¡Menuda comisión y menudos resultados!

El Gobierno de Carpetovetonia estaba muy preocupado. Las agencias internacionales de rating habían calificado los alimentos que se servían en los comedores escolares con una MM. Aunque oposición y canallesca se apresuraron a decir que aquello significaba “muy mala”, lo que quería decir era “manifiestamente mejorable”. Algo había que hacer. El ministro de Educación, un reputado experto en no se sabía muy bien qué cosa, propuso que se creara una comisión a su imagen y semejanza, es decir, una comisión de expertos a medida, como los trajes que, presuntamente, Bárcenas pagaba a don Mariano. Dicho y hecho. 

Pocos días después se constituyó con la solemnidad propia del caso la Comisión Ministerial de Expertos Dietéticos para la Ordenación Racional de las Escuelas Saludables (COMEDORES), cuya mayoría estaba formada por dos expertos de cinco asociaciones del sector alimentario: PACOBA, la patronal de la comida basura; ASOFACAO, la asociación de fabricantes adulteradores del cacao; FEDEFCOLA, la federación de envasadores de bebidas flatulentas de cola; ASEBOLLIN, la asociación española de bollería industrial, y la poderosa FEDICHUCHE, la federación independiente de fabricantes de golosinas, piruletas y chucherías. Para salpimentar el puchero, el señor ministro nombró tres representantes, uno por el principal partido de la oposición y dos en representación de los dos sindicatos mayoritarios.

Los expertos redactaron sus conclusiones en un periquete y las aprobaron por goleada. El señor ministro mostró su satisfacción en rueda de prensa: el dictamen de los beneméritos expertos se ejecutaría en el próximo curso escolar. El curso siguiente el menú de guarderías, escuelas infantiles y colegios era un abigarrado muestrario de hamburguesas, perritos calientes, alitas de pollo emborrizadas, patatas fritas (en vaya usted a saber qué fritanga), bebidas de cola, gaseosas, sifones (que un avispado industrial catalán había rescatado del túnel del tiempo), bollería industrial rebosante de falso chocolate y, de postre, piruletas, algodones de azúcar, polos de hielo y helados a gogó. Los chavales estaban encantados. Los padres no tanto. Dos años después los alumnos de Carpetovetonia habían alcanzado por primera vez el primer puesto en una estadística internacional de aprovechamiento escolar: eran los estudiantes más gordos del mundo.

Grotesco ¿no? Pues eso, ni más ni menos, es lo que ha hecho el Gobierno con la comisión de expertos que ha nombrado para la reforma de las pensiones, ocho de cuyos doce miembros cuentan con fuertes intereses y vinculaciones económicas o han estado y están a sueldo de aseguradoras y bancos, principales interesados en la privatización por vía de hecho de las pensiones de los españoles. Para que no hubiera duda, Rafael Domenech, economista jefe del Servicio de Estudios del BBVA, ha ejercido como portavoz de la comisión, presidida por Víctor Pérez-Díaz, asiduo colaborador de FAES, el brazo ideológico del PP, y asesor de UNESPA, la patronal del seguro.

El interés de las aseguradoras está claro: quienes puedan permitírselo deben complementar su retiro con una pensión privada. Se trata de desincentivar a los ancianos humildes  para que se mueran de una vez y dejen de ser una carga para el contribuyente honrado. Pero, qué demonios pintan los bancos en todo esto, se preguntarán ustedes. Dejando al margen que muchos de ellos son socios importantes en las propias aseguradoras, el dinero que mueven cada año en España las pensiones públicas, que no es otra cosa que el ahorro de los trabajadores, es más del 11% del PIB, unos 120.000 millones de euros, un panal de rica miel que los bancos quieren disfrutar en exclusiva y para conseguirlo gastan esfuerzos y dinero para que sus expertos intenten convencernos de que lo mejor es que la banca se haga cargo del botín.

