Preámbulo: ¿Qué países europeos utilizan más pesticidas?
Desde 1990, el uso mundial de
plaguicidas se ha más que duplicado. Aunque las ventas de productos
fitosanitarios han aumentado en todas las regiones del mundo, los mayores
incrementos se han producido en Sudamérica, Oceanía y África. En
Europa, el consumo ha disminuido ligeramente en los últimos diez años,
pasando de algo más de 5 millones de toneladas en 1990 a 4,7 millones de
toneladas en 2022.
En términos absolutos, España es
uno de los mayores consumidores europeos de pesticidas, junto con Rusia,
Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, si observamos el uso de pesticidas en
relación con la superficie cultivada, España está bastante lejos de los
primeros puestos. La agricultura española utilizó una media de 2,6 kilogramos
de plaguicidas por hectárea de tierra en 2022, según la FAO, muy por encima de
la media de los cuarenta países europeos estudiados ese (1,6 kg). Como muestra
nuestro mapa, las cifras varían desde más de 23 kilos por hectárea en Andorra
hasta menos de un kilogramo por hectárea en varios países escandinavos, los
Balcanes, Europa del Este e Islandia.
La naturaleza y las cantidades de
plaguicidas utilizados varían mucho según el tipo de cultivo, por lo que
existen grandes diferencias entre países (y también entre regiones de un mismo
país). Los territorios que han desarrollado una agricultura muy especializada,
con cultivos intensivos que requieren pesticidas, como las patatas, los
frutales y los viñedos, suelen tener los valores más altos.
Un cuento francés
Imagínate el Parlamento francés
como ese elegante salón donde se celebra un baile de verano… hasta que alguien
decide que quiere cambiar la música, y de pronto todo el mundo tiene algo que
opinar. Ese alguien fue el insecticida acetamiprid, un tipo de neonicotinoide
que, aunque todavía autorizado en la Unión Europea, estaba oficialmente en
“cajón de prohibiciones” en Francia desde 2018.
Capítulo 1: ¿Un insecticida con mala fama?
Aunque se autocatalogue como el
“menos malo” de los neonicotinoides, el acetamiprid, generó desconfianza por su
impacto en las abejas (y en otros insectos polinizadores), al igual que por
posibles efectos sobre la salud humana en dosis reales. El organismo oficial
francés de investigaciones científicas (CNRS) lamentó la aprobación, señalando
que es tóxico, persistente y disruptivo ecológicamente.
Capítulo 2: la Ley Duplomb entra al escenario
En julio de 2025, el senador
Laurent Duplomb impulsó una ley que básicamente preguntaba: “¿Por qué Francia
no puede usar este pesticida si otros países de la UE sí?” El motivo: ofrecer
una herramienta a algunos agricultores (como los cultivadores de remolacha y
avellana) que afirman no tener alternativas viables y enfrentarse a
“competencia desleal”. La
ley se aprobó en un abrir y cerrar de ojos, como si fuera un vestido nuevo
que a algunos les encanta y a otros les parece una provocación
Capítulo 3: la ciudadanía se planta y la bomba estalla
No pasó mucho tiempo antes de que
la indignación popular se desbordara. Una petición ciudadana, impulsada
por estudiantes, alcanza cifras récord: ¡más de un millón, luego dos
millones de firmas exigiendo la retirada del texto disparatado!
Y si esto pareciera una novela,
el plot twist llegó con Fleur Breteau, una
activista de Greenpeace paciente de cáncer que irrumpió en el hemiciclo gritando:
“¡Sois partidarios del cáncer!” Su valentía se volvió viral y fortaleció el
movimiento ciudadano.
Capítulo 4: el Consejo Constitucional entra escena
Al final, el Consejo Constitucional francés –la especie de
guardián de la Constitución– declara que la parte sobre el acetamiprid viola el
derecho a un ambiente saludable, garantizado por la carta ambiental francesa.
La ley queda sin esa parte crítica y pierde su efecto. Temas como los
mega-bassins (réservoirs) quedan, pero el pesticida no.
Epílogo (con moraleja ambiental)
Francia demuestra que sigue
siendo capaz de combinar pasión ciudadana, rigor constitucional y una pizca de
teatralidad política. El debate va más allá de si un pesticida es "menos
malo"; se trata de cómo una sociedad decide proteger la salud colectiva y
el medio ambiente frente a intereses económicos. Y, claro, de cómo una voz
indignada puede cambiar el curso de una ley.
