EL HAMBRE DE LA POSGUERRA NO CAYÓ DEL CIELO

 

Un amable lector de mi último artículo en estas mismas páginas, El alquiler, una máquina de aumentar la desigualdad, me plantea una pregunta: «¿Sabes por qué en España se pasó hambre y necesidad durante el primer franquismo? ¿Básicamente, porque la producción agraria quedó reducida prácticamente a cero? Es una respuesta que está intrínsecamente unida al asunto que apuntas».

No termino de entender qué relación causal propone entre aquella hambruna y el mercado del alquiler actual, pero la pregunta histórica merece una respuesta. También una primera precisión: la producción agraria sufrió un importante retroceso, pero no quedó reducida prácticamente a cero. Y entre producir menos alimentos y explicar quién pasa hambre hay unas cuantas cuestiones que conviene examinar.

Para orientarse contamos con una bibliografía considerable. Me apoyaré en tres obras complementarias: Autarquía y mercado negro. El fracaso económico del primer franquismo, 1939–1959, coordinada por Carlos Barciela; La economía política del franquismo (1940–1970). Dirigismo, mercado y planificación, de Manuel Jesús González; y Productores disciplinados y minorías subversivas, de Carme Molinero y Pere Ysàs. La primera analiza los mecanismos del fracaso autárquico; la segunda, las decisiones y los cambios de política económica; la tercera, las condiciones y la capacidad de respuesta de los trabajadores. Leídas conjuntamente, permiten entender que el hambre tuvo causas económicas, sociales y políticas.

La Guerra Civil dejó un país profundamente empobrecido. Se habían perdido vidas, haciendas, medios de transporte y capacidad productiva. Muchas familias quedaron deshechas; otras perdieron a quienes aportaban sus ingresos por la muerte, el exilio o la prisión. Los problemas de abastecimiento se sumaron a una pobreza rural que venía de lejos. Sería absurdo minimizar semejante herencia, pero también lo sería utilizarla como explicación suficiente de cuanto ocurrió después. La guerra terminó en 1939; la escasez, las cartillas y la necesidad continuaron durante muchos años. Explicar esa duración obliga a estudiar cómo se administró la posguerra.

El régimen eligió la autarquía: aspiraba a que España se bastara con sus propios recursos y redujera su dependencia del exterior. La autosuficiencia podía sonar magnífica en un discurso patriótico, pero resultaba bastante menos convincente cuando había que abonar un campo, mover un tractor o alimentar una ciudad. España necesitaba importar fertilizantes, combustibles, maquinaria, materias primas y alimentos. Restringir esas compras dificultaba atender las necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, producir más en el futuro. La falta de divisas añadía obstáculos, pero la voluntad autárquica fue una elección del régimen, no una obligación impuesta íntegramente desde fuera.

La intervención agraria complicó todavía más las cosas. El Estado regulaba precios, entregas y circulación de productos básicos. Cuando el precio oficial resultaba poco remunerador, el agricultor tenía incentivos para ocultar parte de la cosecha o venderla por otros canales. Eso no significa que todos los productores actuaran igual ni que dispusieran de las mismas oportunidades. Un pequeño campesino que intentaba alimentar a su familia no ocupaba la misma posición que un gran propietario con capacidad para almacenar y contactos para negociar. Pero el funcionamiento del sistema favorecía que una parte de los alimentos escapara al abastecimiento oficial.

Así creció el estraperlo. Los productos que faltaban en los comercios podían encontrarse por otras vías, a precios muy superiores. Cuanto menos llegaba al circuito regulado, más insuficiente resultaba el suministro y mayor era la dependencia del mercado negro. La escasez se convirtió en una oportunidad de negocio para quienes podían aprovecharla. El hambre de unos convivía con las ganancias de otros: no todos los españoles atravesaron la posguerra desde el mismo lado del mostrador. Los estudios reunidos por Barciela permiten seguir ese vínculo entre política agraria, mercados intervenidos y deterioro de las condiciones de vida.

El racionamiento pretendía repartir productos escasos, pero una cartilla no era una despensa. Establecido en 1939 y mantenido hasta 1952, daba acceso a determinadas cantidades de alimentos sin garantizar que fueran suficientes ni que llegaran con regularidad. Para completar la alimentación había que buscar recursos adicionales: pequeños cultivos, intercambios, ayuda familiar, compras clandestinas. Quien tenía dinero podía pagar los precios del estraperlo. Quien dependía de un jornal exiguo debía estirar unas raciones que no se estiraban indefinidamente. El derecho a comprar una cantidad de pan servía de poco cuando esa cantidad no alcanzaba.

Aquí está una de las claves de la cuestión: para pasar hambre no es necesario que los alimentos desaparezcan. Basta con que una familia no pueda conseguir los que necesita. La producción importa, por supuesto, pero también importan los salarios, los precios y las condiciones de distribución. Dos hogares podían vivir en la misma calle, tener cerca los mismos campos y atravesar experiencias alimentarias muy diferentes. La disponibilidad de comida en un país y la posibilidad de comer de sus habitantes están relacionadas, aunque no sean exactamente lo mismo.

La dictadura había eliminado, además, los instrumentos con los que los trabajadores podían defender colectivamente sus condiciones de vida. Sin sindicatos libres ni derecho de huelga, su capacidad para reclamar mejores salarios quedó severamente limitada. A esa subordinación se añadía la situación de los represaliados y sus familias: perder al principal sostén económico, sufrir una depuración o encontrar obstáculos para obtener empleo podía convertir la pobreza en indigencia. La disciplina laboral del franquismo tuvo consecuencias materiales que se medían también en la mesa de las casas. Este es el terreno que permite comprender el trabajo de Molinero e Ysàs.

También contaban las relaciones personales y políticas. En una economía de permisos, cupos y controles, disponer de contactos facilitaba acceder a recursos y oportunidades. El pequeño estraperlo de subsistencia podía ser perseguido mientras operaciones de mayor alcance encontraban protección o tolerancia. Conviene, por tanto, desconfiar de esa imagen de una nación que sufrió unida y por igual una desgracia inevitable. La investigación histórica muestra que la miseria y la represión socioeconómica contribuyeron a la desmovilización de una población para la que conseguir comida podía ocupar buena parte de la jornada.

Nada de esto obliga a negar las dificultades internacionales. La Segunda Guerra Mundial alteró el comercio y los transportes; después, la vinculación de Franco con las potencias fascistas contribuyó al aislamiento de su régimen. España quedó fuera del Plan Marshall. Hubo también sequías y malas cosechas, circunstancias particularmente dañinas en una agricultura vulnerable. Pero reconocer estos factores no equivale a aceptar que expliquen por sí solos la hambruna. El hambre precedió al aislamiento posterior a 1945, y la política interna condicionó la capacidad para afrontar cada dificultad. La propaganda insistió en la guerra y en la «pertinaz sequía», explicaciones muy convenientes para unas autoridades que preferían presentarse como víctimas de las circunstancias.

