COMO SUFRIMOS LA “CLIENTELIZACIÓN” DEL TRABAJO

 

No recuerdo exactamente cuándo empecé a trabajar para el supermercado, mi banco, las compañías aéreas y las empresas de telefonía. Lo extraño es que ninguna de ellas me ha enviado todavía una nómina.

En el supermercado peso la fruta, pego la etiqueta, paso los productos por el lector, introduzco las bolsas, busco el código de los tomates, pago y recojo el recibo. De vez en cuando aparece un empleado porque la máquina ha decidido que las berenjenas constituyen una amenaza para la seguridad del establecimiento. Pulsa una tecla, desaparece y yo continúo trabajando.

En el aeropuerto la cosa resulta todavía más admirable. Compro el billete en Internet, introduzco mis datos, selecciono el vuelo, rechazo servicios adicionales, elijo asiento, hago el check-in, descargo la tarjeta de embarque y, cada vez con mayor frecuencia, imprimo la etiqueta del equipaje y deposito la maleta en una cinta. La compañía pone el avión. Yo me ocupo de buena parte de la administración.

Podríamos llamar a este fenómeno clientelización del trabajo: la transferencia progresiva al cliente de tareas que anteriormente realizaban empleados remunerados. No es exactamente automatización. Cuando una máquina hace el trabajo de una persona estamos ante automatización. Cuando una máquina consigue que yo haga el trabajo que antes hacía esa persona, ocurre algo diferente.

Los sociólogos llevan tiempo estudiándolo. En 1981, Ivan Illich publicó Shadow Work, «trabajo en la sombra». Utilizaba el concepto en un sentido amplio: actividades no remuneradas exigidas por las sociedades industriales y necesarias para que funcione la economía formal. Junto al trabajo que aparece en las estadísticas existe otro que nadie paga y sin el cual el primero difícilmente podría funcionar.

Más de treinta años después, Craig Lambert actualizó la idea en Shadow Work: The Unpaid, Unseen Jobs That Fill Your Day (2015). Su catálogo nos resulta familiar: ponemos gasolina, escaneamos y embolsamos nuestra compra, hacemos operaciones bancarias, reservamos viajes o montamos nuestros muebles. Pequeñas tareas que aisladamente parecen insignificantes pero cuya suma ocupa una parte creciente de nuestro tiempo.

Existe incluso una denominación más técnica. Charles Koeber, David Wright y Elizabeth Dingler publicaron en 2012 un estudio sobre el consumptive labor, algo así como «trabajo de consumo». Su punto de partida era sencillo: los consumidores ya no se limitan a consumir. Las empresas los incorporan al proceso productivo para realizar determinadas tareas.

El truco consiste en llamarlo autoservicio. La palabra es magnífica porque convierte una reducción del servicio en una ampliación de nuestra libertad. Nadie diría que un restaurante ha mejorado su atención porque el camarero nos entregue una bandeja y nos indique dónde está la cocina. Basta, sin embargo, colocar una pantalla táctil para que realizar nosotros mismos una tarea pase a denominarse innovación.

Naturalmente, el autoservicio puede ofrecer ventajas reales. Sacar dinero de un cajero a medianoche es mucho más cómodo que esperar a que abra el banco. Comprar un billete desde casa evita desplazamientos y colas. Una caja automática resulta práctica para quien lleva dos artículos. Sería absurdo añorar cualquier sistema anterior simplemente porque utilizaba más empleados.

La cuestión es otra: quién realiza ahora el trabajo y quién se queda con el ahorro. Las llamadas self-service technologies sustituyen muchas interacciones tradicionales entre cliente y empleado haciendo que el consumidor participe en la producción del servicio. Aron Darmody y Detlev Zwick han estudiado esta «coproducción» y advierten de que sus costes y beneficios no tienen por qué distribuirse equilibradamente. La reducción del coste laboral constituye, naturalmente, uno de los incentivos empresariales.

El supermercado constituye un laboratorio perfecto. Antes uno llegaba a la caja y otra persona pasaba los productos, cobraba y entregaba el cambio. Con la caja automática no ha desaparecido todo el trabajo del cajero: se ha repartido. Una parte la hace la máquina, otra nosotros y un empleado supervisa varias cajas simultáneamente. El cliente se convierte así en cajero auxiliar y el cajero profesional en supervisor de máquinas y clientes.

La aviación comercial ha llevado el procedimiento casi a la perfección. Los pasajeros reservamos por Internet, hacemos el check-in, obtenemos la tarjeta de embarque y, en algunos aeropuertos, etiquetamos y depositamos el equipaje. La literatura especializada considera el check-in en línea un caso explícito de «coproducción»: el viajero participa en la elaboración del servicio que acaba de comprar.

El siguiente paso ya está aquí: facturación automática de equipajes, máquinas de pedidos en restaurantes, aplicaciones bancarias que sustituyen a la oficina, plataformas sanitarias donde el paciente introduce datos que antes recogía un administrativo y páginas de atención al cliente diseñadas para conseguir que el propio afectado diagnostique su problema.

Todo ello produce una curiosa inversión del significado de la palabra servicio. Durante siglos, pagar por un servicio significó pagar para que alguien hiciera algo por nosotros. Ahora podemos pagar por un servicio y recibir, a cambio, instrucciones para hacerlo nosotros mismos.

Existe además un aspecto social. No todos los clientes poseen la misma edad, conocimientos, capacidad visual, destreza manual o familiaridad con las pantallas. Cuando la opción automática convive con una atención humana suficiente, tenemos una posibilidad adicional. Cuando la empresa reduce deliberadamente esa atención hasta conseguir que el autoservicio sea prácticamente obligatorio, la supuesta libertad de elección empieza a parecerse bastante a una imposición.

Y queda la cuestión más delicada: el empleo. Conviene no simplificar. Una caja automática no equivale necesariamente a un cajero despedido. La tecnología crea otros empleos, modifica funciones y puede aumentar la productividad hasta generar nuevas actividades. Los estudios sobre las cajas de autoservicio advierten precisamente de que sus efectos sobre el empleo deben comprobarse y no deducirse automáticamente de la presencia de máquinas.

Pero tampoco deberíamos aceptar la ficción contraria. Si un empleado puede supervisar diez cajas en las que diez clientes realizan parte del trabajo que antes correspondía a varios cajeros, se ha producido una transferencia real de trabajo. Que provoque despidos, menos contrataciones, reasignación de empleados o simplemente un aumento de productividad dependerá de cada sector. Lo indiscutible es que parte del esfuerzo necesario para completar la transacción ha pasado del empleado remunerado al consumidor que paga.

Ahí reside la esencia de la clientelización del trabajo. Durante dos siglos nos explicaron que las máquinas servían para ahorrarnos trabajo. La lavadora nos evitó lavar a mano; el automóvil permitió recorrer grandes distancias sin caminar; el ascensor nos libró de subir escaleras. Buena parte de la revolución tecnológica consistió en sustituir esfuerzo humano por energía y máquinas.

