VIVIENDA: SIETE RECHAZOS Y UN SIGLO DE MEMORIA

 

Una de las ventajas de la política española es que permite denunciar un problema, rechazar una medida destinada a combatirlo y regresar al día siguiente para denunciar que nadie hace nada. Con la vivienda, esa secuencia se ha convertido en una costumbre. Tras el fracaso de los dos últimos decretos, vuelve a oírse que el Gobierno reaccionó a última hora, después de años cruzado de brazos.

Esa es la postura que sintetiza una simpleza lanzada por el cocinero José Andrés con la seguridad y el aplomo de una ignorancia propia de barra de bar: «Tenemos un Gobierno que lleva ocho años en el poder y, de golpe ahora, en el último segundo, ahora, nos acordamos de la vivienda». Como solución, José Andrés, que, como todos los reaccionarios ignorantes, dice que el de la vivienda no es un asunto de «izquierdas ni de derechas» plantea una reflexión: «España es un gran cocido riquísimo y donde si tares buenos ingredientes, los cuidas con esmero, el resultado es muy bonito. Pero no hay interés en hacer esa olla común». Acabáramos.

A la acusación algunos otros “cuñaos” añaden otra: proteger a los inquilinos mediante prórrogas y límites al alquiler sería una antigualla franquista. Ambas afirmaciones tienen un inconveniente: los documentos.

Empecemos por la primera cuestión recordando que juzgar resultados exige conocer las decisiones tomadas, las administraciones responsables y los votos emitidos. La historia reciente de la vivienda no comienza con los decretos de septiembre de 2026, igual que la protección del inquilino no nació con Franco.

En marzo de 2019, el Gobierno socialista aprobó el Real Decreto-ley 7/2019. Amplió de tres a cinco años la prórroga obligatoria de los contratos cuando el arrendador era una persona física y a siete cuando era una persona jurídica. No obligaba al inquilino a permanecer ese tiempo: le permitía conservar la vivienda durante ese periodo en los términos legales. También limitó determinadas garantías adicionales y amplió la prórroga tácita. La Diputación Permanente lo convalidó el 3 de abril por 33 votos contra 31, con una abstención. PP y Ciudadanos votaron en contra. Vox todavía no tenía diputados.

En 2020, mientras la pandemia paralizaba buena parte de la economía, el Gobierno de coalición aprobó el Real Decreto-ley 11/2020: suspensión de determinados desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, prórrogas extraordinarias de contratos, moratorias y ayudas al alquiler. El escudo se prolongaría mediante normas posteriores. Conviene ser exactos: PP y Vox se abstuvieron en su convalidación del 9 de abril. Queda acreditado que la protección habitacional estaba legislada seis años antes de los últimos decretos.

En marzo de 2021, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció que elevaba a 100 000 viviendas el objetivo de su plan de alquiler asequible, combinando parque público, movilización de inmuebles y colaboración con entidades privadas. Era un objetivo, no un balance de viviendas entregadas. Al mismo tiempo avanzaba la negociación de una ley estatal de vivienda. El Consejo de ministros aprobó su remisión a las Cortes el 1 de febrero de 2022: vivienda protegida, parques públicos, atención a hogares vulnerables y un mecanismo para declarar zonas de mercado residencial tensionado.

Ese año llegó también el límite extraordinario del 2% a determinadas actualizaciones anuales del alquiler, incorporado al Real Decreto-ley 6/2022 de respuesta a la guerra en Ucrania. Con sus condiciones y excepciones, trataba de evitar que la inflación se trasladara íntegramente a las rentas. El Congreso convalidó el paquete el 28 de abril. Por tanto, ni la intervención en los alquileres ni el proyecto de una regulación más amplia aparecieron de repente ante las últimas protestas.

El 27 de abril de 2023, el Congreso aprobó la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda con 176 votos favorables y 167 contrarios. PP y Vox votaron en contra. La Ley 12/2023 estableció el primer marco estatal de la etapa democrática dedicado al derecho a la vivienda. No prometía que una firma ministerial pudiera resolver cualquier mercado local: articulaba instrumentos cuya aplicación dependía también de comunidades autónomas y ayuntamientos. Esa distribución de responsabilidades es fundamental para entender lo que vino después.

El Gobierno central no puede declarar unilateralmente cualquier barrio como zona tensionada. La activación del mecanismo corresponde a la administración competente en vivienda, siguiendo el procedimiento legal. Las comunidades disponen de amplias competencias sobre vivienda y urbanismo; el Estado conserva atribuciones relevantes sobre contratos, legislación procesal, financiación y condiciones básicas de igualdad. Quien atribuye todo el problema a Madrid debe explicar qué hacen los gobiernos autonómicos con sus propias facultades.

Las comunidades gobernadas por el PP anunciaron en 2023 su rechazo a declarar zonas tensionadas. Hubo también recursos de inconstitucionalidad contra distintos artículos, presentados por gobiernos e instituciones de colores diversos. Cataluña y el País Vasco recurrieron cuestiones competenciales: no deben colocarse por ello en la lista de autonomías del PP. Tampoco todo recurso constituye un boicot. El Constitucional anuló algunos preceptos y mantuvo otros; en 2026 desestimó el recurso madrileño. Defender el ámbito autonómico es legítimo. Afirmar que el Estado invade competencias y exigirle después que resuelva por sí solo el alquiler es políticamente bastante más difícil de explicar.

Además, las posiciones autonómicas han evolucionado y no cabe describirlas como un bloque inmutable. Lo que sí puede señalarse es la responsabilidad de quienes deciden no activar una herramienta disponible. Andalucía sigue defendiendo expresamente su decisión de no declarar zonas tensionadas. Puede sostener que ese mecanismo no funciona y proponer otro, pero debe responder también por su alternativa. La negativa a utilizarlo impide aplicar las medidas vinculadas a esa declaración: tiene consecuencias, no es una mera discusión de nombres.

Por el contrario, otras comunidades se pusieron manos a la obra para ejecutar sus competencias y demostrar que, si todas las autonomías se empeñasen, otro gallo cantaría. En su primer debate de política general (8/10/2024) Salvador Illa lanzó un programa para construir 50 000 viviendas públicas hasta 2030. ¿Cómo? Aportando 4 400 millones, agilizando la creación de suelo, los plazos de trámite y entrega y la colaboración con municipios y actores privados. Al filo de los dos años, se han entregado 12 599 pisos, otros 7 000 se han iniciado y 25 943 están “en proceso”, a punto de obras. Lo que demuestra que aunque urge reformar la Ley del Suelo para agilizar, incluso con la actual se puede actuar.

En cambio, a la resistencia planteada por la mayoría de las CCAA se añade el registro de siete iniciativas rechazadas con los votos contrarios de PP, Vox y Junts desde septiembre de 2024. La primera fue la proposición de Sumar, respaldada por el PSOE, para regular los alquileres de temporada y por habitaciones. Buscaba impedir que esas modalidades se emplearan para eludir las garantías del alquiler residencial. Cayó el 17 de septiembre por 178 votos contra 172. Junts había anunciado su abstención, pero terminó votando con PP y Vox.

La segunda fue el Real Decreto-ley 9/2024, rechazado el 22 de enero de 2025. Incluía pensiones, transporte y protección frente a determinados desahucios: 177 votos contrarios y 171 favorables. La tercera llegó el 27 de enero de 2026, cuando cayó el Real Decreto-ley 16/2025, que prolongaba el escudo social. La cuarta, el 26 de febrero, fue el Real Decreto-ley 2/2026, que volvió a presentar la moratoria de desahucios después de separar otras medidas. PP, Vox y Junts votaron negativamente en los tres casos.

