DE ABRAHAM A CEUTA: EL NUEVO TABLERO DEL ESTRECHO

 

En el artículo anterior hablábamos de catorce kilómetros y unos cuantos siglos de problemas. El Estrecho de Gibraltar no ha cambiado de tamaño, pero sí quienes juegan en sus orillas y el valor de las fichas. Durante mucho tiempo, el tablero parecía relativamente sencillo: España y el Reino Unido controlaban la orilla europea; Marruecos ocupaba la africana; Estados Unidos vigilaba el conjunto desde su alianza con España y la base de Rota. Ahora hay que añadir un jugador que hasta hace pocos años apenas aparecía en los mapas estratégicos del Estrecho: Israel.

Todo comenzó formalmente en 2020 con los Acuerdos de Abraham, promovidos durante el primer mandato de Donald Trump. Emiratos Árabes Unidos y Baréin normalizaron sus relaciones con Israel; posteriormente lo hicieron Sudán y Marruecos. Los acuerdos abrieron embajadas, rutas aéreas, intercambios comerciales y nuevas formas de cooperación regional.

El caso de Marruecos tenía una particularidad. Rabat no se limitó a reconocer a Israel. El 10 de diciembre de 2020, Trump anunció simultáneamente que Estados Unidos reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Dos decisiones formalmente independientes quedaron políticamente unidas: Marruecos daba un paso histórico hacia Israel y Washington otro igualmente histórico hacia Marruecos.

El Sáhara constituye desde hace medio siglo la gran obsesión de la política exterior marroquí. Para Rabat no es una disputa fronteriza más, sino un asunto de Estado. Conseguir que la primera potencia mundial reconociera su soberanía sobre el territorio significaba romper un dique diplomático que llevaba décadas resistiendo.

El acercamiento entre Marruecos e Israel tampoco quedó reducido a embajadas y vuelos comerciales. En noviembre de 2021 ambos países firmaron un memorando de defensa que institucionalizó la cooperación en inteligencia, formación militar y seguridad. Israel comenzó además a participar en ejercicios militares celebrados en Marruecos, incluida la gran maniobra African Lion, dirigida por Estados Unidos.

El triángulo empezaba a dibujarse: Estados Unidos, Israel y Marruecos. Desde la perspectiva estadounidense tiene lógica. Marruecos es un aliado antiguo y estable, situado frente a Europa, con fachada mediterránea y atlántica, próximo al Estrecho y enfrentado diplomáticamente con Argelia, tradicionalmente cercana a Rusia. Para Israel, disponer de un socio árabe en el extremo occidental del Mediterráneo amplía su profundidad estratégica. Y para Marruecos la operación resulta extraordinariamente rentable: dos potencias fundamentales respaldan su creciente papel regional.

No hace falta recurrir a ninguna teoría conspirativa. Los Estados hacen política exterior buscando ventajas. El resultado es que Marruecos pesa hoy bastante más que hace veinte años. Tánger Med se ha convertido en uno de los grandes complejos portuarios del Mediterráneo y África, mientras Rabat ha invertido en infraestructuras, industria, energía y defensa y desarrollado una política africana muy activa. El respaldo estadounidense de 2020 aceleró ese proceso.

Y ahí volvemos al Estrecho. En el artículo anterior señalábamos que controlar Gibraltar en el siglo XXI no consiste en colocar un cañón sobre una roca. El poder se ejerce mediante puertos, bases, radares, inteligencia, comercio, acuerdos militares y control de fronteras. Marruecos dispone además de un instrumento especialmente eficaz frente a Europa: la capacidad de regular la presión migratoria.

Ya lo vimos en mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron hacia Ceuta durante la crisis provocada por la hospitalización en España de Brahim Ghali, dirigente del Frente Polisario. Bastó una relajación del control marroquí para provocar una crisis política en España y la Unión Europea. Lo ocurrido los días 30 y 31 de julio de 2026 pertenece a otra escala.

Más de 70 000 personas atravesaron la frontera de Ceuta. La Audiencia Nacional investiga ahora los hechos ante la posibilidad de que constituyeran una acción coordinada con finalidad desestabilizadora. Los informes policiales describen una extraordinaria pasividad de las fuerzas marroquíes e incluyen testimonios según los cuales algunos agentes habrían facilitado el movimiento hacia la frontera.

Eso no demuestra que el Gobierno marroquí organizara la operación. Pedro Sánchez ha insistido en que el Gobierno no dispone de pruebas suficientes para afirmarlo. Marruecos lo niega y atribuye lo sucedido a las redes sociales, las mafias y una interpretación errónea de las posibilidades de entrar en territorio español. Conviene mantener esa cautela para no convertir una hipótesis en un hecho.

Pero después ocurrió algo difícil de ignorar. La crisis migratoria empezó a transformarse en territorial. Responsables marroquíes volvieron a plantear públicamente la soberanía sobre Ceuta y Melilla. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, llegó a calificarlas como un «derecho histórico y geográfico» de Marruecos y propuso abrir un diálogo con España sobre su futuro. El Gobierno español rechazó cualquier negociación sobre su soberanía.

Es entonces cuando los Acuerdos de Abraham adquieren interés para interpretar lo ocurrido. Sería aventurado afirmar que Estados Unidos o Israel están detrás de la crisis de Ceuta. No existe ninguna prueba pública que permita sostenerlo. La pregunta interesante es otra: ¿han cambiado los Acuerdos de Abraham el cálculo estratégico de Marruecos frente a España?

Hay buenas razones para pensar que sí. Antes de 2020, Estados Unidos mantenía una posición neutral sobre la soberanía del Sáhara. Después desapareció esa barrera. Washington pasó a respaldar la reivindicación territorial más importante de Rabat y Marruecos profundizó simultáneamente su cooperación militar con Israel.

El mensaje que pudo extraer la monarquía marroquí resulta sencillo: su alineamiento estratégico tiene recompensa. Eso no significa que Washington vaya a apoyar una reivindicación sobre Ceuta y Melilla. Son asuntos jurídicamente diferentes. España considera ambas ciudades parte integral de su territorio y de la Unión Europea y sostiene que su soberanía no está abierta a negociación.

Pero en política internacional no solamente importa quién tiene razón. Importa también cuánto cuesta enfrentarse a cada uno. Y el precio de enfrentarse a Marruecos ha aumentado. Para Estados Unidos es un aliado estratégico en el norte de África. Para Israel, un socio militar y de inteligencia. Para la Unión Europea resulta imprescindible en el control migratorio. Para España es vecino, competidor, socio comercial y colaborador necesario en inmigración, terrorismo y narcotráfico. Esa acumulación de funciones proporciona a Rabat una capacidad negociadora que no poseía hace unas décadas.

La crisis permite además contemplar lo ocurrido a través de un concepto estudiado por la politóloga estadounidense Kelly M. Greenhill: la migración coercitiva. En su libro Weapons of Mass Migration (2010), Greenhill analizó numerosos episodios en los que gobiernos y otros actores políticos utilizaron —o amenazaron con utilizar— movimientos de población para presionar a otros Estados. Las personas que emigran no tienen por qué formar parte consciente de ninguna operación: el instrumento de presión consiste precisamente en facilitar, provocar o amenazar con facilitar su desplazamiento hacia otro país.

