UN ÁRBOL SOSPECHOSO POR LAS CALLES DE ALCALÁ

 

Ejemplares de Pyrus calleryana "Chanticleer" recién plantados en los nuevos alcorques de la remodelada plaza de las Siete Esquinas

Hay decisiones urbanísticas que uno acepta con resignación —la desaparición de una panadería decente, por ejemplo— y otras que, sin previo aviso, le obligan a replantearse su relación con el aire que respira. En el centro de Alcalá, el Ayuntamiento ha optado por lo segundo. En un loable intento de embellecer la ciudad, ha plantado unos árboles encantadores, de esos que en los catálogos de jardinería aparecen fotografiados con luz dorada y familias felices paseando debajo. Se trata de un peral ornamental conocido en ambientes científicos como Pyrus calleryana, un nombre que suena a compositor barroco pero que, en la práctica, tiene bastante más que ver con el desconcierto ciudadano que con la música.

El árbol, hay que reconocerlo, es una preciosidad. En primavera estalla en una nube de flores blancas que parecen recién lavadas y planchadas por un ángel particularmente meticuloso. Es pequeño, ordenado, resistente y, en teoría, perfecto para la vida urbana. Llegó a Europa en el siglo XIX, cortesía de Joseph-Marie Callery, un jesuita francés con nombre de personaje secundario en novela decimonónica, que fue el primero que en el siglo XIX envió ejemplares a Europa desde Asia, y desde entonces ha hecho carrera como árbol decorativo ejemplar. Incluso tuvo un pasado respetable como patrón para injertar perales comestibles. Todo en su currículum es impecable… salvo un pequeño detalle que, por alguna razón, no suele incluirse en los folletos publicitarios de los viveros.

Huele.

Y no de esa manera vaga y poética con la que solemos hablar de los jardines en primavera. No es el tipo de olor que uno describiría como “floral” o “embriagador” sin exponerse a una intervención familiar. Es, más bien, un olor que divide a la población en dos grandes grupos: los que creen que huele a semen y los que están convencidos de que huele a pescado podrido. Hay también un tercer grupo, reducido pero feliz, formado por quienes —como yo— perdieron parte del olfato tras la COVID y ahora observan el debate con la misma serenidad con la que se contempla una discusión sobre vinos caros: con respeto, pero desde una cómoda ignorancia.

La cuestión no es baladí. Pasear por el casco histórico se ha convertido en una especie de experimento sociológico. Los vecinos se acercan, bajan la voz como si fueran a revelar un secreto de Estado y preguntan: “¿Usted también lo nota?”. A partir de ahí, la conversación deriva inevitablemente hacia descripciones que uno no esperaba escuchar a plena luz del día y, desde luego, no junto a un árbol que parece salido de un anuncio de colonia.

Lo fascinante es que todo esto tiene una explicación perfectamente razonable, lo cual demuestra, una vez más, que la naturaleza es mucho menos delicada de lo que solemos imaginar. El peral de Callery no huele así por capricho ni por una maldad botánica innata. Lo hace porque necesita atraer polinizadores, y no todos los insectos son tan refinados como las abejas. Algunos, como ciertas moscas y escarabajos, sienten una profunda afinidad por los aromas que nosotros asociamos con la descomposición, el vómito o, en efecto, el semen. Para ellos, ese perfume es una invitación irresistible, algo así como un cartel luminoso que dice “buffet libre”.

El secreto está en las aminas volátiles, unas moléculas que, explicadas de forma sencilla, son parientes cercanas del amoníaco. Estas sustancias aparecen en contextos que rara vez inspiran poesía: materia en descomposición, fluidos corporales y, en general, cualquier cosa que uno preferiría no analizar demasiado. El árbol las produce con la misma naturalidad con la que nosotros producimos sudor, y el resultado es ese aroma inconfundible que ha dado lugar a todo tipo de apodos, algunos de ellos francamente difíciles de repetir en público sin un mínimo de rubor.

Pero la historia no termina ahí, porque el olfato humano es un instrumento extraordinariamente caprichoso. No olemos sustancias puras, sino cócteles complejos de compuestos que nuestro cerebro interpreta con una mezcla de biología y experiencia personal. Es decir, no solo olemos: recordamos, asociamos, juzgamos. Para algunos, ese aroma evocará algo concreto y desagradable; para otros, algo distinto, pero igualmente poco apetecible. Y luego están los que, por alguna razón cultural o incluso sentimental, pueden encontrarle un matiz casi tolerable, del mismo modo que hay quien disfruta del olor de ciertos quesos que, objetivamente, parecen haber pasado por una experiencia traumática.

La culpa, en gran medida, la tienen las rutas que sigue la información olfativa en nuestro cerebro. A diferencia de otros sentidos, el olfato tiene una línea directa con regiones implicadas en la memoria y las emociones, como el hipocampo y la amígdala. Por eso un simple olor puede transportarnos a la infancia o provocarnos un rechazo instantáneo. Es un sistema primitivo, eficaz y, en ocasiones, cruelmente sincero. Si algo huele a peligro —o a comida en mal estado— nuestro cerebro no se detiene a debatirlo: simplemente activa la alarma.

Y aquí es donde la historia del peral ornamental se cruza con una pregunta incómoda: ¿deberíamos seguir plantándolo? Desde un punto de vista estrictamente botánico, el árbol tiene más sombras que luces. No solo es una especie invasora en muchos lugares, capaz de escapar del cultivo y colonizar cunetas y campos con entusiasmo poco civilizado, sino que además aporta este inesperado componente olfativo que, siendo honestos, no mejora precisamente la experiencia urbana.

La planificación del arbolado en una ciudad es un asunto mucho más complejo de lo que parece. No se trata solo de elegir algo bonito y resistente, sino de encontrar un equilibrio entre funcionalidad, ecología y convivencia humana. Los árboles deben dar sombra, amortiguar el viento, contribuir a la biodiversidad y, a ser posible, no provocar debates incómodos entre desconocidos en plena calle. También hay que tener en cuenta el espacio disponible, las infraestructuras subterráneas y ese concepto fascinante llamado microclima, que puede convertir una esquina soleada en una trampa de sombra perpetua.

Luego están los detalles más sutiles, esos que no siempre aparecen en los informes técnicos pero que acaban teniendo una importancia decisiva. Las alergias, por ejemplo, han ganado protagonismo en los últimos años, y con razón. También se consideran factores como la presencia de espinas o la caída de frutos, que pueden convertir un paseo tranquilo en una experiencia ligeramente peligrosa. Y, aunque parezca increíble, el olor no siempre figura entre los criterios principales, pese a que algunas ciudades han demostrado que puede ser un elemento decisivo. Valencia y muchas localidades andaluzas, por ejemplo, han apostado por naranjos que perfuman las calles de una forma mucho más conciliadora.