El quinto rechazo se produjo el 28 de abril de 2026. El Real Decreto-ley 8/2026 contemplaba prórrogas extraordinarias de hasta dos años para determinados contratos y límites a las actualizaciones de renta. Fue derrotado por 177 votos contra 166, con cinco abstenciones del PNV. El sexto y el séptimo son los del pasado 2 de octubre: los reales decretos-leyes 26 y 27/2026, sobre protección y oferta asequible de vivienda y estabilidad de los arrendamientos. PP, Vox y Junts rechazaron ambos; PNV y Coalición Canaria se sumaron al rechazo del segundo.

Son seis decretos gubernamentales y una proposición parlamentaria en la actual legislatura, no siete políticas completamente distintas: varias protecciones se presentaron de nuevo porque habían sido derribadas. Esa precisión no debilita la conclusión. Durante años hubo reformas aprobadas, proyectos negociados y textos rechazados. Los resultados pueden ser insuficientes, pero la afirmación de que todo nació de una improvisación reciente no resiste esa cronología.

La acusación de franquismo resiste todavía menos. El Real Decreto de 21 de junio de 1920, impulsado por Gabino Bugallal bajo Alfonso XIII, estableció prórrogas obligatorias para propietarios en las capitales de provincia y poblaciones de más de 20.000 habitantes. Regulaba aumentos tomando como referencia las rentas de 1914, permitía reclamar reducciones y limitaba las fianzas. La venta del inmueble no borraba las protecciones y los pactos contrarios al decreto carecían de efecto.

Primo de Rivera mantuvo ese régimen mediante sucesivas prórrogas, aunque introdujo excepciones favorables a propietarios y nuevas construcciones. La República lo recogió en el Decreto de 29 de diciembre de 1931: prórroga a voluntad del inquilino, protección para familiares convivientes tras su fallecimiento y garantías cuando el propietario recuperaba la vivienda por necesidad propia o familiar. Su artículo 21 anunciaba una futura ley de Arrendamientos urbanos, que no llegó a aprobarse. La ley de 1946, que llevó precisamente el título de la republicana, sí pertenece al franquismo; la tradición protectora que incorporó era anterior.

La vivienda merece algo más que etiquetas y amnesias. El Gobierno debe responder por sus resultados; las comunidades, por el ejercicio de sus competencias; los partidos, por sus votos. Nadie queda dispensado porque otro haya fallado. Y quienes rechazan una protección deberían explicar qué ofrecen a cambio antes de regresar a la tribuna para lamentar que el inquilino sigue esperando, con las cajas preparadas junto a la puerta.

DURIÁN ¿EL INFIERNO TERMINA CUANDO TE LO METES EN LA BOCA?

 

Hace unos días publiqué aquí una pequeña historia natural del durián, esa extraordinaria fruta del sudeste asiático que ha conseguido algo que parecía reservado a ciertas armas químicas: que se prohíba introducirla en hoteles, transportes públicos y otros lugares cerrados. Después de leer el artículo, mi amigo Antonio Ruiz de Elvira, catedrático de Física, pero hombre que hubiera sido un excelente naturalista si la física no se hubiera cruzado a tiempo en su camino, me hizo una pregunta tan sencilla que me sorprendió no haberme detenido antes en ella:

—Muy bien, pero ¿qué es exactamente lo que huele? ¿La cáscara o también la pulpa cuando te la comes?

La respuesta breve es: la responsable odorífera es la pulpa. La respuesta larga es bastante más interesante.

La formidable cáscara del durián, armada de espinas capaces de disuadir a cualquiera que pretenda abrirlo con procedimientos poco meditados, no es una especie de glándula pestilente que envuelve una fruta inocente. El verdadero laboratorio químico está dentro. Es la pulpa madura la que produce buena parte de las sustancias volátiles responsables de la celebridad olfativa del fruto.

Ilustración de 1784 de un durián, procedente de las expediciones holandesas en Yakarta, Indonesia, del cuaderno de bocetos del acuarelista holandés Jan Brandes. Las notas en la página dicen, entre otras cosas, que «la pulpa se adhiere como una piel gruesa y suave, como la crema de leche» y que «el olor agrio y penetrante —casi como excremento humano— de esta fruta es insoportable para la mayoría de los europeos».

Y produce unas cuantas. Los químicos que han analizado el aroma del durián mediante cromatografía de gases y olfatometría han encontrado una mezcla extraordinariamente compleja. Hay ésteres que huelen a fruta madura, miel y caramelo y, mezclados con ellos, una formidable colección de compuestos azufrados. Entre estos últimos aparecen sulfuro de hidrógeno, metanotiol, etanotiol y diversos tioles, sulfuros y disulfuros. Dicho de otra manera: la naturaleza decidió fabricar unas natillas tropicales y después añadió al perfume recuerdos de cebolla, ajo, col cocida y huevo podrido.

Uno de los estudios más reveladores se hizo con la variedad tailandesa ‘Monthong’. Los investigadores calcularon la importancia olfativa de los diferentes componentes y encontraron, entre los campeones, el etil 2-metilbutanoato, intensamente afrutado; el etanotiol, que recuerda a cebolla podrida; y el 1-(etilsulfanil)etano-1-tiol, asociado a cebolla asada. El metanotiol aportaba, por su parte, una encantadora nota de col podrida. Lo extraordinario es que los investigadores consiguieron reproducir bastante bien el olor general de la pulpa utilizando esencialmente dos sustancias: una de carácter afrutado y otra azufrada. El durián resulta ser, químicamente hablando, una pelea entre una frutería y una cebollería.

La cosa se vuelve todavía más interesante al madurar. Un durián inmaduro apenas huele. Conforme madura se activa en la pulpa toda una maquinaria metabólica relacionada con el azufre y aumenta la producción de compuestos volátiles. Una enzima llamada “metionina γ-liasa” participa en ese proceso y favorece la formación de algunos de los compuestos azufrados responsables del olor. Por eso un fruto perfectamente maduro puede anunciar su presencia antes de que uno haya decidido siquiera si quiere conocerlo.

Pero Antonio había preguntado algo más preciso: qué sucede cuando uno se lo come. Sucede que el durián no se rinde.

Normalmente hablamos de gusto y olfato como si fueran dos sentidos perfectamente separados. No lo son cuando comemos. La lengua proporciona una información relativamente elemental —dulce, salado, ácido, amargo, umami— mientras que buena parte de eso que llamamos «sabor» procede en realidad del olfato. Cuando masticamos, las moléculas volátiles liberadas por el alimento ascienden desde la boca hacia la cavidad nasal por detrás del paladar y alcanzan los receptores olfativos. Es la llamada “olfacción retronasal”.

Podemos comprobarlo con algo mucho menos comprometido que un durián. Basta taparse la nariz mientras se mastica un alimento aromático y destaparla de repente. El sabor parece surgir de golpe, aunque el alimento llevaba todo el tiempo sobre la lengua. Lo que ha aparecido no es un nuevo sabor: ha regresado el olor.

Con el durián ocurre lo mismo, solo que a lo grande. Al morder aquella pulpa blanda y cremosa liberamos los volátiles que contiene y una parte alcanza nuestra nariz desde dentro. De hecho, investigaciones recientes sobre distintas variedades de durián han identificado en la pulpa madura decenas de compuestos volátiles y señalan que algunos de los menos volátiles pueden tener especial importancia precisamente en la percepción retronasal.

