Cuba
vuelve a asomarse a ese precipicio que en la isla no necesita traducción: el de
las crisis que lo abarcan todo. No son solo la economía o la política. Es algo
más denso, más atmosférico. Una sensación que se cuela en las casas cuando se
apaga la luz, en los hospitales cuando falta combustible, en los aeropuertos
cuando los vuelos dejan de llegar. Esta vez, el golpe no ha venido de dentro,
ni siquiera directamente de Washington. Ha llegado desde Caracas, pero ha
terminado golpeando en La Habana.
La
captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero ha desencadenado una reacción en
cadena que ha dejado a Cuba expuesta como pocas veces desde el final de la
Guerra Fría. Durante años, la alianza entre ambos países fue mucho más que una
afinidad ideológica: era un sistema de supervivencia. Venezuela enviaba
petróleo; Cuba ofrecía médicos, inteligencia y apoyo político. Un intercambio
desigual pero funcional. Ahora, ese engranaje se ha roto de forma abrupta.
Sin
el crudo venezolano subvencionado, la economía cubana ha quedado suspendida en
el aire. No hay sustituto inmediato, ni red de seguridad. Lo que durante
décadas fue un flujo constante de energía se ha evaporado en cuestión de días.
Y en una isla donde todo —desde el transporte hasta la producción de alimentos
y la atención hospitalaria— depende del combustible, la ausencia se convierte
rápidamente en parálisis.
En
ese vacío ha entrado Estados Unidos con una rapidez que sugiere planificación
más que improvisación. La Administración de Donald Trump ha decidido aprovechar
el momento. Desde principios de enero, Washington ha desplegado una estrategia
de presión que combina sanciones energéticas, amenazas comerciales y
aislamiento financiero. El objetivo es claro: cerrar cualquier vía alternativa
de suministro.
El
mensaje ha sido directo. Cualquier país que intente abastecer de combustible a
Cuba se expone a aranceles o represalias económicas. El efecto ha sido
inmediato y, en algunos sectores, devastador. Varias aerolíneas internacionales
han suspendido sus rutas hacia la isla tras recibir advertencias de que no
podrían repostar en aeropuertos cubanos. Entre ellas, compañías de mercados
clave como Canadá o Rusia, pilares del turismo que todavía sostenía parte de la
entrada de divisas.
La
consecuencia no es solo la reducción de vuelos. Es el estrangulamiento
progresivo de uno de los últimos sectores funcionales de la economía cubana.
Menos turistas significa menos ingresos, menos divisas, menos capacidad de
importar alimentos o medicinas. Es una cadena que se retroalimenta y que, en
cuestión de semanas, puede acelerar el deterioro general.
En
medio de esa presión creciente, Trump ha ido un paso más allá en el terreno
retórico. Esta semana, en una declaración que ha resonado tanto en Washington
como en La Habana, afirmó: «Creo que tendré… el honor de tomar Cuba. Ya sea
liberarla, tomarla —podré hacer lo que quiera con ella—. Es una nación muy
debilitada en este momento». No es solo una frase provocadora. Es una señal
política.
Porque,
más allá del lenguaje hiperbólico, lo que subyace es una hipótesis estratégica:
que Cuba, en su estado actual de vulnerabilidad, podría ser empujada hacia un
punto de ruptura. No mediante una intervención militar —al menos no en los
términos clásicos—, sino a través de una asfixia económica sostenida que
desestabilice el sistema desde dentro.
En
esa arquitectura de presión, el papel de Marco Rubio resulta central. Hijo de
inmigrantes cubanos y figura clave en la política hacia América Latina, Rubio
lleva años defendiendo una línea dura contra el régimen de La Habana. Su
diagnóstico es claro y repetido: el problema de Cuba no es externo, sino
interno. Es, en sus palabras, «el instinto del régimen por el control total.
Dentro
de la Administración Trump, esa visión justifica una estrategia que descarta
concesiones y apuesta por el desgaste. Según Rubio, las autoridades cubanas «preferirían estar a
cargo de un país moribundo antes que permitirle prosperar». La frase, más allá
de su carga ideológica, resume el enfoque de Washington: no hay espacio para
una salida negociada si no implica cambios estructurales en el sistema político
cubano.
Mientras
tanto, la realidad en la isla se mide en indicadores mucho más inmediatos. Esta
semana, Cuba ha sufrido un apagón nacional de treinta horas consecutivas, el
sexto en apenas dieciocho meses. No se trata de cortes puntuales, sino de
fallos sistémicos que afectan a todo el país. Hospitales funcionando con
generadores, transporte público prácticamente detenido, universidades
trasladando sus clases a formatos improvisados en línea.
Por
su parte, el peso cubano sigue cayendo en el mercado informal, reflejo de una
economía que se desliza hacia la dolarización de facto sin tener acceso real a
dólares. La inflación erosiona los salarios, y la escasez de productos básicos
—desde alimentos hasta medicamentos— se ha convertido en un elemento
estructural de la vida cotidiana.
En
los círculos diplomáticos en La Habana, el lenguaje también ha cambiado. Ya no
se habla solo de dificultades, sino de escenarios de contingencia. Embajadas
que revisan planes de evacuación, organismos internacionales que calculan
reservas de emergencia, informes que advierten de un posible colapso logístico
en cuestión de semanas si no se restablece el suministro de combustible.
El
Gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, mantiene públicamente una
posición de resistencia. Ha rechazado cualquier idea de rendición y ha
reiterado su disposición a dialogar con Estados Unidos, aunque «sin presiones ni
condiciones previas». Es una fórmula conocida, utilizada en otras
crisis, pero que ahora suena más frágil que nunca.
Porque
el contexto internacional ha cambiado de forma significativa. En los años
noventa, tras el colapso de la Unión Soviética, Cuba logró sobrevivir a lo que
denominó “Periodo Especial” gracias, en parte, a una combinación de reformas
internas y nuevos apoyos externos. Hoy, ese margen no existe. Ni Rusia ni China
han mostrado intención de intervenir de manera decisiva en el plano energético.
Su respaldo es, por ahora, más retórico que material.
En
América Latina, la respuesta ha sido igualmente limitada. Los gobiernos de
izquierda, tradicionalmente cercanos a La Habana, han optado por una cautela
que roza la pasividad. La única excepción parcial ha sido México, donde la
presidenta Claudia Sheinbaum ha ofrecido ayuda humanitaria, aunque
cuidadosamente calibrada para evitar una confrontación directa con Washington.
En términos prácticos, no es suficiente para sostener el sistema energético
cubano.
En
este escenario, la sensación que se extiende entre diplomáticos y analistas es
que Estados Unidos está probando una hipótesis arriesgada: que la presión
económica, llevada al extremo, puede desencadenar un cambio interno en Cuba. No
necesariamente inmediato, ni necesariamente ordenado, pero sí suficiente para
alterar el equilibrio político de la isla.
Es
una apuesta que entraña riesgos. La historia reciente muestra que las crisis
profundas no siempre conducen a transiciones democráticas. A veces generan
mayor control, mayor represión o simplemente un deterioro prolongado sin
desenlace claro.
Por
ahora, Cuba avanza hacia ese terreno incierto. Sus dirigentes apelan a la
resistencia, su población se prepara para una escasez que ya no parece temporal
y su futuro inmediato depende, en gran medida, de decisiones tomadas fuera de
sus fronteras. En Washington, en Caracas, en capitales donde la isla es más un
tablero geopolítico que un país de once millones de personas.
Y,
mientras tanto, en La Habana, la luz sigue apagándose.
