¡Menuda comisión y menudos resultados!

El Gobierno de Carpetovetonia estaba muy preocupado. Las agencias internacionales de rating habían calificado los alimentos que se servían en los comedores escolares con una MM. Aunque oposición y canallesca se apresuraron a decir que aquello significaba “muy mala”, lo que quería decir era “manifiestamente mejorable”. Algo había que hacer. El ministro de Educación, un reputado experto en no se sabía muy bien qué cosa, propuso que se creara una comisión a su imagen y semejanza, es decir, una comisión de expertos a medida, como los trajes que, presuntamente, Bárcenas pagaba a don Mariano. Dicho y hecho. 

Pocos días después se constituyó con la solemnidad propia del caso la Comisión Ministerial de Expertos Dietéticos para la Ordenación Racional de las Escuelas Saludables (COMEDORES), cuya mayoría estaba formada por dos expertos de cinco asociaciones del sector alimentario: PACOBA, la patronal de la comida basura; ASOFACAO, la asociación de fabricantes adulteradores del cacao; FEDEFCOLA, la federación de envasadores de bebidas flatulentas de cola; ASEBOLLIN, la asociación española de bollería industrial, y la poderosa FEDICHUCHE, la federación independiente de fabricantes de golosinas, piruletas y chucherías. Para salpimentar el puchero, el señor ministro nombró tres representantes, uno por el principal partido de la oposición y dos en representación de los dos sindicatos mayoritarios.

Los expertos redactaron sus conclusiones en un periquete y las aprobaron por goleada. El señor ministro mostró su satisfacción en rueda de prensa: el dictamen de los beneméritos expertos se ejecutaría en el próximo curso escolar. El curso siguiente el menú de guarderías, escuelas infantiles y colegios era un abigarrado muestrario de hamburguesas, perritos calientes, alitas de pollo emborrizadas, patatas fritas (en vaya usted a saber qué fritanga), bebidas de cola, gaseosas, sifones (que un avispado industrial catalán había rescatado del túnel del tiempo), bollería industrial rebosante de falso chocolate y, de postre, piruletas, algodones de azúcar, polos de hielo y helados a gogó. Los chavales estaban encantados. Los padres no tanto. Dos años después los alumnos de Carpetovetonia habían alcanzado por primera vez el primer puesto en una estadística internacional de aprovechamiento escolar: eran los estudiantes más gordos del mundo.

Grotesco ¿no? Pues eso, ni más ni menos, es lo que ha hecho el Gobierno con la comisión de expertos que ha nombrado para la reforma de las pensiones, ocho de cuyos doce miembros cuentan con fuertes intereses y vinculaciones económicas o han estado y están a sueldo de aseguradoras y bancos, principales interesados en la privatización por vía de hecho de las pensiones de los españoles. Para que no hubiera duda, Rafael Domenech, economista jefe del Servicio de Estudios del BBVA, ha ejercido como portavoz de la comisión, presidida por Víctor Pérez-Díaz, asiduo colaborador de FAES, el brazo ideológico del PP, y asesor de UNESPA, la patronal del seguro.

El interés de las aseguradoras está claro: quienes puedan permitírselo deben complementar su retiro con una pensión privada. Se trata de desincentivar a los ancianos humildes  para que se mueran de una vez y dejen de ser una carga para el contribuyente honrado. Pero, qué demonios pintan los bancos en todo esto, se preguntarán ustedes. Dejando al margen que muchos de ellos son socios importantes en las propias aseguradoras, el dinero que mueven cada año en España las pensiones públicas, que no es otra cosa que el ahorro de los trabajadores, es más del 11% del PIB, unos 120.000 millones de euros, un panal de rica miel que los bancos quieren disfrutar en exclusiva y para conseguirlo gastan esfuerzos y dinero para que sus expertos intenten convencernos de que lo mejor es que la banca se haga cargo del botín.