Por supuesto, el peral de Callery no es el peor de los casos. Existe toda una categoría de árboles urbanos que parecen diseñados para poner a prueba nuestra paciencia. El ailanto, sin ir más lejos, no solo desprende un olor discutible, sino que además puede causar irritaciones cutáneas y tiene la inquietante capacidad de dificultar el crecimiento de otras plantas a su alrededor, como si fuera un vecino particularmente hostil.

En comparación, nuestro peral protagonista es casi entrañable. Un poco incómodo, sí, pero con buenas intenciones. Como ese invitado que llega a una cena con entusiasmo desbordante y un perfume imposible, y al que nadie se atreve a decir nada porque, en el fondo, cae bien.

Quizá esa sea la lección final de esta historia: que la naturaleza, incluso cuando se cuela en la ciudad con las mejores credenciales, no siempre encaja en nuestras expectativas de orden y armonía. A veces trae consigo recordatorios bastante explícitos de su lado más pragmático, ese en el que la supervivencia importa más que la estética y donde el perfume ideal no es el que agrada a los humanos, sino el que atrae a una mosca con criterio discutible.

Mientras tanto, en Alcalá, la primavera ha llegado con toda su belleza… y con un ligero matiz que invitará a algunos a caminar un poco más deprisa.

LA ISLA QUE SE APAGA: CUBA EN LA ERA DE LA PRESIÓN TOTAL

 

Cuba vuelve a asomarse a ese precipicio que en la isla no necesita traducción: el de las crisis que lo abarcan todo. No son solo la economía o la política. Es algo más denso, más atmosférico. Una sensación que se cuela en las casas cuando se apaga la luz, en los hospitales cuando falta combustible, en los aeropuertos cuando los vuelos dejan de llegar. Esta vez, el golpe no ha venido de dentro, ni siquiera directamente de Washington. Ha llegado desde Caracas, pero ha terminado golpeando en La Habana.

La captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero ha desencadenado una reacción en cadena que ha dejado a Cuba expuesta como pocas veces desde el final de la Guerra Fría. Durante años, la alianza entre ambos países fue mucho más que una afinidad ideológica: era un sistema de supervivencia. Venezuela enviaba petróleo; Cuba ofrecía médicos, inteligencia y apoyo político. Un intercambio desigual pero funcional. Ahora, ese engranaje se ha roto de forma abrupta.

Sin el crudo venezolano subvencionado, la economía cubana ha quedado suspendida en el aire. No hay sustituto inmediato, ni red de seguridad. Lo que durante décadas fue un flujo constante de energía se ha evaporado en cuestión de días. Y en una isla donde todo —desde el transporte hasta la producción de alimentos y la atención hospitalaria— depende del combustible, la ausencia se convierte rápidamente en parálisis.

En ese vacío ha entrado Estados Unidos con una rapidez que sugiere planificación más que improvisación. La Administración de Donald Trump ha decidido aprovechar el momento. Desde principios de enero, Washington ha desplegado una estrategia de presión que combina sanciones energéticas, amenazas comerciales y aislamiento financiero. El objetivo es claro: cerrar cualquier vía alternativa de suministro.

El mensaje ha sido directo. Cualquier país que intente abastecer de combustible a Cuba se expone a aranceles o represalias económicas. El efecto ha sido inmediato y, en algunos sectores, devastador. Varias aerolíneas internacionales han suspendido sus rutas hacia la isla tras recibir advertencias de que no podrían repostar en aeropuertos cubanos. Entre ellas, compañías de mercados clave como Canadá o Rusia, pilares del turismo que todavía sostenía parte de la entrada de divisas.

La consecuencia no es solo la reducción de vuelos. Es el estrangulamiento progresivo de uno de los últimos sectores funcionales de la economía cubana. Menos turistas significa menos ingresos, menos divisas, menos capacidad de importar alimentos o medicinas. Es una cadena que se retroalimenta y que, en cuestión de semanas, puede acelerar el deterioro general.

En medio de esa presión creciente, Trump ha ido un paso más allá en el terreno retórico. Esta semana, en una declaración que ha resonado tanto en Washington como en La Habana, afirmó: «Creo que tendré… el honor de tomar Cuba. Ya sea liberarla, tomarla —podré hacer lo que quiera con ella—. Es una nación muy debilitada en este momento». No es solo una frase provocadora. Es una señal política.

Porque, más allá del lenguaje hiperbólico, lo que subyace es una hipótesis estratégica: que Cuba, en su estado actual de vulnerabilidad, podría ser empujada hacia un punto de ruptura. No mediante una intervención militar —al menos no en los términos clásicos—, sino a través de una asfixia económica sostenida que desestabilice el sistema desde dentro.

En esa arquitectura de presión, el papel de Marco Rubio resulta central. Hijo de inmigrantes cubanos y figura clave en la política hacia América Latina, Rubio lleva años defendiendo una línea dura contra el régimen de La Habana. Su diagnóstico es claro y repetido: el problema de Cuba no es externo, sino interno. Es, en sus palabras, «el instinto del régimen por el control total.

Dentro de la Administración Trump, esa visión justifica una estrategia que descarta concesiones y apuesta por el desgaste. Según Rubio, las autoridades cubanas «preferirían estar a cargo de un país moribundo antes que permitirle prosperar». La frase, más allá de su carga ideológica, resume el enfoque de Washington: no hay espacio para una salida negociada si no implica cambios estructurales en el sistema político cubano.

Mientras tanto, la realidad en la isla se mide en indicadores mucho más inmediatos. Esta semana, Cuba ha sufrido un apagón nacional de treinta horas consecutivas, el sexto en apenas dieciocho meses. No se trata de cortes puntuales, sino de fallos sistémicos que afectan a todo el país. Hospitales funcionando con generadores, transporte público prácticamente detenido, universidades trasladando sus clases a formatos improvisados en línea.

Por su parte, el peso cubano sigue cayendo en el mercado informal, reflejo de una economía que se desliza hacia la dolarización de facto sin tener acceso real a dólares. La inflación erosiona los salarios, y la escasez de productos básicos —desde alimentos hasta medicamentos— se ha convertido en un elemento estructural de la vida cotidiana.

En los círculos diplomáticos en La Habana, el lenguaje también ha cambiado. Ya no se habla solo de dificultades, sino de escenarios de contingencia. Embajadas que revisan planes de evacuación, organismos internacionales que calculan reservas de emergencia, informes que advierten de un posible colapso logístico en cuestión de semanas si no se restablece el suministro de combustible.

El Gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, mantiene públicamente una posición de resistencia. Ha rechazado cualquier idea de rendición y ha reiterado su disposición a dialogar con Estados Unidos, aunque «sin presiones ni condiciones previas». Es una fórmula conocida, utilizada en otras crisis, pero que ahora suena más frágil que nunca.

Porque el contexto internacional ha cambiado de forma significativa. En los años noventa, tras el colapso de la Unión Soviética, Cuba logró sobrevivir a lo que denominó “Periodo Especial” gracias, en parte, a una combinación de reformas internas y nuevos apoyos externos. Hoy, ese margen no existe. Ni Rusia ni China han mostrado intención de intervenir de manera decisiva en el plano energético. Su respaldo es, por ahora, más retórico que material.

En América Latina, la respuesta ha sido igualmente limitada. Los gobiernos de izquierda, tradicionalmente cercanos a La Habana, han optado por una cautela que roza la pasividad. La única excepción parcial ha sido México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha ofrecido ayuda humanitaria, aunque cuidadosamente calibrada para evitar una confrontación directa con Washington. En términos prácticos, no es suficiente para sostener el sistema energético cubano.

En este escenario, la sensación que se extiende entre diplomáticos y analistas es que Estados Unidos está probando una hipótesis arriesgada: que la presión económica, llevada al extremo, puede desencadenar un cambio interno en Cuba. No necesariamente inmediato, ni necesariamente ordenado, pero sí suficiente para alterar el equilibrio político de la isla.

Es una apuesta que entraña riesgos. La historia reciente muestra que las crisis profundas no siempre conducen a transiciones democráticas. A veces generan mayor control, mayor represión o simplemente un deterioro prolongado sin desenlace claro.

Por ahora, Cuba avanza hacia ese terreno incierto. Sus dirigentes apelan a la resistencia, su población se prepara para una escasez que ya no parece temporal y su futuro inmediato depende, en gran medida, de decisiones tomadas fuera de sus fronteras. En Washington, en Caracas, en capitales donde la isla es más un tablero geopolítico que un país de once millones de personas.

Y, mientras tanto, en La Habana, la luz sigue apagándose.

LA ENERGÍA QUE EL “ELECTROESTADO” CHINO ALMACENA EN SILENCIO

 

Estados Unidos trabaja en erosionar la red de soporte internacional tejida por China en los últimos 20 años, aprovechando la ventaja de Washington como líder mundial de la energía sucia, pero el gigante asiático tiene la despensa llena de petróleo desde antes de comenzar el conflicto iraní.

El concepto “electroestado” es un término reciente utilizado por algunos analistas de geopolítica y energía para describir a un país cuya base de poder económico, industrial y estratégico descansa en el dominio de la electricidad, especialmente la producida mediante energías renovables y tecnologías electrificadas. El término se ha aplicado a China, porque su estrategia industrial y energética está orientada a sustituir progresivamente la dependencia de combustibles fósiles por un sistema económico basado en la electricidad.

Mientras Occidente entra en pánico ante la posibilidad de que el barril supere los 110 dólares, en Pekín reina una calma inquietante. El gigante asiático observa la crisis con la frialdad de quien lleva años preparándose para ella. Durante meses el debate energético global giró en torno al exceso de oferta, pero el verdadero ganador de esta tormenta no está disparando misiles ni desplegando portaaviones: lleva tiempo llenando depósitos de crudo en silencio.

La geopolítica mundial saltó por los aires a pocas semanas de la esperada cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping. Los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel —bautizados como “Operación Furia Épica”— culminaron con el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. La respuesta de Teherán fue inmediata: una lluvia de misiles y drones contra aliados estadounidenses en la región. La política interna se asentó sustituyendo rápidamente al líder asesinado por su hijo.

El impacto más inmediato se sintió en el agua. El estrecho de Ormuz, por donde circulan unos veinte millones de barriles diarios —aproximadamente el 20% del petróleo mundial—, ha quedado bloqueado de facto. Las tarifas para contratar superpetroleros en la ruta del Golfo a Asia se han disparado y las aseguradoras han elevado las primas de riesgo de guerra. El mercado ha reaccionado con nerviosismo.

Sobre el papel, la crisis debería ser una pesadilla para Xi Jinping. China es el mayor importador de petróleo del planeta y depende del exterior para cerca de tres cuartas partes de su consumo. La estrategia estadounidense parece clara: presionar a los productores que alimentan la maquinaria industrial china con crudo barato.

La ofensiva comenzó antes. A principios de este año, la captura militar de Nicolás Maduro inauguró lo que algunos analistas han bautizado como la “Doctrina Donroe”: el intento de Washington de dominar el mapa energético global. Si Estados Unidos lograra integrar la producción venezolana con la suya propia y con la de Guyana, podría controlar alrededor del 30% de las reservas mundiales.

En teoría, eso debería haber golpeado directamente a Pekín. El petróleo venezolano representaba aproximadamente el 4% de sus importaciones marítimas. Pero la geología y la realidad industrial han frenado el entusiasmo estratégico de Washington. La infraestructura venezolana está tan deteriorada que cargar un superpetrolero puede tardar cinco días, y el crudo llega tan contaminado que varias refinerías asiáticas han cancelado pedidos. Recuperar el sector requeriría inversiones cercanas a los 10 000 millones de dólares anuales durante una década.

La crisis iraní tampoco ha sido menor. China compró el año pasado alrededor del 80% de las exportaciones marítimas de crudo iraní —unos 1,38 millones de barriles diarios—, lo que supone más del 13% de sus importaciones marítimas totales. Durante años, Pekín aprovechó el petróleo sancionado y barato de Irán y Venezuela para alimentar su competitividad industrial. Perder ambos suministros habría sido un golpe serio. Las refinerías independientes chinas —las llamadas “teteras” de la provincia de Shandong— habrían tenido que acudir al mercado abierto, mucho más caro, importando inflación y frenando el crecimiento.

Sin embargo, si los analistas occidentales esperaban ver a China arrinconada, se equivocaban. Pekín lleva años anticipando un escenario de aislamiento energético y ha construido un plan de cuatro pilares para amortiguar crisis como la de Ormuz.

El primero fue el almacenamiento. Mientras en 2025 el mundo temía un exceso de oferta petrolera, China compraba discretamente millones de barriles adicionales. El año pasado gastó unos 10 000 millones de dólares en adquirir 150 millones de barriles que no necesitaba de inmediato, absorbiendo más del 90% de la capacidad de almacenamiento comercial disponible en el planeta. Gracias a una nueva ley energética que obliga a empresas públicas y privadas a mantener reservas, el país dispone hoy de existencias equivalentes a unos tres meses de importaciones.