Eso ayuda a comprender la desconcertante literatura dedicada a describir cómo sabe el durián. Quienes lo adoran hablan de crema pastelera, almendras, vainilla, plátano, caramelo y queso. Quienes lo detestan recurren a cebollas podridas, calcetines usados, aguas residuales y animales muertos. Lo sorprendente es que probablemente ninguno de los dos bandos esté inventando demasiado. Todos esos registros pueden convivir porque el cerebro no recibe una molécula llamada «olor a durián», sino un cóctel de señales que después tiene que interpretar.

Y ahí interviene también el aprendizaje. Un queso azul puede resultar nauseabundo para alguien que nunca lo haya probado y exquisito para quien haya aprendido a asociar su olor con una experiencia placentera. Algo parecido sucede con el café, las trufas, determinados pescados fermentados y muchos alimentos que requieren cierta educación de la nariz. Los habitantes del sudeste asiático que han crecido comiendo durián no perciben necesariamente una pestilencia que heroicamente deciden soportar para alcanzar la pulpa. Perciben un alimento extraordinariamente aromático cuyo conjunto sensorial les resulta apetecible.

Por eso la pregunta de Antonio tiene una respuesta ligeramente paradójica. Sí: el durián sigue oliendo cuando está dentro de la boca. En cierto sentido, incluso entonces es cuando empezamos a conocerlo de verdad. La cáscara abierta nos permite olerlo desde fuera; la masticación nos permite olerlo desde dentro.

Y todavía queda una pequeña venganza final. Algunos de aquellos compuestos volátiles azufrados pueden permanecer durante un tiempo en la boca y contribuir al aliento después de haber terminado la comida. El durián, por tanto, posee una cualidad bastante excepcional entre las frutas: puede anunciar su llegada, dominar la habitación mientras está presente y dejar una pequeña tarjeta de visita después de haberse marchado.

Quizá por eso resulta tan difícil explicar a qué sabe. En realidad, la pregunta correcta no es si el durián huele mal pero sabe bien. Es mucho más interesante:¿cómo puede algo oler simultáneamente a fruta madura y cebolla podrida y, aun así, conseguir que millones de personas estén deseando metérselo en la boca?

Esa, más que su olor, es la verdadera originalidad del durián.

UN FÓSIL DE PLÁTANO FABRICADO EN UNA TARDE

 

Hace unos días, mi amiga Constanza Riaño, buena fotógrafa y mejor observadora de esas pequeñas cosas ante las que casi todos pasamos sin detenernos, me envió una fotografía tomada en Camarma de Esteruelas, Madrid. No mostraba ningún paisaje espectacular ni una rareza botánica. Era simplemente un trozo de pavimento rojizo. Pero en medio de aquel suelo aparecía, perfectamente reconocible, la silueta de una hoja de plátano de sombra, Platanus × hispanica, como si alguien hubiera desenterrado una laja fósil y, en lugar de llevarla a un museo, hubiera decidido utilizarla para pavimentar una calle.

La imagen resulta desconcertante porque estamos acostumbrados a asociar las impresiones de hojas con rocas que tienen millones de años. Esta, en cambio, probablemente se fabricó en una tarde.

El pavimento parece ser de hormigón impreso, una técnica muy utilizada para conseguir superficies que imitan adoquines, losas o piedras. Se vierte el hormigón, se alisa, se colorea y, antes de que fragüe por completo, se presionan sobre él unos moldes que producen las juntas y las irregularidades que vemos en la fotografía. En algún momento de ese proceso, una hoja de Platanus × hispanica cayó sobre la superficie todavía blanda.

Podemos reconstruir aproximadamente lo sucedido. La hoja quedó tendida sobre el hormigón fresco y alguna presión —quizá la del propio molde utilizado para imprimir el pavimento— la apretó contra él. El pecíolo se hundió con especial claridad y el limbo dejó marcados su contorno y algunos de sus nervios. Después el cemento endureció. La hoja, en cambio, tenía los días contados. Pudo ser retirada, secarse y desprenderse o ir descomponiéndose poco a poco. Lo importante es que desapareció mientras permanecía su huella.

Eso es precisamente una impresión. Y, salvando unos cuantos detalles que a un geólogo le parecerían bastante importantes, es también una excelente reproducción casera de uno de los procesos mediante los cuales se originan los fósiles vegetales.

Una hoja que cae al suelo del bosque suele tener un futuro poco glorioso. Hongos, bacterias y pequeños invertebrados comienzan inmediatamente a desmontarla. El viento puede llevársela, la lluvia fragmentarla y algún animal pisotearla. Para que una hoja tenga posibilidades de entrar en el registro fósil debe ocurrir algo menos corriente: tiene que quedar enterrada rápidamente bajo sedimentos finos, por ejemplo en el fondo fangoso de un lago, una charca, una llanura de inundación o un remanso fluvial.

Una vez enterrada comienza una carrera entre la destrucción de la materia orgánica y la consolidación del sedimento. A veces queda parte del carbono de la hoja formando una película oscura. Otras veces la materia vegetal desaparece por completo, pero antes ha dejado grabada su forma sobre el barro. Cuando ese barro termina convertido en roca sedimentaria, la impresión permanece. Millones de años después alguien abre la roca por el plano adecuado y allí reaparece una hoja que ya no existe.

La de Camarma ha hecho aproximadamente lo mismo, aunque tomando un formidable atajo. En lugar de caer sobre el limo de un lago cayó sobre cemento. En vez de ser enterrada por otra capa de sedimentos fue presionada contra una superficie preparada por albañiles. Y en lugar de esperar miles o millones de años a que el sedimento se consolidara, tuvo a su disposición cemento Portland, que resolvió el asunto en unas horas.

El resultado tiene incluso cierto valor didáctico porque conserva rasgos suficientes para reconocer qué produjo la impresión. Platanus × hispanica, el omnipresente plátano de sombra de nuestras calles, posee hojas grandes, palmeadas, generalmente con tres a cinco lóbulos, recorridas por nervios principales que parten de las proximidades de la inserción del pecíolo. En la fotografía de Constanza se reconoce la arquitectura general de la hoja y se distingue especialmente bien el pecíolo, convertido en un fino surco oscuro.

Los paleobotánicos trabajan muchas veces con pistas de este tipo. Naturalmente, la identificación de una hoja fósil puede ser muchísimo más complicada: las plantas de épocas remotas no vienen acompañadas de una etiqueta y, para empeorar las cosas, diferentes especies pueden producir hojas sorprendentemente parecidas. El contorno, la disposición de los lóbulos, la nerviación, el margen foliar y, cuando se conserva, incluso la estructura microscópica de la epidermis permiten ir estrechando el círculo.

Todo ello forma parte de la paleontología, la disciplina que estudia lo que ocurre con los restos de los organismos desde que mueren —o desde que se desprenden, en el caso de una hoja— hasta que terminan incorporados al registro geológico. Es una ciencia dedicada, en buena medida, a reconstruir accidentes. Un pez que queda sepultado por sedimentos anóxicos, un insecto atrapado en resina, una huella dejada por un dinosaurio sobre barro húmedo o una hoja caída sobre el fondo de un lago son acontecimientos triviales que, bajo circunstancias excepcionales, consiguen vencer al tiempo.