Con tales mimbres, el cesto tejido por el grupo de expertos cuidadosamente seleccionados por el PP no podía ser otro que la confirmación de las tesis gubernamentales... de Alemania, empeñada en recortar nuestros derechos sociales usando la tijera de su autómata, Mariano Rajoy. Si el Gobierno nombra un grupo de expertos para que estudie la reforma de las pensiones, ¿a qué conclusión creen ustedes que llegará? Exacto, a que hay que recortarlas. Rajoy necesitaba una trinchera y la ha encontrado parapetándose tras un grupo de gatomusos que ha confirmado la última gran logomaquia urdida por la autoridad: el factor de sostenibilidad.

Para que nadie se llame a engaño, tal factor es pura logomaquia, porque intenta centrar la discusión en las palabras y no en el fondo del asunto, que es en realidad “bajar las pensiones”. Básicamente, es la munición técnica para poder recortar las pensiones actuales; siempre, claro está, con la vista puesta en “salvaguardar el futuro del sistema público de pensiones” aunque sea a costa de destruirlo: se trata de cambiar una sostenibilidad buena por otra mala, tal y como se ha hecho en Sanidad y Educación. 

Para lograrlo, se acude al trile de presentar una complicada fórmula matemática cuyos factores operan desde supuestos que invalidan sus resultados. La fórmula se sostiene en un camelo: como la esperanza de vida de los españoles ha crecido seis años en los últimos treinta, deduzco que los ancianos españoles viven seis años más. Como es mucho suponer que los expertos sean orates, cabe pensar que ignoran intencionadamente que la esperanza de vida no se calcula así. Imagine un país habitado solo por dos personas: doña Paquita, que vive hasta que tiene 80 años, y Paquito, que fallece nada más nacer. La esperanza media de vida del país sería (80+0)/2=40 años. Imagine ahora que han pasado treinta años y el país sigue teniendo solo dos habitantes. Uno, don Emilio, que muere a los 80 años, y otro, Braulio, que vive hasta los cuarenta. La esperanza de vida sería de (80+40)/2=60, es decir, veinte años más que hace 30. Pero eso no significa, por mucho que se empeñen, que don Emilio viva veinte años más. En realidad, sigue falleciendo a los 80. Eso es lo que ha ocurrido en España, que la mortalidad infantil ha descendido mucho y con ello la esperanza de vida ha aumentado. Pero el aumento de la esperanza de vida no repercute automáticamente en que los ancianos vivan más años, porque de lo contrario el mundo estaría repleto de matusalenes.

De esa primera falacia emana la primera consecuencia: el personal de a pie vive más años, así que tiene que trabajar más años. Si vive diez años más, debería trabajar diez más. Tal planteamiento ignora la enorme variabilidad en las tasas de mortalidad que existe en España entre las personas pertenecientes a diferentes estamentos. Un catedrático, por citar un ejemplo que me toca de cerca, es probable que viva siete años más que la empleada de la limpieza de la universidad en la que trabaja. Es profundamente injusto exigir a la mujer de la limpieza que trabaje más años para pagar la pensión del catedrático. Este disparatado e injusto retraso indiscriminado de la edad de jubilación es el criterio que promueve la comisión con gran contento de la ministra alférez y del manotijeras pontevedrés. En la España de hoy, el 10% de la población que tiene rentas más altas vive diez años más que alguien del decil inferior. Promover “el café para todos” sin tener en cuenta la enorme desigualdad de condiciones de vida y muerte es inmoral y antidemocrático.

Les dejo ese par de píldoras. Si quieren profundizar más en el tema hagan ustedes lo que un servidor: lean Lo que debes saber para que no te roben la pensión (Espasa, 2013), de los catedráticos de Economía Aplicada Vicenç Navarro y Juan Torres, una sencilla y práctica lección acerca de lo que están tramando el Gobierno y sus expertos, que es, una vez más, llevarnos al huerto. 

Las amigas de los Fabra

Firma invitada: Juan E. Tur (http://www.publico.es/457247/alberto-fabra-crea-una-secretaria-a-medida-de-su-amiga-mas-cercana)

Alberto Fabra crea una secretaría a medida de su amiga más cercana. 

