AHORRAR PARA LA VEJEZ CUANDO APENAS SE PUEDE PAGAR EL PRESENTE

 

Para ahorrar hay que disponer de algo que no sea necesario gastar. La observación parece demasiado elemental para un debate económico, pero convendría colocarla al comienzo de cualquier propuesta sobre pensiones. Después de pagar el alquiler o la hipoteca, comprar comida, mantener la casa y desplazarse al trabajo, muchas personas apenas conservan margen para afrontar un imprevisto. Pedirles que, además, acumulen un capital para su jubilación exige explicar de dónde saldrá el dinero. La educación financiera puede enseñar a administrarlo. Fabricarlo queda fuera de sus competencias.

La cuestión viene a cuento del Programa económico y de vivienda de Vox. En su página 38, dentro del apartado dedicado a reducir el gasto público, propone capitalizar un fondo público de pensiones con criterios de rentabilidad privada y avanzar hacia un sistema mixto tomando Suecia como referencia. También plantea una exención fiscal sin límite cuantitativo para el ahorro personal destinado a la jubilación, siempre que se cobre después de jubilarse. El documento anuncia una transformación importante, pero apenas desarrolla su funcionamiento.

Conviene precisar qué dice y qué deja abierto. Habla de un fondo público, por lo que no sería correcto atribuirle sin más una sustitución de las pensiones por planes privados. Tampoco concreta que ese fondo se organice mediante cuentas individuales. Sin embargo, quedan pendientes las preguntas fundamentales: cuánto dinero recibirá, de dónde procederá, qué prestación garantizará y quién asumirá los riesgos. La palabra «mixto» permite muchas combinaciones; por sí sola no explica ninguna.

Antes de discutir las rentabilidades futuras hay, por tanto, dos cuestiones bastante menos vistosas: cuánto esfuerzo adicional se exigirá a quienes trabajan y cómo se seguirán pagando las pensiones actuales si una parte de las cotizaciones deja de financiarlas. Son problemas distintos, aunque ambos conducen al mismo lugar: alguien tiene que aportar el dinero.

Si se mantienen las cotizaciones que sostienen las pensiones públicas y se añade una aportación obligatoria a un fondo, habrá que repartir ese esfuerzo. Si lo soporta el trabajador, dispondrá de menos salario para sus gastos. Si corresponde a la empresa, aumentará su desembolso directo. Si el Estado subvenciona las aportaciones, necesitará recursos públicos. Cabe combinar las fórmulas, pero ninguna convierte el ahorro en gratuito. Prometer simultáneamente grandes rebajas fiscales para los más ricos, como dice el Programa de Vox, obliga, además, a explicar con especial cuidado cómo se financiarán esas ayudas.

Se puede imponer el ahorro a quien no logra ahorrar voluntariamente, descontándolo antes de que cobre. Lo que no puede evitarse es que ese descuento reduzca sus recursos disponibles respecto a una situación sin esa aportación. La cuenta para la vejez aumenta mientras el presupuesto del presente se estrecha. Que el dinero siga perteneciendo al trabajador no permite utilizarlo simultáneamente para pagar el alquiler.

Además, una misma aportación no representa el mismo sacrificio para todos. Quien tiene ingresos holgados puede reducir gastos prescindibles; quien llega justo debe recortar necesidades o renunciar a su pequeño colchón para emergencias. Un instrumento de ahorro puede resultar útil como complemento para quien dispone de margen. Presentarlo como remedio general para salarios insuficientes confunde la herramienta con los recursos necesarios para utilizarla.

Puesto que se invoca a Suecia, conviene mirar algo más que su sistema de pensiones. Según la comparación de Eurostat para 2022, el salario mediano bruto por hora era de 19,30 euros en Suecia y de 11 euros en España. La mediana deja a la mitad de los trabajadores por debajo y a la otra mitad por encima. La diferencia nominal rondaba el 75%; al ajustar por los distintos niveles de precios, se reducía aproximadamente al 29%. El ajuste acorta la distancia, pero no la borra.