La hoja de Camarma no ha vencido todavía a gran cosa. Su antigüedad se mide en años y no en eras geológicas. Además, el hormigón no constituye precisamente el ambiente que un paleontólogo elegiría para garantizar una conservación de cien millones de años. Pero el principio que ilustra es tan sencillo como hermoso: un organismo puede desaparecer y, pese a ello, conservar su forma.

Hay además algo divertido en pensar qué ocurriría si aquel pavimento tuviera un destino geológico extraordinariamente improbable. Imaginemos que queda enterrado, que sobre él se acumulan sedimentos, que sobrevive a erosiones, obras públicas, excavadoras y promociones inmobiliarias y que, dentro de unos cuantos millones de años, algún geólogo del futuro encuentra el fragmento. Reconocería una superficie artificial, por supuesto, y probablemente tendría cosas mucho más interesantes que preguntarse sobre nuestra civilización. Pero allí seguiría la hoja.

Un Platanus × hispanica habría conseguido entonces algo que no estaba en sus planes cuando dejó caer una hoja sobre una calle de Camarma de Esteruelas: entrar en el registro geológico gracias a unos albañiles. 

La naturaleza necesitó millones de años para inventar los fósiles. Nosotros, con un poco de cemento, podemos fabricar uno antes de la hora de cenar.

DURIÁN: LA FRUTA QUE HUELE A INFIERNO Y SABE A GLORIA

 

En mayo de 2019, unas quinientas personas tuvieron que abandonar apresuradamente la biblioteca de la Universidad de Canberra. Alguien había detectado un olor sospechoso, penetrante, inequívocamente alarmante. La posibilidad de una fuga de gas parecía lo bastante seria como para evacuar el edificio y avisar a los servicios de emergencia. No había gas. Alguien había introducido un durián.

No era la primera vez ni sería la última. El fruto del durián ha provocado desalojos, llamadas a los bomberos y situaciones embarazosas en hoteles y aeropuertos. En buena parte del sudeste asiático existen establecimientos y medios de transporte donde está expresamente prohibido introducirlo. La razón se comprende en cuanto uno se acerca a un ejemplar maduro. En 1905, el botánico estadounidense Francis Ramaley intentó describir su olor y acabó prácticamente rindiéndose: primero le recordó a huevos podridos, después a gas de alcantarilla y ajo, y finalmente renunció a seguir clasificando aquello.

Lo extraordinario es que detrás de semejante tarjeta de presentación se esconda una de las frutas más apreciadas del planeta. El durián es conocido en el sudeste asiático como el «rey de las frutas», y quien consigue superar la barrera olfativa encuentra bajo la formidable armadura espinosa una pulpa amarillenta, blanda y cremosa que cuenta con auténticos fanáticos. Uno de ellos fue Alfred Russel Wallace, el naturalista que concibió independientemente de Darwin la teoría de la selección natural.

Wallace conoció el durián durante sus viajes por el archipiélago malayo y quedó cautivado. En El archipiélago malayo, publicado en 1869, trató de explicar su sabor recurriendo a una sucesión de comparaciones que parece el menú de una cena organizada por alguien que ha perdido el juicio:

«Su rica crema pastelera, similar a la mantequilla y con un intenso sabor a almendras, ofrece la mejor idea general, pero entremezclada con ella se perciben matices que recuerdan al queso crema, la salsa de cebolla, el jerez oscuro y otras combinaciones inusuales. Además, su pulpa posee una suavidad glutinosa inigualable, que realza su delicadeza. No es ácida, ni dulce, ni jugosa; sin embargo, no se echa en falta ninguna de estas cualidades, pues es perfecta tal como es. […] De hecho, probar el durián es una experiencia novedosa, que bien merece un viaje a Oriente».

Ramaley y Wallace describían exactamente la misma fruta. Uno encontraba una alcantarilla y el otro poco menos que una revelación gastronómica. Esa contradicción acompaña al durián desde hace siglos y probablemente constituye buena parte de su encanto.

El árbol que produce semejante prodigio, Durio zibethinus, pertenece a las Malváceas, la misma familia de las malvas, los hibiscos y los baobabs. Su patria se encuentra en el sudeste asiático, especialmente en Borneo, Sumatra y la península malaya. El género Durio comprende más de una veintena de especies reconocidas, aunque D. zibethinus es con mucha diferencia la más cultivada. Siglos de selección humana han producido al menos dos centenares de cultivares.

Ilustración de un durián que muestra las distintas etapas de floración y la sección transversal del fruto, procedente de un álbum de acuarelas de la Biblioteca de Investigación de Dumbarton Oaks. 

Un durián puede llegar a pesar varios kilos. Cuando madura, cae del árbol, razón suficiente para no entregarse a meditaciones filosóficas debajo de un ejemplar cargado de frutos. La cáscara está cubierta de fuertes espinas y protege varios compartimentos que contienen las grandes semillas rodeadas por la famosa pulpa cremosa.

El olor, por supuesto, no es un defecto de fábrica. Desde el punto de vista del árbol es publicidad. En la penumbra de una selva tropical, producir un fruto grande, nutritivo y perfectamente comestible no sirve de mucho si nadie lo encuentra. El durián anuncia su madurez mediante una extraordinaria mezcla de sustancias volátiles, entre ellas ésteres de aromas frutales y diversos compuestos azufrados.

Estos últimos explican buena parte de las evocaciones a cebolla, ajo, huevos podridos y alcantarillas que aparecen inevitablemente en las descripciones occidentales. Los investigadores han identificado numerosos componentes del aroma, aunque reconstruir químicamente el olor característico del fruto resulta sorprendentemente complicado.

Lo que para nosotros puede ser una agresión nasal constituye para otros mamíferos una invitación a cenar. Los frutos caídos son consumidos por animales voluminosos como los elefantes y los orangutanes capaces de enfrentarse a su formidable envoltura y sus grandes semillas. Esa relación con los animales ayuda a explicar la dispersión natural del árbol. No es casual que una fruta que pretende llamar la atención en el suelo oscuro de una selva haya evolucionado hasta convertirse en uno de los objetos más olorosos del reino vegetal.

Pero reducir el durián a una curiosidad botánica sería cometer el mismo error que reducir el vino a zumo de uva fermentado. En el sudeste asiático es también cultura, memoria y vida comunitaria.

Entre algunos pueblos indígenas de Malasia, la maduración de los durianes se celebra colectivamente. Los bersisi, por ejemplo, preparan un espacio alrededor del durián más viejo, adornándolo con hojas, y celebran allí un festín en el que se sirven frutos y otros alimentos. En Bali existe incluso un proverbio basado en la peculiar costumbre del durián de desprenderse del árbol cuando madura: «Como con un durián caído, siempre hay alguien que lo recoge». Es una manera bastante hermosa de decir que quien atraviesa dificultades acabará encontrando ayuda.

En otras comunidades las reglas relacionadas con la fruta alcanzan dimensiones económicas y sociales. Entre los baduy de Indonesia, los durianes caídos pueden considerarse propiedad colectiva y existen prácticas comunitarias relacionadas con su venta. Incluso los árboles han servido como garantía en determinados acuerdos económicos: la producción futura permite saldar deudas sin recurrir al cobro convencional de intereses.

Todo esto explica por qué la historia del durián no puede entenderse solamente contando toneladas y dólares. Los administradores coloniales británicos ya intentaron hacerlo. En 1886, Nathaniel Cantley, superintendente del Jardín Botánico de Singapur, lamentaba que la producción no satisficiera la demanda y atribuía la situación, desde los prejuicios característicos de su época, a la supuesta falta de interés de los malayos por ganar más dinero del necesario para cubrir sus necesidades. Donde el funcionario colonial veía ineficiencia económica había, naturalmente, sistemas sociales y culturales que no tenían por qué obedecer a la lógica de una plantación comercial.