La clientelización introduce una variante formidable: la máquina ahorra trabajo a la empresa haciendo trabajar al cliente. Lo aceptamos porque cada tarea parece minúscula. Cinco minutos para hacer el check-in, tres para escanear la compra, diez para cumplimentar un formulario, cuatro para obtener una factura y veinte para conversar con un robot que finalmente recomienda consultar la página web en la que ya estábamos.

Lambert habla de esos «trabajos invisibles y no remunerados que llenan nuestro día». No los percibimos como trabajo porque ninguno ocupa una jornada completa. Pero, sumados, representan una gigantesca transferencia de tiempo desde millones de consumidores hacia las organizaciones con las que se relacionan.

Quizá dentro de unos años entremos en un restaurante, pidamos mediante una aplicación, vayamos a buscar la comida a la cocina, llevemos los platos a nuestra mesa, cobremos nuestra propia cuenta y, antes de marcharnos, recibamos un mensaje solicitándonos que valoremos la experiencia. Naturalmente pondremos cinco estrellas.

No vaya a ser que también tengamos que atender nosotros la reclamación.

EL OMINOSO CÍRCULO DEL SILENCIO CEUTÍ

 

Es lamentable que Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, dirigente del Partido Popular, católico confeso y frecuente defensor de los valores de la civilización cristiana, no haya considerado oportuno declarar un día de luto en la ciudad autónoma, ni siquiera convocar un minuto de silencio, por las 141 personas muertas en el Tarajal, entre ellas un bebé. Habían emprendido uno de esos viajes que empiezan con la esperanza de encontrar una vida mejor y que, demasiadas veces, terminan antes de llegar a ninguna parte.

También se ha echado de menos un apoyo explícito a Cruz Roja y Luna Blanca, las dos organizaciones humanitarias que están recibiendo amenazas por alimentar a unos 5.000 inmigrantes. Ambas han respondido que «Ceuta es una ciudad solidaria» y que seguirán dando comida pese a los insultos. La primera parte de la frase contiene quizá más optimismo que sociología, al menos después de escuchar algunos de los gritos lanzados durante la multitudinaria manifestación celebrada en la ciudad.

«¡Fuera los moros!», «¡No les deis de comer para que se vayan!» o la vieja brutalidad de «al enemigo ni agua» resumen bastante bien el clima que algunos pretenden crear. La extrema derecha ha encontrado en la crisis migratoria un material inflamable extraordinariamente eficaz: miedo, frontera, pobreza, religión y miles de jóvenes extranjeros concentrados en unos pocos kilómetros cuadrados. Basta añadir la palabra «invasión» y acercar una cerilla.

El problema empieza cuando la derecha democrática decide competir en ese terreno. El PP ha utilizado la crisis humanitaria como instrumento político y ha vuelto a acercarse peligrosamente al vocabulario de quienes viven electoralmente del miedo al extranjero. Por Ceuta han desfilado dirigentes populares no tanto para rebajar la tensión como para subrayar el carácter casi bélico de lo sucedido. Entre ellos, José María Aznar, que siempre se ha sentido cómodo en los escenarios donde España parece necesitar espada, almena y enemigo.

Aznar ofrece además una iconografía difícil de mejorar. Basta recordar aquella extraordinaria fotografía en la que aparece caracterizado de guerrero medieval, espada en mano y casco bajo el brazo. El antiguo presidente posee una relación peculiar con la épica militar. En julio de 2002 ya convirtió el minúsculo islote de Perejil, habitado habitualmente por cabras, en escenario de una operación militar que durante unos días permitió a España sentirse protagonista de una película de aventuras de presupuesto moderado.

Ahora vuelve el lenguaje de la «invasión». Es una palabra formidable porque evita pensar. Una invasión exige invasores; los invasores son enemigos y contra los enemigos no rigen las mismas obligaciones morales que frente a personas desesperadas. Desaparecen así las biografías, las familias, el hambre y el miedo. Queda una masa. Y las masas, convenientemente deshumanizadas, resultan mucho más fáciles de rechazar.

Pero quienes cruzaron a nado el espigón fronterizo no constituían un ejército. Eran, en su inmensa mayoría, jóvenes desarmados, muchos en bañador, empujados hacia una frontera que Marruecos había decidido dejar abierta. Algunos no llegaron vivos. Resulta significativo que una parte de la política española encuentre más sencillo organizar actos patrióticos contra quienes entran que actos de duelo por quienes mueren intentando hacerlo.

Hay una fotografía, la que he usado para encabezar este artículo, que me parece especialmente pertinente estos días. Muestra a unos hombres lavando su ropa en una playa de Argelès-sur-Mer, convertida en campo de concentración. Llegaron allí en 1939 con poco más que la ropa que llevaban puesta, el miedo pegado a la piel y la esperanza escondida en algún rincón del equipaje. Habían cruzado los Pirineos huyendo de una guerra perdida y de la dictadura que estaba a punto de instalarse en España.

Francia los recibió con arena, alambradas y vigilancia. Decenas de miles de españoles fueron confinados en playas y campos improvisados. Muchos apenas hablaban francés. Habían perdido sus casas, sus trabajos y, en numerosos casos, sus familias. Descubrieron entonces una vieja regla europea: perder la patria puede significar también perder, a ojos de algunos, la condición de persona.

No faltaron quienes los llamaron indeseables, rojos, extranjeros peligrosos o simples parásitos. La prensa francesa más reaccionaria contribuyó a presentar a aquellos refugiados como una amenaza para la seguridad, el empleo y la identidad nacional. La retórica resulta familiar porque la retórica del miedo envejece extraordinariamente bien. Sólo necesita sustituir unos sustantivos por otros.

Aquellos indeseables eran españoles. Cinco años después ocurrió algo que debería figurar con letras grandes en nuestra memoria colectiva. Algunos de aquellos hombres que Francia había recibido detrás de una alambrada entraron en París empuñando las armas contra los ocupantes alemanes. Los vehículos de La Nueve, la compañía de la División Leclerc formada mayoritariamente por republicanos españoles, llevaban nombres como Guadalajara, Teruel, Ebro o Guernica. El 24 de agosto de 1944 estuvieron entre los primeros soldados aliados que alcanzaron el centro de París.

La historia tiene a veces un sentido de la ironía del que carecemos los humanos. Los extranjeros sospechosos de 1939 eran libertadores en 1944. Los hombres considerados una carga para Francia contribuyeron a liberar Francia. Y algunos de quienes se habían presentado como grandes patriotas franceses encontraron perfectamente compatible su patriotismo con colaborar, pocos años después, con los ocupantes nazis.

Por eso conviene ser prudente cuando alguien se apropia de la palabra «patria». El patriotismo no consiste necesariamente en gritar más fuerte, agitar más banderas o encontrar un extranjero al que culpar. A veces consiste simplemente en impedir que una sociedad pierda la decencia cuando tiene miedo. Ceuta debería saberlo mejor que casi ninguna otra ciudad española.

El Tarajal posee ya su propia memoria trágica. El 6 de febrero de 2014, varios centenares de inmigrantes intentaron alcanzar Ceuta desde Marruecos. Una parte trató de bordear a nado el espigón fronterizo. La Guardia Civil utilizó material antidisturbios —entre otros medios, pelotas de goma y botes de humo— mientras aquellas personas estaban en el agua. Quince murieron.

