Un amable lector de mi último
artículo en estas mismas páginas, El
alquiler, una máquina de aumentar la desigualdad, me plantea una pregunta:
«¿Sabes por qué en España se pasó hambre y necesidad durante el primer
franquismo? ¿Básicamente, porque la producción agraria quedó reducida
prácticamente a cero? Es una respuesta que está intrínsecamente unida al asunto
que apuntas».
No termino de entender qué
relación causal propone entre aquella hambruna y el mercado del alquiler
actual, pero la pregunta histórica merece una respuesta. También una primera
precisión: la producción agraria sufrió un importante retroceso, pero no quedó
reducida prácticamente a cero. Y entre producir menos alimentos y explicar
quién pasa hambre hay unas cuantas cuestiones que conviene examinar.
Para orientarse contamos con
una bibliografía considerable. Me apoyaré en tres obras complementarias: Autarquía
y mercado negro. El fracaso económico del primer franquismo, 1939–1959,
coordinada por Carlos Barciela; La economía política del franquismo (1940–1970).
Dirigismo, mercado y planificación, de Manuel Jesús González; y Productores
disciplinados y minorías subversivas, de Carme Molinero y Pere Ysàs. La
primera analiza los mecanismos del fracaso autárquico; la segunda, las
decisiones y los cambios de política económica; la tercera, las condiciones y
la capacidad de respuesta de los trabajadores. Leídas conjuntamente, permiten
entender que el hambre tuvo causas económicas, sociales y políticas.
La Guerra Civil dejó un país
profundamente empobrecido. Se habían perdido vidas, haciendas, medios de
transporte y capacidad productiva. Muchas familias quedaron deshechas; otras
perdieron a quienes aportaban sus ingresos por la muerte, el exilio o la
prisión. Los problemas de abastecimiento se sumaron a una pobreza rural que
venía de lejos. Sería absurdo minimizar semejante herencia, pero también lo
sería utilizarla como explicación suficiente de cuanto ocurrió después. La
guerra terminó en 1939; la escasez, las cartillas y la necesidad continuaron
durante muchos años. Explicar esa duración obliga a estudiar cómo se administró
la posguerra.
El régimen eligió la
autarquía: aspiraba a que España se bastara con sus propios recursos y redujera
su dependencia del exterior. La autosuficiencia podía sonar magnífica en un
discurso patriótico, pero resultaba bastante menos convincente cuando había que
abonar un campo, mover un tractor o alimentar una ciudad. España necesitaba
importar fertilizantes, combustibles, maquinaria, materias primas y alimentos.
Restringir esas compras dificultaba atender las necesidades inmediatas y, al
mismo tiempo, producir más en el futuro. La falta de divisas añadía obstáculos,
pero la voluntad autárquica fue una elección del régimen, no una obligación
impuesta íntegramente desde fuera.
La intervención agraria
complicó todavía más las cosas. El Estado regulaba precios, entregas y
circulación de productos básicos. Cuando el precio oficial resultaba poco
remunerador, el agricultor tenía incentivos para ocultar parte de la cosecha o
venderla por otros canales. Eso no significa que todos los productores actuaran
igual ni que dispusieran de las mismas oportunidades. Un pequeño campesino que
intentaba alimentar a su familia no ocupaba la misma posición que un gran
propietario con capacidad para almacenar y contactos para negociar. Pero el
funcionamiento del sistema favorecía que una parte de los alimentos escapara al
abastecimiento oficial.
Así creció el estraperlo.
Los productos que faltaban en los comercios podían encontrarse por otras vías,
a precios muy superiores. Cuanto menos llegaba al circuito regulado, más
insuficiente resultaba el suministro y mayor era la dependencia del mercado negro.
La escasez se convirtió en una oportunidad de negocio para quienes podían
aprovecharla. El hambre de unos convivía con las ganancias de otros: no todos
los españoles atravesaron la posguerra desde el mismo lado del mostrador. Los
estudios reunidos por Barciela permiten seguir ese vínculo entre política
agraria, mercados intervenidos y deterioro de las condiciones de vida.