Vuelvo, pues, a la pregunta del lector. En España se pasó hambre porque se produjo menos, pero también porque se obstaculizó la recuperación, se administró deficientemente el abastecimiento y millones de personas carecieron de ingresos y de capacidad de defensa. No encuentro una relación causal directa que permita trasladar aquella explicación al alquiler actual. Sí aparece una cuestión común, mucho más general: para comprender la privación hay que preguntar cuánto existe, cómo se distribuye y quién puede pagarlo. La guerra dejó muchas mesas vacías; las decisiones de la posguerra contribuyeron a que tardaran demasiado en volver a llenarse.

UN GIGANTE ENTRE LOS HONGOS: EL REY QUE SE ESCONDÍA BAJO TIERRA

 

Uno tiende a imaginar que los seres vivos pendientes de descubrir son pequeños, escurridizos y difíciles de distinguir sin ayuda de un microscopio. Una bacteria, un insecto diminuto, un hongo que apenas deja una mancha sobre una hoja. Por eso resulta especialmente satisfactorio enterarse de que los bosques todavía pueden reservarnos un hongo de hasta medio metro y más de dos kilos. La naturaleza, que no tiene ninguna obligación de ajustarse a nuestras expectativas, acaba de proporcionar un ejemplo en la provincia china de Yunnan.

Su nombre es Dianjunus rex, y lo de rex, rey en latín, alude a su imponente aspecto. El nombre del género combina una referencia al antiguo reino de Dian, situado en el territorio de la actual Yunnan, con la palabra china jūn, hongo. Pero la verdadera sorpresa del estudio, publicado en septiembre de 2026 en Frontiers in Fungal Biology, no es que sus autores hayan encontrado una especie grande. Es que han identificado un linaje tan diferenciado que proponen para él un género y una familia nuevos: Dianjunus y Dianjunaceae.

Para comprender el descubrimiento conviene empezar por una distinción que el lenguaje cotidiano suele pasar por alto. Un hongo no es solamente la estructura que vemos sobresalir del suelo. Buena parte de su cuerpo está formada por filamentos, las hifas, que constituyen una red llamada micelio. Lo que llama nuestra atención suele ser su aparato reproductor. En este caso, las grandes estructuras reciben el nombre de estromas: masas de tejido fúngico que alojan numerosas cavidades donde se producen las esporas. No estamos, por tanto, ante un champiñón desmesurado, con sombrero y láminas, sino ante una arquitectura reproductora diferente.

Los ejemplares descritos presentan formas variables: algunos recuerdan a gruesos dedos; otros se ensanchan, se aplanan o se ramifican como una mano irregular. Su superficie tiene una cubierta fibrosa y pulverulenta, inicialmente blanquecina y después amarillenta, salpicada por los puntos oscuros de las aberturas reproductoras. El tamaño total alcanza los 50 centímetros, aunque aquí hay una precisión importante: esa medida incluye una prolongación enterrada. La descripción distingue una porción fértil de 10 a 20 centímetros y una parte subterránea estéril que puede medir entre 20 y 30. El ejemplar más pesado, formado por dos lóbulos, alcanzó aproximadamente 2,2 kilos.

Tampoco conviene proclamarlo sin matices campeón mundial de los hongos. Su tamaño resulta extraordinario dentro de su grupo, pero el propio trabajo recuerda que otro ascomiceto, Engleromyces goetzei, puede formar sobre los bambúes masas de unos 30 centímetros de diámetro y alrededor de 3,2 kilos. Los récords biológicos requieren especificar qué medimos: altura, diámetro, peso o extensión del organismo completo. Dianjunus rex no necesita ganar todas esas competiciones para constituir un descubrimiento excepcional.

Pertenece a los ascomicetos, hongos cuyas esporas sexuales se forman dentro de unas células microscópicas llamadas ascas, algo así como pequeños sacos reproductores. En Dianjunus, estas se encuentran dentro de cavidades alojadas en el estroma. La paradoja es atractiva: el gigante necesita producir estructuras de varios centímetros para fabricar y dispersar esporas que apenas miden entre 12 y 17 micrómetros de longitud. Además, esas esporas presentan una característica útil para reconocerlo: una hendidura de germinación con forma de S. A escala microscópica, el rey lleva su propia firma.

Ahora bien, ni el tamaño ni una espora singular bastan para justificar una familia nueva. Los investigadores combinaron el estudio de su anatomía con comparaciones de cuatro regiones del ADN y análisis de centenares de genes. El resultado fue consistente: los ejemplares formaban una rama propia dentro del orden Xylariales, próxima a la familia Graphostromataceae, pero claramente diferenciada de ella. Esta coincidencia entre los caracteres observables y la información genética sostiene la propuesta taxonómica. No se trata simplemente de conceder categoría familiar a un hongo porque haya crecido mucho.

La investigación añade una dimensión temporal. Sus cálculos sitúan la separación de este linaje respecto a sus parientes en torno a los 65 millones de años, cerca del comienzo del Paleoceno y de la gran reorganización ecológica posterior a la extinción del final del Cretácico. Es una asociación sugerente, pero debe interpretarse con prudencia: el intervalo estimado abarca aproximadamente entre 50 y 80 millones de años. No demuestra que la extinción originara el linaje, ni que la especie actual haya permanecido inalterada desde entonces. Lo que se estima es la antigüedad de una bifurcación del árbol evolutivo, no la edad de los ejemplares encontrados.

Resulta también interesante preguntarse sobre su alimentación. Los investigadores encontraron las estructuras reproductoras vinculadas a raíces y madera de árboles muertos o moribundos, entre ellos robles. Esa relación apunta hacia el aprovechamiento de tejidos vegetales, pero su genoma ofrece un resultado inesperado: posee un repertorio relativamente reducido de genes para enzimas que actúan sobre carbohidratos, en comparación con varios parientes descomponedores. Llama especialmente la atención la escasez de determinadas enzimas que degradan pectinas, componentes de las paredes celulares vegetales. Un gigante, al parecer, no necesita llevar consigo la caja de herramientas más abundante.

