Hace
tres años publiqué una entrada (Malos
aires) en la que me ocupaba del cada vez más alarmante incremento de la
temperatura global debida, entre otras causas, a las actividades humanas. Aquí
seguimos en las mismas.
Según
los datos avanzados por el Gobierno español a la Comisión Europea[1], las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2015
superaron los 339 millones de toneladas equivalentes de CO2, con un
aumento de 13,77 millones de toneladas respecto del año anterior (4,2% de
incremento), lo que supone aumentar en más de un 18% nuestras emisiones de GEI
respecto a 1990. A todo ello se suma un incremento de la degradación de la
capacidad de absorción natural de un 8%.
El
año pasado fue el segundo año en que se produce un incremento de las emisiones
desde que en 2008 descendieran bruscamente debido a la crisis económica, y
refleja la inacción de las administraciones públicas a la hora de poner en
marcha políticas de lucha contra el calentamiento global. La cifra sigue
situando al Estado español a la cabeza de la Unión Europea en el incremento de
emisiones desde 1990, año que se toma como referencia para el protocolo de
Kioto.
El
principal incremento observado se debe al sector energético, con un 17% de
aumento de GEI, y en que destaca, dentro un lamentable marco del mayor uso de
combustibles fósiles, el nuevo aumento de consumo de carbón, debido en parte al
apoyo evidente del Gobierno a la utilización de este combustible obsoleto y
contaminante. Otro de los factores determinantes es la actividad industrial,
que aumentó un 10%, con un incremento del 17% del sector siderúrgico, así como
un aumento del 23% de las industrias asociadas a los sustitutos del ozono.
Es
patente también cómo el nulo esfuerzo de la Administración frente a la
movilidad provoca seguir con el incremento continuo de la motorización de los
desplazamientos, que ha aumentado en un 2,5% su consumo. Así, el resultado
evidente es un incremento neto del consumo de combustibles fósiles, que está
muy por encima del resto de indicadores económicos, lo que indica la adicción
del modelo económico español al petróleo.
La
falta de medidas contra el cambio climático provocará que el Estado español se
vea obligado a aumentar en un 10% su peso en el sistema europeo de derechos de
emisión (ETS). Las emisiones en España en el periodo 1990-2014 son las que más
aumentaron en Europa: un 18,6% (en valores absolutos, 53,4 millones de
toneladas). Estos datos muestran cómo las declaraciones del gobierno durante la
COP21 de París son indefendibles, ya que no han sido capaces de lograr el
descenso de las emisiones. De hecho, los compromisos asumidos por España le
permitirán en 2020 seguir teniendo mayores emisiones que en 1990. Las
reducciones comprometidas para 2030 son ínfimas. El nuevo año de referencia de
los compromisos de reducción de GEI (2005), cuando se produjeron emisiones
récord en España, hace que en 2015 pasemos de excedernos un 18% respecto a 1990
a haber reducido un 22% respecto a 2005.
Estos
datos refrendan la irresponsable actitud del Gobierno frente al cambio
climático, plasmada en la política contraria a las renovables, la penalización
al autoconsumo, las subvenciones a los sectores fósiles como el carbón, el
apoyo a la energía nuclear o el recurso contra gobiernos locales y regionales
que han manifestado su oposición al fracking.
Esta
actitud temeraria somete a todo el territorio español, especialmente frágil a
las consecuencias del cambio climático, a un agravamiento peligroso del
deterioro ambiental como consecuencia del calentamiento global. El Estado
español, que debería ser puntero en el uso de tecnologías renovables, sigue
apostando irresponsablemente por la continua quema de fósiles como única forma
de desarrollo.
Es
urgente y necesario dejar atrás esta visión cortoplacista e insostenible,
abordando con la mayor urgencia un cambio radical en el modelo actual de
producción y de consumo, que consiga disminuir las emisiones contaminantes y
alcanzar la justicia social y ambiental.
