Una transición bajo vigilancia: Siria intenta renacer
tras la caída de Bashar al Asad.
Subió al atril de la Asamblea
General de Naciones Unidas con un traje de raya diplomática, corbata roja, un
pulcro peinado y una barba bien cuidada. Desde allí, el actual presidente de
Siria, Ahmed al Sharaa, pronunció su discurso con semblante sereno y un tono
moderado, casi académico. Pocos habrían reconocido en ese hombre a Abu Mohammad
al-Julani, el antiguo líder de Jabhat al Nusra, la rama siria de Al Qaeda,
durante años uno de los yihadistas más buscados del planeta.
La escena tenía algo de parábola
política. Durante más de una década, el nombre de Julani estuvo asociado a las
milicias islamistas que combatieron en la guerra civil siria. Jabhat al Nusra
surgió en 2012 como filial de Al Qaeda y se convirtió en una de las fuerzas
insurgentes más eficaces contra el régimen de Bashar al Asad. Años después,
tras sucesivas mutaciones organizativas y estratégicas, aquella milicia
acabaría integrándose en Hayat Tahrir al Sham, el movimiento que terminaría
dominando gran parte del noroeste sirio. Cuando el régimen de Damasco colapsó
en diciembre de 2024 tras una ofensiva rebelde fulminante, Julani —ya bajo su
nombre civil Ahmed al Sharaa— emergió como el hombre fuerte del nuevo país. Hoy
es presidente.
Al Sharaa aseguró en su discurso
que Siria ha emprendido profundas transformaciones tras la huida de Al Asad. «Desde
el mismo momento en que cayó el régimen anterior, establecimos una política
estratégica clara construida sobre tres pilares: diplomacia equilibrada,
seguridad y estabilidad, y desarrollo económico», afirmó. «Estamos
construyendo instituciones y leyes que garanticen los derechos de todos sin
excepción».
En el plano internacional, su
gobierno ha cosechado algunos éxitos notables. Estados Unidos, Naciones Unidas
y varios países occidentales han levantado progresivamente sanciones que
durante años asfixiaron la economía siria. Al Sharaa ha visitado el Kremlin y
también el Despacho Oval, convirtiéndose en el primer presidente sirio en
hacerlo. En términos diplomáticos, Siria ha dejado de ser un Estado paria.
Pero dentro del país la historia
es más compleja. Un año después de la caída del régimen, Naciones Unidas ofrece
un balance ambivalente. Desde la oficina de Derechos Humanos reconocen algunos
avances: la creación de comisiones nacionales de justicia transicional y de
búsqueda de desaparecidos, o la celebración de unas elecciones preliminares
para elegir un Parlamento provisional. Son señales de institucionalización en
un país que durante décadas estuvo dominado por un aparato de seguridad
omnipresente.
Al mismo tiempo, persisten
sombras inquietantes. «Continuamos recibiendo denuncias preocupantes de
ejecuciones sumarias, asesinatos y abducciones arbitrarias, a menudo dirigidas
contra miembros de comunidades acusadas de afinidad con el antiguo gobierno»,
advertía recientemente Thameen Al Kheetan, portavoz de la oficina de derechos
humanos de la ONU.
La violencia contra la comunidad
alauí —la minoría chií a la que pertenecía la familia Asad— reavivó este año
uno de los mayores temores desde el colapso del régimen: el riesgo de que Siria
derive hacia un conflicto sectario. En marzo, hombres armados, muchos afiliados
a Hayat Tahrir al Sham, llevaron a cabo ataques coordinados en más de treinta
localidades alauíes, con cientos de muertos.
No fue el único episodio. En
verano, enfrentamientos en la ciudad drusa de Suweida dejaron alrededor de 1 200
muertos y miles de desplazados. La violencia ha reabierto heridas profundas y
ha recordado a muchos el origen yihadista del propio presidente. Otros,
simplemente, dudan de su capacidad para controlar a las facciones más radicales
de su movimiento o a sectores indisciplinados de unas fuerzas armadas aún en
proceso de reorganización.
Las sospechas recaen también
sobre la propia genealogía política del nuevo poder. Hayat Tahrir al Sham, el
movimiento que hoy domina el aparato estatal, nació de la antigua red
insurgente vinculada a Al Qaeda. Aunque Al Sharaa insiste en que su proyecto político
ha evolucionado hacia un modelo nacionalista y pragmático, la memoria de esa
procedencia sigue pesando.
Mientras tanto, la nueva Siria
afronta una tarea colosal: reconstruir un país devastado. Según estimaciones
del Banco Mundial, la guerra provocó una caída del 53 % del PIB sirio entre
2010 y 2022. La destrucción material es inmensa. Las infraestructuras básicas
—agua potable, electricidad, hospitales, transporte— representan cerca del 48 %
de los daños totales. A ello se suman ciudades enteras reducidas a escombros.
El coste estimado de la reconstrucción asciende a unos 216 000 millones de
dólares.
Para el gobierno de Damasco, esa
es ahora la prioridad absoluta. Pero el desafío es descomunal. El Banco Mundial
calcula que los costes de reconstrucción superan en diez veces el PIB
proyectado de Siria para 2024. Al Sharaa ha firmado acuerdos de inversión con
varios países de la región. Las petromonarquías del Golfo —Arabia Saudí y
Catar— han prometido fondos para infraestructuras, mientras que Turquía
participa en proyectos de transporte y energía. Aun así, el horizonte sigue
siendo incierto y cualquier estallido de violencia interna podría ralentizar
los avances.
El coste humano de la guerra
sigue siendo aún más devastador. Entre 300 000 y 470 000 personas murieron en
el conflicto. Más de seis millones huyeron al extranjero y once millones fueron
desplazadas dentro del país. Tras catorce años de guerra, Siria está
profundamente desestructurada socialmente. Hoy, cerca del 90% de la población
vive por debajo del umbral de la pobreza.
Aun así, la caída del régimen de
Asad abrió una ventana de esperanza. Según datos de ACNUR, entre diciembre de
2024 y junio de 2025 más de un millón de refugiados sirios regresaron al país.
Muchos volvieron a ciudades irreconocibles, barrios convertidos en montañas de
hormigón roto y campos abandonados.
La euforia inicial por el final
de una dictadura de décadas ha ido dando paso a un sentimiento más prudente. La
reconstrucción será larga, los fantasmas del pasado siguen presentes y la nueva
Siria deberá aprender a caminar sobre un terreno político frágil. Incluso las
amenazas externas —la más reciente, la tensión con Israel— añaden presión a una
transición que todavía está lejos de consolidarse.
Quizá por eso la imagen del
presidente en Naciones Unidas resulta tan simbólica. El hombre que durante años
fue conocido como Abu Mohammad al Julani —combatiente islamista, líder
insurgente, comandante de milicia— aparece ahora vestido con traje oscuro y
corbata diplomática ante el mundo.
Cambió el AK-47 por la corbata. Pero Siria aún tiene que demostrar que también ha cambiado de destino.