Estromas de Dianjunus rex en el campo. (a, c, d, f) Estromas adheridos a las raíces del huésped. (b, e, g, h) Estromas alrededor de la planta huésped. (i) Peso total de los estromas bilobulados más grandes. Fuente

A partir de esas pistas, los autores plantean una hipótesis: el hongo podría pasar una primera etapa dentro de tejidos vivos, de manera discreta, y cambiar después a una vida descomponedora cuando muere el hospedador. Esa transición permitiría aprovechar recursos para construir sus grandes estromas. También proponen que una menor inversión en ciertas enzimas degradativas podría favorecer la asignación de recursos a la formación de tejido fúngico. Son explicaciones posibles, no mecanismos demostrados: los genes permiten formular preguntas sobre su modo de vida, pero todavía hace falta observar y experimentar para responderlas.

El descubrimiento deja así algo más valioso que una fotografía sorprendente. Amplía las formas conocidas de un grupo de hongos, identifica una rama evolutiva hasta ahora inadvertida y abre preguntas sobre cómo un organismo construye semejante aparato reproductor. También recuerda que describir la biodiversidad sigue siendo una tarea elemental y profundamente incompleta. Incluso en un bosque recorrido por personas pueden quedar seres vivos sin nombre científico, sin historia reconstruida y sin lugar reconocido en el árbol de la vida. Algunos son microscópicos. Otros pesan dos kilos y llevan una parte considerable de su secreto enterrada.

AHORRAR PARA LA VEJEZ CUANDO APENAS SE PUEDE PAGAR EL PRESENTE

 

Para ahorrar hay que disponer de algo que no sea necesario gastar. La observación parece demasiado elemental para un debate económico, pero convendría colocarla al comienzo de cualquier propuesta sobre pensiones. Después de pagar el alquiler o la hipoteca, comprar comida, mantener la casa y desplazarse al trabajo, muchas personas apenas conservan margen para afrontar un imprevisto. Pedirles que, además, acumulen un capital para su jubilación exige explicar de dónde saldrá el dinero. La educación financiera puede enseñar a administrarlo. Fabricarlo queda fuera de sus competencias.

La cuestión viene a cuento del Programa económico y de vivienda de Vox. En su página 38, dentro del apartado dedicado a reducir el gasto público, propone capitalizar un fondo público de pensiones con criterios de rentabilidad privada y avanzar hacia un sistema mixto tomando Suecia como referencia. También plantea una exención fiscal sin límite cuantitativo para el ahorro personal destinado a la jubilación, siempre que se cobre después de jubilarse. El documento anuncia una transformación importante, pero apenas desarrolla su funcionamiento.

Conviene precisar qué dice y qué deja abierto. Habla de un fondo público, por lo que no sería correcto atribuirle sin más una sustitución de las pensiones por planes privados. Tampoco concreta que ese fondo se organice mediante cuentas individuales. Sin embargo, quedan pendientes las preguntas fundamentales: cuánto dinero recibirá, de dónde procederá, qué prestación garantizará y quién asumirá los riesgos. La palabra «mixto» permite muchas combinaciones; por sí sola no explica ninguna.

Antes de discutir las rentabilidades futuras hay, por tanto, dos cuestiones bastante menos vistosas: cuánto esfuerzo adicional se exigirá a quienes trabajan y cómo se seguirán pagando las pensiones actuales si una parte de las cotizaciones deja de financiarlas. Son problemas distintos, aunque ambos conducen al mismo lugar: alguien tiene que aportar el dinero.

Si se mantienen las cotizaciones que sostienen las pensiones públicas y se añade una aportación obligatoria a un fondo, habrá que repartir ese esfuerzo. Si lo soporta el trabajador, dispondrá de menos salario para sus gastos. Si corresponde a la empresa, aumentará su desembolso directo. Si el Estado subvenciona las aportaciones, necesitará recursos públicos. Cabe combinar las fórmulas, pero ninguna convierte el ahorro en gratuito. Prometer simultáneamente grandes rebajas fiscales para los más ricos, como dice el Programa de Vox, obliga, además, a explicar con especial cuidado cómo se financiarán esas ayudas.

Se puede imponer el ahorro a quien no logra ahorrar voluntariamente, descontándolo antes de que cobre. Lo que no puede evitarse es que ese descuento reduzca sus recursos disponibles respecto a una situación sin esa aportación. La cuenta para la vejez aumenta mientras el presupuesto del presente se estrecha. Que el dinero siga perteneciendo al trabajador no permite utilizarlo simultáneamente para pagar el alquiler.

Además, una misma aportación no representa el mismo sacrificio para todos. Quien tiene ingresos holgados puede reducir gastos prescindibles; quien llega justo debe recortar necesidades o renunciar a su pequeño colchón para emergencias. Un instrumento de ahorro puede resultar útil como complemento para quien dispone de margen. Presentarlo como remedio general para salarios insuficientes confunde la herramienta con los recursos necesarios para utilizarla.

Puesto que se invoca a Suecia, conviene mirar algo más que su sistema de pensiones. Según la comparación de Eurostat para 2022, el salario mediano bruto por hora era de 19,30 euros en Suecia y de 11 euros en España. La mediana deja a la mitad de los trabajadores por debajo y a la otra mitad por encima. La diferencia nominal rondaba el 75%; al ajustar por los distintos niveles de precios, se reducía aproximadamente al 29%. El ajuste acorta la distancia, pero no la borra.

Otro indicador resulta aún más cercano a la economía doméstica. Según Eurostat, en 2025 el 37,8 % de la población española no podía afrontar un gasto imprevisto con sus propios recursos, frente al 24,9 % de la sueca. Casi cuatro de cada diez personas aquí; una de cada cuatro allí. La prueba utiliza una cantidad adaptada a cada país, pero permite comparar la falta de un colchón económico. No demuestra cuánto podría ahorrar cada trabajador; sí impide dar por supuesta una capacidad generalizada de ahorro adicional.

También conviene recordar que Suecia conserva un componente público mayoritario de reparto. De los derechos anuales equivalentes al 18,5 % de los ingresos computables, 16 puntos corresponden a ese componente y 2,5 a la parte invertida en fondos. A ello se añaden pensiones laborales complementarias y mecanismos públicos de protección. Invocar el modelo sueco exige explicar qué piezas se quieren trasladar y con qué salarios, financiación y garantías.

La segunda pregunta afecta a quienes ya estamos jubilados y a quienes lo estarán durante la transición. Algunas críticas al sistema español mezclan su sostenibilidad con un reproche personal: los pensionistas cobramos más de lo que aportamos y, por tanto, defender nuestras prestaciones sería reclamar un privilegio a costa de hijos y nietos. Pero yo no estoy cobrando de una hucha donde hayan permanecido intactas mis cotizaciones.