Otro indicador resulta aún más cercano a la economía doméstica. Según Eurostat, en 2025 el 37,8 % de la población española no podía afrontar un gasto imprevisto con sus propios recursos, frente al 24,9 % de la sueca. Casi cuatro de cada diez personas aquí; una de cada cuatro allí. La prueba utiliza una cantidad adaptada a cada país, pero permite comparar la falta de un colchón económico. No demuestra cuánto podría ahorrar cada trabajador; sí impide dar por supuesta una capacidad generalizada de ahorro adicional.

También conviene recordar que Suecia conserva un componente público mayoritario de reparto. De los derechos anuales equivalentes al 18,5 % de los ingresos computables, 16 puntos corresponden a ese componente y 2,5 a la parte invertida en fondos. A ello se añaden pensiones laborales complementarias y mecanismos públicos de protección. Invocar el modelo sueco exige explicar qué piezas se quieren trasladar y con qué salarios, financiación y garantías.

La segunda pregunta afecta a quienes ya estamos jubilados y a quienes lo estarán durante la transición. Algunas críticas al sistema español mezclan su sostenibilidad con un reproche personal: los pensionistas cobramos más de lo que aportamos y, por tanto, defender nuestras prestaciones sería reclamar un privilegio a costa de hijos y nietos. Pero yo no estoy cobrando de una hucha donde hayan permanecido intactas mis cotizaciones.

No existe una cartilla con la etiqueta «Manuel Peinado» en la que mi dinero haya estado dormitando durante medio siglo, esperando a que me jubilase para empezar a sacar billetes. Mientras trabajaba, mis cotizaciones contribuían a pagar las pensiones de los jubilados de entonces. Las de los trabajadores actuales contribuyen a pagar las de hoy, incluida la mía. Ese es el principio del reparto: un compromiso entre generaciones, no una cuenta de ahorro individual.

Esto no vuelve irrelevante la relación entre aportaciones y prestaciones. Se puede y se debe estudiar el equilibrio financiero del sistema, su justicia y cómo distribuye los esfuerzos entre generaciones. Lo que resulta engañoso es presentar la diferencia entre lo cotizado y lo percibido como si probara, por sí sola, que un pensionista está retirando de una cuenta ajena más dinero del que le pertenece. Ese razonamiento confunde dos formas distintas de organizar la protección de la vejez.

Precisamente porque las cotizaciones actuales financian prestaciones actuales, destinarlas parcialmente a acumular capital abre un problema inmediato. El dinero desviado deja de estar disponible para pagar las pensiones, pero los jubilados siguen necesitando su prestación todos los meses. Durante un periodo prolongado habrá que atender los compromisos del sistema de reparto y formar, a la vez, el capital del nuevo componente.

Ese es el coste de la transición. Puede cubrirse mediante impuestos, deuda, otros ingresos o ajustes presupuestarios. Cada opción reparte el esfuerzo de manera diferente. Si el fondo se financia con recursos adicionales, la cuestión será conseguirlos; si recibe cotizaciones existentes, habrá que compensar el hueco. Una propuesta que describa los rendimientos esperados y omita esta factura deja sin explicar una parte fundamental de su funcionamiento.

Tampoco hace falta una catástrofe bursátil para que aparezcan dificultades. Un fondo puede obtener rendimientos positivos y seguir siendo insuficiente para financiar una jubilación larga. Los salarios bajos generan aportaciones pequeñas; el desempleo interrumpe su acumulación; los cuidados no remunerados tampoco producen capital por sí solos. Sin mecanismos compensatorios, las desigualdades de la vida laboral llegan a la jubilación incorporadas al saldo.

El programa añade otra propuesta: permitir que los jóvenes anticipen parte de su futura pensión para comprar una vivienda. La idea enlaza dos necesidades reales, pero deja pendiente cómo se calcularía ese anticipo y qué consecuencias tendría para la prestación posterior. Resolver el acceso a una casa comprometiendo recursos de la vejez exige explicar quién asumirá la diferencia.

Nada de esto demuestra que cualquier sistema mixto sea inviable ni convierte el reparto en un mecanismo ajeno a los problemas demográficos y económicos. Demuestra que una reforma debe explicar sus aportaciones, sus garantías, sus costes y sus riesgos. Antes de pedir a la gente que reserve más dinero para mañana, conviene comprobar cuánto necesita para vivir hoy. Y antes de prometer rentabilidad, presentar las cuentas: el alquiler se paga con dinero disponible y la vejez no debería sostenerse sobre una promesa.