La tragedia originó durante años investigaciones judiciales, controversias políticas y denuncias de organizaciones de derechos humanos. El Ministerio del Interior, dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, defendió la actuación de los agentes. La imagen de hombres luchando por mantenerse a flote mientras a su alrededor caía material antidisturbios quedó, sin embargo, incorporada para siempre a la historia reciente de la frontera sur española.

Diez años después, en 2024, diversos colectivos convocaron una nueva Marcha por la Dignidad en recuerdo de las víctimas del Tarajal. Recorrieron Ceuta reclamando vías migratorias seguras y repitiendo una frase elemental: «Ningún ser humano es ilegal». La participación de la población ceutí fue escasa. Algunos vecinos se limitaron a contemplar la marcha desde las ventanas.

Quizá ahí se encuentre el verdadero problema. No en que Ceuta sea una ciudad racista —una simplificación tan injusta como inútil—, sino en el círculo del silencio que se forma cuando una minoría grita y una mayoría calla. Los discursos de odio no necesitan que todo el mundo los comparta. Les basta con que quienes no los comparten permanezcan en casa.

Ceuta es una ciudad fronteriza, española, europea, africana, cristiana, musulmana, judía e hindú. Esa complejidad podría ser su mayor riqueza y es, al mismo tiempo, lo que algunos desean convertir en su mayor debilidad. Porque resulta mucho más fácil obtener votos dividiendo una ciudad entre «nosotros» y «ellos» que explicar cómo gestionar una frontera sometida a una presión migratoria extraordinaria sin renunciar a la ley, al orden y a la humanidad.

Argelès-sur-Mer debería servirnos de advertencia. Cambian las fronteras, los uniformes y las banderas. Cambian las palabras con las que designamos al recién llegado: rojo, extranjero, ilegal, moro, invasor, amenaza. Lo que cambia mucho menos es el miedo de quien huye, la intemperie de quien llega y la facilidad con la que las sociedades asustadas aceptan que ciertas personas merecen menos compasión que otras.

En aquella playa francesa había españoles detrás de las alambradas. Algunos fueron despreciados por quienes se consideraban patriotas y, pocos años después, demostraron con las armas qué significaba realmente defender la libertad. Conviene recordarlo cuando volvemos a escuchar que al extranjero no hay que darle ni agua.

La historia todavía no ha terminado de escribir quiénes fueron los refugiados y quiénes los patriotas. Y quizá sea eso lo verdaderamente ominoso del silencio ceutí: que algún día, cuando todo esto sea historia, alguien preguntará qué hicimos mientras unos gritaban. Y habrá que contestarle.

BIOCHARGER: LA “CAFETERA” QUE SIRVE FRECUENCIAS

 

Durante siglos, la medicina ha cometido el error de resultar demasiado complicada. Para tratar una enfermedad había que averiguar qué la causaba, estudiar durante años, experimentar con animales, organizar ensayos clínicos y soportar después a una legión de revisores empeñados en preguntar si el remedio funcionaba de verdad. De hacer caso a quienes han patentado un propio del profesor Bacterio, todo ese engorro puede evitarse hoy gracias al BioCharger NG, un aparato que cuesta 17 990 dólares en Estados Unidos y que, después de añadir transporte, aduana e IVA, puede ponerse en España por unos 20 000 euros. Parece una lámpara diseñada por Nikola Tesla durante una noche de insomnio y promete mejorar la salud mientras el paciente permanece sentado sin hacer absolutamente nada.

La pasividad forma parte esencial del tratamiento. No hay que correr, levantar pesas, comer verdura ni renunciar al coñac de después de cenar. Basta con acomodarse a una distancia de entre uno y metro y medio del aparato y dejarse bañar durante quince minutos por una mezcla de luz, sonido, campos eléctricos y electromagnéticos. El organismo, que hasta ese momento llevaba funcionando de manera lamentable por culpa de la evolución, la edad y nuestros hábitos, recibe una especie de arranque con pinzas. Las células recuperan el entusiasmo, siempre que no hayamos olvidado pagar los gastos de envío.

El BioCharger NG se vende como una «plataforma de optimización de la salud». El nombre está bien elegido. Si lo llamaran aparato médico, alguien podría cometer la grosería de exigir pruebas médicas. Una plataforma de optimización, en cambio, pertenece a ese territorio nebuloso en el que no se curan enfermedades, sino que se favorece la vitalidad, se promueve el equilibrio y se apoya el bienestar general. Son expresiones tranquilizadoras porque pueden significar cualquier cosa y, por tanto, resulta muy difícil demostrar que no significan nada.

Ese prodigio americano ha llegado también a España. El fabricante afirmaba ya en 2016 haber vendido unidades en nuestro país y algunos establecimientos ofrecen hoy sesiones frente al aparato. Entre ellos figura BioSpa Madrid, instalado en la calle Velázquez, a pocos minutos del parque del Retiro, donde BioCharger comparte espacio con tanques de flotación, saunas de infrarrojos y baños de hielo. No he encontrado constancia de que esté autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedad alguna. Se presenta como instrumento de bienestar, ese territorio afortunado donde una máquina puede influir en las células, el sueño y la recuperación siempre que nadie pronuncie la palabra medicina.

El fabricante asegura que BioCharger reúne cuatro «energías naturales»: campos electromagnéticos pulsados, voltaje, luz y frecuencias con sus correspondientes armónicos. Que las cuatro sean naturales no deja de ser una afirmación curiosa. También son naturales los rayos, la radiación ultravioleta y que un hipopótamo nos parta por la mitad, sin que nadie los considere recomendables para optimizar la salud. BioCharger produce fenómenos físicos reales: emite luz, genera sonidos y crea campos eléctricos y magnéticos. Una tostadora también produce calor, luz y campos electromagnéticos, aunque sus fabricantes han tenido la modestia de limitar sus indicaciones al tratamiento del pan de molde.

Cada una de esas formas de energía posee aplicaciones médicas. Determinados campos electromagnéticos se utilizan para favorecer la consolidación de algunas fracturas; la luz interviene en tratamientos dermatológicos y alteraciones del ritmo circadiano; los impulsos eléctricos estimulan nervios y músculos. El truco consiste en colocarlo todo dentro del mismo saco y dar a entender que un aparato que combina esas tecnologías hereda automáticamente sus beneficios. Es como reunir en una caja un bisturí, un termómetro, un desfibrilador y una linterna y anunciar que hemos inventado el hospital portátil.

En medicina, sin embargo, la energía no obra por inspiración. Importan la intensidad, la longitud de onda, la frecuencia, la duración y el tejido sobre el que se aplica. Una lámpara y un láser quirúrgico producen luz, pero nadie aceptaría que le extirparan la vesícula con una lámpara de sobremesa. BioCharger borra esas diferencias y presenta sus emisiones como si el cuerpo reconociera intuitivamente lo que necesita. Al parecer, las células son muy listas para recibir frecuencias curativas, aunque no lo bastante para reparar por sí solas una rodilla.