El segundo pilar es la producción doméstica. Bajo la bandera de la seguridad nacional, China invierte cerca de 80 000 millones de dólares al año en sus campos petroleros estatales. En marzo de 2025 alcanzó un pico de producción de 4,6 millones de barriles diarios y completó la perforación del pozo petrolero más profundo de Asia, con más de diez kilómetros de profundidad. El objetivo no es la rentabilidad inmediata, sino reducir la vulnerabilidad estratégica.

El tercer movimiento ha sido geográfico. Con Irán y Venezuela debilitados, Pekín ha girado hacia Rusia y Arabia Saudí. Las refinerías chinas están absorbiendo volúmenes récord de crudo ruso, mientras Riad ha reducido el precio oficial de su petróleo para ganar cuota en Asia. El resultado es un flujo creciente de barriles hacia los puertos chinos justo cuando otras rutas energéticas se vuelven inciertas.

El cuarto pilar es, paradójicamente, salir del petróleo. China está acelerando su transición energética con una lógica claramente estratégica. El año pasado los vehículos eléctricos representaron aproximadamente la mitad de las ventas de automóviles nuevos en el país. Al mismo tiempo, el nuevo plan quinquenal impulsa una expansión masiva de la energía solar y eólica: solo en un año se añadieron más de 430 gigavatios de capacidad renovable. A diferencia del petróleo que cruza Ormuz, la luz del sol no puede ser bloqueada por una flota militar.

Estados Unidos está asumiendo enormes riesgos militares para dominar los puntos de estrangulamiento del petróleo del siglo XX. Occidente teme un repunte inflacionario que golpee directamente a los consumidores. Pero a miles de kilómetros del caos de Oriente Medio, el tablero energético se ve de otra manera.

China domina ya cerca del 74% de la fabricación mundial de tecnologías renovables y ha utilizado durante años el petróleo barato para financiar su propia transición energética. Mientras el mundo discute sobre barriles atrapados en aguas turbulentas, Pekín observa desde la distancia con los depósitos llenos.

El concepto “electroestado” parte de un contraste histórico. Durante el siglo XX, el poder internacional estuvo muy ligado a los llamados “petroestados”, países que dominaban reservas de petróleo o controlaban las rutas del crudo. En el siglo XXI, según esta interpretación, el poder podría desplazarse hacia los países que controlen la generación eléctrica barata y las tecnologías que la utilizan. En ese sentido, China reúne varias características que explican el término:

Produce cerca de tres cuartas partes de los paneles solares y componentes renovables del mundo.

Es el mayor fabricante de baterías y vehículos eléctricos.

Instala más capacidad solar y eólica cada año que cualquier otro país.

Ha construido una enorme red eléctrica nacional y sistemas de almacenamiento energético.

El objetivo estratégico es claro: sustituir gradualmente la dependencia del petróleo importado por un sistema basado en electricidad doméstica abundante, generada por renovables, nuclear e hidroeléctrica. En ese marco, el “electroestado” no se define solo por producir electricidad, sino por dominar toda la cadena tecnológica de la electrificación: generación, redes, baterías, vehículos, industria y almacenamiento. Según muchos analistas que usan el término, esto podría dar a China en el siglo XXI una posición comparable a la que tuvieron los grandes productores de petróleo en el siglo XX.

Las guerras energéticas rara vez se deciden en el momento del estallido. Se ganan mucho antes, en silencio, cuando nadie está mirando. Y en esta crisis, China parece haber llegado preparada.

EL HOMBRE QUE CAMBIÓ EL AK-47 POR LA CORBATA

 

Una transición bajo vigilancia: Siria intenta renacer tras la caída de Bashar al Asad.

Subió al atril de la Asamblea General de Naciones Unidas con un traje de raya diplomática, corbata roja, un pulcro peinado y una barba bien cuidada. Desde allí, el actual presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, pronunció su discurso con semblante sereno y un tono moderado, casi académico. Pocos habrían reconocido en ese hombre a Abu Mohammad al-Julani, el antiguo líder de Jabhat al Nusra, la rama siria de Al Qaeda, durante años uno de los yihadistas más buscados del planeta.

La escena tenía algo de parábola política. Durante más de una década, el nombre de Julani estuvo asociado a las milicias islamistas que combatieron en la guerra civil siria. Jabhat al Nusra surgió en 2012 como filial de Al Qaeda y se convirtió en una de las fuerzas insurgentes más eficaces contra el régimen de Bashar al Asad. Años después, tras sucesivas mutaciones organizativas y estratégicas, aquella milicia acabaría integrándose en Hayat Tahrir al Sham, el movimiento que terminaría dominando gran parte del noroeste sirio. Cuando el régimen de Damasco colapsó en diciembre de 2024 tras una ofensiva rebelde fulminante, Julani —ya bajo su nombre civil Ahmed al Sharaa— emergió como el hombre fuerte del nuevo país. Hoy es presidente.

Al Sharaa aseguró en su discurso que Siria ha emprendido profundas transformaciones tras la huida de Al Asad. «Desde el mismo momento en que cayó el régimen anterior, establecimos una política estratégica clara construida sobre tres pilares: diplomacia equilibrada, seguridad y estabilidad, y desarrollo económico», afirmó. «Estamos construyendo instituciones y leyes que garanticen los derechos de todos sin excepción».

En el plano internacional, su gobierno ha cosechado algunos éxitos notables. Estados Unidos, Naciones Unidas y varios países occidentales han levantado progresivamente sanciones que durante años asfixiaron la economía siria. Al Sharaa ha visitado el Kremlin y también el Despacho Oval, convirtiéndose en el primer presidente sirio en hacerlo. En términos diplomáticos, Siria ha dejado de ser un Estado paria.

Pero dentro del país la historia es más compleja. Un año después de la caída del régimen, Naciones Unidas ofrece un balance ambivalente. Desde la oficina de Derechos Humanos reconocen algunos avances: la creación de comisiones nacionales de justicia transicional y de búsqueda de desaparecidos, o la celebración de unas elecciones preliminares para elegir un Parlamento provisional. Son señales de institucionalización en un país que durante décadas estuvo dominado por un aparato de seguridad omnipresente.

Al mismo tiempo, persisten sombras inquietantes. «Continuamos recibiendo denuncias preocupantes de ejecuciones sumarias, asesinatos y abducciones arbitrarias, a menudo dirigidas contra miembros de comunidades acusadas de afinidad con el antiguo gobierno», advertía recientemente Thameen Al Kheetan, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU.