El olor del durián llegó incluso a adquirir resonancias políticas. En el relato humorístico Durianes, del escritor filipino Alejandro Roces, el protagonista lleva unos durianes como regalo a un sacerdote español. El sacerdote, incapaz de soportar el olor, lo echa de su casa. El hombre termina comiéndose tranquilamente los durianes él solo. Roces convertía así aquella pestilencia incomprensible para el extranjero en una afirmación de identidad local frente al colonialismo español y la posterior ocupación japonesa. No deja de ser una reivindicación magnífica: podrán ocupar nuestro país, pero no conseguirán que nuestra fruta huela como a ustedes les gustaría.

En las últimas décadas ha aparecido otro personaje en esta historia: China. El gigantesco mercado chino ha convertido el durián en un producto internacional enormemente valioso y ha estimulado la expansión de las plantaciones comerciales en varios países del sudeste asiático. Y con ello ha aparecido una paradoja inquietante.

El fruto que durante generaciones formó parte de bosques, huertos mixtos y sistemas agroforestales está siendo llevado en algunos lugares al monocultivo. En Malasia, la expansión de plantaciones destinadas al mercado chino ha afectado a territorios utilizados tradicionalmente por comunidades orang asli y ha generado conflictos relacionados con la deforestación, la biodiversidad y el acceso a las plantas del bosque empleadas en ceremonias tradicionales como el sewang.

Así que el durián ha recorrido un camino extraordinario sin necesidad de moverse demasiado de su árbol. Ha sido alimento de animales selváticos, fruta de comunidades indígenas, obsesión de naturalistas victorianos, motivo literario, símbolo de identidad y mercancía internacional. Hoy viaja en aviones y contenedores refrigerados hacia consumidores dispuestos a pagar cantidades considerables por aquello que en otros lugares bastaría para llamar a los bomberos.

Quizá Alfred Russel Wallace tenía razón. Hay sabores que justifican un viaje. En el caso del durián, conviene añadir una pequeña precaución: antes de emprenderlo, asegúrese de que su sentido del olfato comparte el entusiasmo.

AFGANISTÁN: DE LA YIHAD CONTRA LOS SOVIÉTICOS AL REGRESO DE LOS TALIBANES

 

El 15 de febrero de 1989, el general Borís Grómov cruzó a pie el puente de la Amistad sobre el Amu Daria, que separaba Afganistán de la entonces república soviética de Uzbekistán. Era el comandante del 40.º Ejército y, según la escenografía preparada para la ocasión, el último soldado soviético que abandonaba Afganistán. Al otro lado lo esperaba su hijo Maxim con un ramo de flores.

La escena era magnífica, aunque tenía algo de teatro: Grómov había pasado la noche anterior en Termez, ya en territorio soviético, y regresó de madrugada a Afganistán para representar ante las cámaras su salida definitiva. Hasta las derrotas necesitan una buena fotografía.

«No queda ni un solo soldado soviético detrás de mí», declaró Grómov. Después de nueve años de guerra, unos 15 000 militares soviéticos muertos y una catástrofe incomparablemente mayor para los afganos, Moscú regresaba a casa.

Treinta y dos años después, el 30 de agosto de 2021, el mayor general estadounidense Chris Donahue subió a un avión C-17 en el aeropuerto de Kabul. Una fotografía tomada con visión nocturna lo convirtió en el último militar estadounidense que abandonaba Afganistán. Esta vez no hubo puente, flores ni hijo esperando. Detrás quedaban veinte años de guerra y, de nuevo, los islamistas.

Entre las dos imágenes cabe buena parte de la historia moderna de Afganistán y una de las mayores paradojas de la Guerra Fría: Estados Unidos contribuyó decisivamente a financiar y armar la yihad que derrotó a los soviéticos. Décadas después tuvo que enviar a sus propios soldados a combatir en el mismo país contra un movimiento islamista nacido del mundo que aquella guerra había ayudado a crear.

Conviene hacer desde el principio una precisión. Estados Unidos no armó a «los talibanes» para combatir a los soviéticos. Los talibanes no existían entonces. Surgieron como organización hacia 1994, cinco años después de la retirada soviética. Lo que Washington financió fueron los muyahidines, un conjunto heterogéneo de guerrillas afganas, muchas de ellas islamistas, que luchaban contra el gobierno comunista de Kabul y contra el Ejército Rojo. La diferencia importa, aunque no elimina la relación entre una cosa y otra.

La historia había comenzado en abril de 1978, cuando el Partido Democrático Popular de Afganistán, comunista y estrechamente relacionado con Moscú, tomó el poder mediante la llamada Revolución de Saur. Afganistán era entonces uno de los países más pobres y tradicionales del planeta. El nuevo régimen decidió transformarlo a velocidad revolucionaria: reforma agraria, alfabetización, secularización, educación femenina, modificación de las leyes matrimoniales y ataque a algunas estructuras tribales y religiosas.

Varias de aquellas reformas podían parecer razonables desde Kabul o Moscú. El problema fue intentar imponerlas mediante decretos, purgas, detenciones y ejecuciones a una sociedad rural que apenas reconocía la autoridad del Estado. La rebelión se extendió rápidamente.

Para la Unión Soviética aquello constituía un problema formidable. Afganistán compartía una larga frontera con varias repúblicas soviéticas de población mayoritariamente musulmana. Moscú veía cómo un régimen aliado se desmoronaba mientras sus dirigentes comunistas se asesinaban entre ellos. En septiembre de 1979, Hafizullah Amin desplazó y mandó matar al presidente Nur Muhammad Taraki. Los soviéticos desconfiaban profundamente de Amin y temían perder el control de un país situado en su frontera meridional.

Por eso invadieron Afganistán en diciembre de 1979. No existen buenas pruebas de la explicación, tan popular entonces, según la cual Moscú pretendía atravesar Afganistán para alcanzar el océano Índico o apoderarse del petróleo del golfo Pérsico. Su objetivo inmediato era bastante menos grandioso: evitar el hundimiento de un gobierno comunista vecino y mantener Afganistán dentro de la órbita soviética.

La operación comenzó con contundencia. Fuerzas especiales soviéticas asaltaron el palacio presidencial, mataron a Amin e instalaron a Babrak Karmal. Moscú creyó que podría estabilizar rápidamente la situación. Era uno de esos cálculos que parecen razonables durante las primeras cuarenta y ocho horas de una guerra. Los soviéticos descubrieron pronto el inconveniente fundamental de Afganistán: ocupar Kabul no significa controlar Afganistán.

Los muyahidines dominaban amplias zonas rurales, conocían las montañas, podían confundirse con la población y disponían de una retaguardia casi imposible de eliminar al otro lado de la frontera pakistaní. Además, la llegada del Ejército Rojo proporcionó a una rebelión dispersa un argumento formidable. Ya no se luchaba solamente contra unos comunistas afganos que querían cambiar las costumbres del país. Se combatía contra extranjeros ateos que habían invadido una tierra musulmana.

Entonces apareció Estados Unidos. Washington ya había autorizado antes de la invasión soviética una modesta ayuda clandestina a los insurgentes. Después de diciembre de 1979, aquella ayuda se transformó gradualmente en una de las mayores operaciones encubiertas de la Guerra Fría: la Operación Cyclone de la CIA.