La descripción técnica del aparato asegura que el voltaje vuelve más permeable la membrana celular, abre canales para hacer llegar nutrientes y hormonas al núcleo y permite que la célula «se desintoxique». La frase contiene suficientes términos auténticos para parecer científica. Las membranas poseen canales y los pulsos eléctricos intensos pueden abrir poros transitorios mediante un fenómeno llamado electroporación. Pero de ahí no se deduce que sentarse frente a una bola luminosa introduzca nutrientes en el núcleo ni ayude a expulsar unas toxinas que, como de costumbre, nadie se molesta en identificar.

El refinamiento supremo son sus más de 1 400 «recetas energéticas». El usuario selecciona un programa y el aparato combina frecuencias, pulsos y luces para alcanzar el objetivo deseado. Nuestro organismo queda convertido en una radio antigua: si algo no funciona es porque estamos mal sintonizados. Solo hay que mover el dial hasta encontrar la frecuencia de la energía, el sueño o la claridad mental. Es extraño que nadie hubiese reparado antes en que la artritis podía deberse a que la rodilla estaba captando Radio Nacional en lugar de Los 40 Principales.

Para respaldar el invento, la empresa ofrece un imponente compendio de investigaciones. Aparecen estudios sobre campos electromagnéticos, fotobiomodulación, estimulación eléctrica, cultivos celulares y animales de laboratorio. El lector poco atento puede concluir que BioCharger ha sido sometido a una montaña de ensayos. Pero los artículos citados estudian otras máquinas, otras intensidades y otras aplicaciones. Uno analiza la isquemia de las patas traseras de ratas diabéticas; otro, la curación ósea en animales. Las ratas no fueron sentadas alrededor de un BioCharger para que eligieran una receta de bienestar.

El procedimiento tiene una larga tradición comercial: se demuestra que cierto campo magnético produce un efecto en unas condiciones determinadas y se da por probado que cualquier aparato que genere magnetismo producirá el mismo resultado. Sería como defender las propiedades medicinales de una cocina de inducción porque existen estudios científicos sobre el hierro.

Tampoco las patentes solucionan el problema. Una patente certifica que se ha registrado una invención, no que la invención haga lo que promete. Se puede patentar una ratonera que toque el himno nacional al cerrarse; la oficina de patentes no está obligada a comprobar si los ratones se vuelven patriotas. Y cumplir las normas estadounidenses sobre interferencias electromagnéticas no significa que el aparato rejuvenezca las células.

La historia alcanzó su momento más glorioso durante la pandemia. En abril de 2020, el cocinero australiano Pete Evans aseguró que el aparato disponía de una receta relacionada con el «Wuhan Coronavirus». La Administración de Productos Terapéuticos de Australia respondió con sanciones por valor de 25 200 dólares australianos. La Administración señaló que la afirmación carecía de fundamento y recordó que también se anunciaba para recuperar fuerza y claridad mental, acelerar la recuperación muscular y reducir la rigidez articular. En 2021, la empresa de Evans recibió nuevas sanciones por publicitar varios productos terapéuticos no inscritos en el registro australiano, entre ellos BioCharger. El aparato no curó el coronavirus, pero demostró una notable capacidad para adelgazar cuentas bancarias.

Sería injusto afirmar que una sesión no puede hacer sentir mejor a nadie. Quince minutos sentado, relajado y rodeado de luces y sonidos pueden producir una sensación agradable. La ceremonia, el precio y la confianza del terapeuta refuerzan las expectativas. El efecto placebo puede modificar la percepción del dolor, el cansancio o el sueño. Lo que no demuestra es que las células hayan absorbido energía vital ni que una frecuencia determinada haya reparado un órgano.

El propio fabricante desaconseja el uso a embarazadas y personas con placas metálicas cerca del cerebro, y establece precauciones para quienes llevan marcapasos, desfibriladores, bombas de insulina u otros implantes electrónicos. También advierte sobre las luces intermitentes en personas con epilepsia fotosensible o migrañas provocadas por la luz. Resulta llamativo que unas energías presentadas como naturales y armonizadoras obliguen a mantenerse a prudente distancia si uno lleva un dispositivo cardíaco.

BioCharger es, en suma, una vistosa combinación de lámpara de plasma, generador electromagnético y ordenador dispensador de frecuencias. Puede proporcionar una experiencia relajante y hasta entretenida, pero no existen ensayos clínicos rigurosos que demuestren que el aparato completo ofrezca los numerosos beneficios insinuados por su publicidad. Su componente mejor documentado es el precio: 17 990 dólares producen un efecto intenso, inmediato y perfectamente medible sobre el patrimonio del paciente. Para recuperarse, por desgracia, todavía no se conoce ninguna frecuencia.

CEUTA: PEDRO SÁNCHEZ Y LA OBLIGADA DIPLOMACIA DEL SILENCIO

 

Escribió Lord Palmerston que «las naciones no tienen aliados perpetuos ni enemigos permanentes; lo único permanente son nuestros intereses, y nuestro deber es defenderlos».

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras ha introducido un elemento de gravedad en la crisis de Ceuta. Según el documento remitido a la Audiencia Nacional, agentes marroquíes habrían guiado activamente a miles de personas hacia los puntos de entrada los días 30 y 31 de julio. Las imágenes analizadas por la Policía apuntan a una operación que difícilmente puede explicarse como un desbordamiento espontáneo de la frontera. El informe, sin embargo, no atribuye formalmente la autoría intelectual al Gobierno marroquí. Es una distinción importante, aunque no elimina el problema político.

Pedro Sánchez ha optado por no acusar a Rabat. En su entrevista en la Cadena SER sostuvo que Marruecos cooperó desde el primer momento y atribuyó el desencadenamiento de la crisis a campañas de desinformación y a redes criminales. La posición del presidente ha irritado a Ceuta, ha dado munición a la oposición y ha desconcertado también a sectores de la izquierda. La reacción más inmediata consiste en preguntar: si la Policía encuentra indicios de participación de agentes marroquíes, ¿por qué el Gobierno no alza la voz?

La respuesta corta es que la diplomacia no suele consistir en decir en público todo lo que un Estado sabe, sospecha o teme. Y la respuesta larga exige mirar al otro lado del Estrecho sin los prismáticos de la política de tertulia.

En Política entre naciones, Hans Morgenthau, el gran formulador del realismo político, escribió que el estadista debe pensar el interés nacional en términos de poder. No estaba recomendando el cinismo, ni justificando cualquier cosa en nombre de la razón de Estado. Advertía de algo más serio: las decisiones públicas deben medirse por sus consecuencias, no por su capacidad de arrancar aplausos. La prudencia, decía, es la virtud suprema de la política exterior porque obliga a comparar males, calcular riesgos y distinguir entre el gesto satisfactorio y la decisión útil.

Eso no convierte automáticamente en acertada cualquier cautela del Gobierno. Pero permite entender por qué un presidente español puede considerar más peligroso abrir una crisis diplomática con Marruecos que soportar durante unos días o unas semanas el coste político de parecer excesivamente complaciente.

España y Marruecos no mantienen una relación bilateral convencional. No son dos países que intercambian notas verbales y celebran cumbres cuando conviene a ambos ministros de Exteriores. Son vecinos unidos por una interdependencia áspera: comercio, seguridad, terrorismo, pesca, transporte, energía, inversiones, el Sáhara Occidental y, sobre todo, una frontera cuya llave física está en manos marroquíes.