La violencia contra la comunidad alauí —la minoría chií a la que pertenecía la familia Asad— reavivó este año uno de los mayores temores desde el colapso del régimen: el riesgo de que Siria derive hacia un conflicto sectario. En marzo, hombres armados, muchos afiliados a Hayat Tahrir al Sham, llevaron a cabo ataques coordinados en más de treinta localidades alauíes, con cientos de muertos.

No fue el único episodio. En verano, enfrentamientos en la ciudad drusa de Suweida dejaron alrededor de 1 200 muertos y miles de desplazados. La violencia ha reabierto heridas profundas y ha recordado a muchos el origen yihadista del propio presidente. Otros, simplemente, dudan de su capacidad para controlar a las facciones más radicales de su movimiento o a sectores indisciplinados de unas fuerzas armadas aún en proceso de reorganización.

Las sospechas recaen también sobre la propia genealogía política del nuevo poder. Hayat Tahrir al Sham, el movimiento que hoy domina el aparato estatal, nació de la antigua red insurgente vinculada a Al Qaeda. Aunque Al Sharaa insiste en que su proyecto político ha evolucionado hacia un modelo nacionalista y pragmático, la memoria de esa procedencia sigue pesando.

Mientras tanto, la nueva Siria afronta una tarea colosal: reconstruir un país devastado. Según estimaciones del Banco Mundial, la guerra provocó una caída del 53 % del PIB sirio entre 2010 y 2022. La destrucción material es inmensa. Las infraestructuras básicas —agua potable, electricidad, hospitales, transporte— representan cerca del 48 % de los daños totales. A ello se suman ciudades enteras reducidas a escombros. El coste estimado de la reconstrucción asciende a unos 216 000 millones de dólares.

Para el gobierno de Damasco, esa es ahora la prioridad absoluta. Pero el desafío es descomunal. El Banco Mundial calcula que los costes de reconstrucción superan en diez veces el PIB proyectado de Siria para 2024. Al Sharaa ha firmado acuerdos de inversión con varios países de la región. Las petromonarquías del Golfo —Arabia Saudí y Catar— han prometido fondos para infraestructuras, mientras que Turquía participa en proyectos de transporte y energía. Aun así, el horizonte sigue siendo incierto y cualquier estallido de violencia interna podría ralentizar los avances.

El coste humano de la guerra sigue siendo aún más devastador. Entre 300 000 y 470 000 personas murieron en el conflicto. Más de seis millones huyeron al extranjero y once millones fueron desplazadas dentro del país. Tras catorce años de guerra, Siria está profundamente desestructurada socialmente. Hoy, cerca del 90% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.

Aun así, la caída del régimen de Asad abrió una ventana de esperanza. Según datos de ACNUR, entre diciembre de 2024 y junio de 2025 más de un millón de refugiados sirios regresaron al país. Muchos volvieron a ciudades irreconocibles, barrios convertidos en montañas de hormigón roto y campos abandonados.

La euforia inicial por el final de una dictadura de décadas ha ido dando paso a un sentimiento más prudente. La reconstrucción será larga, los fantasmas del pasado siguen presentes y la nueva Siria deberá aprender a caminar sobre un terreno político frágil. Incluso las amenazas externas —la más reciente, la tensión con Israel— añaden presión a una transición que todavía está lejos de consolidarse.

Quizá por eso la imagen del presidente en Naciones Unidas resulta tan simbólica. El hombre que durante años fue conocido como Abu Mohammad al Julani —combatiente islamista, líder insurgente, comandante de milicia— aparece ahora vestido con traje oscuro y corbata diplomática ante el mundo.

Cambió el AK-47 por la corbata. Pero Siria aún tiene que demostrar que también ha cambiado de destino.

HEZBOLÁ, EL PARTIDO DE DIOS

 

Las banderas de Hezbolá ondean en el sur de Beirut

La huida de sus hogares de cientos de miles de civiles libaneses no es un simple daño colateral del enfrentamiento militar de Estados Unidos e Israel con Irán, sino que supone un nuevo y trágico fracaso en el respeto al derecho internacional y un peligroso factor de desestabilización para un país de cinco millones de habitantes, muy fragmentado política y religiosamente, que no acaba de sacudirse el estigma de la guerra.

La población libanesa es rehén del nuevo enfrentamiento a gran escala entre Hezbolá e Israel, que no parecen tener miramiento alguno con una ciudadanía extenuada tras años de hostilidades. Esta vez, al control férreo de los milicianos islamistas se le suman las órdenes israelíes de evacuación, que vulneran claramente el derecho internacional humanitario. Si la milicia se opone al desplazamiento forzoso de civiles no es por cuestiones morales sino porque pierde una cobertura de la que se ha aprovechado durante décadas.

Ocho países en el mundo entre ellos Estados Unidos han incluido a toda la organización de Hezbolá o Hizbulá dentro de la lista de grupos terroristas. Otros, como los veintiocho de la Unión Europea, Australia o Argentina lo han hecho solo con el brazo armado. No obstante, el propio Hezbolá no establece diferencia entre sus distintas ramas y la consideran parte de un todo. Para muchos observadores, la compleja organización a veces parece un “estado dentro de un Estado”. Quizá por eso se ha convertido en un actor de vital importancia en toda la región: forma parte del llamado “creciente chií”.

Desde sus inicios, el movimiento ha mantenido un gran secretismo sobre sus estructuras. Hezbolá, que en árabe significa el Partido de Dios, surgió en un contexto de guerra civil como el gran movimiento de protección de la comunidad chií libanesa bajo el patrocinio del Irán del ayatolá Jomeini. Treinta y cuatro años después, la organización libanesa se ha convertido en un actor determinante en la vida del país.

Su origen se fecha en 1982, como resultado de la unión de varios grupos religiosos chiís de Líbano, la mayoría de ellos financiados por Irán, y la incorporación de algunos desencantados del popular y más moderado grupo chií, Amal. Sin embargo, no se formalizó hasta que en febrero de 1985 estos grupos publicaron la “Carta Abierta a los Oprimidos en el Líbano y el Mundo” en la que afirmaba que su razón de ser era la expulsión de los ocupantes israelíes de Líbano, Palestina y Jerusalén. El manifiesto se revisó en 2009 para eliminar la parte que reclamaba un Estado islámico y afirmar el compromiso de Hezbolá de trabajar dentro del marco de un Estado libanés multisectario, dando lugar al autoproclamado Partido de Dios.

Desde su creación, Hezbolá ha mantenido tres pilares ideológicos que inspiran sus decisiones estratégicas: La resistencia contra Israel, el Islam como sistema absoluto y la obediencia al líder espiritual de Irán (Waly al Faquih) que en sus inicios fue el ayatolá Jomeini y ahora es Alí Jamenei hijo. La organización fue asesorada y formada por las tropas de élite de Irán, los Guardianes de la Revolución, y aún siguen recibiendo su asesoramiento, entrenamiento y apoyo. De hecho, el escudo de Hezbolá y el de las tropas de elite iraní guardan una gran similitud.