Ceuta ofrece condiciones especialmente favorables para una estrategia de ese tipo. Es pequeña, está rodeada por Marruecos y separada de la Península por el mar. Además, existe una enorme asimetría: Marruecos puede intensificar o relajar el control de quienes se dirigen hacia la frontera, mientras que España debe afrontar las consecuencias una vez cruzada. Una entrada de decenas de miles de personas puede desbordar en horas una ciudad de poco más de 80.000 habitantes. No hace falta mover un tanque para ejercer una formidable presión sobre el vecino. Por eso deberíamos evitar dos errores opuestos.

El primero consiste en afirmar, sin pruebas, que existe un plan conjunto de Marruecos, Israel y Estados Unidos para apoderarse de Ceuta. Eso pertenece al terreno de la especulación. El segundo sería analizar lo sucedido como si los Acuerdos de Abraham nunca hubieran existido.

Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Marruecos reconoció a Israel. Israel y Marruecos establecieron una cooperación militar sin precedentes. Rabat ha ganado peso estratégico y diplomático. Y, después de la mayor crisis fronteriza sufrida por Ceuta, han reaparecido públicamente las reivindicaciones marroquíes sobre la ciudad. Ninguno de esos hechos demuestra una conspiración.

Pero todos pertenecen al mismo tablero. El Estrecho sigue teniendo catorce kilómetros en su punto más estrecho. Lo que ha cambiado desde 2020 es quién se sienta alrededor de la mesa y cuánto vale cada una de sus fichas. Quizá la pregunta que España debería hacerse después de lo ocurrido en Ceuta no sea solamente quién abrió la frontera durante aquellas horas, sino otra bastante más preocupante: qué pretende conseguir Marruecos con el poder que ha acumulado y hasta dónde está dispuesto a utilizarlo.

GIBRALTAR: CATORCE KILÓMETROS QUE GOBIERNAN EL MEDITERRÁNEO

 

Hay lugares cuya importancia política resulta difícil de comprender mirando un mapa. El Estrecho de Gibraltar es uno de ellos. Sobre el papel parece poca cosa: una franja de agua de unos sesenta kilómetros de longitud que, en su punto más estrecho, apenas separa catorce kilómetros las costas europea y africana. En un día despejado, desde Tarifa se ven perfectamente las montañas de Marruecos. Parece casi posible cruzar de un continente a otro de un salto.

Pero esos catorce kilómetros constituyen una de las piezas más valiosas del tablero geopolítico mundial. La razón es sencilla. El Mediterráneo es prácticamente un mar cerrado y Gibraltar constituye su gran puerta occidental. Todo buque que quiera viajar desde sus puertos hacia América, África occidental o el norte de Europa debe atravesar el Estrecho. Y, a la inversa, buena parte del tráfico procedente del Atlántico que se dirige hacia Italia, Grecia, Turquía, el mar Negro, Oriente Próximo o el canal de Suez debe pasar por allí.

La Estrategia Nacional de Seguridad Marítima española calcula que por el Estrecho transitan más de 100.000 buques al año y advierte expresamente de que cualquier incidente grave en este corredor podría tener consecuencias para la economía mundial.

Los estrategas llaman chokepoints —literalmente, puntos de estrangulamiento— a estos lugares donde las grandes rutas marítimas se ven obligadas a atravesar pasos estrechos. Gibraltar pertenece a la misma familia geopolítica que Suez, Bab el-Mandeb, Ormuz o Malaca. La geografía concentra allí el tráfico y, al concentrarlo, concentra también el poder.vGibraltar tampoco funciona aisladamente. Forma parte de una gigantesca carretera marítima que comienza en el Atlántico, atraviesa el Estrecho, recorre el Mediterráneo y sale por Suez hacia el mar Rojo y el océano Índico. Una alteración importante en cualquiera de sus extremos repercute sobre el conjunto.

De ahí que Gibraltar haya sido disputado durante siglos. No es casualidad que el Reino Unido conserve allí una de sus posiciones militares más antiguas. Tampoco que España disponga en las proximidades de importantes instalaciones militares ni que Estados Unidos mantenga una presencia fundamental en Rota, a poco más de cien kilómetros del Estrecho.

Controlar el Estrecho no significa necesariamente poseer sus dos orillas. En el siglo XXI consiste sobre todo en vigilar quién pasa, garantizar que los barcos propios puedan hacerlo e impedir que un adversario interrumpa el tránsito. La OTAN conoce perfectamente el problema. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 puso en marcha la operación Active Endeavour y llegó a escoltar buques mercantes a través del Estrecho ante el riesgo de atentados. La Alianza consideraba vulnerable este paso por su estrechez y la densidad del tráfico.

Pero los barcos de guerra son solamente una parte del asunto. A ambos lados del Estrecho se desarrolla también una formidable competición económica. En la orilla europea se encuentra el puerto de Algeciras, uno de los grandes centros logísticos del Mediterráneo. En la africana ha crecido espectacularmente Tánger Med, convertido por Marruecos en una enorme plataforma industrial y portuaria conectada con las rutas internacionales. Ambos puertos compiten por contenedores, transbordos, mercancías y servicios marítimos, pero también constituyen los extremos de un puente comercial entre Europa y África.

Y debajo de los barcos ocurre algo que normalmente olvidamos. Por el fondo del Estrecho y sus inmediaciones pasan cables submarinos de telecomunicaciones que conectan Europa con África y otras redes internacionales. Gibraltar, por tanto, no es únicamente una autopista de mercancías, hidrocarburos y buques militares: también forma parte de la infraestructura física de la economía digital.

Pero existe otra carretera que atraviesa Gibraltar en dirección perpendicular. Mientras los grandes barcos circulan de este a oeste, personas y mercancías circulan de norte a sur. Europa y África alcanzan aquí su máxima proximidad. El Estrecho es simultáneamente frontera y puente.

Esa circunstancia explica otro componente de su importancia geopolítica: las migraciones. España constituye en este punto la frontera meridional de la Unión Europea. Marruecos, situado inmediatamente enfrente, posee por ello algo extraordinariamente valioso en las relaciones internacionales: capacidad para influir sobre la presión migratoria que alcanza territorio europeo. Cuando las fuerzas de seguridad marroquíes intensifican la vigilancia, el paso se dificulta; cuando la relajan, aumenta.

La migración puede convertirse así en instrumento de política exterior. No porque las personas que emigran formen parte necesariamente de ninguna operación organizada, sino porque un Estado situado en la ruta puede utilizar su capacidad de controlar las fronteras como elemento negociador frente al Estado receptor. En medio de ese delicado equilibrio aparecen dos pequeñas piezas españolas en territorio africano: Ceuta y Melilla.

Ceuta tiene una importancia particular porque se encuentra precisamente en la entrada mediterránea del Estrecho, frente a Gibraltar. Su superficie es diminuta y su población modesta, pero su posición geográfica resulta excepcional. Forma parte del dispositivo territorial que convierte a España simultáneamente en país europeo, mediterráneo, atlántico y norteafricano.