Con tales mimbres, el cesto tejido por el grupo de expertos cuidadosamente seleccionados por el PP no podía ser otro que la confirmación de las tesis gubernamentales... de Alemania, empeñada en recortar nuestros derechos sociales usando la tijera de su autómata, Mariano Rajoy. Si el Gobierno nombra un grupo de expertos para que estudie la reforma de las pensiones, ¿a qué conclusión creen ustedes que llegará? Exacto, a que hay que recortarlas. Rajoy necesitaba una trinchera y la ha encontrado parapetándose tras un grupo de gatomusos que ha confirmado la última gran logomaquia urdida por la autoridad: el factor de sostenibilidad.

Para que nadie se llame a engaño, tal factor es pura logomaquia, porque intenta centrar la discusión en las palabras y no en el fondo del asunto, que es en realidad “bajar las pensiones”. Básicamente, es la munición técnica para poder recortar las pensiones actuales; siempre, claro está, con la vista puesta en “salvaguardar el futuro del sistema público de pensiones” aunque sea a costa de destruirlo: se trata de cambiar una sostenibilidad buena por otra mala, tal y como se ha hecho en Sanidad y Educación. 

Para lograrlo, se acude al trile de presentar una complicada fórmula matemática cuyos factores operan desde supuestos que invalidan sus resultados. La fórmula se sostiene en un camelo: como la esperanza de vida de los españoles ha crecido seis años en los últimos treinta, deduzco que los ancianos españoles viven seis años más. Como es mucho suponer que los expertos sean orates, cabe pensar que ignoran intencionadamente que la esperanza de vida no se calcula así. Imagine un país habitado solo por dos personas: doña Paquita, que vive hasta que tiene 80 años, y Paquito, que fallece nada más nacer. La esperanza media de vida del país sería (80+0)/2=40 años. Imagine ahora que han pasado treinta años y el país sigue teniendo solo dos habitantes. Uno, don Emilio, que muere a los 80 años, y otro, Braulio, que vive hasta los cuarenta. La esperanza de vida sería de (80+40)/2=60, es decir, veinte años más que hace 30. Pero eso no significa, por mucho que se empeñen, que don Emilio viva veinte años más. En realidad, sigue falleciendo a los 80. Eso es lo que ha ocurrido en España, que la mortalidad infantil ha descendido mucho y con ello la esperanza de vida ha aumentado. Pero el aumento de la esperanza de vida no repercute automáticamente en que los ancianos vivan más años, porque de lo contrario el mundo estaría repleto de matusalenes.

De esa primera falacia emana la primera consecuencia: el personal de a pie vive más años, así que tiene que trabajar más años. Si vive diez años más, debería trabajar diez más. Tal planteamiento ignora la enorme variabilidad en las tasas de mortalidad que existe en España entre las personas pertenecientes a diferentes estamentos. Un catedrático, por citar un ejemplo que me toca de cerca, es probable que viva siete años más que la empleada de la limpieza de la universidad en la que trabaja. Es profundamente injusto exigir a la mujer de la limpieza que trabaje más años para pagar la pensión del catedrático. Este disparatado e injusto retraso indiscriminado de la edad de jubilación es el criterio que promueve la comisión con gran contento de la ministra alférez y del manotijeras pontevedrés. En la España de hoy, el 10% de la población que tiene rentas más altas vive diez años más que alguien del decil inferior. Promover “el café para todos” sin tener en cuenta la enorme desigualdad de condiciones de vida y muerte es inmoral y antidemocrático.

Les dejo ese par de píldoras. Si quieren profundizar más en el tema hagan ustedes lo que un servidor: lean Lo que debes saber para que no te roben la pensión (Espasa, 2013), de los catedráticos de Economía Aplicada Vicenç Navarro y Juan Torres, una sencilla y práctica lección acerca de lo que están tramando el Gobierno y sus expertos, que es, una vez más, llevarnos al huerto.