No existe una cartilla con la etiqueta «Manuel Peinado» en la que mi dinero haya estado dormitando durante medio siglo, esperando a que me jubilase para empezar a sacar billetes. Mientras trabajaba, mis cotizaciones contribuían a pagar las pensiones de los jubilados de entonces. Las de los trabajadores actuales contribuyen a pagar las de hoy, incluida la mía. Ese es el principio del reparto: un compromiso entre generaciones, no una cuenta de ahorro individual.

Esto no vuelve irrelevante la relación entre aportaciones y prestaciones. Se puede y se debe estudiar el equilibrio financiero del sistema, su justicia y cómo distribuye los esfuerzos entre generaciones. Lo que resulta engañoso es presentar la diferencia entre lo cotizado y lo percibido como si probara, por sí sola, que un pensionista está retirando de una cuenta ajena más dinero del que le pertenece. Ese razonamiento confunde dos formas distintas de organizar la protección de la vejez.

Precisamente porque las cotizaciones actuales financian prestaciones actuales, destinarlas parcialmente a acumular capital abre un problema inmediato. El dinero desviado deja de estar disponible para pagar las pensiones, pero los jubilados siguen necesitando su prestación todos los meses. Durante un periodo prolongado habrá que atender los compromisos del sistema de reparto y formar, a la vez, el capital del nuevo componente.

Ese es el coste de la transición. Puede cubrirse mediante impuestos, deuda, otros ingresos o ajustes presupuestarios. Cada opción reparte el esfuerzo de manera diferente. Si el fondo se financia con recursos adicionales, la cuestión será conseguirlos; si recibe cotizaciones existentes, habrá que compensar el hueco. Una propuesta que describa los rendimientos esperados y omita esta factura deja sin explicar una parte fundamental de su funcionamiento.

Tampoco hace falta una catástrofe bursátil para que aparezcan dificultades. Un fondo puede obtener rendimientos positivos y seguir siendo insuficiente para financiar una jubilación larga. Los salarios bajos generan aportaciones pequeñas; el desempleo interrumpe su acumulación; los cuidados no remunerados tampoco producen capital por sí solos. Sin mecanismos compensatorios, las desigualdades de la vida laboral llegan a la jubilación incorporadas al saldo.

El programa añade otra propuesta: permitir que los jóvenes anticipen parte de su futura pensión para comprar una vivienda. La idea enlaza dos necesidades reales, pero deja pendiente cómo se calcularía ese anticipo y qué consecuencias tendría para la prestación posterior. Resolver el acceso a una casa comprometiendo recursos de la vejez exige explicar quién asumirá la diferencia.

Nada de esto demuestra que cualquier sistema mixto sea inviable ni convierte el reparto en un mecanismo ajeno a los problemas demográficos y económicos. Demuestra que una reforma debe explicar sus aportaciones, sus garantías, sus costes y sus riesgos. Antes de pedir a la gente que reserve más dinero para mañana, conviene comprobar cuánto necesita para vivir hoy. Y antes de prometer rentabilidad, presentar las cuentas: el alquiler se paga con dinero disponible y la vejez no debería sostenerse sobre una promesa.

VOX Y LA JUBILACIÓN EN MANOS DE LA BOLSA

 

En Nomadland, la película dirigida por Chloé Zhao que ganó el Óscar en 2021, Frances McDormand interpreta a Fern, una mujer de sesenta y tantos años que vive en una furgoneta y recorre Estados Unidos encadenando empleos temporales. Trabaja empaquetando mercancías en los almacenes de Amazon, limpia aseos en campamentos y acepta cualquier ocupación que le permita seguir adelante. No es una aventurera que haya decidido abandonar las comodidades de la vida moderna. Es una mujer que, después de trabajar durante décadas, no tiene dinero suficiente para disfrutar de una jubilación digna.

La película está inspirada en País nómada, un extraordinario libro de la periodista Jessica Bruder, que pasó varios años conviviendo con estadounidenses, muchos de ellos mayores, obligados a transformar sus vehículos en viviendas y buscarse la vida en un mercado laboral poco considerado con las canas. Entre sus protagonistas hay personas que perdieron sus casas durante la crisis inmobiliaria, trabajadores cuyos ahorros se evaporaron, enfermos arruinados por las facturas médicas y jubilados cuya pensión apenas alcanza para sobrevivir. Son los náufragos de una prosperidad que les prometió una vejez tranquila y terminó dejándolos aparcados en un descampado.

Bruder recuerda que las pensiones públicas estadounidenses nacieron para evitar situaciones semejantes. Durante la Gran Depresión de los años treinta, millones de trabajadores quedaron desempleados y los mayores encontraron prácticamente imposible regresar al mercado laboral. Franklin D. Roosevelt comprendió que había que hacer algo. En 1935 impulsó la Ley de Seguridad Social, que estableció un sistema contributivo de pensiones de vejez financiado mediante cotizaciones de trabajadores y empleadores. Había nacido uno de los pilares fundamentales del Estado social estadounidense.

Durante décadas, los economistas describieron la jubilación estadounidense mediante la metáfora de un taburete de tres patas: la Seguridad Social pública, las pensiones proporcionadas por las empresas y los ahorros personales. Si las tres funcionaban razonablemente bien, el jubilado podía sentarse sin miedo a terminar en el suelo. Pero los taburetes también se rompen.

Desde los años ochenta, numerosas empresas comenzaron a sustituir sus pensiones de prestación definida por planes de aportación definida, entre ellos los famosos 401(k), llamados así por el apartado de la legislación fiscal que los regula. La diferencia parece técnica, pero es trascendental. Antes, la empresa se comprometía a pagar una pensión determinada al trabajador jubilado. Con el nuevo sistema, trabajador y empresa ingresan cantidades en una cuenta individual que se invierten en los mercados financieros.

El cambio se presentó como una conquista de la libertad individual. Cada trabajador podría decidir cómo invertir su dinero y beneficiarse de la prosperidad bursátil. Las empresas, mientras tanto, se liberaban de buena parte de sus obligaciones de garantizar pensiones vitalicias. Lo que para unas suponía una reducción de responsabilidades, para otros se convirtió en una transferencia de riesgos.

Entonces llegó la hecatombe de 2008. La crisis de las hipotecas basura estadounidenses desencadenó un terremoto financiero que arrastró bancos, aseguradoras, fondos de inversión y bolsas de medio mundo. Los planes 401(k) no estaban necesariamente invertidos en aquellas hipotecas tóxicas, pero buena parte de su patrimonio dependía de unos mercados que se desplomaron.

Según el Employee Benefit Research Institute, el saldo medio de los planes 401(k) de los participantes analizados cayó un 34,8% durante 2008. Un trabajador que hubiera acumulado 300 000 dólares podía encontrarse, al terminar el año, con unos 195 600. Había perdido más de cien mil dólares sin haber hecho nada distinto de ahorrar para su jubilación.