Aquí surge una paradoja histórica fascinante. Al norte del Estrecho está España, pero en su extremo oriental permanece Gibraltar bajo soberanía británica. Al sur se encuentra Marruecos, pero en la costa africana está Ceuta bajo soberanía española. En apenas unos kilómetros se cruzan así territorios pertenecientes a tres Estados, dos continentes, la Unión Europea y la OTAN.

Por eso cualquier alteración de las relaciones entre España y Marruecos adquiere inmediatamente una dimensión superior a la de una disputa bilateral. Marruecos lleva décadas desarrollando una política exterior cuyo gran objetivo territorial es consolidar su soberanía sobre el Sáhara Occidental. España, antigua potencia administradora, mantiene inevitablemente una relación especialmente delicada con ese conflicto. A ello se añaden Ceuta y Melilla, cuya soberanía española Marruecos ha cuestionado históricamente.

Durante mucho tiempo existió, sin embargo, una limitación fundamental. Marruecos era importante para Occidente, pero España pertenecía a la OTAN y a la Unión Europea, albergaba la base de Rota y ocupaba una posición privilegiada para garantizar el acceso occidental al Mediterráneo. Ese equilibrio está cambiando.

Marruecos ha realizado durante las últimas décadas una considerable inversión en infraestructuras, defensa y relaciones internacionales. Tánger Med es probablemente el símbolo más visible. Frente a la bahía de Algeciras ha aparecido una infraestructura portuaria que demuestra que la orilla africana ya no desempeña un papel secundario. Marruecos pretende convertirse en la gran plataforma que conecte Europa, África y el Atlántico.

El resultado es que las dos orillas del Estrecho tienen hoy un enorme valor para las potencias occidentales. Y esto conduce a una regla elemental de la geopolítica: cuando aumenta el valor estratégico de un país, aumenta también su capacidad de negociación.

Estados Unidos necesita estabilidad en el Estrecho. La OTAN necesita mantener abiertas las comunicaciones entre el Atlántico y el Mediterráneo. Europa necesita controlar su frontera meridional. España necesita cooperación marroquí en inmigración, terrorismo, narcotráfico y comercio. Marruecos necesita acceso al mercado europeo, inversiones y respaldo internacional.

Todos necesitan a todos, pero no necesariamente en la misma medida. Durante siglos, quien dominaba Gibraltar podía condicionar la entrada al Mediterráneo. Hoy el concepto de dominio es más complejo. Ya no depende solamente de una fortaleza situada sobre una roca. Depende de bases militares, puertos, radares, submarinos, satélites, cables, servicios de inteligencia, acuerdos diplomáticos, cooperación policial y capacidad para controlar los movimientos humanos a través de las fronteras.

Por eso conviene mirar de nuevo el mapa. En la orilla norte aparecen España, Gibraltar y Rota. En la orilla sur, Marruecos, Tánger Med y Ceuta. Hacia el este comienza el Mediterráneo; hacia el oeste, el Atlántico. A través de esos catorce kilómetros circulan barcos, mercancías, energía, información, personas y fuerzas militares. Y sobre ese tablero apareció en 2020 una pieza nueva.

Marruecos normalizó sus relaciones con Israel dentro de los llamados Acuerdos de Abraham, promovidos por Estados Unidos. A cambio, Washington hizo algo que hasta entonces ningún Gobierno estadounidense había hecho: reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Aquello no modificó la anchura del Estrecho ni desplazó un centímetro sus costas. Pero sí modificó algo mucho más importante: el equilibrio político entre quienes ocupan sus orillas.

Y para entender lo que está ocurriendo ahora en Ceuta quizá convenga empezar precisamente por ahí.

LA UTILIDAD DE UN ESTAMBRE QUE NO SIRVE PARA HACER POLEN

 

Mentzelia integra en Mid Loop, St. George, desierto de Utah. Foto

A primera vista, un estambre estéril parece una de esas extravagancias de la naturaleza que invitan a sospechar un despilfarro. El estambre es, al fin y al cabo, la parte masculina de la flor: un filamento coronado por una antera que fabrica y libera polen. Si deja de producirlo, ¿qué sentido tiene conservarlo? La respuesta, como suele ocurrir en las flores, está en los ojos de una abeja.

Una investigación reciente sobre Mentzelia integra, una llamativa especie de la familia de las loasáceas que crece en los terrenos áridos del suroeste de Estados Unidos, ha mostrado que algunos de sus estambres han abandonado su oficio reproductor para convertirse en reclamos publicitarios. No producen polen fértil, pero ayudan a que la flor resulte más visible y atractiva para sus visitantes. Y gracias a ello terminan produciéndose más semillas.

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La planta es conocida en inglés como blazingstar, algo así como estrella resplandeciente, por sus flores amarillas, abiertas y vistosas. Pero su espectáculo tiene una duración limitada. Las flores se abren al anochecer y viven poco; en los paisajes secos, ventosos y poco generosos donde habita la especie, disponen de una ventana brevísima para atraer insectos, recibir polen y enviarlo a otra flor. En esas circunstancias, no basta con ser una flor. Hay que hacerse notar.

Aquí entran en escena los estaminodios. La palabra es bastante fea, pero describe con precisión una estructura fascinante: un estaminodio es un estambre que ha perdido la capacidad de producir polen viable. Muchos conservan cierto aire de familia con los estambres fértiles; otros, como los de Mentzelia integra, se han aplanado y coloreado hasta parecer pétalos. Por eso se llaman estaminodios petaloideos: no son pétalos propiamente dichos, aunque lo parezcan, ni estambres funcionales, aunque procedan de ellos.

Las flores de muchas familias vegetales poseen estaminodios. En ocasiones segregan néctar; en otras proporcionan apoyo físico al insecto, lo orientan hacia las partes reproductoras o contribuyen a formar una especie de plataforma de aterrizaje. También pueden engañar visualmente al polinizador, haciendo creer que encontrará más polen o néctar del que realmente hay. Lo que no estaba tan claro era si esos falsos pétalos podían traducirse en una ventaja reproductiva cuantificable: más visitas, sí, pero ¿más semillas?

Para averiguarlo, el equipo dirigido por Tial C. Ling realizó un experimento bastante sencillo en apariencia y muy elegante en su planteamiento. Eligieron pares de flores de una misma planta y trataron una como testigo, sin alterarla. A la otra le retiraron cuidadosamente los estaminodios con pinzas. Así podían comparar dos flores sometidas al mismo clima, el mismo suelo y la misma vecindad vegetal: la diferencia esencial era que una conservaba sus falsos pétalos y la otra no.

El resultado fue inequívoco. Las flores mutiladas recibieron muchas menos visitas. Tres grupos de abejas —Anthophora, Megachile y Perdita— mostraron la misma preferencia por las flores intactas. Las dos primeras realizaron en las flores sin estaminodios aproximadamente un tercio de las visitas registradas en las flores completas. Las pequeñas abejas del género Perdita redujeron sus visitas a la mitad.

En el mundo de la polinización, donde las oportunidades se miden a veces en minutos y en aterrizajes, esa diferencia no es un detalle estético. Las flores intactas produjeron muchas más semillas: se desarrollaron cerca de cuatro quintas partes de sus óvulos, frente a poco más de la mitad en las flores a las que se habían retirado los estaminodios. La especie, además, no podía compensar el déficit mediante la autopolinización. Las flores embolsadas para impedir la entrada de insectos no dieron semillas. Sin abejas no hay descendencia; y sin los falsos pétalos, las abejas acuden con mucha menor frecuencia.