El mecanismo tenía una peculiaridad que tendría enormes consecuencias. Los estadounidenses proporcionaban dinero y armas, pero buena parte de su distribución quedaba en manos de Pakistán y especialmente de su servicio de inteligencia, el ISI. Arabia Saudí aportó también grandes cantidades de dinero. Pakistán favoreció particularmente a determinadas organizaciones islamistas y la guerra comenzó a adquirir cada vez más el carácter de una yihad internacional contra el comunismo.

Llegaron miles de voluntarios extranjeros. Entre ellos estaba un joven saudí extraordinariamente rico llamado Osama Bin Laden. No hay pruebas sólidas de que la CIA financiara directamente a Bin Laden, como tantas veces se ha repetido. No hacía falta. Afganistán se había convertido en un gigantesco ecosistema internacional de combatientes, predicadores, armas, dinero, madrasas y organizaciones islamistas que tenían un enemigo común.

La estrategia estadounidense era impecable desde el punto de vista de la Guerra Fría. Después de Vietnam, Washington tenía la oportunidad de devolver el favor. Cada helicóptero soviético derribado, cada convoy atacado y cada año adicional de guerra aumentaban el precio que Moscú debía pagar por sostener a su aliado.

La entrega a los muyahidines de misiles antiaéreos Stinger a partir de 1986 se convirtió en el símbolo de aquella intervención. Los guerrilleros podían ahora amenazar seriamente a helicópteros y aviones que hasta entonces habían disfrutado de una gran superioridad. Pero los Stinger no ganaron por sí solos la guerra. El problema soviético era más profundo.

El Ejército Rojo podía ganar batallas, ocupar ciudades, destruir aldeas y controlar las principales carreteras. Lo que no podía hacer era convertir esas victorias militares en un Afganistán estable. Cada operación terminaba y los guerrilleros regresaban. Pakistán seguía proporcionando refugio. Las bajas aumentaban. La guerra costaba cada vez más y nadie podía explicar satisfactoriamente cómo terminarla.

Cuando Mijaíl Gorbachov llegó al poder en 1985 heredó lo que él mismo acabaría describiendo como una «herida sangrante». Decidió salir. La retirada comenzó en 1988 y terminó con el general Grómov cruzando el Amu Daria en febrero de 1989.

Estados Unidos había ganado aquella partida. Afganistán, no. El gobierno comunista de Mohammad Najibullah consiguió resistir todavía tres años, pero se derrumbó en 1992, después de desaparecer la Unión Soviética y con ella la ayuda que lo mantenía. Los muyahidines entraron en Kabul y comenzaron inmediatamente a combatirse entre ellos. Las distintas facciones bombardearon la capital, saquearon territorios y dividieron el país entre señores de la guerra. La población que había soportado la invasión soviética tuvo que soportar ahora a sus libertadores.

De aquel desastre surgieron los talibanes. Aparecieron alrededor de Kandahar en 1994. Su nombre procede de talib, estudiante, porque muchos de sus miembros habían pasado por madrasas islámicas, especialmente en Pakistán. Prometían acabar con los señores de la guerra, desarmar a los bandidos, hacer seguras las carreteras y restaurar el orden. Después de tantos años de violencia, aquello bastó para conseguirles inicialmente cierto apoyo.

Pakistán desempeñó un papel decisivo en su ascenso. En apenas dos años los talibanes conquistaron gran parte del país y en septiembre de 1996 entraron en Kabul. Entonces Afganistán descubrió el precio de aquel orden.

Los talibanes establecieron el Emirato Islámico y aplicaron una interpretación extremadamente rigorista de la sharía. Las mujeres fueron expulsadas en gran medida del trabajo y de la enseñanza, se impusieron estrictas normas de vestimenta y conducta, se prohibieron numerosas formas de música y entretenimiento y los castigos corporales y las ejecuciones públicas pasaron a formar parte del paisaje político. Afganistán se convirtió además en refugio de Al Qaeda y de Osama Bin Laden.

Después llegaron el 11 de septiembre de 2001, la invasión estadounidense, la caída del primer Emirato talibán y veinte años de otra guerra que tampoco consiguió construir un Estado afgano capaz de sostenerse por sí mismo. En agosto de 2021 los talibanes regresaron a Kabul.

El general Chris Donahue, comandante de la 82.ª División Aerotransportada, se dirige al último C-17 estadounidense que abandonó Kabul el 30 de agosto de 2021. Fue el último militar estadounidense en salir de Afganistán. Fotografía: Master Sgt. Alex Burnett, U.S. Army. Dominio público.

La historia no describe un círculo perfecto. Estados Unidos no creó a los talibanes ni les entregó directamente los Stinger con los que se combatió a los soviéticos. Pero tampoco puede borrarse la genealogía. Para derrotar a su adversario durante la Guerra Fría, Washington, junto con Pakistán y Arabia Saudí, financió y armó masivamente una insurgencia en la que el islamismo radical desempeñaba un papel fundamental. Cuando los soviéticos se marcharon, el interés occidental por Afganistán se evaporó mucho más rápidamente que las armas, los combatientes y las redes creadas durante la guerra.

El 15 de febrero de 1989, Grómov cruzó el puente convencido de que dejaba atrás una guerra perdida. El 30 de agosto de 2021, Donahue subió al último avión estadounidense dejando Afganistán en manos de los talibanes. Entre ambos transcurrieron treinta y dos años. Cambiaron las superpotencias, los uniformes y las razones declaradas para combatir. Afganistán permaneció allí, esperando al siguiente imperio convencido de que esta vez sería diferente.

EL GOBIERNO DE LOS JUECES

 

En 1911, un abogado socialista de Nueva York llamado Louis B. Boudin publicó un artículo cuyo título parecía contradecir la división de poderes: Government by Judiciary, gobierno por el poder judicial. Los jueces, al menos según la teoría clásica, no gobiernan. Juzgan. Diez años después, el jurista francés Édouard Lambert estudió la experiencia estadounidense y acuñó una fórmula todavía más inquietante: Le gouvernement des juges, el gobierno de los jueces. Ha transcurrido más de un siglo y seguimos discutiendo dónde termina el verbo juzgar y dónde comienza el verbo gobernar.

Boudin y Lambert escribieron durante la llamada era Lochner, cuando los tribunales estadounidenses utilizaban una interpretación expansiva de la libertad contractual para anular leyes que regulaban salarios, jornadas y condiciones de trabajo. La Constitución no decía que un panadero tuviera derecho a trabajar más de sesenta horas semanales, pero en Lochner v. New York la Corte Suprema concluyó que limitar su jornada vulneraba una libertad protegida constitucionalmente. El juez ya no se limitaba a comprobar si el legislador podía aprobar una ley. Empezaba a decidir si aquella ley le parecía razonable.

Eso era lo que preocupaba a Lambert. No que los jueces controlasen al poder político, función imprescindible en un Estado de derecho, sino que sustituyeran la decisión de los representantes elegidos por su propia valoración. Una Constitución contiene palabras formidables —libertad, igualdad, dignidad, proporcionalidad—, pero no incluye un manual de instrucciones que determine su significado en todos los casos imaginables. Quien posee la última palabra sobre esas palabras posee inevitablemente una parte del poder político.

La Constitución española establece que la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado. También dispone que la justicia emana del pueblo y es administrada por jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Independencia, por tanto, no significa soberanía judicial. El juez ejerce un poder vicario: formidable, pero recibido. No le pertenece como una finca ni lo convierte en un legislador sin electores.