Llevan diciendo que las pensiones están en peligro desde 1983 y nunca aciertan. Es simplemente un mensaje alarmista para privatizar el sistema de pensiones y hacerle el negocio a la banca.

El desastre fue especialmente cruel con quienes estaban a punto de retirarse. Un trabajador de cuarenta años todavía disponía de tiempo para esperar la recuperación de los mercados. Uno de sesenta y cinco, quizá no. Si además había perdido su empleo, podía verse obligado a vender sus inversiones depreciadas para pagar las facturas. Cuando la Bolsa se recuperó, muchos ya no tenían dinero invertido suficiente para beneficiarse de la subida.

No todos los titulares de los 401(k) quedaron arruinados. Muchos trabajadores que conservaron sus empleos y siguieron cotizando recuperaron sus pérdidas. Pero esa recuperación demuestra, precisamente, que el sistema favorece a quienes pueden permitirse esperar y castiga a quienes necesitan sus ahorros durante una crisis.

Y aquí es donde esta historia estadounidense comienza a tener interés para los españoles.

Hace unos días, José María Figaredo, diputado y portavoz económico de Vox, declaró que el sistema español de pensiones es «un zombi» y que está «quebrado». Su partido propone reformarlo mediante un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, semejante, según sus palabras, al de algunos países europeos. No ha propuesto expresamente copiar el 401(k) estadounidense, pero la experiencia norteamericana constituye una advertencia que merece examinarse.

La diferencia entre ambos sistemas es sencilla. En el de reparto, las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados actuales. Existe un compromiso colectivo entre generaciones. En el de capitalización, el dinero se acumula en cuentas individuales y se invierte para financiar la futura jubilación de sus titulares. Ambos sistemas pueden combinarse, pero no distribuyen de la misma manera los riesgos.

Supongamos que un trabajador español cotiza durante cuarenta años y destina parte de sus aportaciones a un fondo de inversión. Si las bolsas suben, sus ahorros aumentan. Si se desploman cuando está a punto de jubilarse, disminuyen. La pregunta no es si las inversiones pueden resultar rentables a largo plazo, porque naturalmente pueden serlo. La pregunta es quién responde cuando dejan de serlo.

Hay otra cuestión que rara vez aparece en las propuestas formuladas con grandes palabras y escasos números. Si parte de las cotizaciones que hoy sirven para pagar las pensiones se desvía hacia cuentas individuales, ¿de dónde saldrá el dinero para seguir pagando a los jubilados actuales? Las pensiones no pueden suspenderse durante treinta años mientras los trabajadores jóvenes acumulan capital. Esa transición tiene un coste que alguien deberá financiar.

Tampoco conviene confundir los problemas reales de nuestro sistema con su supuesta quiebra. España envejece, la generación del baby boom se jubila y la relación entre cotizantes y pensionistas plantea dificultades que requieren reformas. Negarlo sería irresponsable. Pero afirmar que un sistema público de reparto está quebrado como si fuera una empresa insolvente simplifica una cuestión mucho más compleja. Su sostenibilidad depende de decisiones económicas, demográficas, laborales y fiscales.

La capitalización individual, además, reproduce las desigualdades de la vida laboral. Quien cobra mucho puede ahorrar mucho; quien encadena empleos precarios, desempleo y salarios bajos apenas consigue acumular patrimonio. Quien interrumpe su carrera para cuidar familiares también parte con desventaja. Si la pensión pública pierde peso y el ahorro individual gana protagonismo, esas diferencias se trasladan a la vejez.

Naturalmente, esto no significa que todo fondo de pensiones sea perjudicial ni que cualquier sistema mixto conduzca al desastre. Algunos modelos europeos incorporan garantías y mecanismos colectivos de protección muy distintos de los estadounidenses. Por eso, antes de proclamar las virtudes de una reforma, habría que explicar qué porcentaje de las cotizaciones se capitalizaría, quién administraría los fondos, qué comisiones cobraría, quién asumiría las pérdidas y qué pensión mínima quedaría garantizada.

Porque una cosa es ofrecer a los trabajadores la posibilidad de complementar su jubilación mediante inversiones y otra muy distinta obligarlos a depender de ellas para conservar su nivel de vida.

En Nomadland, los protagonistas no discuten sobre capitalización, reparto o sostenibilidad actuarial. Tienen preocupaciones más inmediatas: encontrar un empleo, reparar la furgoneta, pagar una factura médica o descubrir dónde dormirán la noche siguiente. Muchos habían trabajado toda su vida. Algunos habían tenido casas, profesiones estables y ahorros. No todos llegaron a aquella situación por las mismas causas, pero compartían una experiencia: la seguridad económica que creían haber construido había resultado mucho más frágil de lo que imaginaban.

La película termina sin ofrecer grandes soluciones. Sus personajes continúan desplazándose por carreteras interminables, buscando trabajos temporales y lugares donde aparcar. Es difícil contemplarlos sin preguntarse qué clase de prosperidad permite que una persona trabaje durante cuarenta años y tenga que seguir haciéndolo a los setenta para sobrevivir.

Quizá antes de importar determinadas fórmulas de jubilación convendría recordar que las pensiones públicas nacieron precisamente para evitar que la vejez dependiera exclusivamente de la fortuna, de los mercados o de la generosidad ajena. 

Al fin y al cabo, una sociedad puede aceptar que sus ciudadanos arriesguen sus ahorros en la Bolsa. Lo que debería pensarse mucho más es si también quiere que se jueguen allí el derecho a envejecer.

EL ÁRBOL PULPO: UNA SELVA ESCONDIDA EN UNA MACETA

 

Grupos de flores de Schefflera actinophylla. Fuente

Hay plantas que pasan años en un salón sin revelar su verdadera personalidad. Las regamos, les quitamos el polvo y acabamos creyendo que su destino natural consiste en acompañar un sofá. La familiar cheflera, también conocida como “árbol pulpo”, es un buen ejemplo de esa domesticación de nuestra mirada. En una maceta ofrece hojas brillantes y una discreta apariencia tropical; en condiciones favorables se convierte en un árbol de considerable tamaño, levanta sobre la copa unos brazos rojizos y organiza alrededor de sus flores y frutos un concurrido intercambio con los animales. El nombre de árbol pulpo empieza entonces a parecer mucho más apropiado que el de planta de interior.

La especie conocida tradicionalmente como Schefflera actinophylla procede del norte de Australia y del sur de Nueva Guinea. Pertenece a las araliáceas, la familia de la hiedra y del ginseng, una parentela que reúne trepadoras, hierbas y árboles de aspecto muy diverso. Su ambiente originario son los bosques tropicales húmedos, donde la disponibilidad de agua permite mantener el follaje durante todo el año. El ejemplar que sobrevive junto a una ventana conserva, por tanto, la arquitectura de una planta nacida para otro escenario.