La cuestión siguiente era saber si los estaminodios ayudaban a las abejas una vez posadas sobre la flor o si actuaban antes, en el momento decisivo de la aproximación. Los investigadores pudieron medir con precisión la duración de las visitas de Perdita, el grupo más pequeño. No hallaron diferencias significativas: cuando una abeja ya había aterrizado, permanecía prácticamente el mismo tiempo en una flor intacta que en una flor recortada. Todo indica, por tanto, que esos estambres transformados no facilitan el manejo de la flor ni hacen más eficiente la recogida de recompensa. Su función parece ser, sobre todo, óptica: desde cierta distancia convierten a la flor en una señal más eficaz.

La evolución no trabaja con planos ni con propósitos, sino con remiendos que funcionan. Un estambre deja de aportar polen, se parece cada vez más a un pétalo y acaba desempeñando una función distinta: atraer a quien transportará el polen producido por los estambres que siguen trabajando. La planta sacrifica una parte potencial de su maquinaria masculina, pero obtiene a cambio algo probablemente más valioso: más visitantes en el escaso tiempo de que dispone.

Conviene no exagerar la limpieza del experimento. Cortar una estructura floral puede provocar efectos secundarios difíciles de ver. La herida quizá altere compuestos volátiles, sustancias defensivas o señales que también perciben los insectos. Los propios autores reconocen esa limitación. Pero la coincidencia entre menos visitas y menor producción de semillas ofrece una explicación muy consistente: los estaminodios petaloideos contribuyen de manera real al éxito reproductivo de la planta.

En Mentzelia integra, por tanto, un estambre que ya no fabrica polen no es un residuo inútil de la evolución. Es un anuncio luminoso. En la penumbra de un desierto venteado, cuando la noche se aproxima y las abejas tienen prisa, esos falsos pétalos ayudan a la flor a hacer lo único que de verdad importa: dejar descendenci

COMO SUFRIMOS LA “CLIENTELIZACIÓN” DEL TRABAJO

 

No recuerdo exactamente cuándo empecé a trabajar para el supermercado, mi banco, las compañías aéreas y las empresas de telefonía. Lo extraño es que ninguna de ellas me ha enviado todavía una nómina.

En el supermercado peso la fruta, pego la etiqueta, paso los productos por el lector, introduzco las bolsas, busco el código de los tomates, pago y recojo el recibo. De vez en cuando aparece un empleado porque la máquina ha decidido que las berenjenas constituyen una amenaza para la seguridad del establecimiento. Pulsa una tecla, desaparece y yo continúo trabajando.

En el aeropuerto la cosa resulta todavía más admirable. Compro el billete en Internet, introduzco mis datos, selecciono el vuelo, rechazo servicios adicionales, elijo asiento, hago el check-in, descargo la tarjeta de embarque y, cada vez con mayor frecuencia, imprimo la etiqueta del equipaje y deposito la maleta en una cinta. La compañía pone el avión. Yo me ocupo de buena parte de la administración.

Podríamos llamar a este fenómeno clientelización del trabajo: la transferencia progresiva al cliente de tareas que anteriormente realizaban empleados remunerados. No es exactamente automatización. Cuando una máquina hace el trabajo de una persona estamos ante automatización. Cuando una máquina consigue que yo haga el trabajo que antes hacía esa persona, ocurre algo diferente.

Los sociólogos llevan tiempo estudiándolo. En 1981, Ivan Illich publicó Shadow Work, «trabajo en la sombra». Utilizaba el concepto en un sentido amplio: actividades no remuneradas exigidas por las sociedades industriales y necesarias para que funcione la economía formal. Junto al trabajo que aparece en las estadísticas existe otro que nadie paga y sin el cual el primero difícilmente podría funcionar.

Más de treinta años después, Craig Lambert actualizó la idea en Shadow Work: The Unpaid, Unseen Jobs That Fill Your Day (2015). Su catálogo nos resulta familiar: ponemos gasolina, escaneamos y embolsamos nuestra compra, hacemos operaciones bancarias, reservamos viajes o montamos nuestros muebles. Pequeñas tareas que aisladamente parecen insignificantes pero cuya suma ocupa una parte creciente de nuestro tiempo.

Existe incluso una denominación más técnica. Charles Koeber, David Wright y Elizabeth Dingler publicaron en 2012 un estudio sobre el consumptive labor, algo así como «trabajo de consumo». Su punto de partida era sencillo: los consumidores ya no se limitan a consumir. Las empresas los incorporan al proceso productivo para realizar determinadas tareas.

El truco consiste en llamarlo autoservicio. La palabra es magnífica porque convierte una reducción del servicio en una ampliación de nuestra libertad. Nadie diría que un restaurante ha mejorado su atención porque el camarero nos entregue una bandeja y nos indique dónde está la cocina. Basta, sin embargo, colocar una pantalla táctil para que realizar nosotros mismos una tarea pase a denominarse innovación.

Naturalmente, el autoservicio puede ofrecer ventajas reales. Sacar dinero de un cajero a medianoche es mucho más cómodo que esperar a que abra el banco. Comprar un billete desde casa evita desplazamientos y colas. Una caja automática resulta práctica para quien lleva dos artículos. Sería absurdo añorar cualquier sistema anterior simplemente porque utilizaba más empleados.

La cuestión es otra: quién realiza ahora el trabajo y quién se queda con el ahorro. Las llamadas self-service technologies sustituyen muchas interacciones tradicionales entre cliente y empleado haciendo que el consumidor participe en la producción del servicio. Aron Darmody y Detlev Zwick han estudiado esta «coproducción» y advierten de que sus costes y beneficios no tienen por qué distribuirse equilibradamente. La reducción del coste laboral constituye, naturalmente, uno de los incentivos empresariales.

El supermercado constituye un laboratorio perfecto. Antes uno llegaba a la caja y otra persona pasaba los productos, cobraba y entregaba el cambio. Con la caja automática no ha desaparecido todo el trabajo del cajero: se ha repartido. Una parte la hace la máquina, otra nosotros y un empleado supervisa varias cajas simultáneamente. El cliente se convierte así en cajero auxiliar y el cajero profesional en supervisor de máquinas y clientes.

La aviación comercial ha llevado el procedimiento casi a la perfección. Los pasajeros reservamos por Internet, hacemos el check-in, obtenemos la tarjeta de embarque y, en algunos aeropuertos, etiquetamos y depositamos el equipaje. La literatura especializada considera el check-in en línea un caso explícito de «coproducción»: el viajero participa en la elaboración del servicio que acaba de comprar.

El siguiente paso ya está aquí: facturación automática de equipajes, máquinas de pedidos en restaurantes, aplicaciones bancarias que sustituyen a la oficina, plataformas sanitarias donde el paciente introduce datos que antes recogía un administrativo y páginas de atención al cliente diseñadas para conseguir que el propio afectado diagnostique su problema.

