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Hay lugares que parecen
condenados a vivir varias épocas al mismo tiempo. Ceuta es uno de ellos. Basta
contemplarla desde el aire para comprender que allí la geografía nunca tuvo la
última palabra. Diecinueve kilómetros cuadrados de tierra africana bajo soberanía
española, una alambrada que separa dos continentes y un puerto que mira hacia
uno de los pasos marítimos más transitados del planeta. Durante siglos fue una
singularidad histórica. Hoy vuelve a ser una cuestión estratégica.
Cada vez que miles de personas se
concentran junto al espigón del Tarajal, la explicación inmediata habla de
pobreza, de desesperación o de inmigración irregular. Todo eso existe y sería
absurdo ignorarlo. Pero quedarse ahí equivale a contemplar únicamente la
superficie del problema. Ceuta no es solo una frontera migratoria. Es también
un tablero donde se cruzan intereses políticos, rivalidades regionales y viejas
disputas sobre la soberanía.
En los últimos años hemos
aprendido que los movimientos de población pueden convertirse en un instrumento
de presión internacional. Bielorrusia lo hizo con Polonia y Lituania. Turquía
utilizó en varias ocasiones la amenaza de abrir las rutas migratorias como
argumento en sus negociaciones con la Unión Europea. Rusia ha experimentado con
tácticas similares en la frontera septentrional de la OTAN. En todos esos
casos, los seres humanos dejan de ser únicamente personas que buscan un futuro
mejor para convertirse también en una herramienta de presión diplomática.
Ceuta participa, guste o no, de
esa misma lógica. Cada crisis migratoria lanza un mensaje simultáneo a Madrid y
a Bruselas: las fronteras situadas fuera del continente europeo son mucho más
vulnerables de lo que aparentan sobre un mapa.
La paradoja tiene raíces
profundas. Cuando Portugal conquistó Ceuta en 1415 dio comienzo, casi sin
saberlo, a la expansión europea por el norte de África. Más tarde llegó la
Unión Ibérica y, cuando Portugal recuperó su independencia en el siglo XVII, la
ciudad decidió permanecer vinculada a la Corona española. El Tratado de Lisboa
de 1668 consolidó definitivamente esa situación. Desde el punto de vista
jurídico, pocos territorios cuentan con una continuidad histórica tan sólida.
Pero la historia rara vez concede
soluciones definitivas. Marruecos nunca ha aceptado esa soberanía desde que
obtuvo su independencia en 1956. Para Rabat, Ceuta y Melilla representan los
últimos restos del colonialismo europeo en África. Para España constituyen
parte indiscutible de su territorio nacional. Ambas posiciones llevan décadas
conviviendo sin resolverse porque responden a dos lógicas distintas: una
jurídica y otra política, que no siempre coinciden.
Las fronteras suelen parecer
eternas cuando los mapas permanecen quietos. Sin embargo, basta abrir cualquier
libro de historia para comprobar que pocas cosas cambian tanto como las líneas
dibujadas sobre ellos. El Congreso de Viena reorganizó Europa después de
Napoleón. El Tratado de Versalles volvió a hacerlo tras la Primera Guerra
Mundial. La desaparición de los imperios coloniales dejó repartidos por el
mundo numerosos enclaves cuya situación legal sobrevivió a las circunstancias
históricas que los habían creado.
Durante buena parte de la Guerra
Fría esas contradicciones quedaron amortiguadas. La estabilidad bipolar, la
protección militar estadounidense sobre Europa y el crecimiento económico
hicieron pensar que la geografía había perdido importancia. Parecía que el
comercio, las instituciones internacionales y la interdependencia económica
acabarían sustituyendo poco a poco a la vieja política del territorio. No ha
ocurrido exactamente así.
La invasión rusa de Ucrania, la
creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, las guerras comerciales, la
instrumentalización de la energía, de las materias primas y de la tecnología
indican que la geopolítica ha regresado con una fuerza que muchos daban por
extinguida. La geografía, que parecía una disciplina decimonónica, vuelve a
ocupar titulares.
