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domingo, 26 de febrero de 2012

¡Qué cosas, tienes Mazón!




Domingo 19 de febrero de 2012. Termina la manifestación contra la reforma laboral. El quiosco de la estación de Atocha presenta el juego de espejos de la inanidad: las portadas de los periódicos multiplican el rostro del hombre de la barba rala y la boca muesa riendo a mandíbula batiente. ¿De qué se ríe el hombre del pelo teñido de caoba en el pórtico de la gloria del congreso sevillano del PP? Quizás sea que a él, como a mí, le vienen a la memoria tres noticias que todavía huelen a la tinta fresca del periódico matutino. 


Mientras que el presidente del Gobierno busca desesperadamente 40.000 millones de euros que saldrán de nuestros bolsillos una vez que la nueva lluvia de subidas de impuestos y recortes caiga sobre nosotros tras las elecciones andaluzas, el sector de la población que acaba de ser bendecido con la reforma laboral hace mangas y capirotes de la fiscalidad nacional. El Informe de la Lucha contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, que han elaborado técnicos del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA) es rotundo: según las declaraciones de IRPF presentadas, los trabajadores y pensionistas ganan un 75% más que los empresarios. Por no ir más lejos, los empresarios madrileños declaran haber ganado una media 10.776 euros al año, menos que asalariados y pensionistas. 


De manera que si nos tragamos las declaraciones de empresarios y profesionales no sujetos a nómina (por ejemplo los registradores de la propiedad como el señor Rajoy) el colectivo empresarial español se sitúa por debajo del mileurismo, lo cual, en lugar de hacernos quedar por tontos, ofende nuestra inteligencia. No es que se trate de una situación transitoria motivada por la crisis, no. Un estudio comparativo de las rentas declaradas desde 1993 revela que la brecha entre empresarios y asalariados ha ido creciendo año tras año, hasta alcanzar su máximo en 2010. Es la “prueba irrefutable” –dice el informe GESTHA- de la existencia de un "fraude fiscal estructural y masivo" entre autónomos y empresarios.


Según el mencionado informe, el enorme fraude fiscal español alcanza la cifra de 88.617 millones de euros: a la Agencia Tributaria (58.676  millones) y a la Seguridad Social (29.941  millones). Es posible que el hombre de la barba rala sonría porque ahí, en esa colosal bolsa de fraude, ha encontrado ¡por fin! los 40.000 millones de euros que le faltaban sin que tenga que meter la mano en los bolsillos de asalariados y pensionistas españoles.


Aquí, el que no corre, vuela. Leo en la prensa catalana que apenas publicado en el BOE el decreto de reforma laboral, los abogados del despacho Cuatrecasas ya preparan sendos ERE para lograr que las indemnizaciones se fijen en veinte días por año trabajado con un tope de doce mensualidades, conforme a la nueva regulación, en vez de por encima, como ocurría hasta ahora. Doscientos trabajadores irán a la calle y otros tantos miles de euros a los bolsillos de los letrados: mil euros por despido de media por dejar un trabajador en la calle.


Cuatrecasas, Cuatrecasas. Me suena. Buceo en Internet. El abogado Emili Cuatrecasas, socio principal del bufete homónimo, está imputado por la fiscalía de Barcelona en un caso de diez delitos en los que desarrolló "un sofisticado artificio negocial dirigido a camuflar frente a la hacienda pública" sus beneficios económicos y "mostrar ante el fisco una realidad económica falsa". El querellado, mantiene la Fiscalía, “incluyó como gastos vinculados a una actividad empresarial los generados por sus viviendas, barco de recreo, mobiliario, personal de servicio, viajes y otros dispendios domésticos y lúdicos, que de esa forma fueron deducidos en la contabilidad de la sociedad, con el correspondiente fraude fiscal y evitando tributar su propio IRPF”. En manos de estos individuos se deja la suerte del destino laboral de los trabajadores españoles. 


Como Tartufo, que predicaba lo que no hacía, nuestro presidente del Gobierno, que se ve obligado imponer moderación salarial, tiene (presuntamente, ya saben) una doble vara de medir a la hora de cobrar el suyo. El abogado don José Luis Mazón está empeñado en poner un poco de orden entre los servidores públicos. En nombre del partido Soberanía de la Democracia (que Dios, con mayúsculas, guarde), es uno de los autores de la querella contra el juez Garzón, cuyo resultado ya conocen todos ustedes. El señor Mazón, al que parece importarle un bledo cuán altas vuelen sus piezas, ha denunciado al presidente del Gobierno por mantener su plaza como titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola, canonjía que nunca ha ocupado pero que ejerce como derecho de pernada y que el denunciante juzga incompatible con el cargo de presidente del Gobierno. ¡Qué cosas, tienes Mazón!


Intrigado, me pongo a indagar en las hemerotecas. Basta teclear en el buscador “Rajoy y sueldo” y salen noticias a granel que nadie desmiente. Pese a los abundantes datos que dicen que, presuntamente, el señor Rajoy cobra más de medio millón de euros al año, nadie se molesta en desmentirlo. Lo de cobrar como presidente es nuevo, ya saben ustedes, pero antes de serlo ya era diputado y ya por entonces bebía en las mismas tres fuentes... si nadie lo desmiente. 


Según el periodista Miguel Ángel Aguilar, Rajoy figura como registrador de la propiedad con reserva de plaza en Santa Pola y no tiene intención de optar a una excedencia. Esto se traduce en que él y su sustituto, don Francisco Riquelme, impiden que el puesto pueda ser ocupado por un nuevo registrador. En calidad de registrador, aunque no trabaje como tal, Rajoy tiene el privilegio de cobrar un 25% de lo que obtiene su sustituto, el probo Riquelme, que ronda entre los 1,3 y 1,8 millones de euros al año. Es decir, el líder del PP recibiría entre 325.000 y 450.000 euros anuales. Cuarenta mil mensuales un mes con otro.


Cuando aún no había escalado el duro puerto de La Moncloa, el sueldo de Rajoy era exactamente el que confesó en un programa de televisión a una pensionista que indagó sobre su cuantía. Tras tragar saliva para hacer más digerible la bola, Rajoy reconoció “que cobraba más que un pensionista”. En ese momento, el sueldo de Rajoy eran 51.000 euros como diputado, 149.000 como líder del PP y 325.000 como registrador de la propiedad. Era verdad: ¡cobraba algo más que un pensionista!


Resten el sueldo de diputado y sumen los 78.184 euros del salario de presidente y ya tienen lo que gana a la fecha don Mariano, que, un lamentable olvido imputable a su mucha dedicación a cuidar de nuestro bienestar vaciándonos de paso los bolsillos, no ha incluido todos sus ingresos en la preceptiva declaración de intereses del Congreso. 


¿Adivinan ahora de qué se ríe este hombre? De usted y de mí, ciudadano... presuntamente.