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domingo, 18 de marzo de 2012

Si te parece caro, prueba con la ignorancia

Dentro de ese marco de insensatas actuaciones políticas que en lugar de remediar la crisis lo que consiguen es agravarla y perpetuarla, una parte fundamental de los recortes en gasto público recae sobre la educación y la ciencia, aunque estarán ustedes de acuerdo conmigo en que tales puñaladas de pícaro, que dejan sin trabajo ni expectativas a profesores, científicos y becarios, no parecen el mejor modo de conquistar el futuro. Ahora, cuando se acaba de presentar a la opinión pública una Carta Abierta por la ciencia en España dirigida al presidente del Gobierno, que cuenta ya con más de 40.000 adhesiones, entre ellas las de varios premios Nobel, (www.investigaciondigna.es/wordpress/firmame gustaría hacer algunas reflexiones sobre ella.


Las cosas se precipitaron inmediatamente después del nombramiento de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Primero fue la degradación del ministerio de Ciencia y Tecnología al rango de secretaría de estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), enmarcada en el ministerio de Economía y Competitividad. La medida le pareció a la comunidad científica injusta e inadecuada. No parecía justa porque, como cualquier investigador sabe muy bien, la ciencia (y muchos menos las humanidades) no puede ni debe caracterizarse prioritariamente por su competitividad. Una cosa es que sea absolutamente imprescindible para que un país pueda ser competitivo y otra diferente que deba realizarse bajo parámetros de competencia. ¿Adónde iría a parar, si así fuera, la investigación básica que depara conocimientos no utilizables a priori pero que son la base de desarrollos aplicados posteriores? Ejemplos los hay a millares. 


La investigación científica debe tener la libertad de acción y de pensamiento que necesita la curiosidad y el afán por ampliar y profundizar en el conocimiento. Tal libertad ofrece algunas veces resultados positivos, capaces de procurar competitividad, y otras no. Pero esa es la esencia y la particularidad de la ciencia. Además, separar Educación y Ciencia en dos ministerios sin conexión alguna no parecía una medida adecuada porque una ciencia desgajada de la educación siempre andará desorientada y una educación desligada de la ciencia jamás podrá alcanzar la calidad requerida. 


La ciencia española recibió como regalo de Reyes un saco de carbón en forma de un eufemístico “ajuste a la baja” de 600 millones de euros que, según los últimos datos, serán 742 millones, lo que supone un recorte del 8,65% respecto a 2011. El célebre Abundio no hubiera planteado mejor el argumento que sostenía tan drástica poda presupuestaria: las investigaciones en curso no tenían interés comercial en la recién estrenada legislatura. 


Es un argumento miope y cortoplacista que frena los avances en investigación que habían hecho destacar a la ciencia española en los últimos diez años. Entre esos avances, además del notable incremento de la producción de calidad de los científicos españoles medida en términos de publicaciones en revistas internacionales de prestigio, el incremento en términos de plantilla de investigadores y la estabilidad laboral de nuestros becarios de investigación, se encontraba nuestra participación en los proyectos e infraestructuras de los grandes organismos científicos internacionales como el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, la Agencia Europea del Espacio, el Observatorio Europeo Austral o el Laboratorio Europeo de Biología Molecular. Este progreso en la internacionalización de la ciencia española se va a venir abajo porque según la miope opinión el diputado del PP Alejandro Fernández, responsable de I+D en su grupo parlamentario, nuestra participación en la ciencia internacional es de “retorno dudoso”. Regreso al pasado: el diputado del PP resucita el unamuniano “¡qué inventen ellos!


Ahora está cantada la desolación que se avecina: un nuevo recorte relevante en el capítulo de I+D+i en los presupuestos de 2012 que el gobierno va a presentar con el ventajismo de un tahúr pasadas las próximas elecciones autonómicas, el último viernes de este reseco mes de marzo. El PP va a asestar este recorte tras la aprobación por unanimidad en el Congreso y en el Senado de la Ley de la Ciencia en mayo de 2011, cuando parecía existir consenso entre todos los agentes sociales, económicos y políticos que apostaban por la ciencia y la innovación como instrumentos fundamentales para el cambio de nuestro modelo productivo. El preámbulo de la Ley decía textualmente: “El modelo productivo español […] se ha agotado, por lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible”. 


Los legisladores tenían razón. La capacidad de innovar resulta clave para mejorar la productividad de un país. La economía española no había sido capaz de incrementar el valor añadido bruto de su producción al menos al mismo ritmo de como lo había hecho el coste de la mano de obra, porque hasta hace unos pocos años no hemos invertido sistemáticamente en innovación. Ahora bien, para que haya innovación es necesario que exista la capacidad de producirla, lo que está ligado al nivel de capital humano y tecnológico y al esfuerzo en I+D+i. El diagnóstico era inequívoco y la solución había sido identificada. Sólo hacía falta que los líderes políticos estuvieran a la altura de sus responsabilidades y cumplieran su palabra.


No va a ser así. A pesar de las palabras del ministro de Economía y Competitividad en la Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados del pasado 21 de febrero “vamos a hacer de la I+D+i la base del futuro desarrollo de la economía española […] y aprovechar el capital humano que tenemos y desarrollar la carrera investigadora”, la memoria es débil. Pese a la recomendación de la Comisión Europea de que los recortes para controlar el déficit público no afecten la inversión en I+D+i, el Gobierno presentará y las Cortes Generales aprobarán unos Presupuestos Generales del Estado en los que las inversiones públicas en ciencia caerán en 2012 a la mitad de las que se invirtieron en la pasada legislatura, lo que significa paralizar temporalmente los laboratorios y frenar el avance de la ciencia durante un tiempo, con el objetivo de “activarla de nuevo cuando remita la crisis económica”. La ciencia no funciona así; la ciencia avanza sin cesar y detenerse es morir. 


Un modelo económico basado en la generación de conocimiento sólo será viable si se garantiza la estabilidad del sistema de investigación en términos de recursos económicos y humanos y si hay un sector privado que apueste por la investigación y la innovación. El cambio a una economía basada en el conocimiento, que puede llevar décadas en conseguirse, no debe medirse en legislaturas y requiere un acuerdo de Estado que lo blinde de ciclos económicos y políticos. No se puede mantener la retórica del cambio a un modelo productivo basado en el conocimiento mientras que la senda por la que se transita va en la dirección opuesta, en la de causar irremediablemente un grave daño a corto y largo plazo a la infraestructura científica y a su capital humano que sólo puede conducir a una economía de conocimiento “prestado” sin expertos nacionales. 




Como decía el anterior rector de Harvard, Derek Bok: “Si el conocimiento te parece caro, prueba con la ignorancia”. Mientras tanto, los rectores españoles guardan silencio. El silencio de los cementerios.