El presidente autonómico valenciano, tras fichar como personal de confianza a su cocinero, ha creado una nueva secretaría autonómica en el organigrama de la Generalitat valenciana, para dejarla en manos de Esther Pastor, con la que mantiene -según fuentes del PP de la comunidad— una relación muy estrecha. 

¿Qué aptitudes ha valorado Alberto Fabra para proponer a Esther Pastor a este nuevo cargo? "Es una perfecta conocedora del funcionamiento del área de presidencia". Con esta explicación el vicepresidente de la Generalitat y portavoz del Consell que preside Alberto Fabra, despejaba la incómoda pregunta del periodista Javier Cavanilles, de Economía Digital, acerca de la creación de un nuevo alto cargo en la Administración Fabra, la hasta ahora inédita secretaría autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, adscrita a Presidencia, y su delegación en la persona de Esther Pastor.

¿Pero qué hay de incómodo en todo esto al margen de la incoherencia de crear un nuevo alto cargo cuando se presume de adelgazar la administración? La incomodidad vendría de la elección de Pastor, aterrizada en Valencia para ocupar la dirección general de Organización y Coordinación de la mano de Fabra, al que empezó a acompañar en su etapa al frente del Ayuntamiento de Castelló, y que, según llevan difundiendo desde hace semanas fuentes del propio PP, mantiene con el presidente una relación muy cercana.

Pastor ya recibía la retribución máxima de un asesor del presidente por llevarle la agenda Pastor fue, en agosto de 2011, la única novedad del grupo de asesores del recién incorporado presidente, que al margen de ésta, heredó sin cambiar ninguna pieza el Gabinete dejado por Francisco Camps. La función conocida de Pastor, al igual que en la alcaldía, era llevarle la agenda, para lo que se le otorgó la retribución máxima correspondiente a un asesor de presidencia.

El ascenso de Pastor y la creación de su cargo no han servido para suprimir la dirección general ésta antes ocupaba, y que, con un ligero cambio de denominación (ahora pasa a ser de Coordinación Institucional) queda ahora en manos de María Jesús García Grigols. La creación del nuevo cargo se ha compensado con la supresión de la secretaría autonómica de Territorio, Medio Ambiente y Paisaje, y se ha anunciado junto a las destituciones de los tres delegados provinciales del Consell, cuya utilidad era más que cuestionada.

Este nuevo paso emprendido por Fabra, polémico por las insinuaciones lanzadas desde las filas de su propio partido, se produce tan sólo unas semanas después de que saltara a la palestra la contratación por parte del presidente valenciano -y a cargo del erario público- de un entrenador personal para potenciar sus dotes de liderazgo. Un fichaje que finalmente se frustraría al trascender en los medios.

El que finalmente no se ha torcido es el de su cocinero en el Palau de la Generalitat, contratado a principios de abril como personal eventual, después de haber sido víctima, junto a otros 32 compañeros, de uno de los múltiples ERE ejecutados por el gobierno valenciano en sus empresas publicas. Gracias a ello, como informó esta semana el diario Levante-EMV, Eugenio Ramón L. M. es merecedor de un sueldo anual de 29.915 euros brutos, por dar de comer a Alberto Fabra y sus invitados. [Eso es justo la mitad de los que cobrarán otros porque Fabra ha colocado al líder valenciano de Nuevas Generaciones con un sueldo de 45.000 euros].

Todas estas revelaciones se producen en un momento de extrema debilidad de la figura de Alberto Fabra que, ignorado desde el Gobierno central por el equipo de Mariano Rajoy --hace unos días el ministro Montoro negó la discriminación endémica en la financiación valenciana que los popularistas, junto con buena parte de la oposición, llevan denunciando desde hace años--, ve como diversas facciones en el seno del partido (desde los campsistas apartados por Fabra, a los seguidores del barón provincial Alfonso Rus) están minando su posición en el partido con numerosas filtraciones.