Lo primero que llama la atención son sus hojas. Conviene detenerse en ellas porque contienen una pequeña trampa visual: cada una de las piezas verdes que parecen hojas independientes es, en realidad, un folíolo. Varios folíolos alargados, coriáceos y de margen entero parten de un punto común, al final de un largo pecíolo, como los dedos de una mano abierta o las varillas de un paraguas. Los botánicos llaman palmaticompuesta a esta disposición. De ella procede otro nombre popular, árbol paraguas, y también el epíteto actinophylla, formado a partir de las voces griegas que aluden al rayo y a la hoja. La botánica y la imaginación cotidiana repararon aquí en la misma geometría.

El parentesco entre las piezas se comprueba buscando dónde nace la yema que puede producir una nueva rama. Está en la axila de la hoja completa, junto al tallo, y no en la base de cada folíolo. Esta observación, que parece un ejercicio de manual, cambia la manera de mirar la planta: lo que tomábamos por un ramillete resulta ser una sola hoja de considerable complejidad. En botánica, contar hojas exige a veces algo más que contar superficies verdes.

La transformación más espectacular llega con la floración. Sobre el follaje aparecen largos ejes rojizos que irradian desde los extremos de las ramas y llevan numerosas flores pequeñas agrupadas a lo largo de su recorrido. El parecido con los brazos de un pulpo explica el nombre del árbol, aunque la planta no se siente obligada a respetar los ocho apéndices del animal. La vistosidad pertenece al conjunto: cada flor es diminuta; reunidas y elevadas sobre la copa, forman una señal que se distingue a distancia.

Esa exhibición tiene destinatarios. Las flores ofrecen néctar y atraen a aves nectarívoras, además de insectos. En Australia las visitan aves comedoras de néctar; en los países donde se cultiva pueden incorporarse otros comensales. Un árbol llevado a otro continente conserva sus recursos y su calendario biológico, pero cambia parte del público. Para aprovechar una fuente de alimento no siempre hace falta compartir una larga historia evolutiva con quien la proporciona. Las relaciones ecológicas también se improvisan.

Después de las flores llegan los frutos carnosos, oscuros al madurar, que atraen a aves frugívoras. El intercambio tiene ahora otra consecuencia: al transportar las semillas, los animales permiten que la descendencia abandone las inmediaciones de la planta madre. Néctar y pulpa sostienen dos momentos diferentes del ciclo reproductivo. Una visita puede contribuir a la polinización; otra puede llevar una semilla hasta un lugar donde germinar. La inmovilidad del árbol se compensa con la movilidad de sus visitantes.

Algunas semillas acaban en lugares poco habituales para el nacimiento de un árbol: una horquilla, una grieta de la corteza o una acumulación de restos vegetales sobre otro tronco. La especie puede establecerse allí como epífita, es decir, utilizando otra planta como soporte. Sus raíces pueden descender hasta alcanzar el suelo y ampliar entonces su acceso al agua y a los nutrientes. Ese comienzo elevado permite ocupar un espacio distinto del suelo forestal, donde también se amontonan competidores.

Conviene distinguir esa manera de vivir del parasitismo. Una planta epífita no extrae por ello la savia del árbol que la sostiene: mantiene su propia fotosíntesis y obtiene los recursos mediante sus raíces. Eso no convierte necesariamente la convivencia en inocua. Al crecer puede aumentar la competencia y la carga sobre el soporte. Las raíces envolventes del árbol pulpo recuerdan a las de ciertas higueras estranguladoras, aunque el parecido no debe hacernos confundir sus respectivas familias botánicas.

La combinación de cultivo ornamental, dispersión animal y capacidad de establecerse en distintos emplazamientos tiene una consecuencia menos decorativa. En Florida y Hawái el árbol pulpo ha invadido ambientes naturales y puede formar masas densas. También causa problemas en sectores de Queensland situados fuera de su distribución originaria. Esto último ofrece una lección especialmente útil: una especie puede ser autóctona en una parte de un país e introducida en otra. Las fronteras administrativas sirven de poco para definir la pertenencia a un ecosistema.

El árbol pulpo guarda, además, una última sorpresa en su etiqueta. El nombre que lo hizo popular, Schefflera actinophylla, es hoy un sinónimo de Heptapleurum actinophyllum, la denominación aceptada por el repertorio de Kew. El cambio se publicó en 2020 y responde a una revisión profunda de aquel gran género tropical. Bajo Schefflera (nombre que crearon en 1775 Johann Reinhold Forster y su hijo Georg, los naturalistas que participaron en el segundo viaje de James Cook, en honor de Johann Peter Ernst von Scheffler (1739–1810), médico y naturalista alemán) se habían reunido plantas que no constituían un único linaje evolutivo: el parecido externo había resultado más convincente que el parentesco real. Los estudios filogenéticos obligaron a reorganizar el conjunto y a recuperar Heptapleurum para uno de sus grandes grupos.

Las etiquetas de los viveros tardarán en ponerse de acuerdo con los herbarios, y probablemente seguiremos llamándola cheflera durante mucho tiempo. Entretanto, basta contemplar uno de estos árboles en flor para devolverle su historia natural. Detrás del follaje lustroso de una conocida planta doméstica hay un habitante de bosques tropicales, capaz de empezar la vida sobre otro árbol y de alimentar con néctar y frutos a visitantes que transportan polen o semillas. La maceta contiene sus raíces; nuestra costumbre de verla en ella contiene, con bastante más eficacia, la imaginación.

EL ALQUILER, UNA MÁQUINA DE AUMENTAR LA DESIGUALDAD

 

Cuando alguien paga mil euros de alquiler todos los meses ocurren simultáneamente dos obviedades. Quien los paga dispone de mil euros menos y quien los cobra dispone de mil euros más. Hasta aquí no parece haber material para un descubrimiento sociológico. Es simplemente lo que significa alquilar una vivienda.

La cosa se vuelve bastante más interesante cuando preguntamos quién está a cada lado de la transferencia.

Porque si arrendadores e inquilinos pertenecieran aproximadamente a los mismos estratos económicos, el dinero circularía horizontalmente entre hogares de características parecidas. Pero no sucede eso. En España, quienes cobran alquileres pertenecen mayoritariamente a los grupos de renta más alta, mientras quienes los pagan se concentran mucho más en los de renta baja. Por tanto, cada mensualidad no es solamente el precio de utilizar una vivienda: estadísticamente considerada, constituye también una transferencia de renta desde un grupo comparativamente pobre hacia otro considerablemente más rico.