Sería ingenuo, no obstante, recuperar literalmente a Montesquieu en De l'esprit des lois (1748) y reducir al juez a «la boca que pronuncia las palabras de la ley». Las leyes necesitan interpretación. El Código Civil ordena atender a sus palabras, contexto, antecedentes, realidad social, espíritu y finalidad. El problema no es que el juez interprete, sino saber cuándo la interpretación deja de buscar el significado razonable de la norma y empieza a fabricar otro que permite alcanzar un resultado político determinado. Ese es el punto exacto en el que reaparece Lambert.

El caso de los ERE andaluces ofrece un ejemplo especialmente revelador. La Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo (TS) convirtieron determinadas actuaciones relacionadas con la elaboración de las leyes de presupuestos autonómicos en fundamento de condenas por prevaricación administrativa. El Tribunal Constitucional (TC) concluyó después que los anteproyectos y proyectos presupuestarios, una vez aprobados por el Parlamento, no podían tratarse de aquella manera como resoluciones administrativas ilegales. La interpretación penal había excedido límites previsibles y vulnerado el principio de legalidad. Las condenas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán fueron anuladas total o parcialmente y se ordenó dictar nuevas resoluciones.

El TC no declaró inocente todo cuanto se hizo con las ayudas ni bendijo el sistema empleado. Dijo algo más preciso: los tribunales penales habían extendido indebidamente el delito de prevaricación. Pero la rectificación llegó cuando el daño político era irreversible. El escándalo de los ERE había contribuido decisivamente al desgaste del socialismo andaluz y a su salida del poder después de casi cuatro décadas. Una interpretación judicial no necesita sobrevivir para siempre para cambiar la historia; le basta con durar hasta las siguientes elecciones.

La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, plantea otra vertiente. El TS lo condenó por revelación de datos reservados mediante una construcción indiciaria. Dos magistradas formularon un voto particular porque consideraron que esos indicios no demostraban que hubiera filtrado el correo investigado y porque tampoco apreciaban delito en la nota informativa difundida por la Fiscalía. No cabe decir que García Ortiz fuera condenado «sin pruebas», pues la mayoría entendió que existía una cadena de indicios suficiente. Sí cabe preguntarse hasta qué punto una inferencia puede suplir la ausencia de prueba directa cuando está en juego la presunción de inocencia y la condena aparta de su cargo al fiscal general.

El asunto está pendiente del TC. Entretanto, ya ha producido todos sus efectos institucionales. Esto revela otra peculiaridad del poder judicial: sus decisiones pueden derribar a un responsable público antes de que concluya la discusión sobre si estuvieron correctamente fundadas. La reparación posterior, si llega, se parece a devolverle el billete a quien perdió el tren.

Todavía más extraordinaria resulta la suspensión cautelar del voto de ciudadanos nacionalizados mediante la llamada ley de nietos. El TS paralizó en septiembre de 2026 los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes alegando un «peligro fundado, real y serio» para la objetividad y transparencia de las elecciones. No había declarado ilegal la concesión de aquellas nacionalidades ni resuelto todavía el fondo del recurso. Pese a ello, antepuso un riesgo electoral futuro y genérico al derecho de sufragio de ciudadanos españoles individualmente identificables.

La medida afecta a descendientes de quienes fueron expulsados de España por la guerra, la dictadura y la represión. Sus antepasados perdieron la patria, los bienes y, en muchos casos, sus derechos civiles. Décadas después, cuando una ley intenta reparar parcialmente aquella injusticia, el TS suspende cautelarmente uno de los principales derechos unidos a la nacionalidad. Haciéndolo, y anticipándose al futuro al sentenciar que son conocedores del «resultado deseado por los españoles» antes de que se celebren elecciones, los magistrados se arrogan un nuevo poder, el de adivinar, y una nueva función, la de videntes, que nadie, que yo sepa, les ha encomendado.

Tal vez el Supremo termine ofreciendo una justificación jurídicamente convincente. Por ahora, ha empleado una medida provisional para interrumpir un efecto político esencial de una ley vigente. Lambert habría reconocido inmediatamente el problema.

Queda, finalmente, la cuestión de los tiempos. La operación Kitchen ocurrió en 2013 y su juicio quedó visto para sentencia en julio de 2026. El caso Montoro se instruye desde 2018. Frente a esas causas interminables, las investigaciones que afectan al entorno del actual presidente del Gobierno han avanzado con una celeridad llamativa y una presencia constante en los medios. Es verdad que no todas las causas tienen la misma complejidad y que la diferencia de duración no demuestra por sí sola una manipulación deliberada. Pero tampoco puede exigirse a la ciudadanía que contemple esas velocidades tan diferentes sin extraer alguna conclusión.

Las causas rápidas producen titulares, comparecencias, dimisiones y efectos electorales. Las lentas se pierden en la memoria pública y, si terminan en condena, pueden proporcionar a los responsables la atenuante de dilaciones indebidas. El calendario procesal no figura en el Código Penal, pero puede ser políticamente tan poderoso como una sentencia.

Nada de esto demuestra la existencia de una organización judicial coordinada, esa «Toganostra» de la que habla el lenguaje polémico. El lawfare exige probar que los procedimientos jurídicos han sido utilizados deliberadamente como armas contra un adversario. Una sentencia discutible, una instrucción extravagante o una interpretación posteriormente anulada no bastan por separado para demostrarlo. Pero la acumulación importa. Cuando coinciden interpretaciones penales corregidas, medidas cautelares que suspenden derechos políticos, inferencias probatorias controvertidas, diferencias difícilmente explicables en los ritmos procesales y mecanismos disciplinarios percibidos como ineficaces, la sospecha deja de ser una extravagancia marginal.

Más del 65 % de los españoles cree que existe lawfare y tres de cada cuatro consideran que los partidos influyen en las decisiones judiciales. Una encuesta no convierte una sospecha en verdad, pero sí revela una quiebra de confianza. El problema ya no consiste únicamente en determinar si algunos jueces han traspasado sus límites. Consiste también en que una parte creciente del país piensa que lo han hecho y que nadie puede exigirles responsabilidades.

Boudin y Lambert no denunciaron que los jueces tuvieran poder. Advirtieron del peligro de que un poder concebido para controlar a quienes gobiernan terminara gobernando sin presentarse a las elecciones. Esa sigue siendo la pregunta española: quién vigila al legislador, quién vigila al vigilante y qué sucede cuando el vigilante, convencido de que solo está interpretando la ley, comienza a reescribirla.

GRAN ISRAEL: CUANDO LA BIBLIA ENTRA EN EL MAPA

 

«En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates». Esta frase, inserta en el Génesis (15:18), es la base de la que parten algunas de las corrientes más extremistas del sionismo para defender el derecho divino de Israel a controlar gran parte de Oriente Próximo.

En abril publiqué un artículo sobre las promesas británicas en Palestina en el que terminé diciendo que el mapa que salió de aquella ecuación todavía no había dejado de moverse. Quizá me quedé corto. Porque el problema no consiste solamente en que las fronteras hayan cambiado. También ha cambiado, y varias veces, la idea de hasta dónde debería llegar Israel.

