En
Nomadland, la película dirigida por Chloé Zhao que ganó el Óscar en
2021, Frances McDormand interpreta a Fern, una mujer de sesenta y tantos años
que vive en una furgoneta y recorre Estados Unidos encadenando empleos
temporales. Trabaja empaquetando mercancías en los almacenes de Amazon, limpia
aseos en campamentos y acepta cualquier ocupación que le permita seguir
adelante. No es una aventurera que haya decidido abandonar las comodidades de
la vida moderna. Es una mujer que, después de trabajar durante décadas, no tiene
dinero suficiente para disfrutar de una jubilación digna.
La
película está inspirada en País nómada, un extraordinario libro de la
periodista Jessica Bruder, que pasó varios años conviviendo con
estadounidenses, muchos de ellos mayores, obligados a transformar sus vehículos
en viviendas y buscarse la vida en un mercado laboral poco considerado con las
canas. Entre sus protagonistas hay personas que perdieron sus casas durante la
crisis inmobiliaria, trabajadores cuyos ahorros se evaporaron, enfermos
arruinados por las facturas médicas y jubilados cuya pensión apenas alcanza
para sobrevivir. Son los náufragos de una prosperidad que les prometió una
vejez tranquila y terminó dejándolos aparcados en un descampado.
Bruder
recuerda que las pensiones públicas estadounidenses nacieron para evitar
situaciones semejantes. Durante la Gran Depresión de los años treinta, millones
de trabajadores quedaron desempleados y los mayores encontraron prácticamente
imposible regresar al mercado laboral. Franklin D. Roosevelt comprendió que
había que hacer algo. En 1935 impulsó la Ley de Seguridad Social, que
estableció un sistema contributivo de pensiones de vejez financiado mediante
cotizaciones de trabajadores y empleadores. Había nacido uno de los pilares
fundamentales del Estado social estadounidense.
Durante
décadas, los economistas describieron la jubilación estadounidense mediante la
metáfora de un taburete de tres patas: la Seguridad Social pública, las
pensiones proporcionadas por las empresas y los ahorros personales. Si las tres
funcionaban razonablemente bien, el jubilado podía sentarse sin miedo a
terminar en el suelo. Pero los taburetes también se rompen.
Desde
los años ochenta, numerosas empresas comenzaron a sustituir sus pensiones de
prestación definida por planes de aportación definida, entre ellos los famosos
401(k), llamados así por el apartado de la legislación fiscal que los regula.
La diferencia parece técnica, pero es trascendental. Antes, la empresa se
comprometía a pagar una pensión determinada al trabajador jubilado. Con el
nuevo sistema, trabajador y empresa ingresan cantidades en una cuenta
individual que se invierten en los mercados financieros.
El
cambio se presentó como una conquista de la libertad individual. Cada
trabajador podría decidir cómo invertir su dinero y beneficiarse de la
prosperidad bursátil. Las empresas, mientras tanto, se liberaban de buena parte
de sus obligaciones de garantizar pensiones vitalicias. Lo que para unas
suponía una reducción de responsabilidades, para otros se convirtió en una
transferencia de riesgos.
Entonces
llegó la hecatombe de 2008. La crisis de las hipotecas basura estadounidenses
desencadenó un terremoto financiero que arrastró bancos, aseguradoras, fondos
de inversión y bolsas de medio mundo. Los planes 401(k) no estaban
necesariamente invertidos en aquellas hipotecas tóxicas, pero buena parte de su
patrimonio dependía de unos mercados que se desplomaron.
Según
el Employee Benefit Research Institute, el saldo medio de los planes 401(k) de
los participantes analizados cayó un 34,8% durante 2008. Un trabajador que
hubiera acumulado 300 000 dólares podía encontrarse, al terminar el año, con
unos 195 600. Había perdido más de cien mil dólares sin haber hecho nada
distinto de ahorrar para su jubilación.

Llevan diciendo que las pensiones están en peligro desde 1983 y nunca aciertan. Es
simplemente un mensaje alarmista para privatizar el sistema de pensiones y
hacerle el negocio a la banca.
El
desastre fue especialmente cruel con quienes estaban a punto de retirarse. Un
trabajador de cuarenta años todavía disponía de tiempo para esperar la
recuperación de los mercados. Uno de sesenta y cinco, quizá no. Si además había
perdido su empleo, podía verse obligado a vender sus inversiones depreciadas
para pagar las facturas. Cuando la Bolsa se recuperó, muchos ya no tenían
dinero invertido suficiente para beneficiarse de la subida.
No
todos los titulares de los 401(k) quedaron arruinados. Muchos trabajadores que
conservaron sus empleos y siguieron cotizando recuperaron sus pérdidas. Pero
esa recuperación demuestra, precisamente, que el sistema favorece a quienes
pueden permitirse esperar y castiga a quienes necesitan sus ahorros durante una
crisis.