Eso es precisamente lo que tres investigadores han estudiado en El mercado de alquiler: fuente de desigualdad social, que han tenido la precaución de enfocarlo utilizando tres fuentes distintas: datos fiscales de la Agencia Tributaria, la Encuesta de Condiciones de Vida del INE y la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España. Las metodologías y los años de referencia no son idénticos, pero las tres fuentes dibujan prácticamente el mismo paisaje.

Empecemos por los protagonistas. Según la fuente utilizada, la renta bruta anual mediana de los hogares que obtienen ingresos alquilando viviendas se sitúa entre 50 604 y 56 473 euros. La de los hogares inquilinos oscila entre 19 758 y 26 288 euros. Entre ambos aparecen quienes viven en una casa de su propiedad, con rentas medianas de entre 30 000 y 36 413 euros. No estamos hablando de una pequeña diferencia. Según la base estadística que se utilice, la renta mediana de los caseros es entre 2,15 y 2,58 veces la de los inquilinos.

Conviene detenerse en una palabra: mediana. No se trata de que cuatro propietarios multimillonarios con veinte edificios cada uno eleven artificialmente el promedio. La mediana es el valor que deja a la mitad de los hogares por encima y a la otra mitad por debajo. Estamos observando una diferencia situada en el corazón mismo de ambos grupos.

La distribución por niveles de renta resulta todavía más reveladora. Entre el 73 y el 79% de los hogares de caseros pertenece a la mitad de población con mayores ingresos. Entre los inquilinos solo está allí entre el 25 y el 35%. En el extremo contrario, entre el 36 y el 45% de los inquilinos aparece en el cuartil de renta más baja, mientras que únicamente entre el 8 y el 10% de los caseros ocupa ese escalón. Dicho sin porcentajes: los propietarios que alquilan viviendas ya son mucho más ricos que sus inquilinos antes de que el inquilino les pague el primer alquiler del mes.

Y aquí aparece la parte verdaderamente interesante del estudio. Podría objetarse que los caseros tienen mayores ingresos precisamente porque cobran alquileres. Quitémoselos entonces. Hagamos el experimento mental de que todos ellos continúan siendo propietarios de sus inmuebles, pero dejan de ingresar un solo euro por arrendarlos.

La desigualdad disminuye, naturalmente. Pero está muy lejos de desaparecer. Con los datos de Hacienda, la renta mediana del casero bajaría de 51 007 a 40 515 euros, mientras la del inquilino es de 19 758. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, quedaría en 47 823 frente a 26 288 euros. Y según la Encuesta Financiera de las Familias, en 44 000 frente a 20 624. Es decir, aunque hiciéramos desaparecer mágicamente todos los ingresos procedentes del alquiler, los hogares de los caseros seguirían teniendo aproximadamente entre 1,8 y 2,1 veces la renta mediana de los inquilinos.

El alquiler, por tanto, no crea desde cero la desigualdad entre ambos grupos. Hace algo diferente: la amplifica. Y durante la última década esa bomba amplificadora ha aumentado de potencia.

Entre 2014 y 2024, los autores calculan que los precios de oferta del alquiler aumentaron alrededor de un 77%, mientras la renta disponible de los hogares lo hizo un 33%. El alquiler, por tanto, creció unas 2,3 veces más deprisa que los ingresos familiares. Esa diferencia es crucial.

Imaginemos un hogar que dispone de 2 000 euros mensuales y paga 600 de alquiler. Le quedan 1 400 para alimentos, electricidad, transporte, ropa, hijos, ocio y ahorro. Si sus ingresos aumentan un 10%, hasta 2 200 euros, pero el alquiler aumenta un 30%, hasta 780, después de pagar al propietario le quedan 1 420. Su sueldo ha aumentado 200 euros. Su capacidad para atender el resto de su vida, veinte, mientras que al otro lado de la puerta alguien está recibiendo esos 180 euros adicionales.

Esto ayuda a entender por qué el encarecimiento de la vivienda puede aumentar la desigualdad incluso cuando también aumentan los salarios. Lo importante no es únicamente cuánto gana un hogar, sino cuánto conserva después de pagar por un bien del que difícilmente puede prescindir.

Además, cada vez hay más personas en esa situación. Después de la crisis financiera de 2008 aumentó sustancialmente el peso del alquiler. Según los datos utilizados en el estudio, los hogares arrendatarios pasaron del 11,2% en 2011 al 19% en 2020. Paralelamente creció el número de hogares que perciben rentas inmobiliarias, hasta situarse alrededor del 9,5%.

Los autores llaman a unos «generación inquilina» y a otros «generación de caseros». La expresión puede sonar algo teatral, pero describe una transformación económica importante. Una parte creciente de la población necesita acudir al alquiler para resolver una necesidad básica; otra posee, además de su residencia o patrimonio inmobiliario, viviendas capaces de producir una renta periódica. Y el dinero circula predominantemente en una dirección.

Esto no significa, naturalmente, que todo casero sea rico ni que todo inquilino sea pobre. Las estadísticas describen poblaciones, no biografías. Existe el jubilado que complementa una pensión modesta alquilando un pequeño piso heredado y existe el ejecutivo con un sueldo magnífico que prefiere vivir de alquiler. Los propios datos muestran diversidad dentro de ambos grupos.

Pero las excepciones individuales no modifican la distribución general: los inquilinos se concentran en los niveles inferiores de renta y los caseros en los superiores. Ahí reside la cuestión social de fondo. Solemos hablar del precio del alquiler como un problema de vivienda. Y lo es. Pero estos datos muestran que también constituye un problema de distribución de la renta.

Cuando el alquiler aumenta mucho más rápidamente que los ingresos, no solo se encarece el techo bajo el que duerme una familia. Se intensifica una transferencia económica entre dos grupos que ya partían de posiciones muy diferentes.

Los autores denominan a ese fenómeno una «transferencia regresiva de rentas» y sostienen que las políticas que se limiten a moderar futuras subidas pueden frenar el ensanchamiento de la brecha, pero difícilmente reducirán la ya existente. De ahí que defiendan políticas destinadas a aproximar el coste del alquiler a la capacidad económica de los hogares.

Puede discutirse cuáles son las mejores políticas para conseguirlo —aumentar la oferta, construir vivienda pública, regular determinados alquileres, movilizar vivienda vacía, modificar la fiscalidad o combinar varias de esas herramientas—. Ese es otro debate. Pero antes de discutir las soluciones conviene comprender correctamente el problema.