Todo ello produce una curiosa inversión del significado de la palabra servicio. Durante siglos, pagar por un servicio significó pagar para que alguien hiciera algo por nosotros. Ahora podemos pagar por un servicio y recibir, a cambio, instrucciones para hacerlo nosotros mismos.

Existe además un aspecto social. No todos los clientes poseen la misma edad, conocimientos, capacidad visual, destreza manual o familiaridad con las pantallas. Cuando la opción automática convive con una atención humana suficiente, tenemos una posibilidad adicional. Cuando la empresa reduce deliberadamente esa atención hasta conseguir que el autoservicio sea prácticamente obligatorio, la supuesta libertad de elección empieza a parecerse bastante a una imposición.

Y queda la cuestión más delicada: el empleo. Conviene no simplificar. Una caja automática no equivale necesariamente a un cajero despedido. La tecnología crea otros empleos, modifica funciones y puede aumentar la productividad hasta generar nuevas actividades. Los estudios sobre las cajas de autoservicio advierten precisamente de que sus efectos sobre el empleo deben comprobarse y no deducirse automáticamente de la presencia de máquinas.

Pero tampoco deberíamos aceptar la ficción contraria. Si un empleado puede supervisar diez cajas en las que diez clientes realizan parte del trabajo que antes correspondía a varios cajeros, se ha producido una transferencia real de trabajo. Que provoque despidos, menos contrataciones, reasignación de empleados o simplemente un aumento de productividad dependerá de cada sector. Lo indiscutible es que parte del esfuerzo necesario para completar la transacción ha pasado del empleado remunerado al consumidor que paga.

Ahí reside la esencia de la clientelización del trabajo. Durante dos siglos nos explicaron que las máquinas servían para ahorrarnos trabajo. La lavadora nos evitó lavar a mano; el automóvil permitió recorrer grandes distancias sin caminar; el ascensor nos libró de subir escaleras. Buena parte de la revolución tecnológica consistió en sustituir esfuerzo humano por energía y máquinas.

La clientelización introduce una variante formidable: la máquina ahorra trabajo a la empresa haciendo trabajar al cliente. Lo aceptamos porque cada tarea parece minúscula. Cinco minutos para hacer el check-in, tres para escanear la compra, diez para cumplimentar un formulario, cuatro para obtener una factura y veinte para conversar con un robot que finalmente recomienda consultar la página web en la que ya estábamos.

Lambert habla de esos «trabajos invisibles y no remunerados que llenan nuestro día». No los percibimos como trabajo porque ninguno ocupa una jornada completa. Pero, sumados, representan una gigantesca transferencia de tiempo desde millones de consumidores hacia las organizaciones con las que se relacionan.

Quizá dentro de unos años entremos en un restaurante, pidamos mediante una aplicación, vayamos a buscar la comida a la cocina, llevemos los platos a nuestra mesa, cobremos nuestra propia cuenta y, antes de marcharnos, recibamos un mensaje solicitándonos que valoremos la experiencia. Naturalmente pondremos cinco estrellas.

No vaya a ser que también tengamos que atender nosotros la reclamación.

EL OMINOSO CÍRCULO DEL SILENCIO CEUTÍ

 

Es lamentable que Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, dirigente del Partido Popular, católico confeso y frecuente defensor de los valores de la civilización cristiana, no haya considerado oportuno declarar un día de luto en la ciudad autónoma, ni siquiera convocar un minuto de silencio, por las 141 personas muertas en el Tarajal, entre ellas un bebé. Habían emprendido uno de esos viajes que empiezan con la esperanza de encontrar una vida mejor y que, demasiadas veces, terminan antes de llegar a ninguna parte.

También se ha echado de menos un apoyo explícito a Cruz Roja y Luna Blanca, las dos organizaciones humanitarias que están recibiendo amenazas por alimentar a unos 5.000 inmigrantes. Ambas han respondido que «Ceuta es una ciudad solidaria» y que seguirán dando comida pese a los insultos. La primera parte de la frase contiene quizá más optimismo que sociología, al menos después de escuchar algunos de los gritos lanzados durante la multitudinaria manifestación celebrada en la ciudad.

«¡Fuera los moros!», «¡No les deis de comer para que se vayan!» o la vieja brutalidad de «al enemigo ni agua» resumen bastante bien el clima que algunos pretenden crear. La extrema derecha ha encontrado en la crisis migratoria un material inflamable extraordinariamente eficaz: miedo, frontera, pobreza, religión y miles de jóvenes extranjeros concentrados en unos pocos kilómetros cuadrados. Basta añadir la palabra «invasión» y acercar una cerilla.

El problema empieza cuando la derecha democrática decide competir en ese terreno. El PP ha utilizado la crisis humanitaria como instrumento político y ha vuelto a acercarse peligrosamente al vocabulario de quienes viven electoralmente del miedo al extranjero. Por Ceuta han desfilado dirigentes populares no tanto para rebajar la tensión como para subrayar el carácter casi bélico de lo sucedido. Entre ellos, José María Aznar, que siempre se ha sentido cómodo en los escenarios donde España parece necesitar espada, almena y enemigo.

Aznar ofrece además una iconografía difícil de mejorar. Basta recordar aquella extraordinaria fotografía en la que aparece caracterizado de guerrero medieval, espada en mano y casco bajo el brazo. El antiguo presidente posee una relación peculiar con la épica militar. En julio de 2002 ya convirtió el minúsculo islote de Perejil, habitado habitualmente por cabras, en escenario de una operación militar que durante unos días permitió a España sentirse protagonista de una película de aventuras de presupuesto moderado.

Ahora vuelve el lenguaje de la «invasión». Es una palabra formidable porque evita pensar. Una invasión exige invasores; los invasores son enemigos y contra los enemigos no rigen las mismas obligaciones morales que frente a personas desesperadas. Desaparecen así las biografías, las familias, el hambre y el miedo. Queda una masa. Y las masas, convenientemente deshumanizadas, resultan mucho más fáciles de rechazar.

Pero quienes cruzaron a nado el espigón fronterizo no constituían un ejército. Eran, en su inmensa mayoría, jóvenes desarmados, muchos en bañador, empujados hacia una frontera que Marruecos había decidido dejar abierta. Algunos no llegaron vivos. Resulta significativo que una parte de la política española encuentre más sencillo organizar actos patrióticos contra quienes entran que actos de duelo por quienes mueren intentando hacerlo.

Hay una fotografía, la que he usado para encabezar este artículo, que me parece especialmente pertinente estos días. Muestra a unos hombres lavando su ropa en una playa de Argelès-sur-Mer, convertida en campo de concentración. Llegaron allí en 1939 con poco más que la ropa que llevaban puesta, el miedo pegado a la piel y la esperanza escondida en algún rincón del equipaje. Habían cruzado los Pirineos huyendo de una guerra perdida y de la dictadura que estaba a punto de instalarse en España.

Francia los recibió con arena, alambradas y vigilancia. Decenas de miles de españoles fueron confinados en playas y campos improvisados. Muchos apenas hablaban francés. Habían perdido sus casas, sus trabajos y, en numerosos casos, sus familias. Descubrieron entonces una vieja regla europea: perder la patria puede significar también perder, a ojos de algunos, la condición de persona.