De ser cierta esta última, Alberto Fabra, que se afincó hace unas semanas en Valencia -según fuentes de presidencia, por problemas en el ámbito familiar-, podría estar siguiendo un camino similar al recorrido años atrás por su padrino político, Carlos Fabra. El ex presidente de la Diputación de Castellón, mantiene una relación de pareja desde hace cerca de una década , con la actual vicepresidenta de esta cámara, Esther Pallardó, que disfrutó de un ascenso fulgurante en la estructura de poder vinculada al PP desde que, a principios de la pasada década, accediera a llevar la comunicación de Carlos Fabra en la diputación.

Fue en esas circunstancias cómo el político y la entonces periodista, tras romper con sus respectivas parejas, forjaron una unión sentimental que aún pervive.

La basura, al sumidero

En la entrada anterior, que era la primera parte de este artículo, escribí que una de las manifestaciones más evidentes del cambio global son las alteraciones climáticas producidas por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero desde la era industrial. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU calcula que, si se duplica la concentración de CO2 en la atmósfera del planeta en este siglo, es probable que la superficie de la Tierra se caliente entre 2 y 4,5 ºC. Sin embargo, los expertos advierten que la temperatura del planeta podría aumentar significativamente más de 4,5 ºC, según algunos de los pronósticos. 

Incluso un aumento de la temperatura de “tan sólo” 3 ºC, previsión que algunos científicos califican de bastante conservadora, supondría volver a la temperatura que teníamos en la Tierra hace tres millones de años, en el Plioceno. El mundo de entonces era muy distinto al que conocemos hoy, como podría testimoniar el primer homínido reconocible, el Australopithecus, que apareció en ese período en el que abundaban mastodontes, gonfoterios, gliptodontes y tigres de dientes de sable.

Previsiones, dirá usted. Realidades también. Los efectos del cambio climático en tiempo real están erosionando con gran virulencia a la economía en distintas regiones del planeta. Sólo el coste en daños a la economía estadounidense de los huracanes Katrina, Rita, Ike y Gustav se estima en más de 100.000 millones de dólares. Inundaciones, sequías, incendios voraces, tornados y otros fenómenos meteorológicos extremos han diezmado ecosistemas en todo el mundo, han destruido la producción agrícola y las infraestructuras, han ralentizado la economía global y han ocasionado hambrunas y migraciones de millones de seres humanos.

Las tres grandes alternativas para buscar una verdadera sostenibilidad de la especie humana en el planeta son bien conocidas: 1) reducir la demanda de recursos; 2) desarrollar soluciones tecnológicas que puedan mitigar nuestros impactos; 3) adoptar medidas que, inicialmente, ralenticen el crecimiento demográfico y, eventualmente, lo reviertan. Todo indica que tales medidas correctoras están fallando estrepitosamente, de manera que hay que tomar buena nota de lo que la naturaleza sigue haciendo gratuitamente por el Homo sapiens, tan ocupado en castigarla. Una de esas medidas correctoras naturales son los sumideros, el ejemplo más claro de los servicios que nos prestan los ecosistemas.

Se conoce como sumidero todo sistema o proceso por el que se extrae de la atmósfera un gas o gases y se almacena. Todo el mundo sabe que las plantas emiten CO2 cuando respiran por la noche y lo absorben cuando, a la luz del sol, realizan la fotosíntesis. Las plantas emplean el proceso fotosintético para convertir el CO2 en azúcares, empleando éstos en su metabolismo básico y en la formación de tejidos. Las plantas no sólo ciclan el CO2 sino que, ocultas a la vista, sus raíces son capaces de almacenarlo y retenerlo, disminuyendo así la tasa de acumulación de gas carbónico en la atmósfera. 

En 1992, la preocupación de la comunidad internacional por el cambio climático impulsó la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El objetivo fundamental de la Convención era la “estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida una interferencia antropógena peligrosa en el sistema climático”. Desde esa perspectiva, lo deseable sería el de un mundo con emisiones de CO2 limitadas, de conformidad con la meta internacional de estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero.