Robert Keohane y Joseph Nye explicaron hace casi medio siglo, en Power and Interdependence, que la dependencia mutua no elimina el poder: lo redistribuye. La pregunta decisiva no es quién necesita más al otro en términos generales, sino quién tiene más que perder si un determinado vínculo se rompe. Marruecos no puede prescindir sin coste de España y de la Unión Europea. Pero España tampoco puede ignorar que Rabat controla, en la práctica, la intensidad de la vigilancia en Castillejos, Nador y buena parte de las rutas atlánticas.

La experiencia de 2021 lo dejó al descubierto. En apenas dos días entraron en Ceuta unas 8 000 personas, después de que los controles marroquíes se relajaran de forma ostensible en plena crisis por la acogida en España de Brahim Ghali. El precedente fue interpretado por numerosos analistas como un recordatorio de poder: Marruecos podía teatralizar el caos fronterizo y trasladar a Madrid una factura política inmediata. La frontera no era sólo una frontera; era también un tablero de negociación.

La politóloga Kelly Greenhill llamó a esto «migración coercitiva diseñada». Su tesis es incómoda porque obliga a separar dos cosas que en el debate público suelen confundirse: las personas desplazadas no son armas, pero pueden ser utilizadas como instrumentos por quienes controlan su salida, sus rutas o su llegada a una frontera. El objetivo no tiene por qué ser conquistar territorio. Puede ser obtener ayuda, reconocimiento, una rectificación diplomática o simplemente recordar al vecino que la estabilidad tiene precio.

Esa es la primera razón para evitar afirmaciones rotundas cuando la investigación judicial está abierta. Acusar oficialmente al Gobierno de Marruecos sin una prueba concluyente obligaría a exigir una respuesta. Y si Rabat respondiera reduciendo su cooperación migratoria, España se encontraría de nuevo ante una frontera convertida en mecanismo de presión. No es una hipótesis extravagante: es lo que ya ocurrió, a menor escala, en 2021.Y quies olvidan esto, que recuerden la Marcha Verde de 1975.

La segunda razón se llama seguridad. España y Marruecos sostienen desde hace años una cooperación intensa contra el terrorismo, las redes de trata, el narcotráfico y la delincuencia organizada. El acuerdo bilateral de seguridad incluye precisamente intercambio de información y apoyo en investigaciones sobre terrorismo e inmigración irregular. El marco de cooperación no es una cortesía diplomática: es una pieza de la seguridad nacional española.

La tercera razón es económica. Marruecos es el principal socio comercial de España fuera de la Unión Europea y España sigue siendo el primer proveedor y cliente europeo del reino alauí. La automoción, la logística, el textil, la agricultura y las infraestructuras han tejido durante años una red de intereses que no desaparece porque un portavoz decida elevar el tono. ICEX resume esa posición central. También Inditex mantiene en Marruecos uno de sus grandes clústeres de producción. La diplomacia no se hace para proteger balances empresariales, pero una ruptura o una escalada comercial tampoco la pagan los ministros: la pagan empresas, trabajadores y consumidores.

Queda el Sáhara Occidental, la cuestión que gravita sobre todo lo demás. En 2022 Sánchez avaló el plan marroquí de autonomía como «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. Aquel giro cerró la crisis con Rabat, pero abrió otra en la política española y deterioró la relación con Argelia. No fue una decisión inocua ni indiscutible. Tampoco se puede presentar como una cuestión liquidada: la Unión Europea continúa remitiendo formalmente la salida del conflicto al proceso de Naciones Unidas y el Tribunal de Justicia de la UE ha subrayado el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. La sentencia europea sobre los acuerdos comerciales es un recordatorio de que la geopolítica tiene también límites jurídicos.

La diplomacia del silencio, por tanto, sólo es defendible si no se convierte en diplomacia de la indefensión. España debe preservar los canales con Rabat, porque sería absurdo prescindir de ellos; pero debe hacerlo desde una posición europea, con capacidad de documentar los hechos, reforzar Ceuta, mejorar los dispositivos de acogida y reducir la ventaja que proporciona a Marruecos el control de la frontera. La petición española de ayuda a Frontex va en esa dirección, aunque llega después de una crisis de enormes dimensiones. La asistencia solicitada a la agencia europea no resuelve el problema de fondo, pero evita que Ceuta quede sola.

Hay una forma infantil de entender la firmeza: elevar la voz, retirar al embajador y exigir una humillación pública del vecino. Suele ser la firmeza de quienes no tendrán que administrar las consecuencias. Y hay una forma igual de infantil de entender la prudencia: callar indefinidamente, negar los indicios y confundir la buena relación con la subordinación.

La política exterior adulta discurre entre esos dos precipicios. No exige a Sánchez que convierta cada informe policial en una crisis de Estado. Le exige que no utilice la razón de Estado como una cortina detrás de la cual desaparezcan la transparencia, la responsabilidad y la defensa de Ceuta. La prudencia puede ser una virtud; la opacidad permanente, no. En ese sentido, la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso, que estoy escuchando mientras escribo, ha venido a iluminar el escenario.

Marruecos sabe que España necesita cooperación. España debe demostrar que esa necesidad no equivale a vulnerabilidad. Esa es la verdadera tarea de la diplomacia.

VENEZUELA Y EL TELÉFONO DE ORO DE EL PADRINO II

 

Hay una escena memorable en El Padrino II. En la Cuba de Fulgencio Batista, un grupo de empresarios norteamericanos celebra, copa en mano, las oportunidades que ofrece la isla: casinos, hoteles, azúcar, juego y un país entero disponible para quien tenga dinero, relaciones y la protección adecuada. El dictador recibe de sus visitantes un teléfono de oro. Poco después, Batista huye y todo aquel mundo de negocios, favores y propinas políticas queda arrastrado por la revolución.

El conservador Wall Street Journal ha recurrido a esa escena para describir el acuerdo petrolero que la Administración Trump acaba de anunciar con Delcy Rodríguez, presidenta interina venezolana desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses hace ocho meses. La comparación no procede de The Nation, ni de algún periódico bolivariano, ni siquiera de una organización venezolana de oposición: procede de un diario que no acostumbra a confundir el capitalismo con la piratería ni la geopolítica con el cine de gánsteres.

No es difícil entender por qué. Lo que se conoce del pacto es, para empezar, extraordinario. La Casa Blanca ha confirmado oficialmente la “privatización” del sector de hidrocarburos de Venezuela. El gobierno interino de Delcy Rodríguez ha concedido por un siglo entero 17 campos petroleros que acumulan cerca de 65 000 millones de barriles en reservas, una quinta parte, aproximadamente, del petróleo venezolano, a la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP), propiedad del millonario venezolano Alejandro Betancourt, investigado por la justicia. Esta empresa se ha asociado con el Gobierno estadounidense, según confirma la oficina presidencial. No se trata, por tanto, de vender crudo en un mercado abierto, sino de asegurarse una fracción sustancial de él con ventajas que ningún competidor normal podría obtener.