No faltaron quienes los llamaron indeseables, rojos, extranjeros peligrosos o simples parásitos. La prensa francesa más reaccionaria contribuyó a presentar a aquellos refugiados como una amenaza para la seguridad, el empleo y la identidad nacional. La retórica resulta familiar porque la retórica del miedo envejece extraordinariamente bien. Sólo necesita sustituir unos sustantivos por otros.

Aquellos indeseables eran españoles. Cinco años después ocurrió algo que debería figurar con letras grandes en nuestra memoria colectiva. Algunos de aquellos hombres que Francia había recibido detrás de una alambrada entraron en París empuñando las armas contra los ocupantes alemanes. Los vehículos de La Nueve, la compañía de la División Leclerc formada mayoritariamente por republicanos españoles, llevaban nombres como Guadalajara, Teruel, Ebro o Guernica. El 24 de agosto de 1944 estuvieron entre los primeros soldados aliados que alcanzaron el centro de París.

La historia tiene a veces un sentido de la ironía del que carecemos los humanos. Los extranjeros sospechosos de 1939 eran libertadores en 1944. Los hombres considerados una carga para Francia contribuyeron a liberar Francia. Y algunos de quienes se habían presentado como grandes patriotas franceses encontraron perfectamente compatible su patriotismo con colaborar, pocos años después, con los ocupantes nazis.

Por eso conviene ser prudente cuando alguien se apropia de la palabra «patria». El patriotismo no consiste necesariamente en gritar más fuerte, agitar más banderas o encontrar un extranjero al que culpar. A veces consiste simplemente en impedir que una sociedad pierda la decencia cuando tiene miedo. Ceuta debería saberlo mejor que casi ninguna otra ciudad española.

El Tarajal posee ya su propia memoria trágica. El 6 de febrero de 2014, varios centenares de inmigrantes intentaron alcanzar Ceuta desde Marruecos. Una parte trató de bordear a nado el espigón fronterizo. La Guardia Civil utilizó material antidisturbios —entre otros medios, pelotas de goma y botes de humo— mientras aquellas personas estaban en el agua. Quince murieron.

La tragedia originó durante años investigaciones judiciales, controversias políticas y denuncias de organizaciones de derechos humanos. El Ministerio del Interior, dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, defendió la actuación de los agentes. La imagen de hombres luchando por mantenerse a flote mientras a su alrededor caía material antidisturbios quedó, sin embargo, incorporada para siempre a la historia reciente de la frontera sur española.

Diez años después, en 2024, diversos colectivos convocaron una nueva Marcha por la Dignidad en recuerdo de las víctimas del Tarajal. Recorrieron Ceuta reclamando vías migratorias seguras y repitiendo una frase elemental: «Ningún ser humano es ilegal». La participación de la población ceutí fue escasa. Algunos vecinos se limitaron a contemplar la marcha desde las ventanas.

Quizá ahí se encuentre el verdadero problema. No en que Ceuta sea una ciudad racista —una simplificación tan injusta como inútil—, sino en el círculo del silencio que se forma cuando una minoría grita y una mayoría calla. Los discursos de odio no necesitan que todo el mundo los comparta. Les basta con que quienes no los comparten permanezcan en casa.

Ceuta es una ciudad fronteriza, española, europea, africana, cristiana, musulmana, judía e hindú. Esa complejidad podría ser su mayor riqueza y es, al mismo tiempo, lo que algunos desean convertir en su mayor debilidad. Porque resulta mucho más fácil obtener votos dividiendo una ciudad entre «nosotros» y «ellos» que explicar cómo gestionar una frontera sometida a una presión migratoria extraordinaria sin renunciar a la ley, al orden y a la humanidad.

Argelès-sur-Mer debería servirnos de advertencia. Cambian las fronteras, los uniformes y las banderas. Cambian las palabras con las que designamos al recién llegado: rojo, extranjero, ilegal, moro, invasor, amenaza. Lo que cambia mucho menos es el miedo de quien huye, la intemperie de quien llega y la facilidad con la que las sociedades asustadas aceptan que ciertas personas merecen menos compasión que otras.

En aquella playa francesa había españoles detrás de las alambradas. Algunos fueron despreciados por quienes se consideraban patriotas y, pocos años después, demostraron con las armas qué significaba realmente defender la libertad. Conviene recordarlo cuando volvemos a escuchar que al extranjero no hay que darle ni agua.

La historia todavía no ha terminado de escribir quiénes fueron los refugiados y quiénes los patriotas. Y quizá sea eso lo verdaderamente ominoso del silencio ceutí: que algún día, cuando todo esto sea historia, alguien preguntará qué hicimos mientras unos gritaban. Y habrá que contestarle.

BIOCHARGER: LA “CAFETERA” QUE SIRVE FRECUENCIAS

 

Durante siglos, la medicina ha cometido el error de resultar demasiado complicada. Para tratar una enfermedad había que averiguar qué la causaba, estudiar durante años, experimentar con animales, organizar ensayos clínicos y soportar después a una legión de revisores empeñados en preguntar si el remedio funcionaba de verdad. De hacer caso a quienes han patentado un propio del profesor Bacterio, todo ese engorro puede evitarse hoy gracias al BioCharger NG, un aparato que cuesta 17 990 dólares en Estados Unidos y que, después de añadir transporte, aduana e IVA, puede ponerse en España por unos 20 000 euros. Parece una lámpara diseñada por Nikola Tesla durante una noche de insomnio y promete mejorar la salud mientras el paciente permanece sentado sin hacer absolutamente nada.

La pasividad forma parte esencial del tratamiento. No hay que correr, levantar pesas, comer verdura ni renunciar al coñac de después de cenar. Basta con acomodarse a una distancia de entre uno y metro y medio del aparato y dejarse bañar durante quince minutos por una mezcla de luz, sonido, campos eléctricos y electromagnéticos. El organismo, que hasta ese momento llevaba funcionando de manera lamentable por culpa de la evolución, la edad y nuestros hábitos, recibe una especie de arranque con pinzas. Las células recuperan el entusiasmo, siempre que no hayamos olvidado pagar los gastos de envío.

El BioCharger NG se vende como una «plataforma de optimización de la salud». El nombre está bien elegido. Si lo llamaran aparato médico, alguien podría cometer la grosería de exigir pruebas médicas. Una plataforma de optimización, en cambio, pertenece a ese territorio nebuloso en el que no se curan enfermedades, sino que se favorece la vitalidad, se promueve el equilibrio y se apoya el bienestar general. Son expresiones tranquilizadoras porque pueden significar cualquier cosa y, por tanto, resulta muy difícil demostrar que no significan nada.

Ese prodigio americano ha llegado también a España. El fabricante afirmaba ya en 2016 haber vendido unidades en nuestro país y algunos establecimientos ofrecen hoy sesiones frente al aparato. Entre ellos figura BioSpa Madrid, instalado en la calle Velázquez, a pocos minutos del parque del Retiro, donde BioCharger comparte espacio con tanques de flotación, saunas de infrarrojos y baños de hielo. No he encontrado constancia de que esté autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedad alguna. Se presenta como instrumento de bienestar, ese territorio afortunado donde una máquina puede influir en las células, el sueño y la recuperación siempre que nadie pronuncie la palabra medicina.