Una vez más, el deseo no se corresponde con la realidad. Al actuar con nuestro irracional comportamiento, al mismo tiempo que emitimos gases contaminantes destruimos los ecosistemas naturales, los pulmones que deberían oxigenar el aire y almacenar el CO2, de modo que el desequilibrio se acentúa. Además, casi todos los escenarios del uso de energía mundial prevén un aumento sustancial de las emisiones de CO2 a lo largo de este siglo si no se adoptan medidas específicas para mitigar el cambio climático. También pronostican que el suministro de energía primaria seguirá dominado por los combustibles fósiles hasta, al menos, mediados de siglo. La magnitud de la reducción de emisiones necesaria para estabilizar la concentración atmosférica de CO2 dependerá tanto la línea de base, es decir, del nivel de las emisiones futuras, como del objetivo perseguido para la concentración de CO2 a largo plazo: cuanto más bajo sea el objetivo de estabilización y más altas sean las emisiones de la línea de base, mayor será la reducción de emisiones necesaria. 

El Tercer Informe de Evaluación (TIE) del IPCC establece que, según el escenario que se considere, a lo largo de este siglo habría que evitar las emisiones acumulativas de cientos, o incluso miles, de gigatoneladas (GT) para estabilizar la concentración de CO2 a un nivel de entre 450 y 750 partes por millón (ppm). El TIE también constata que “ninguna opción tecnológica podrá lograr por sí sola las reducciones de emisiones necesarias”. Más bien, se necesitará una combinación de medidas de mitigación para lograr la estabilización. Es aquí donde entra en juego la búsqueda de nuevos sumideros, un conjunto de actuaciones conocidas genéricamente como Captación y Almacenamiento del Carbono (CAC), que propugna el IPCC. Entre ellas destaca el almacenamiento geológico.

El almacenamiento de CO2  en formaciones geológicas profundas en el mar o en la tierra utiliza muchas de las tecnologías desarrolladas por la industria petrolera y del gas y ha demostrado ser económicamente viable en condiciones específicas para los yacimientos de petróleo y gas y las formaciones salinas, pero todavía no para el almacenamiento en capas de carbón inexplotables por hallarse a gran profundidad. Si se inyecta CO2 en formaciones geológicas apropiadas a una profundidad mayor de 800 m, diversos mecanismos de retención físicos y geoquímicos evitan que se desplace hacia la superficie.

Se trata de aprovechar al máximo las propiedades físicas del CO2 y de los cambios que experimenta a presiones extremas bajo tierra, que hacen que se densifique y se comporte más como un líquido que como un gas. Esto significa que se pueden almacenar enormes cantidades de CO2 en un espacio relativamente pequeño, de la misma forma que en un camión cisterna de una capacidad de 40 m3 se pueden almacenar 600 veces más de gas licuado por compresión. La mayor parte de lo almacenado de este modo ocuparía los espacios intersticiales de rocas porosas que quedan atrapadas por una roca superior de muy baja permeabilidad que actúa como una tapadera.

Estos días se dio por finalizado el proyecto CO2SINK financiado por la UE con 8,7 millones de euros, que está a la vanguardia del desarrollo de las tecnologías adecuadas para posibilitar el almacenaje. En un acuífero salino cerca de la ciudad de Ketzin, al oeste de Berlín, se han almacenado 62.000 toneladas de CO2 a una profundidad de más de 600 metros en el período 2008-2012. La tecnología no es novedosa, puesto que la industria del gas y la petrolífera vienen recurriendo al almacenaje subterráneo desde hace años, concretamente desde que descubrieron que inyectar CO2 en los campos petrolíferos mejoraba la extracción de petróleo. Hay más planes de almacenaje geológico en desarrollo y otros para comprobar su evolución que han avanzado considerablemente. 

Parece bueno ¿no? Lo dudo. Seguimos produciendo basura y, como un mal barrendero, no se nos ocurre nada mejor que esconderla debajo de la alfombra, aunque sea la del Mar del Norte. Exactamente lo mismo que se hacía hace cincuenta años, cuando tirar bidones repletos de residuos nucleares en el mar parecía algo tan natural como inocuo. 

¿Qué país se atrevería a hacerlo hoy?