El racionamiento pretendía
repartir productos escasos, pero una cartilla no era una despensa. Establecido
en 1939 y mantenido hasta 1952, daba acceso a determinadas cantidades de
alimentos sin garantizar que fueran suficientes ni que llegaran con regularidad.
Para completar la alimentación había que buscar recursos adicionales: pequeños
cultivos, intercambios, ayuda familiar, compras clandestinas. Quien tenía
dinero podía pagar los precios del estraperlo. Quien dependía de un jornal
exiguo debía estirar unas raciones que no se estiraban indefinidamente. El
derecho a comprar una cantidad de pan servía de poco cuando esa cantidad no
alcanzaba.
Aquí está una de las claves
de la cuestión: para pasar hambre no es necesario que los alimentos
desaparezcan. Basta con que una familia no pueda conseguir los que necesita. La
producción importa, por supuesto, pero también importan los salarios, los precios
y las condiciones de distribución. Dos hogares podían vivir en la misma calle,
tener cerca los mismos campos y atravesar experiencias alimentarias muy
diferentes. La disponibilidad de comida en un país y la posibilidad de comer de
sus habitantes están relacionadas, aunque no sean exactamente lo mismo.
La dictadura había
eliminado, además, los instrumentos con los que los trabajadores podían
defender colectivamente sus condiciones de vida. Sin sindicatos libres ni
derecho de huelga, su capacidad para reclamar mejores salarios quedó
severamente limitada. A esa subordinación se añadía la situación de los
represaliados y sus familias: perder al principal sostén económico, sufrir una
depuración o encontrar obstáculos para obtener empleo podía convertir la
pobreza en indigencia. La disciplina laboral del franquismo tuvo consecuencias
materiales que se medían también en la mesa de las casas. Este es el terreno
que permite comprender el trabajo de Molinero e Ysàs.
También contaban las
relaciones personales y políticas. En una economía de permisos, cupos y
controles, disponer de contactos facilitaba acceder a recursos y oportunidades.
El pequeño estraperlo de subsistencia podía ser perseguido mientras operaciones
de mayor alcance encontraban protección o tolerancia. Conviene, por tanto,
desconfiar de esa imagen de una nación que sufrió unida y por igual una
desgracia inevitable. La investigación histórica muestra que la miseria y la
represión socioeconómica contribuyeron a la desmovilización de una población
para la que conseguir comida podía ocupar buena parte de la jornada.
Nada de esto obliga a negar
las dificultades internacionales. La Segunda Guerra Mundial alteró el comercio
y los transportes; después, la vinculación de Franco con las potencias
fascistas contribuyó al aislamiento de su régimen. España quedó fuera del Plan
Marshall. Hubo también sequías y malas cosechas, circunstancias particularmente
dañinas en una agricultura vulnerable. Pero reconocer estos factores no
equivale a aceptar que expliquen por sí solos la hambruna. El hambre precedió
al aislamiento posterior a 1945, y la política interna condicionó la capacidad
para afrontar cada dificultad. La propaganda insistió en la guerra y en la
«pertinaz sequía», explicaciones muy convenientes para unas autoridades que
preferían presentarse como víctimas de las circunstancias.
Vuelvo, pues, a la pregunta
del lector. En España se pasó hambre porque se produjo menos, pero también
porque se obstaculizó la recuperación, se administró deficientemente el
abastecimiento y millones de personas carecieron de ingresos y de capacidad de defensa.
No encuentro una relación causal directa que permita trasladar aquella
explicación al alquiler actual. Sí aparece una cuestión común, mucho más
general: para comprender la privación hay que preguntar cuánto existe, cómo se
distribuye y quién puede pagarlo. La guerra dejó muchas mesas vacías; las
decisiones de la posguerra contribuyeron a que tardaran demasiado en volver a
llenarse.