La cadena de mando del Partido de Dios está construida a modo y manera de la iraní. Los máximos dirigentes forman el Consejo Consultivo, compuesto por siete miembros, la mayoría de ellos clérigos formados en escuelas coránicas chiíes de Irán e Irak. Entre ellos hay un primus inter pares, el secretario general, con atribuciones especiales, y un vicesecretario general. De este Consejo dependen todas las decisiones estratégicas y sólo rinde cuentas al líder espiritual de Irán, aunque en la práctica lo combina con su propia hoja de ruta doméstica.

Bajo el Consejo Consultivo se organiza un Departamento político y administrativo que coordina a cinco consejos —el judicial, el parlamentario, el ejecutivo, el ‘politburó’ y el de la ‘Jihad’—con atribuciones en las respectivas materias.

La mayor fuerza de Hezbolá reside en el fuerte apoyo social con el que cuenta. En buena medida, esa influencia la logra por su capacidad de ofrecer las asistencias propias de un Estado allí donde no llega (o no se lo permiten) el Estado libanés. Los beneficiados son las clases más humildes, nutridas en su mayoría por chiíes. Allí, su presencia política, social o militar es constante y tenaz.

La organización tiene escuelas, hospitales, centros de salud, cadenas de televisión y servicios policiales con los que ofrece asistencia a los sectores de la población que habitan los territorios que dominan. Por eso se acostumbra a calificar a Hezbolá como un “estado paralelo”, que, como si fueran ministerios, se organiza en ocho unidades (social, sanitaria, educación, sindical, finanzas, relaciones exteriores, información y coordinación) desplegadas en tres regiones: los suburbios de Beirut, el Valle de la Beqaa y el sur de Líbano.

Ver Hezbolá en un mapa más grande

Hezbolá cuenta con un Consejo Militar que solo rinde cuentas al Consejo Consultivo, y que coordina otras dos estructuras: un órgano de seguridad interna y un ejército miliciano llamado Resistencia Islámica. El órgano de seguridad interna actúa como una suerte de servicio secreto tentacular. Su composición es alto secreto y la desconocen incluso para algunos mandos de máximo nivel de la organización. Según varios autores, depende directamente del secretario general de Hezbolá, actualmente Naim Qassem.

La Resistencia Islámica es el poderoso ejército guerrillero de la organización. Ha sido la única fuerza militar capaz de plantar cara a Israel desde que las tropas jordanas llegaran a las puertas de Jerusalén en 1948. Lo hizo en la guerra de Líbano de 2006, que terminó con la retirada israelí. Se desconoce el número de milicianos con los que cuenta. Según el Gulf Research Centre de Catar, entre 6.000 y 15.000 milicianos. Según la agencia de noticias iraní Fars, son más de 65.000. Realmente es difícil de saber ya que ambas cifras proceden de fuentes interesadas.

La Resistencia Islámica es disciplinada y altamente cualificada. Maestra en la guerra de guerrillas, cuenta con todo tipo de batallones y divisiones, desde soldados rasos o francotiradores entrenados por Irán, a divisiones especializadas en el lanzamiento de misiles y cohetes. La organización cuenta además con un sofisticado armamento que consigue adaptar a las circunstancias. Desde cohetes Katyusha (una versión del Grad) hasta misiles Fajr-3, Fadjr 5 y Zelzal 1 de fabricación iraní, con un alcance de 150 kilómetros.

Junto con Irán, Hezbolá es uno de los actores que conforman lo que algunos expertos han llamado ‘el “creciente chií”. Aunque la organización trata de marcar independencia en cuestiones estratégicas y apuesta más por la “agenda doméstica”, su obediencia al líder supremo iraní le compromete en estrategia regional con Irán, su gran patrocinador.

El cordón umbilical que le une a Teherán era la desaparecida Siria de Asad, socio y aliado que le concedía una continuidad territorial entre Irán y Líbano. De ahí que el compromiso de la organización en la guerra siria fuera también una cuestión de supervivencia. Con la caída del régimen de Bachar Al Asad, ese vínculo tan estrecho ha mermado mucho y la relación ha enfrentado tensiones recientes y cambios significativos.

A principios de 2026 han surgido enfrentamientos directos en la zona fronteriza sirio-libanesa, con el ejército sirio tomando medidas contra el contrabando y milicianos de Hezbolá en áreas como Al-Qusayr. En marzo de 2026, el ejército sirio ha acusado a Hezbolá de disparar proyectiles contra su territorio. A pesar de estos choques de intereses en la frontera, ambos siguen siendo parte de la alianza estratégica contra Israel en la región.

LA ISLA DEL TESORO NEGRO

 

Hay lugares diminutos que pesan más que muchos países. En la geografía estratégica del petróleo existe uno de esos puntos casi invisibles en el mapa: la isla de Kharg. Apenas mide unos ocho kilómetros de largo y está situada en el Golfo Pérsico, a unos treinta kilómetros de la costa de Irán. Vista desde un satélite parece una mancha alargada en el agua. Sin embargo, en determinados momentos de tensión internacional, ese pequeño pedazo de tierra puede influir en el precio del petróleo en todo el planeta y convertirse en una pieza clave en los cálculos militares de las grandes potencias.

La explicación es sencilla y, al mismo tiempo, profundamente reveladora de cómo funciona la economía energética global. Kharg es el principal terminal de exportación de petróleo de Irán. Durante décadas ha sido el punto por el que sale al mar la mayor parte del crudo iraní destinado a los mercados internacionales. Algunas estimaciones sitúan en torno al noventa por ciento del petróleo exportado por Irán el volumen que pasa por sus instalaciones. En otras palabras, es el gran grifo energético del país.

La isla se encuentra en el norte del Golfo Pérsico, relativamente cerca de la costa iraní y también de las principales rutas marítimas por las que circulan los petroleros hacia el estrecho de Ormuz. Esa proximidad geográfica tiene una lógica histórica. Irán desarrolló allí sus terminales porque las aguas profundas permiten la llegada de superpetroleros y porque desde el interior del país pueden llegar fácilmente los oleoductos que transportan el crudo desde los grandes campos petrolíferos del suroeste, especialmente los de la provincia de Juzestán.

Antes de convertirse en una pieza clave del sistema energético mundial, Kharg tenía una historia mucho más modesta. Durante siglos fue un enclave pequeño, conocido por sus palmerales y por su posición estratégica en las rutas comerciales del Golfo. En el siglo XVIII fue ocupada por comerciantes holandeses y más tarde pasó a estar bajo control persa. Su verdadero salto a la geopolítica internacional llegó con el auge de la industria petrolera en el siglo XX.