Todavía más llamativo es el papel reservado a Estados Unidos. El inversor no sería Chevron, ExxonMobil o ConocoPhillips, sino el propio Pentágono, a través de su Oficina de Capital Estratégico. La participación se estructuraría mediante penny warrants, un instrumento financiero que otorga el derecho a comprar acciones de una empresa por un precio simbólico o casi nulo, normalmente de un centavo o menos. Es una fórmula que permitiría al Gobierno estadounidense entrar en el capital de la empresa sin realizar una inversión convencional de gran cuantía.

La operación plantea una pregunta elemental: ¿con qué autoridad puede el Departamento de Defensa de Estados Unidos convertirse en socio de una empresa petrolera extranjera? La Oficina de Capital Estratégico fue creada para facilitar financiación, préstamos o garantías vinculadas a intereses de seguridad nacional. Que ese mandato alcance a otorgar al Pentágono una participación en una empresa privada con concesiones petroleras en Venezuela no está, ni mucho menos, claro. El Wall Street Journal se pregunta con razón por qué la institución encargada de defender a Estados Unidos debe convertirse en intermediaria y accionista de un negocio de petróleo pesado del Orinoco.

La explicación es poco edificante. Desde la caída de Maduro, Trump había solicitado a las grandes petroleras de su país a regresar a Venezuela y reabrir el grifo. Las petroleras no respondieron con el entusiasmo esperado. No porque les falte apetito por el petróleo, sino porque conocen Venezuela. Saben que sus instalaciones están deterioradas, que el marco legal es volátil, que la seguridad jurídica es escasa y que cualquier contrato firmado por un poder provisional puede ser anulado por un gobierno posterior. Por eso Washington ha optado por fabricar su propio vehículo inversor, asociado a un empresario local que conoce el terreno y mantiene relaciones con la nueva presidenta.

El resultado es un triángulo político de aspecto deplorable: una administración estadounidense que desalojó por la fuerza al presidente venezolano; una sucesora no elegida que conserva el poder gracias, entre otras cosas, al respaldo de Washington; y un empresario próximo a esa sucesora que obtiene una posición privilegiada en el principal negocio nacional. Cualquier petrolera extranjera que entre en Venezuela deberá contar, en la práctica, con esos tres socios: la familia política de Rodríguez, Betancourt y el Gobierno de Estados Unidos.

La crítica al acuerdo no consiste en idealizar a Nicolás Maduro. Fue un autócrata que arruinó su país, persiguió a sus adversarios y convirtió una democracia petrolera imperfecta en un régimen autoritario y empobrecido. Precisamente por eso resultaba necesario que Venezuela recupere instituciones legítimas, elecciones libres y un poder sometido a la ley. Lo que se ha hecho, sin embargo, parece apuntar en la dirección contraria: se ha sustituido a un gobernante ilegítimo por un arreglo de fuerza y se pretende blindarlo con un negocio petrolero de duración extraordinaria.

La Constitución venezolana establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República y no pueden ser vendidos. Delcy Rodríguez sostiene que Venezuela conservará la propiedad de los recursos y que el acuerdo aportará inversiones, empleo, impuestos y un porcentaje para el Estado (mínimo, hay que puntualizar). Puede que así se presente formalmente. Pero la sustancia importa más que los adornos jurídicos. Si una potencia extranjera participa en la empresa concesionaria y reserva para sí una parte de la producción a precio de coste durante décadas, hablar de plena soberanía nacional exige una flexibilidad verbal digna del abogado del Lincoln.

El acuerdo puede proporcionar a Rodríguez un respiro político. También permite a Trump afirmar que ha asegurado petróleo barato para Estados Unidos, rellenar la Reserva Estratégica y rebajar el precio de la gasolina. Son promesas vistosas, aunque Venezuela produce hoy unos 1,1 millones de barriles diarios y recuperar de verdad su industria requiere años, capital y una estabilidad que nadie puede garantizar. El editorial del Wall Street Journal señala que, más allá de los interrogantes jurídicos, la operación supone extender fuera de Estados Unidos el creciente clientelismo de la Administración Trump.

Ni siquiera parece un negocio especialmente sólido desde la perspectiva norteamericana. Trump dejará el cargo en enero de 2029. Ningún presidente posterior está obligado a respaldar políticamente una operación concebida en estas condiciones, y una futura Venezuela democrática tendría poderosas razones para revisarla ante sus tribunales o renegociarla. La Administración estadounidense posee normas presupuestarias, controles administrativos y límites legales que no desaparecen porque el presidente anuncie un acuerdo en una red social.

Tampoco será fácil consolidar el pacto en Venezuela. La oposición democrática denuncia, con motivo, que una presidenta no elegida carece de mandato para comprometer de ese modo la riqueza nacional. Y la izquierda chavista o bolivariana, por razones distintas pero comprensibles, lo interpreta como una entrega del país al imperialismo estadounidense. Si algún día se celebran elecciones competitivas, será difícil que una candidatura venezolana quiera defender ante sus votantes un acuerdo firmado por una presidenta provisional, bajo tutela extranjera y en beneficio de una potencia que intervino militarmente en el país.

El matonismo de Trump explica en parte el silencio de Europa y de buena parte de la comunidad internacional. Estados Unidos sigue siendo demasiado poderoso, y su presidente ha demostrado una afición especial por las represalias contra quienes cuestionan sus decisiones. Pero la prudencia diplomática no puede convertirse en aceptación de un hecho consumado. La defensa del derecho internacional y de la soberanía nacional no puede depender de que el país perjudicado sea aliado, enemigo, próspero, pobre, gobernado por demócratas o por sátrapas.

Venezuela no es un solar petrolero disponible para la primera potencia que consiga imponer un gobierno amigo. Es un gran país, con una ciudadanía que ha soportado una dictadura, una emigración masiva y una crisis humanitaria devastadora. Su salida no puede consistir en cambiar un grupo de beneficiarios por otro, ni en entregar por adelantado el recurso del que depende su reconstrucción.

En El Padrino II, el teléfono de oro era el símbolo de una relación corrupta que parecía eterna y acabó de golpe. La lección de aquella escena, que el Wall Street Journal ha tenido el mérito de recordar, es sencilla: los negocios construidos sobre gobiernos sin legitimidad pueden ser muy rentables durante un tiempo, pero rara vez sobreviven a la historia. El gansterismo de ficción tenía al menos la decencia de reconocerse como ficción. El espectáculo venezolano pretende pasar por diplomacia, seguridad energética y libre empresa. Es difícil imaginar una versión más denigrante del teléfono de oro.

MOUNT VERNON Y EL ESCUADRÓN ALADO DE BLAS DE LEZO

En Alexandria, Virginia, a unos treinta kilómetros al sur de Washington D. C., los bajíos del Potomac marcan la frontera entre Maryland y Virginia. Siguiendo el trazado de una antigua senda, la George Washington Parkway se ciñe a la orilla derecha hasta llegar a Mount Vernon, la mansión de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, y de su esposa Martha.