Antes de seguir conviene despejar una confusión terminológica. Sionismo y semitismo no tienen prácticamente nada que ver. «Semítico» nació como término lingüístico para agrupar lenguas emparentadas, entre ellas el hebreo, el árabe y el arameo. En la Europa del siglo XIX apareció después «antisemitismo», palabra que, pese a su etimología equívoca, terminó designando específicamente la hostilidad hacia los judíos. El sionismo es otra cosa: un movimiento político nacional surgido a finales del XIX que defendía que los judíos constituían un pueblo y necesitaban un hogar nacional propio.

Tampoco debe confundirse judío con sionista. Ha habido y hay judíos antisionistas o no sionistas y existen, a su vez, sionistas no judíos, entre ellos esa moderna plaga que son los cristianos evangélicos. Y nunca existió un solo sionismo. Hubo sionistas socialistas, liberales, religiosos, culturales y nacionalistas. Como ocurre con casi todas las grandes ideologías, ponerse de acuerdo sobre el sustantivo no garantizaba hacerlo sobre los adjetivos.

En mi artículo anterior había dejado a Theodor Herzl y a los primeros sionistas intentando conseguir un hogar para los judíos en Palestina. Pero ni siquiera entonces estaba definitivamente resuelta una cuestión elemental: qué Palestina y con qué fronteras. El Mandato británico comprendía inicialmente territorios a ambos lados del Jordán. En 1921 los británicos separaron Transjordania, futura Jordania, de la administración palestina en Cisjordania, situada en la porción occidental del río.

Para una parte del movimiento sionista aquello constituía una renuncia intolerable. El hombre que mejor representó esa corriente fue Ze'ev Jabotinsky, fundador en los años veinte del llamado sionismo revisionista. Jabotinsky defendía un Estado judío territorialmente más ambicioso. Su movimiento acabaría convirtiéndose en el antepasado ideológico de la derecha israelí que conduce, pasando por Menájem Begin, hasta el Likud de Benjamin Netanyahu.

En 1923 Jabotinsky publicó su célebre ensayo El muro de hierro. Su razonamiento era sencillo: ningún pueblo indígena acepta voluntariamente que otro pueblo establezca una mayoría y una soberanía en su territorio. Los árabes palestinos, por tanto, se resistirían. El proyecto sionista solo podría consolidarse detrás de un «muro de hierro», es decir, mediante una superioridad de fuerza que hiciera inútil esa resistencia.

Cuando Israel nació en 1948, el mapa real fue resultado de una guerra, no de una teoría. Israel quedó constituido sobre un territorio mayor que el asignado al Estado judío por el plan de partición de Naciones Unidas de 1947, mientras Cisjordania quedó bajo control jordano y Gaza bajo administración egipcia.

Y entonces llegó 1967. La Guerra de los Seis Días transformó la geografía y también la imaginación política israelí. En seis jornadas Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán. De repente, lugares cargados de historia bíblica como Hebrón, Belén, Jericó y la Ciudad Vieja de Jerusalén estaban bajo control de su ejército.

Para determinados judíos religiosos aquello significaba algo más que una victoria militar: la historia bíblica acababa de regresar al mapa. Cisjordania dejaba de ser, en ese lenguaje, Cisjordania. Era Judea y Samaria. Hebrón no era solamente una ciudad palestina ocupada en 1967: era el lugar de las tumbas de Abraham, Isaac y Jacob.

De aquella combinación de nacionalismo, religión y territorio nació después de la guerra de Yom Kipur de 1973 Gush Emunim, el Bloque de los Fieles. Fundado formalmente en 1974 e inspirado por la teología del rabino Zvi Yehuda Kook, entendía el retorno judío a Judea y Samaria como parte de un proceso de redención. Establecer asentamientos podía convertirse así en un deber religioso.

Ahí adquirió su significado contemporáneo la expresión Gran Israel, aunque conviene manejarla con cuidado porque nunca ha designado un mapa único. Para unos comprende Israel y todos los territorios entre el Mediterráneo y el Jordán. Para ciertas formulaciones revisionistas históricas podía abarcar también Transjordania. Y existen versiones religiosas maximalistas que recurren a fronteras bíblicas mucho más extensas. Meter todas esas concepciones dentro del mismo mapa sirve para fabricar un cartel político, pero no para entender la historia.

Lo que sí puede documentarse es una continuidad ideológica respecto a Cisjordania. Cuando el Likud concurrió a las elecciones de 1977, las primeras que llevarían a Menájem Begin al poder, su programa proclamaba que el derecho del pueblo judío a Eretz Israel era «eterno e indiscutible». Y añadía: «entre el mar y el Jordán solo habrá soberanía israelí».

Aquello no significaba necesariamente anexionar cada metro cuadrado. El propio Begin devolvió a Egipto todo el Sinaí después de los acuerdos de Camp David. Ariel Sharon, otro dirigente histórico del Likud y gran promotor de los asentamientos, ordenó en 2005 la retirada unilateral de Gaza.

Pero Cisjordania fue diferente. Los asentamientos fueron multiplicándose y creando hechos sobre el terreno. Viviendas, carreteras, escuelas y centenares de miles de habitantes convierten una discusión sobre líneas dibujadas en un mapa en algo mucho más difícil de resolver. Naciones Unidas sostiene que los asentamientos establecidos en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluido Jerusalén Este, carecen de validez jurídica y violan el derecho internacional; Israel ha impugnado distintos aspectos de esa interpretación.

Y así llegamos al presente. El 23 de julio de 2025, la Knéset aprobó por 71 votos contra 13 una declaración no vinculante que pedía al Gobierno aplicar la soberanía israelí sobre los asentamientos judíos de Cisjordania y el valle del Jordán. El texto afirmaba que «Judea, Samaria y el valle del Jordán son una parte inseparable de Eretz Israel».

Seis días después, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich pidió a Netanyahu que aplicara la soberanía y explicó que su estrategia tenía dos etapas: primero una «soberanía de facto» y después la soberanía formal.   Markdown pegado

El 12 de agosto de 2025, durante una entrevista televisiva, el periodista Sharon Gal entregó a Netanyahu un amuleto que describió como un mapa de la Tierra Prometida y le preguntó si se sentía vinculado a aquella visión del Gran Israel. Netanyahu respondió que «mucho» y añadió que se consideraba embarcado en una misión «histórica y espiritual».

Sería un error convertir aquella respuesta en la prueba de un plan secreto israelí para conquistar medio Oriente Próximo. No lo demuestra. Tampoco existe un mapa oficial del «Gran Israel» que permita dibujar tranquilamente fronteras desde el Nilo hasta el Éufrates, como tantas veces circula por internet.

Pero tampoco se trata únicamente de una fantasía marginal. La declaración parlamentaria de 2025 y las propuestas públicas de miembros del Gobierno muestran que las reivindicaciones de soberanía israelí sobre Cisjordania forman parte de una corriente política institucional y documentable.

Y quizá ahí se encuentre la transformación más extraordinaria de esta historia. Herzl intentaba resolver un problema europeo: cómo proporcionar seguridad y autodeterminación a un pueblo perseguido durante siglos. Jabotinsky añadió la convicción de que ese proyecto solo sobreviviría respaldado por una fuerza incontestable. La victoria de 1967 incorporó territorios cargados de significado bíblico. Gush Emunim convirtió su colonización en misión religiosa. Y una parte de la derecha israelí terminó fundiendo seguridad, nacionalismo, religión y territorio.

Porque las fronteras pueden trazarse con una regla y modificarse mediante un tratado. Lo verdaderamente complicado comienza cuando una línea sobre el mapa deja de ser una cuestión de kilómetros y se convierte en una promesa de Dios.