El fabricante asegura que BioCharger reúne cuatro «energías naturales»: campos electromagnéticos pulsados, voltaje, luz y frecuencias con sus correspondientes armónicos. Que las cuatro sean naturales no deja de ser una afirmación curiosa. También son naturales los rayos, la radiación ultravioleta y que un hipopótamo nos parta por la mitad, sin que nadie los considere recomendables para optimizar la salud. BioCharger produce fenómenos físicos reales: emite luz, genera sonidos y crea campos eléctricos y magnéticos. Una tostadora también produce calor, luz y campos electromagnéticos, aunque sus fabricantes han tenido la modestia de limitar sus indicaciones al tratamiento del pan de molde.

Cada una de esas formas de energía posee aplicaciones médicas. Determinados campos electromagnéticos se utilizan para favorecer la consolidación de algunas fracturas; la luz interviene en tratamientos dermatológicos y alteraciones del ritmo circadiano; los impulsos eléctricos estimulan nervios y músculos. El truco consiste en colocarlo todo dentro del mismo saco y dar a entender que un aparato que combina esas tecnologías hereda automáticamente sus beneficios. Es como reunir en una caja un bisturí, un termómetro, un desfibrilador y una linterna y anunciar que hemos inventado el hospital portátil.

En medicina, sin embargo, la energía no obra por inspiración. Importan la intensidad, la longitud de onda, la frecuencia, la duración y el tejido sobre el que se aplica. Una lámpara y un láser quirúrgico producen luz, pero nadie aceptaría que le extirparan la vesícula con una lámpara de sobremesa. BioCharger borra esas diferencias y presenta sus emisiones como si el cuerpo reconociera intuitivamente lo que necesita. Al parecer, las células son muy listas para recibir frecuencias curativas, aunque no lo bastante para reparar por sí solas una rodilla.

La descripción técnica del aparato asegura que el voltaje vuelve más permeable la membrana celular, abre canales para hacer llegar nutrientes y hormonas al núcleo y permite que la célula «se desintoxique». La frase contiene suficientes términos auténticos para parecer científica. Las membranas poseen canales y los pulsos eléctricos intensos pueden abrir poros transitorios mediante un fenómeno llamado electroporación. Pero de ahí no se deduce que sentarse frente a una bola luminosa introduzca nutrientes en el núcleo ni ayude a expulsar unas toxinas que, como de costumbre, nadie se molesta en identificar.

El refinamiento supremo son sus más de 1 400 «recetas energéticas». El usuario selecciona un programa y el aparato combina frecuencias, pulsos y luces para alcanzar el objetivo deseado. Nuestro organismo queda convertido en una radio antigua: si algo no funciona es porque estamos mal sintonizados. Solo hay que mover el dial hasta encontrar la frecuencia de la energía, el sueño o la claridad mental. Es extraño que nadie hubiese reparado antes en que la artritis podía deberse a que la rodilla estaba captando Radio Nacional en lugar de Los 40 Principales.

Para respaldar el invento, la empresa ofrece un imponente compendio de investigaciones. Aparecen estudios sobre campos electromagnéticos, fotobiomodulación, estimulación eléctrica, cultivos celulares y animales de laboratorio. El lector poco atento puede concluir que BioCharger ha sido sometido a una montaña de ensayos. Pero los artículos citados estudian otras máquinas, otras intensidades y otras aplicaciones. Uno analiza la isquemia de las patas traseras de ratas diabéticas; otro, la curación ósea en animales. Las ratas no fueron sentadas alrededor de un BioCharger para que eligieran una receta de bienestar.

El procedimiento tiene una larga tradición comercial: se demuestra que cierto campo magnético produce un efecto en unas condiciones determinadas y se da por probado que cualquier aparato que genere magnetismo producirá el mismo resultado. Sería como defender las propiedades medicinales de una cocina de inducción porque existen estudios científicos sobre el hierro.

Tampoco las patentes solucionan el problema. Una patente certifica que se ha registrado una invención, no que la invención haga lo que promete. Se puede patentar una ratonera que toque el himno nacional al cerrarse; la oficina de patentes no está obligada a comprobar si los ratones se vuelven patriotas. Y cumplir las normas estadounidenses sobre interferencias electromagnéticas no significa que el aparato rejuvenezca las células.

La historia alcanzó su momento más glorioso durante la pandemia. En abril de 2020, el cocinero australiano Pete Evans aseguró que el aparato disponía de una receta relacionada con el «Wuhan Coronavirus». La Administración de Productos Terapéuticos de Australia respondió con sanciones por valor de 25 200 dólares australianos. La Administración señaló que la afirmación carecía de fundamento y recordó que también se anunciaba para recuperar fuerza y claridad mental, acelerar la recuperación muscular y reducir la rigidez articular. En 2021, la empresa de Evans recibió nuevas sanciones por publicitar varios productos terapéuticos no inscritos en el registro australiano, entre ellos BioCharger. El aparato no curó el coronavirus, pero demostró una notable capacidad para adelgazar cuentas bancarias.

Sería injusto afirmar que una sesión no puede hacer sentir mejor a nadie. Quince minutos sentado, relajado y rodeado de luces y sonidos pueden producir una sensación agradable. La ceremonia, el precio y la confianza del terapeuta refuerzan las expectativas. El efecto placebo puede modificar la percepción del dolor, el cansancio o el sueño. Lo que no demuestra es que las células hayan absorbido energía vital ni que una frecuencia determinada haya reparado un órgano.

El propio fabricante desaconseja el uso a embarazadas y personas con placas metálicas cerca del cerebro, y establece precauciones para quienes llevan marcapasos, desfibriladores, bombas de insulina u otros implantes electrónicos. También advierte sobre las luces intermitentes en personas con epilepsia fotosensible o migrañas provocadas por la luz. Resulta llamativo que unas energías presentadas como naturales y armonizadoras obliguen a mantenerse a prudente distancia si uno lleva un dispositivo cardíaco.

BioCharger es, en suma, una vistosa combinación de lámpara de plasma, generador electromagnético y ordenador dispensador de frecuencias. Puede proporcionar una experiencia relajante y hasta entretenida, pero no existen ensayos clínicos rigurosos que demuestren que el aparato completo ofrezca los numerosos beneficios insinuados por su publicidad. Su componente mejor documentado es el precio: 17 990 dólares producen un efecto intenso, inmediato y perfectamente medible sobre el patrimonio del paciente. Para recuperarse, por desgracia, todavía no se conoce ninguna frecuencia.

CEUTA: PEDRO SÁNCHEZ Y LA OBLIGADA DIPLOMACIA DEL SILENCIO

 

Escribió Lord Palmerston que «las naciones no tienen aliados perpetuos ni enemigos permanentes; lo único permanente son nuestros intereses, y nuestro deber es defenderlos».

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras ha introducido un elemento de gravedad en la crisis de Ceuta. Según el documento remitido a la Audiencia Nacional, agentes marroquíes habrían guiado activamente a miles de personas hacia los puntos de entrada los días 30 y 31 de julio. Las imágenes analizadas por la Policía apuntan a una operación que difícilmente puede explicarse como un desbordamiento espontáneo de la frontera. El informe, sin embargo, no atribuye formalmente la autoría intelectual al Gobierno marroquí. Es una distinción importante, aunque no elimina el problema político.