Antes de convertirse en símbolo nacional, el lugar se llamaba Little Hunting Creek, por el arroyo que lo cruzaba. Su hermanastro, Lawrence Washington, heredó la propiedad y decidió cambiarle el nombre en honor de su antiguo comandante en la Marina Real británica, el vicealmirante Edward Vernon. Lo admiraba profundamente. Paradójicamente, Vernon pasaría a la historia no por sus victorias, sino por su espectacular derrota frente a un marino español cojo, tuerto y manco llamado Blas de Lezo.

Todo comenzó con una oreja. En 1738, un capitán inglés llamado Robert Jenkins compareció ante el Parlamento británico portando, dentro de un frasco, su propia oreja. Según relató, siete años antes su barco había sido interceptado en el Caribe por un guardacostas español que descubrió una carga de contrabando. El capitán, Juan León Fandiño, al ver su insolencia, le cortó una oreja (no consta la de qué lado) y lo despachó con un mensaje memorable: «Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve».

La escena inflamó la imaginación británica. La prensa habló de barbarie española y el Parlamento, convenientemente azuzado por los intereses comerciales del momento, clamó venganza. El rey Jorge II declaró la guerra a España dando paso a un episodio que pasaría a la historia con un título macabro y algo cómico: la Guerra de la Oreja de Jenkins, o, en su versión más solemne, la Guerra del Asiento.

El mando de la flota recayó en el vicealmirante Edward «Old Grog» Vernon, un marino veterano de costumbres austeras —introdujo la mezcla de ron con agua que daría origen al grog— y fama de incorruptible. En Jamaica reunió una armada desmesurada: veintisiete navíos de línea, varias fragatas, bombardas, cañoneras y transportes. Era la mayor expedición enviada jamás al Caribe. El escritor escocés Tobias Smollett, que participó como cirujano, recordaría más tarde: «Nunca un contingente estuvo más completamente equipado, y nunca tuvo la nación más razón para la esperanza en un éxito extraordinario». El plan era sencillo y arrogante: tomar las plazas españolas de Portobelo y Cartagena de Indias, controlar el istmo y luego marchar sobre Perú. Portobelo cayó en dos horas. Vernon fue recibido en Londres como héroe nacional. La propaganda lo presentó como el azote del imperio español. Eufórico, el vicealmirante convenció al Gobierno de lanzar un ataque masivo contra Cartagena.

Cartagena era mucho más que una ciudad amurallada: era el principal puerto del virreinato de Nueva Granada, punto de salida de la Flota de Galeones de Tierra Firme, cargada de plata, oro, cacao, tabaco, maderas exóticas y quinina rumbo a Sevilla. Un intento británico anterior, en 1727, había terminado sin combate: la fiebre amarilla mató a más de cuatro mil hombres antes de que pudieran desembarcar. Pero la expedición de 1741 dejaba pequeña cualquier comparación.

Vernon reunió doscientos cuatro barcos, ciento treinta de transporte y setenta y cuatro de guerra, con veintinueve mil soldados a bordo, incluidos tres mil quinientos colonos norteamericanos reclutados en Virginia, descritos con cierta malicia como «todos los bandidos de las colonias». Uno de los oficiales era el joven Lawrence Washington, futuro hermano mayor y mentor de George. Frente a ellos, Cartagena apenas podía oponer seis navíos y tres mil hombres. Pero entre ellos estaba Blas de Lezo y Olavarrieta, marino guipuzcoano curtido en mil batallas. Había perdido una pierna, un ojo y el uso de un brazo; lo llamaban «Mediohombre». Sin saberlo, don Blas tenía un ejército aliado mucho más numeroso que el de Vernon: millones de mosquitos Aedes, transmisores de la fiebre amarilla.

A los pocos días de iniciarse el asedio, los mosquitos comenzaron su silencioso trabajo. Los británicos cayeron como espigas bajo el sol del Caribe. Primero fiebre alta, después hemorragias, orina negra, vómitos de sangre. En menos de tres semanas, tres mil quinientos soldados habían muerto sin disparo enemigo. Los cirujanos británicos, impotentes, lo registraron todo: «una muerte rápida, con un hedor dulzón, amarillento». Era la fiebre amarilla, el arma biológica de la naturaleza tropical. Vernon, confiado, había llegado a enviar una carta a Londres anunciando la inminente victoria. La noticia desató el júbilo: la Casa de la Moneda incluso acuñó una medalla conmemorativa que jamás se llegó a entregar. Cuando la flota británica logró bombardear la ciudad, los cadáveres ya se amontonaban en los navíos.

Los españoles resistieron desde el fortín de San Felipe de Barajas, una fortaleza casi inexpugnable. Vernon ordenó el asalto final el 20 de abril, pero los hombres estaban exhaustos y medio delirantes. El resultado fue una carnicería. Smollett escribió después: «Los cuerpos desnudos de nuestros compañeros flotaban arriba y abajo por el puerto, sirviendo de alimento a cuervos y tiburones». El campo de batalla era un cementerio. Los marineros se amotinaron, y cincuenta fueron fusilados por negarse a atacar. La epidemia y la descomposición habían hecho su trabajo. El escenario de la derrota más humillante de la marina británica estaba completo.

El 8 de mayo de 1741, Vernon ordenó replegar la flota. De sus veintinueve mil hombres, veintidós mil habían muerto, la mayoría aseteados por el escuadrón invisible del Caribe. Blas de Lezo, enfermo y exhausto, había salvado Cartagena con apenas tres mil defensores. Murió pocos meses después, probablemente de peste. Ni siquiera vivió para saborear su victoria. En cambio, Edward Vernon regresó a Inglaterra humillado. Su fracaso fue tan absoluto que la corte de Jorge II prohibió mencionar la palabra «Cartagena» en los informes oficiales. Sus medallas quedaron guardadas en los cajones del olvido. Y, sin embargo, su nombre sobrevivió, grabado no en el mármol de Westminster, sino en una colina del Potomac, en el nombre que un joven colono americano dio a su hacienda: Mount Vernon.

El destino tiene un sentido del humor peculiar. La mansión que lleva el nombre de un almirante derrotado por un vasco manco se convirtió en la residencia de George Washington, el padre fundador de la nación que un siglo más tarde heredaría la hegemonía que Inglaterra perdió en Cartagena. Quizá haya en ello una lección: la historia no siempre la escriben los vencedores, sino los supervivientes. En Cartagena, los héroes no llevaban uniformes ni banderas: eran invisibles, alados, zumbaban al atardecer sobre el fango. Y mientras Vernon agonizaba de orgullo, el pequeño escuadrón de Blas de Lezo y los mosquitos sellaba, sin saberlo, una de las mayores victorias de la biología sobre un imperio.

EL CEREZO, UN ÁRBOL QUE VIVE DEPRISA

 

Aspectos botánicos del cerezo, Prunus avium. Arriba a la derecha aparece un trozo de tronco conunas hendiduras (lenticelas) que permiten la oxigenación del árbol.

Hay árboles que se toman la primavera con calma. El haya, por ejemplo, espera hasta que el frío ha perdido casi toda autoridad antes de desplegar sus hojas. El cerezo silvestre o cerezo de monte, Prunus avium, prefiere otra estrategia: aparece temprano, florece con una ostentación casi imprudente y, en pocas semanas, ha producido unos frutos que harán las delicias de mirlos, estorninos, urracas y niños con camiseta blanca.