Y
aquí es donde esta historia estadounidense comienza a tener interés para los
españoles.
Hace
unos días, José María Figaredo, diputado y portavoz económico de Vox, declaró
que el sistema español de pensiones es «un zombi» y que está «quebrado». Su
partido propone reformarlo mediante un modelo mixto que combine el reparto con
la capitalización individual, semejante, según sus palabras, al de algunos
países europeos. No ha propuesto expresamente copiar el 401(k) estadounidense,
pero la experiencia norteamericana constituye una advertencia que merece
examinarse.
La
diferencia entre ambos sistemas es sencilla. En el de reparto, las cotizaciones
de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados actuales.
Existe un compromiso colectivo entre generaciones. En el de capitalización, el
dinero se acumula en cuentas individuales y se invierte para financiar la
futura jubilación de sus titulares. Ambos sistemas pueden combinarse, pero no
distribuyen de la misma manera los riesgos.
Supongamos
que un trabajador español cotiza durante cuarenta años y destina parte de sus
aportaciones a un fondo de inversión. Si las bolsas suben, sus ahorros
aumentan. Si se desploman cuando está a punto de jubilarse, disminuyen. La
pregunta no es si las inversiones pueden resultar rentables a largo plazo,
porque naturalmente pueden serlo. La pregunta es quién responde cuando dejan de
serlo.
Hay
otra cuestión que rara vez aparece en las propuestas formuladas con grandes
palabras y escasos números. Si parte de las cotizaciones que hoy sirven para
pagar las pensiones se desvía hacia cuentas individuales, ¿de dónde saldrá el
dinero para seguir pagando a los jubilados actuales? Las pensiones no pueden
suspenderse durante treinta años mientras los trabajadores jóvenes acumulan
capital. Esa transición tiene un coste que alguien deberá financiar.
Tampoco
conviene confundir los problemas reales de nuestro sistema con su supuesta
quiebra. España envejece, la generación del baby boom se jubila y la relación
entre cotizantes y pensionistas plantea dificultades que requieren reformas.
Negarlo sería irresponsable. Pero afirmar que un sistema público de reparto
está quebrado como si fuera una empresa insolvente simplifica una cuestión
mucho más compleja. Su sostenibilidad depende de decisiones económicas,
demográficas, laborales y fiscales.
La
capitalización individual, además, reproduce las desigualdades de la vida
laboral. Quien cobra mucho puede ahorrar mucho; quien encadena empleos
precarios, desempleo y salarios bajos apenas consigue acumular patrimonio.
Quien interrumpe su carrera para cuidar familiares también parte con
desventaja. Si la pensión pública pierde peso y el ahorro individual gana
protagonismo, esas diferencias se trasladan a la vejez.
Naturalmente,
esto no significa que todo fondo de pensiones sea perjudicial ni que cualquier
sistema mixto conduzca al desastre. Algunos modelos europeos incorporan
garantías y mecanismos colectivos de protección muy distintos de los
estadounidenses. Por eso, antes de proclamar las virtudes de una reforma,
habría que explicar qué porcentaje de las cotizaciones se capitalizaría, quién
administraría los fondos, qué comisiones cobraría, quién asumiría las pérdidas
y qué pensión mínima quedaría garantizada.
Porque
una cosa es ofrecer a los trabajadores la posibilidad de complementar su
jubilación mediante inversiones y otra muy distinta obligarlos a depender de
ellas para conservar su nivel de vida.
En
Nomadland, los protagonistas no discuten sobre capitalización, reparto o
sostenibilidad actuarial. Tienen preocupaciones más inmediatas: encontrar un
empleo, reparar la furgoneta, pagar una factura médica o descubrir dónde
dormirán la noche siguiente. Muchos habían trabajado toda su vida. Algunos
habían tenido casas, profesiones estables y ahorros. No todos llegaron a
aquella situación por las mismas causas, pero compartían una experiencia: la
seguridad económica que creían haber construido había resultado mucho más
frágil de lo que imaginaban.
La
película termina sin ofrecer grandes soluciones. Sus personajes continúan
desplazándose por carreteras interminables, buscando trabajos temporales y
lugares donde aparcar. Es difícil contemplarlos sin preguntarse qué clase de
prosperidad permite que una persona trabaje durante cuarenta años y tenga que
seguir haciéndolo a los setenta para sobrevivir.
Quizá antes de importar determinadas fórmulas de jubilación convendría recordar que las pensiones públicas nacieron precisamente para evitar que la vejez dependiera exclusivamente de la fortuna, de los mercados o de la generosidad ajena.
Al fin y al cabo, una sociedad puede aceptar que sus ciudadanos arriesguen sus ahorros en la Bolsa. Lo que debería pensarse mucho más es si también quiere que se jueguen allí el derecho a envejecer.







