El pasado 1 de septiembre ingresé
en el colectivo de jubilados. El trámite no me convirtió en una persona
distinta, pero me proporcionó una nueva ocupación: escuchar con atención a
quienes tienen ideas sobre mi pensión. Hasta entonces, algunas declaraciones
económicas podían parecerme abstracciones. Ahora sé que las abstracciones
también se ingresan, o dejan de ingresarse, a final de mes.
Tenemos elecciones generales el
próximo 29 de noviembre. Se hablará de España, de su futuro, de sus enemigos y
de unas cuantas cosas solemnes. Conviene reservar algo de atención para
cuestiones menos aparatosas: quién decide si un enfermo puede volver al
trabajo, cómo se actualiza una pensión y qué ocurre con quienes llegan a la
vejez sin haber podido ahorrar. El Estado del bienestar consiste, en buena
medida, en esas pequeñas vulgaridades. boe.es
Alberto Núñez Feijóo propone dar
a las mutuas más poder para gestionar las altas laborales. También ha planteado
incentivos para las empresas que reduzcan las bajas. La presentación resulta
atractiva: menos absentismo, más eficiencia, una economía que funciona mejor.
La dificultad aparece cuando recordamos que detrás de una baja suele haber una
persona enferma. Reducir las bajas mejorando las condiciones de trabajo sería
una buena noticia. Reducirlas facilitando la reincorporación de quien todavía
necesita recuperarse sería otra cosa.
Una baja médica no es una
concesión sentimental. Es el reconocimiento de que alguien no está en
condiciones de trabajar. Por eso importa quién puede terminarla, con qué
criterios y bajo qué controles. Los intereses de una empresa y la salud de sus
empleados pueden coincidir, pero no existe ninguna ley natural que los obligue
a hacerlo. Cuando entran en conflicto, el trabajador necesita algo más sólido
que una declaración de buenas intenciones.
Vox, por su parte, ha puesto
sobre la mesa las pensiones. Su portavoz económico, José María Figaredo, ha
descrito el sistema como «un zombi» y propone avanzar hacia un modelo mixto que
combine reparto y capitalización individual. La expresión tiene la ventaja de
parecer técnica. Traducida al lenguaje cotidiano, significa que una parte de la
jubilación dependería del ahorro acumulado por cada persona y del rendimiento
de ese dinero. EL PAÍS
Ahorrar es una excelente
costumbre cuando queda algo que ahorrar. Para quien paga un alquiler elevado,
sostiene una familia y llega justo al final del mes, la capitalización
individual empieza con un inconveniente bastante concreto: falta el capital.
Las rentas altas pueden reservar dinero para su vejez. Las bajas tienen que
dedicarlo a conseguir que termine razonablemente bien la semana. Presentar
ambas situaciones como una misma oportunidad financiera exige cierta distancia
respecto a la vida corriente.
El sistema de reparto responde a
otra lógica: las cotizaciones de quienes trabajan contribuyen a pagar las
pensiones actuales. No elimina los problemas demográficos ni permite ignorar
las cuentas. Obliga a discutir sobre empleo, salarios, ingresos públicos y
distribución del esfuerzo. Sustituir parte de esa protección por ahorro
individual tampoco hace desaparecer las dificultades. Cambia quién las soporta
y cómo.
Hay, además, una cuestión que
suele quedar escondida detrás de las grandes reformas: el poder adquisitivo. Si
los precios suben y una pensión permanece quieta, el pensionista pierde
ingresos reales aunque conserve exactamente los mismos euros. No necesita un
informe para descubrirlo. Le basta con ir al supermercado. Vincular la
actualización de las pensiones al IPC protege frente a esa pérdida; debilitar
el mecanismo trasladaría el coste de la inflación a quienes cobran la
prestación.
El antecedente del 0,25 % de la
etapa de Rajoy merece recordarse. No porque pueda afirmarse que un futuro
Gobierno vaya a recuperarlo necesariamente, sino porque muestra lo que ocurre
cuando la actualización se separa del coste de la vida. Una subida puede
existir en el papel y resultar insuficiente en la caja del supermercado. A eso
se le puede llamar moderación del gasto. Quien la padece suele utilizar
palabras menos administrativas.
La diferencia pesa especialmente
en las pensiones más bajas. En 2026, la mínima de jubilación para una persona
de 65 años o más, sin cónyuge, es de 936,20 euros mensuales en catorce pagas.
Conviene precisar la modalidad: no existe una única pensión mínima. En esas
rentas, cualquier pérdida de poder adquisitivo reduce un margen que ya era
estrecho. seg-social.es
También conviene ser precisos con
las promesas y las amenazas. Feijóo asegura ahora que garantizará el sistema
público y revalorizará las pensiones. Vox plantea una reforma hacia un modelo
mixto. No son declaraciones idénticas, y atribuirles un programa cerrado de
recortes que todavía no han presentado facilitaría una réplica demasiado
cómoda. Lo razonable es exigir que expliquen sus propuestas: qué conservarían,
qué cambiarían, cómo lo financiarían y qué protección tendría quien no puede
ahorrar.
Los avances de estos años en la
actualización de las pensiones y en las prestaciones más bajas merecen
defenderse con argumentos que resistan una comprobación. También merece
discutirse la sostenibilidad del sistema sin aceptar que la única respuesta posible
sea reducir derechos. Las cuentas importan. Precisamente por eso hay que
examinarlas enteras, incluyendo los ingresos y el reparto de las cargas.
El 29 de noviembre votaremos,
entre otras cosas, sobre todo esto. Quien cobra una pensión o espera cobrarla
tiene motivos para leer con cuidado la letra pequeña. Quien trabaja tiene
motivos para interesarse por quién decidirá cuándo está suficientemente sano
para volver a su puesto. Los programas económicos adquieren una claridad
considerable cuando se traducen en una nómina, una baja o una compra semanal.
He llegado a la jubilación con
una convicción bastante modesta: después de décadas de trabajo, la tranquilidad
no debería depender de acertar con un producto financiero. Tampoco debería
premiarse a una empresa por reducir las bajas si lo consigue haciendo que sus
trabajadores vuelvan antes de estar recuperados. Defender esas dos cosas no
resuelve todos los problemas del país. Ayuda, al menos, a recordar para quién
deberían resolverse.