Es un árbol europeo en el sentido más profundo del término. Su área natural abarca gran parte de Europa, llega al oeste de Asia y alcanza algunas zonas del norte de África; en la Península se refugia sobre todo en montañas y ambientes frescos. No es un árbol de encinares secos ni de llanuras abrasadas: exige suelos profundos, fértiles, aireados y con cierta reserva de humedad. Le gustan los claros, las lindes y los bordes del bosque, lugares donde puede recibir mucha luz. Allí actúa como especie pionera: crece rápido, ocupa el espacio disponible y, con el tiempo, suele ceder terreno a árboles más pacientes y sombríos, como robles y hayas.

Prunus era el nombre que daban los romanos alos frutos de “hueso”. El nombre específico, avium, significa «de las aves». No es una concesión poética de Linneo, sino una descripción bastante exacta de su negocio evolutivo. El cerezo fabrica una pulpa dulce, vistosa y jugosa alrededor de una semilla encerrada en un hueso. Las aves se llevan el fruto, digieren la parte carnosa y expulsan o dejan caer el hueso a cierta distancia. El árbol paga el transporte con azúcar y pigmentos rojos; el ave cobra la comisión y, sin saberlo, siembra futuros cerezos.

La estrategia explica el color. A comienzos del verano, cuando el bosque europeo todavía ofrece relativamente pocos frutos carnosos maduros, las cerezas destacan como señales luminosas entre el follaje. En agosto y septiembre habrá moras, endrinas, majuelos, escaramujos y toda una despensa de tonos oscuros. Pero la cereza llega antes. Es pequeña, llamativa y no necesita anunciarse demasiado: basta mirar un cerezo cargado para comprender que la discreción no figuraba entre sus objetivos.

La rapidez tiene un precio. El cerezo puede alcanzar en estado silvestre más de veinte metros de altura, y los viejos ejemplares son capaces de sobrepasarlos con holgura. Los frutales de cultivo se mantienen mucho menores mediante poda e injertos sobre patrones que favorecen el enanismo, pero el cerezo tradicional crece con una energía que obliga a cosechar con escalera. Su corteza joven, lisa y de tono pardo rojizo, está atravesada por conspicuas líneas horizontales: las lenticelas. Son pequeñas zonas porosas de intercambio gaseoso que permiten respirar a los tejidos encerrados bajo la corteza. No son una extravagancia exclusiva del cerezo —las tienen muchos árboles—, pero en él forman una de las señas de identidad más fáciles de reconocer.

La primavera del cerezo es una carrera de fondo corrida como si fuera un esprint. Tras el reposo invernal, sus yemas se abren y producen ramilletes de flores blancas, por lo común de dos a seis. Cada flor ofrece néctar y polen a abejas y otros insectos; después, si la polinización ha tenido éxito, el ovario se convierte en drupa. En los cultivares tradicionales de Prunus avium, la autoincompatibilidad es frecuente: un árbol puede florecer magníficamente y, sin un polinizador compatible cerca, dar una cosecha decepcionante. Por eso los huertos de cerezos no son simples colecciones de individuos: son comunidades con calendarios de floración cuidadosamente combinados.

Conviene matizar que no es un árbol que florezca «tarde» en sentido absoluto. Al contrario: está entre los primeros árboles del bosque en hacerlo. Pero retrasa la apertura de las flores lo suficiente para no exponerse al invierno pleno, y la fecha cambia mucho con la altitud, la variedad y el clima local. Aun así, una helada tardía puede arruinar la cosecha en una sola noche. El cerezo no ha encontrado una solución perfecta al problema; ha encontrado una solución suficientemente buena para reproducirse casi todos los años.

En ese breve intervalo de primavera se activan las hormonas vegetales que regulan el crecimiento y la formación del fruto. Las auxinas, las giberelinas y las citoquininas intervienen, cada una a su manera, en la división celular, el alargamiento de los tejidos y el desarrollo de la semilla y la pulpa. Más adelante entran en escena otras dos: el etileno, relacionado con la maduración y el envejecimiento de los tejidos, y el ácido abscísico, que ayuda al árbol a responder a la falta de agua y prepara el reposo y la caída de las hojas. No son sustancias que actúen por separado, sino un pequeño gobierno químico cuyos miembros se pisan con frecuencia las competencias.

Por eso no conviene convertir el cambio de posición de las hojas en un misterioso «síndrome de abstinencia» exclusivo del cerezo ni explicarlo por una sola hormona. Cuando aprieta el calor o escasea el agua, las hojas pueden inclinarse y colgar, reciben menos radiación directa y pierden menos agua. Es un ajuste pasajero que puede dar al árbol un aire cansado, aunque no esté enfermo ni necesite necesariamente abono.

No conviene, sin embargo, convertir ese cambio en un misterioso «síndrome de abstinencia» exclusivo del cerezo ni atribuirlo únicamente al etileno. El etileno participa en procesos de maduración y senescencia, mientras que el ácido abscísico interviene de forma decisiva en las respuestas al déficit hídrico y, más adelante, en la preparación para la caída de las hojas. En el cerezo, como en casi toda la botánica, las hormonas no trabajan como ministros con cartera propia, sino como una conversación simultánea y bastante complicada.

Tampoco deben confundirse los cerezos frutales europeos con los cerezos japoneses ornamentales, llamados sakura. Bajo ese nombre se agrupan diversas especies, híbridos y cultivares, como Prunus serrulata y el célebre híbrido Prunus × yedoensis. Han sido seleccionados, sobre todo, por la espectacularidad y duración de la floración. Sus flores pueden ser dobles, con muchos pétalos, y sus frutos suelen ser escasos o poco interesantes para nosotros. El cerezo común europeo ha seguido una línea menos teatral y más práctica: flores sencillas, polinización eficaz, fruto comestible y dispersión por aves.

Finalmente, están las palabras. En el uso corriente español llamamos cerezas, en general, a los frutos dulces y firmes de P. avium, destinados sobre todo a consumirse frescos. Las guindas proceden habitualmente de P. cerasus: son más ácidas, de pulpa más blanda y se prestan mejor a confituras, tartas, almíbares y licores. No son simplemente cerezas que hayan salido mal. P. cerasus es una especie distinta, de origen híbrido antiguo, emparentada con P. avium y con el cerezo enano europeo, P. fruticosa. El cerezo dulce, por tanto, no es un frutal «puro» en el sentido de no haber sido tocado por los humanos —sus variedades son producto de una larga selección—, pero sí es una especie silvestre propia de nuestros bosques y el gran antepasado de buena parte de las cerezas que comemos.

Quizá por eso resulta tan fácil reconocerlo. En abril parece una nube blanca posada sobre un talud; en junio, un árbol dedicado a producir pequeñas joyas rojas; en pleno verano, un vegetal que deja caer las hojas como quien se afloja el cuello de la camisa tras una jornada larga. Toda su vida parece concentrada en unos meses. Y, pese a su aparente fragilidad, lleva miles de años repitiendo con éxito el mismo trato con las aves: yo pongo el fruto; vosotros lleváis la semilla.