Porque detrás del contrato entre un propietario y un inquilino hay algo más que dos personas intercambiando una vivienda por dinero. Cuando contemplamos millones de contratos simultáneamente aparece un gigantesco sistema de tuberías por el que todos los meses circulan miles de millones de euros. 

Y las tuberías no comunican dos depósitos situados a la misma altura. El dinero fluye, mayoritariamente, desde los hogares que tienen menos hacia los hogares que tienen más. Y cuanto más sube el alquiler respecto de los ingresos, mayor es el caudal bombeado. 

QUIENES AVISAN NO SON TRAIDORES: TRABAJADORES SIN BAJAS, PENSIONISTAS SIN PENSIONES

 

El pasado 1 de septiembre ingresé en el colectivo de jubilados. El trámite no me convirtió en una persona distinta, pero me proporcionó una nueva ocupación: escuchar con atención a quienes tienen ideas sobre mi pensión. Hasta entonces, algunas declaraciones económicas podían parecerme abstracciones. Ahora sé que las abstracciones también se ingresan, o dejan de ingresarse, a final de mes.

Tenemos elecciones generales el próximo 29 de noviembre. Se hablará de España, de su futuro, de sus enemigos y de unas cuantas cosas solemnes. Conviene reservar algo de atención para cuestiones menos aparatosas: quién decide si un enfermo puede volver al trabajo, cómo se actualiza una pensión y qué ocurre con quienes llegan a la vejez sin haber podido ahorrar. El Estado del bienestar consiste, en buena medida, en esas pequeñas vulgaridades. boe.es

Alberto Núñez Feijóo propone dar a las mutuas más poder para gestionar las altas laborales. También ha planteado incentivos para las empresas que reduzcan las bajas. La presentación resulta atractiva: menos absentismo, más eficiencia, una economía que funciona mejor. La dificultad aparece cuando recordamos que detrás de una baja suele haber una persona enferma. Reducir las bajas mejorando las condiciones de trabajo sería una buena noticia. Reducirlas facilitando la reincorporación de quien todavía necesita recuperarse sería otra cosa.

Una baja médica no es una concesión sentimental. Es el reconocimiento de que alguien no está en condiciones de trabajar. Por eso importa quién puede terminarla, con qué criterios y bajo qué controles. Los intereses de una empresa y la salud de sus empleados pueden coincidir, pero no existe ninguna ley natural que los obligue a hacerlo. Cuando entran en conflicto, el trabajador necesita algo más sólido que una declaración de buenas intenciones.

Vox, por su parte, ha puesto sobre la mesa las pensiones. Su portavoz económico, José María Figaredo, ha descrito el sistema como «un zombi» y propone avanzar hacia un modelo mixto que combine reparto y capitalización individual. La expresión tiene la ventaja de parecer técnica. Traducida al lenguaje cotidiano, significa que una parte de la jubilación dependería del ahorro acumulado por cada persona y del rendimiento de ese dinero. EL PAÍS

Ahorrar es una excelente costumbre cuando queda algo que ahorrar. Para quien paga un alquiler elevado, sostiene una familia y llega justo al final del mes, la capitalización individual empieza con un inconveniente bastante concreto: falta el capital. Las rentas altas pueden reservar dinero para su vejez. Las bajas tienen que dedicarlo a conseguir que termine razonablemente bien la semana. Presentar ambas situaciones como una misma oportunidad financiera exige cierta distancia respecto a la vida corriente.

El sistema de reparto responde a otra lógica: las cotizaciones de quienes trabajan contribuyen a pagar las pensiones actuales. No elimina los problemas demográficos ni permite ignorar las cuentas. Obliga a discutir sobre empleo, salarios, ingresos públicos y distribución del esfuerzo. Sustituir parte de esa protección por ahorro individual tampoco hace desaparecer las dificultades. Cambia quién las soporta y cómo.

Hay, además, una cuestión que suele quedar escondida detrás de las grandes reformas: el poder adquisitivo. Si los precios suben y una pensión permanece quieta, el pensionista pierde ingresos reales aunque conserve exactamente los mismos euros. No necesita un informe para descubrirlo. Le basta con ir al supermercado. Vincular la actualización de las pensiones al IPC protege frente a esa pérdida; debilitar el mecanismo trasladaría el coste de la inflación a quienes cobran la prestación.

El antecedente del 0,25 % de la etapa de Rajoy merece recordarse. No porque pueda afirmarse que un futuro Gobierno vaya a recuperarlo necesariamente, sino porque muestra lo que ocurre cuando la actualización se separa del coste de la vida. Una subida puede existir en el papel y resultar insuficiente en la caja del supermercado. A eso se le puede llamar moderación del gasto. Quien la padece suele utilizar palabras menos administrativas.

La diferencia pesa especialmente en las pensiones más bajas. En 2026, la mínima de jubilación para una persona de 65 años o más, sin cónyuge, es de 936,20 euros mensuales en catorce pagas. Conviene precisar la modalidad: no existe una única pensión mínima. En esas rentas, cualquier pérdida de poder adquisitivo reduce un margen que ya era estrecho. seg-social.es

También conviene ser precisos con las promesas y las amenazas. Feijóo asegura ahora que garantizará el sistema público y revalorizará las pensiones. Vox plantea una reforma hacia un modelo mixto. No son declaraciones idénticas, y atribuirles un programa cerrado de recortes que todavía no han presentado facilitaría una réplica demasiado cómoda. Lo razonable es exigir que expliquen sus propuestas: qué conservarían, qué cambiarían, cómo lo financiarían y qué protección tendría quien no puede ahorrar.

Los avances de estos años en la actualización de las pensiones y en las prestaciones más bajas merecen defenderse con argumentos que resistan una comprobación. También merece discutirse la sostenibilidad del sistema sin aceptar que la única respuesta posible sea reducir derechos. Las cuentas importan. Precisamente por eso hay que examinarlas enteras, incluyendo los ingresos y el reparto de las cargas.

El 29 de noviembre votaremos, entre otras cosas, sobre todo esto. Quien cobra una pensión o espera cobrarla tiene motivos para leer con cuidado la letra pequeña. Quien trabaja tiene motivos para interesarse por quién decidirá cuándo está suficientemente sano para volver a su puesto. Los programas económicos adquieren una claridad considerable cuando se traducen en una nómina, una baja o una compra semanal.

He llegado a la jubilación con una convicción bastante modesta: después de décadas de trabajo, la tranquilidad no debería depender de acertar con un producto financiero. Tampoco debería premiarse a una empresa por reducir las bajas si lo consigue haciendo que sus trabajadores vuelvan antes de estar recuperados. Defender esas dos cosas no resuelve todos los problemas del país. Ayuda, al menos, a recordar para quién deberían resolverse.