Cuando la geografía regresa,
Ceuta deja de ser una curiosidad histórica para convertirse en un punto
estratégico. No resulta difícil entender por qué. A escasos kilómetros se
encuentra el Estrecho de Gibraltar, una de las grandes arterias del comercio
mundial. Cada año lo cruzan alrededor de cien mil buques que conectan el
Mediterráneo con el Atlántico y transportan una parte sustancial del comercio
entre Europa, África, Oriente Próximo y Asia. Quien controle los territorios
que flanquean ese paso posee una influencia muy superior a la que permitiría
imaginar el tamaño de esos territorios.
Existe además un segundo factor
mucho menos visible, pero probablemente más decisivo a largo plazo: la
demografía. Mientras Europa envejece y reduce progresivamente su peso relativo
en la población mundial, África experimenta el mayor crecimiento demográfico
del planeta. Hoy viven allí alrededor de 1 500 millones de personas. Las
proyecciones de Naciones Unidas apuntan a que hacia mediados de siglo podrían
superar los 2 500 millones. Gran parte de ese incremento se concentrará
precisamente en el África occidental y en la franja del Sahel.
Esta diferencia convierte las
fronteras mediterráneas en espacios sometidos a una presión permanente. La
migración seguirá siendo un fenómeno humano, económico y social, pero también
adquirirá una dimensión estratégica creciente. Los países capaces de facilitar
o dificultar esos flujos dispondrán de un instrumento político de enorme valor.
Ceuta es, en cierto modo, un laboratorio donde ya puede observarse esa nueva
realidad.
No está sola. Gibraltar
constituye otra anomalía heredada de la historia, aunque muy distinta.
Kaliningrado, separado del resto de Rusia, condiciona buena parte del
equilibrio militar del Báltico. Las Malvinas siguen formando parte del
imaginario político argentino más de cuarenta años después de la guerra. En el
mar de China Meridional, islotes casi invisibles sobre el mapa generan disputas
porque de ellos dependen aguas territoriales, recursos naturales y posiciones
militares. Todos estos casos son diferentes, pero tienen algo en común:
pertenecen a un mundo que parecía haber desaparecido y que, sin embargo, vuelve
a hacerse presente.
Durante mucho tiempo
interpretamos los vestigios del pasado colonial sobre todo desde una
perspectiva moral. Era una discusión necesaria y continúa siéndolo. Pero quizá
haya llegado el momento de añadir otra pregunta. No basta con saber cómo
nacieron determinados territorios. Conviene preguntarse también si los
equilibrios que los sostienen siguen siendo viables en un escenario
internacional muy distinto del que los vio nacer.
Nada de esto significa que Ceuta
deba dejar de ser española. Tampoco que los tratados internacionales hayan
perdido su valor. Precisamente porque el derecho internacional descansa sobre
la continuidad de la soberanía reconocida, España posee argumentos jurídicos
extraordinariamente sólidos. Lo que sí parece evidente es que mantener esa
soberanía exige hoy un esfuerzo político, diplomático y estratégico mucho mayor
que hace unas décadas. La continuidad legal ya no basta por sí sola. Hace falta
gestionar diariamente una realidad mucho más compleja.
Quizá esa sea la principal
enseñanza de Ceuta. Las fronteras del siglo XXI ya no cambian necesariamente
mediante invasiones o guerras convencionales. Cambian mediante presiones
económicas, campañas de desinformación, ciberataques, crisis migratorias cuidadosamente
administradas o maniobras diplomáticas que permanecen siempre por debajo del
umbral del conflicto armado.
Los imperios dibujaron muchas de
las fronteras que todavía aparecen en nuestros atlas escolares. Durante décadas
creímos que la historia las había convertido en algo definitivo. Sin embargo,
la historia nunca desaparece del todo. Se limita a esperar. Y cuando la
geopolítica vuelve a ocupar el centro del escenario, lugares como Ceuta dejan
de ser una reliquia del pasado para recordarnos que, en realidad, el pasado
nunca terminó de marcharse.