Pedro Sánchez ha optado por no acusar a Rabat. En su entrevista en la Cadena SER sostuvo que Marruecos cooperó desde el primer momento y atribuyó el desencadenamiento de la crisis a campañas de desinformación y a redes criminales. La posición del presidente ha irritado a Ceuta, ha dado munición a la oposición y ha desconcertado también a sectores de la izquierda. La reacción más inmediata consiste en preguntar: si la Policía encuentra indicios de participación de agentes marroquíes, ¿por qué el Gobierno no alza la voz?

La respuesta corta es que la diplomacia no suele consistir en decir en público todo lo que un Estado sabe, sospecha o teme. Y la respuesta larga exige mirar al otro lado del Estrecho sin los prismáticos de la política de tertulia.

En Política entre naciones, Hans Morgenthau, el gran formulador del realismo político, escribió que el estadista debe pensar el interés nacional en términos de poder. No estaba recomendando el cinismo, ni justificando cualquier cosa en nombre de la razón de Estado. Advertía de algo más serio: las decisiones públicas deben medirse por sus consecuencias, no por su capacidad de arrancar aplausos. La prudencia, decía, es la virtud suprema de la política exterior porque obliga a comparar males, calcular riesgos y distinguir entre el gesto satisfactorio y la decisión útil.

Eso no convierte automáticamente en acertada cualquier cautela del Gobierno. Pero permite entender por qué un presidente español puede considerar más peligroso abrir una crisis diplomática con Marruecos que soportar durante unos días o unas semanas el coste político de parecer excesivamente complaciente.

España y Marruecos no mantienen una relación bilateral convencional. No son dos países que intercambian notas verbales y celebran cumbres cuando conviene a ambos ministros de Exteriores. Son vecinos unidos por una interdependencia áspera: comercio, seguridad, terrorismo, pesca, transporte, energía, inversiones, el Sáhara Occidental y, sobre todo, una frontera cuya llave física está en manos marroquíes.

Robert Keohane y Joseph Nye explicaron hace casi medio siglo, en Power and Interdependence, que la dependencia mutua no elimina el poder: lo redistribuye. La pregunta decisiva no es quién necesita más al otro en términos generales, sino quién tiene más que perder si un determinado vínculo se rompe. Marruecos no puede prescindir sin coste de España y de la Unión Europea. Pero España tampoco puede ignorar que Rabat controla, en la práctica, la intensidad de la vigilancia en Castillejos, Nador y buena parte de las rutas atlánticas.

La experiencia de 2021 lo dejó al descubierto. En apenas dos días entraron en Ceuta unas 8 000 personas, después de que los controles marroquíes se relajaran de forma ostensible en plena crisis por la acogida en España de Brahim Ghali. El precedente fue interpretado por numerosos analistas como un recordatorio de poder: Marruecos podía teatralizar el caos fronterizo y trasladar a Madrid una factura política inmediata. La frontera no era sólo una frontera; era también un tablero de negociación.

La politóloga Kelly Greenhill llamó a esto «migración coercitiva diseñada». Su tesis es incómoda porque obliga a separar dos cosas que en el debate público suelen confundirse: las personas desplazadas no son armas, pero pueden ser utilizadas como instrumentos por quienes controlan su salida, sus rutas o su llegada a una frontera. El objetivo no tiene por qué ser conquistar territorio. Puede ser obtener ayuda, reconocimiento, una rectificación diplomática o simplemente recordar al vecino que la estabilidad tiene precio.

Esa es la primera razón para evitar afirmaciones rotundas cuando la investigación judicial está abierta. Acusar oficialmente al Gobierno de Marruecos sin una prueba concluyente obligaría a exigir una respuesta. Y si Rabat respondiera reduciendo su cooperación migratoria, España se encontraría de nuevo ante una frontera convertida en mecanismo de presión. No es una hipótesis extravagante: es lo que ya ocurrió, a menor escala, en 2021.Y quies olvidan esto, que recuerden la Marcha Verde de 1975.

La segunda razón se llama seguridad. España y Marruecos sostienen desde hace años una cooperación intensa contra el terrorismo, las redes de trata, el narcotráfico y la delincuencia organizada. El acuerdo bilateral de seguridad incluye precisamente intercambio de información y apoyo en investigaciones sobre terrorismo e inmigración irregular. El marco de cooperación no es una cortesía diplomática: es una pieza de la seguridad nacional española.

La tercera razón es económica. Marruecos es el principal socio comercial de España fuera de la Unión Europea y España sigue siendo el primer proveedor y cliente europeo del reino alauí. La automoción, la logística, el textil, la agricultura y las infraestructuras han tejido durante años una red de intereses que no desaparece porque un portavoz decida elevar el tono. ICEX resume esa posición central. También Inditex mantiene en Marruecos uno de sus grandes clústeres de producción. La diplomacia no se hace para proteger balances empresariales, pero una ruptura o una escalada comercial tampoco la pagan los ministros: la pagan empresas, trabajadores y consumidores.

Queda el Sáhara Occidental, la cuestión que gravita sobre todo lo demás. En 2022 Sánchez avaló el plan marroquí de autonomía como «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. Aquel giro cerró la crisis con Rabat, pero abrió otra en la política española y deterioró la relación con Argelia. No fue una decisión inocua ni indiscutible. Tampoco se puede presentar como una cuestión liquidada: la Unión Europea continúa remitiendo formalmente la salida del conflicto al proceso de Naciones Unidas y el Tribunal de Justicia de la UE ha subrayado el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. La sentencia europea sobre los acuerdos comerciales es un recordatorio de que la geopolítica tiene también límites jurídicos.

La diplomacia del silencio, por tanto, sólo es defendible si no se convierte en diplomacia de la indefensión. España debe preservar los canales con Rabat, porque sería absurdo prescindir de ellos; pero debe hacerlo desde una posición europea, con capacidad de documentar los hechos, reforzar Ceuta, mejorar los dispositivos de acogida y reducir la ventaja que proporciona a Marruecos el control de la frontera. La petición española de ayuda a Frontex va en esa dirección, aunque llega después de una crisis de enormes dimensiones. La asistencia solicitada a la agencia europea no resuelve el problema de fondo, pero evita que Ceuta quede sola.

Hay una forma infantil de entender la firmeza: elevar la voz, retirar al embajador y exigir una humillación pública del vecino. Suele ser la firmeza de quienes no tendrán que administrar las consecuencias. Y hay una forma igual de infantil de entender la prudencia: callar indefinidamente, negar los indicios y confundir la buena relación con la subordinación.

La política exterior adulta discurre entre esos dos precipicios. No exige a Sánchez que convierta cada informe policial en una crisis de Estado. Le exige que no utilice la razón de Estado como una cortina detrás de la cual desaparezcan la transparencia, la responsabilidad y la defensa de Ceuta. La prudencia puede ser una virtud; la opacidad permanente, no. En ese sentido, la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso, que estoy escuchando mientras escribo, ha venido a iluminar el escenario.

Marruecos sabe que España necesita cooperación. España debe demostrar que esa necesidad no equivale a vulnerabilidad. Esa es la verdadera tarea de la diplomacia.