegido cuatro
veces, en medio de la Gran Depresión, el New Deal y la Segunda Guerra Mundial.
Los votantes lo refrendaron una y otra vez, pero muchos políticos concluyeron
que aquello era demasiado poder durante demasiado tiempo, incluso cuando el
poder parecía estar bien empleado. Tras la muerte de Roosevelt en 1945, el
Congreso decidió que la tradición ya no bastaba. En 1951, la Vigesimosegunda Enmienda
quedó ratificada. No castigaba a Roosevelt; clausuraba la posibilidad de que
alguien volviera a serlo.
La enmienda no distingue entre
mandatos consecutivos y no consecutivos. Haber perdido una elección no reinicia
el contador. Dos elecciones ganadas son dos elecciones ganadas. En ese punto,
la Constitución es clara.
La claridad empieza a difuminarse
en cuanto se examina el verbo. La enmienda impide ser elegido más de dos veces,
pero no impide convertirse en presidente por otros medios. Y la historia
estadounidense ofrece precedentes: nueve personas han llegado a la presidencia
sin haber sido elegidas para ella, tras la muerte o dimisión del titular. John
Tyler, Millard Fillmore, Andrew Johnson, Chester Arthur, Theodore Roosevelt,
Calvin Coolidge, Harry Truman, Lyndon Johnson y Gerald Ford fueron
vicepresidentes que asumieron el cargo cuando sus predecesores fallecieron o
renunciaron.
Ese detalle, que durante décadas
fue una curiosidad para manuales de derecho constitucional, adquiere otro
relieve cuando se combina con la personalidad de un presidente poco inclinado a
abandonar el escenario y con incentivos muy concretos para no hacerlo. Trump
sabe que, una vez fuera del cargo, le esperan tribunales, no mítines.
Una de las hipótesis más
comentadas es la vicepresidencia. La Vigesimosegunda Enmienda no prohíbe
explícitamente que un expresidente con dos mandatos sea elegido vicepresidente.
El problema es la Duodécima Enmienda, que establece que nadie
“constitucionalmente inelegible” para la presidencia puede ser vicepresidente.
Aquí empieza el terreno
resbaladizo. ¿Es Trump “inelegible” para la presidencia, o simplemente “no
elegible” para una tercera elección? No es lo mismo. La primera expresión
remite a edad, ciudadanía o residencia. La segunda, a un límite electoral. La
Constitución no aclara la diferencia.
Resolverla correspondería al
Tribunal Supremo, compuesto por nueve jueces, tres de ellos nombrados por
Trump, que con ellos conformó con una mayoría conservadora clara (seis a tres).
El mismo tribunal que ya ha mostrado disposición a reinterpretar cláusulas que
parecían pacíficas, como la de insurrección o la inmunidad presidencial.
Si el tribunal despejara el
camino, no haría falta una pirueta excesiva. Bastaría con una candidatura
invertida: Vance-Trump en la papeleta. Elegido el presidente, el resto podría
llegar solo.
La Vigesimoquinta Enmienda ofrece
otra vía, más discreta. Permite que el presidente declare que no puede ejercer
sus funciones, momento en el cual el vicepresidente asume los poderes como
presidente interino. No exige explicación médica ni justificación detallada. Basta
con una carta.
Estados Unidos ya ha tenido tres presidentes
interinos, siempre por razones médicas y durante horas o días. George H. W.
Bush, Dick Cheney y Kamala Harris. Todos ellos ejercieron el poder presidencial
durante un breve periodo, durante el cual el presidente en funciones se sometió
a anestesia durante procedimientos médicos; el recientemente fallecido Cheney
lo hizo dos veces.
Nada impide que el mecanismo se
use de otro modo. En ese escenario, el presidente podría seguir siendo
presidente; el vicepresidente, ejercería la presidencia de facto. El título
quedaría a un lado. El poder, al otro. No sería necesario ni siquiera fingir
una crisis. Bastaría con alargar la interinidad, renovar la declaración,
convertir lo excepcional en rutina. La Constitución, una vez más, no previó la
mala fe sistemática.
Pero Trump nunca ha mostrado una
devoción especial por los formalismos. El poder no siempre necesita un despacho
oval. A veces basta con estar en la habitación de al lado.
El precedente más citado es ruso.
En 2008, cuando la Constitución impidió a Vladimir Putin presentarse de nuevo,
eligió a un sucesor dócil, Dmitri Medvédev, y se reservó el papel de primer
ministro. El mundo tardó poco en comprender quién mandaba realmente. Años
después, Putin regresó a la presidencia y reformó la Constitución para no
volver a marcharse.
Estados Unidos no es Rusia, pero
tampoco es inmune a las fórmulas de poder informal. Un presidente leal, un
cargo ejecutivo relevante, un liderazgo indiscutido del partido y una base
electoral movilizada pueden resultar tan eficaces como una firma al pie de un
decreto.
Ni siquiera hace falta mirar a
Moscú. Trump podría simplemente querer evitar todos estos subterfugios legales siguiendo el ejemplo de George y Lurleen Wallace. En 1966, la Constitución de Alabama impidió que George
Wallace se postulara para un tercer mandato consecutivo como gobernador. Como
seguía siendo inmensamente popular y muy reacio a ceder el poder, Wallace optó
por que su esposa, Lurleen, se postulara para gobernadora. Desde el principio,
todo el mundo sabía que Lurleen era solo una figura decorativa para George,
quien prometió ser asesor de su esposa, con un sueldo de un dólar al año.
El lema de la campaña, “Dos
gobernadores, una causa”, dejó claro que un voto por Lurleen era en
realidad un voto por George. Lurleen ganó de forma aplastante. Los Wallace
tenían una relación similar a la de una reina con un primer ministro: la señora
Wallace se encargaba de las tareas protocolarias y formales del estado; el
señor Wallace diseñaba las grandes líneas de la política estatal y velaba por
su ejecución.
Trump no puede reproducir el
esquema con su esposa, que no cumple los requisitos constitucionales. Pero como
jefe indiscutido del Partido Republicano, podría bendecir a un heredero
—familiar o político— y ejercer de asesor imprescindible, consejero oficioso o
poder en la sombra. El cargo importa menos cuando la autoridad ya está
instalada.
Ninguno de estos escenarios es
sencillo. Todos implican litigios, conflictos y resistencias. Algunos son
claramente abusivos. Otros, simplemente oportunistas. Pero todos comparten una
idea: la Constitución estadounidense confía demasiado en la buena fe de quienes
la aplican.
El problema no es que Trump haya
descubierto un vacío legal. Es que siempre estuvo ahí, esperando a alguien
dispuesto a usarlo. La Vigesimosegunda Enmienda se escribió para evitar un
exceso de estabilidad. No previó un exceso de obstinación.
Cuando Trump dice que “hay
métodos”, no está revelando un plan secreto. Está señalando algo más incómodo:
que el sistema funciona bien cuando todos aceptan perder. Y funciona mal cuando
alguien decide que perder es inaceptable.