Cuando el petróleo se convirtió en el motor energético del mundo industrial, Irán —entonces Persia— empezó a desarrollar infraestructuras para exportar grandes volúmenes de crudo. Kharg ofrecía varias ventajas: un fondeadero natural adecuado para buques de gran tamaño, una distancia relativamente corta hasta los campos petrolíferos y una posición protegida dentro del Golfo. A partir de los años cincuenta y sesenta la isla comenzó a transformarse en un gigantesco complejo industrial, con enormes tanques de almacenamiento, terminales de carga y sistemas de bombeo capaces de llenar en pocas horas las bodegas de los petroleros.

La revolución iraní de 1979 y la posterior guerra entre Irán e Irak situaron definitivamente a Kharg en el centro del tablero estratégico. Durante la llamada “guerra de los petroleros” en los años ochenta, Irak bombardeó repetidamente la isla con el objetivo de paralizar las exportaciones iraníes. La lógica militar era evidente: si se golpea el punto por el que sale el petróleo, se golpea la principal fuente de ingresos del adversario.

Los ataques fueron intensos y la infraestructura sufrió daños importantes, pero Irán logró mantener la instalación operativa durante buena parte del conflicto. Aquellos episodios dejaron una lección muy clara para los estrategas energéticos: en el mercado petrolero global existen nodos extremadamente sensibles. Kharg es uno de ellos.

El petróleo funciona como una red gigantesca de tuberías, refinerías, puertos y rutas marítimas. En esa red hay puntos que concentran grandes volúmenes de flujo. Cuando uno de esos puntos se ve amenazado o interrumpido, el impacto se transmite inmediatamente al mercado internacional. No es necesario que se corte el suministro de manera efectiva. Basta con que exista la posibilidad de una interrupción para que los precios reaccionen.

La isla de Kharg es un ejemplo perfecto de ese fenómeno. Si su terminal quedara fuera de servicio, incluso temporalmente, una parte significativa del petróleo iraní desaparecería del mercado. Irán es uno de los grandes productores de hidrocarburos del planeta. Una reducción súbita de sus exportaciones generaría tensiones en el suministro global, especialmente en un contexto donde la demanda energética sigue siendo elevada.

Los mercados del petróleo reaccionan con gran sensibilidad a estos riesgos. Los operadores financieros no esperan a que se produzca un ataque o una interrupción física. El simple aumento de la incertidumbre ya provoca movimientos en el precio del crudo. Cuando la estabilidad de una infraestructura estratégica como Kharg se pone en duda, el mercado incorpora ese riesgo en las cotizaciones.

Esto explica por qué, en momentos de crisis en Oriente Medio, los analistas energéticos miran con atención lugares que apenas aparecen en los atlas escolares. Un archipiélago, un estrecho marítimo o una pequeña isla industrial pueden tener un efecto desproporcionado sobre la economía global.

Kharg no es solo un punto de exportación. También es una especie de válvula de presión geopolítica. Para Irán, la isla representa la conexión directa entre su riqueza petrolera y los mercados internacionales. Para sus adversarios potenciales, es un objetivo que podría debilitar seriamente la economía iraní si llegara a ser neutralizado.

En los debates estratégicos que se producen en Washington, Tel Aviv o las capitales del Golfo, Kharg aparece con frecuencia como una pieza clave en escenarios de conflicto. Controlar la isla —o impedir su funcionamiento— equivaldría a intervenir directamente en el flujo de ingresos del Estado iraní. En un sistema internacional donde los hidrocarburos siguen siendo un factor central de poder, ese control tendría implicaciones enormes.

Pero también existen riesgos evidentes. Atacar o ocupar una instalación petrolera de esa magnitud podría desencadenar una escalada militar de consecuencias imprevisibles. Además, la interrupción prolongada de las exportaciones iraníes tendría efectos en los precios mundiales del petróleo, algo que afectaría tanto a países importadores como a productores.

Por esa razón, Kharg se ha convertido en un símbolo de las fragilidades del sistema energético global. El mundo consume decenas de millones de barriles de petróleo cada día, pero una parte significativa de ese flujo depende de infraestructuras concentradas en puntos muy concretos del mapa.

En términos físicos, Kharg es una isla pequeña, casi insignificante. En términos estratégicos, es una de las bisagras del mercado petrolero internacional. Su tamaño reducido no impide que concentre una enorme capacidad de carga y almacenamiento. Desde sus terminales parten petroleros que transportan millones de barriles hacia Asia, Europa y otros mercados.

Por eso, cuando las tensiones geopolíticas aumentan en el Golfo Pérsico, la isla vuelve a aparecer en los informes de los analistas energéticos. No es solo una cuestión militar. Es también un indicador del equilibrio entre oferta y demanda en el sistema energético mundial.

La paradoja es evidente. En un planeta que se mueve a escala continental, donde los flujos comerciales atraviesan océanos y los mercados financieros operan en tiempo real, un territorio de ocho kilómetros puede adquirir una relevancia desproporcionada. La isla de Kharg demuestra que la geografía sigue teniendo un peso decisivo en la política internacional. 

A veces la historia se decide en lugares muy pequeños. Y en el caso del petróleo, esos lugares suelen estar rodeados de agua, tuberías y barcos cargados de crudo que parten hacia el resto del mundo.

SIN BOTAS SOBRE EL TERRENO

 

El fin de la Guerra Fría trajo unos años de euforia. Parecía que el bien —la democracia liberal y el capitalismo de mercado— había ganado la partida para siempre. Incluso hubo quien proclamó que la historia había terminado. Lo escribió Francis Fukuyama en un libro de 1992 que se hizo famosísimo y que hoy se recuerda sobre todo por lo espectacularmente equivocado de sus pronósticos, lo cual es una desgracia considerable en un libro dedicado a hacer pronósticos.

Ese mismo año Estados Unidos se metió en la guerra de Somalia. El desembarco fue casi cinematográfico: marines llegando a la playa bajo las luces de los focos y con las cámaras de la CNN retransmitiendo en directo. Aquello parecía el comienzo de una misión humanitaria ejemplar. Como tantas veces en política internacional, la escena era más sencilla que la realidad.

Somalia era —y sigue siendo— un lugar complicado, con muchos clanes, muchas armas y poca paciencia con los extranjeros que llegan a arreglar las cosas sin haber sido invitados a la fiesta. La misión terminó en desastre tras la batalla de Mogadiscio en 1993, cuando las milicias locales derribaron varios helicópteros estadounidenses. La escena inspiró después la película Black Hawk derribado. Somalia, treinta y cuatro años después de la cinematográfica invasión playera, sigue partida en varios trozos y con un grupo yihadista, Al-Shabaab, surgido en aquel caos, que todavía hoy combate al debilitado gobierno central.

Después llegó el 11 de septiembre de 2001. Tras los atentados contra las Torres Gemelas, Estados Unidos invadió Afganistán para capturar a Osama bin Laden y echar del poder a los talibanes. Los talibanes eran un movimiento bastante peculiar: una mezcla de guerrilla religiosa y medievalismo armado que, curiosamente, había recibido ayuda estadounidense durante la guerra contra los soviéticos. La historia está muy bien contada en la película La guerra de Charlie Wilson, donde un congresista tejano y un agente de la CIA ayudan a financiar a los muyahidines afganos para que disparen misiles contra los helicópteros soviéticos.

Veinte años después, en 2021, los estadounidenses se marcharon de Afganistán. Los talibanes regresaron al poder con una rapidez sorprendente y con un programa político que no parecía haber evolucionado demasiado desde los años noventa.

Fuerzas armadas británicas evacuan a afganos en el aeropuerto de Kabul. Lphot Ben Shread/Cedida por el Gobierno británico.

Pero la gran aventura militar de principios de siglo fue otra. George W. Bush —un presidente al que hoy algunos recuerdan con cierta nostalgia, lo cual dice bastante sobre la evolución del panorama— convenció a varios aliados, entre ellos Tony Blair y José María Aznar, para invadir Irak. El argumento era que el régimen de Saddam Hussein escondía armas de destrucción masiva que amenazaban al mundo.

Irak era entonces un país debilitado por décadas de conflictos. Desde finales de los años setenta Saddam Hussein gobernaba mediante un régimen autoritario sostenido por el partido Baaz. El país había quedado exhausto tras la guerra contra Irán en los años ochenta y la guerra del Golfo de 1991, que empezó cuando Irak decidió invadir Kuwait. Después llegaron las sanciones internacionales, el aislamiento y una economía cada vez más deteriorada. El régimen seguía siendo fuerte en lo interno, pero el país era una olla a presión.

La invasión de marzo de 2003 fue rápida. Las tropas estadounidenses entraron en Bagdad en pocas semanas, el régimen se derrumbó y Saddam Hussein fue capturado ese mismo año. En 2006 sería ejecutado tras un juicio organizado por el nuevo gobierno iraquí. La victoria militar fue fulgurante. La paz, en cambio, nunca llegó.

El colapso del Estado iraquí desencadenó una insurgencia armada, atentados terroristas y una guerra sectaria entre suníes y chiíes que dejó miles de muertos y ciudades enteras destrozadas. En ese caos apareció Al-Qaeda en Irak, que más tarde evolucionaría hacia el llamado Estado Islámico (ISIS). Durante algunos años el ISIS llegó a controlar territorios enormes y ciudades importantes como Mosul.

Irak terminó adoptando un sistema político formalmente democrático. Pero el país sigue siendo frágil, con instituciones débiles, una enorme influencia de Irán y una violencia que aparece y desaparece como una enfermedad mal curada.

Mientras tanto, en 2010, la administración de Barack Obama saludó con entusiasmo el comienzo de la llamada Primavera Árabe. El fenómeno empezó en otoño y en Túnez, que por cierto no es un país árabe, lo cual ya daba alguna pista de que el nombre no era del todo preciso.

Quince años después el balance es desalentador. En varios países las protestas terminaron en guerras civiles, como en Siria, Libia o Yemen. En otros casos los regímenes autoritarios regresaron con más fuerza, como en Egipto. El único experimento democrático que parecía funcionar, el de Túnez, también se ha ido debilitando con el tiempo.

La lección, si es que hay alguna, es bastante conocida: derribar un régimen autoritario suele ser relativamente fácil; construir un Estado democrático estable resulta infinitamente más complicado.

Libia hoy está partida en dos gobiernos rivales y varias milicias. Siria vivió más de una década de guerra civil y ahora está gobernada por un antiguo combatiente yihadista que ha cambiado el uniforme por la corbata. La Casa Blanca habla de movilizar a los kurdos contra Irán, pese a que Donald Trump ya los dejó abandonados en Siria en 2019 después de utilizarlos para combatir al ISIS. La historia se repitió en 2025.

La relación entre Estados Unidos e Irán tampoco es sencilla. En 1953 Washington lideró el derrocamiento del primer ministro democrático iraní, Mohamed Mosaddeq, después de que decidiera nacionalizar el petróleo. El golpe restauró el poder del sah. Años después llegó la revolución islámica de 1979 y el ayatolá Jomeini.

En junio de 2025 Donald Trump ordenó bombardear Irán y anunció que el país ya no sería una amenaza nuclear durante años. Ahora, en marzo de 2026, asegura que los iraníes estaban a punto de fabricar la bomba. Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo que acabaría con las guerras interminables. En su primer año ha bombardeado siete países distintos. En algunos casos, como Nigeria, todavía no está del todo claro por qué. Tampoco sabemos exactamente qué motivó el ataque contra una escuela de niñas en Irán que dejó 180 muertos.

Durante sus campañas presidenciales —especialmente en 2016 y de nuevo en 2024— Trump insistió en una idea central: Estados Unidos debía abandonar las aventuras militares que habían marcado su política exterior desde el 11-S. Criticó con dureza las guerras de Irak y Afganistán porque, decía con bastante razón, habían costado billones de dólares, miles de vidas estadounidenses y no habían traído estabilidad a la región.

Prometió reducir la presencia militar en conflictos prolongados y evitar las intervenciones destinadas a reconstruir países. Para resumir esa idea utilizó con frecuencia una expresión que se había vuelto común en Washington: “no boots on the ground”, es decir, nada de enviar grandes contingentes de tropas terrestres a ocupar territorios extranjeros.

La fórmula era sencilla: ataques aéreos, drones, misiles, operaciones especiales si hacía falta, pero sin marines patrullando calles lejanas. Ahora parece que Trump está considerando hacer una excepción. El escenario sería una pequeña isla llamada Kharg, situada a unos treinta kilómetros de la costa iraní. Es un lugar diminuto, pero estratégicamente decisivo: por allí pasa la mayor parte del petróleo que exporta Irán. En los círculos estratégicos la llaman el interruptor del petróleo iraní.

La idea sería ocuparla con marines o fuerzas de intervención rápida para controlar el flujo de exportaciones. Eso, naturalmente, implicaría algo que durante años se prometió evitar: botas sobre el terreno.

Pero esa, en realidad, ya es otra historia.