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viernes, 20 de abril de 2012

Una de zombis




De uno a otro confín, los analistas financieros hacen un diagnóstico unánime: nadie se fía de nosotros. Descartada la hipótesis de una conspiración internacional y sin otro mérito como economista que mi curiosidad, me parece que hay algunas razones de peso para desconfiar. En esta primera entrega me ocuparé de los problemas derivados de nuestro sistema financiero y dejaré para una próxima los que se derivan de las cuentas del Reino.


Aunque el porcentaje de la deuda pública española con respecto al PIB no debería ser preocupante, el problema es que la financiamos a muy corto plazo. Alrededor del 70% de la deuda soberana desde 2010 ha sido emitida a menos de un año, lo que nos coloca en un problema muy serio porque es el mismo que mató a Lehman Brothers: si de repente no te prestan, te encuentras de un día para otro con los bolsillos vacíos y con la bancarrota. Conocida nuestra inevitable adicción a los préstamos, los especuladores se dedican con ahínco a que nuestra prima de riesgo esté por las nubes con el loable propósito de que el interés de sus préstamos sea el más alto posible. 


De ahí que a muchos economistas, sin que deje de preocuparles la subida de la prima, les preocupe más la caída de la Bolsa, un indicador más fiable de la situación económica del país. La prima es un juego de especuladores de renta fija, de tenedores de cobertura de operaciones financieras de riesgo y de agencias de rating. Se mueve mecida por las olas del déficit y de la deuda, cuyo primer responsable es el Gobierno. En cambio la Bolsa, aunque especulativa en sus operaciones, es un retrato de la economía real. Sirve para que las empresas obtengan recursos de os inversores. Lo que se evalúa a diario es su solvencia y sus beneficios futuros. Este indicador, además, se anticipa a los acontecimientos, a la marcha real de la economía.


Pagar en su totalidad la deuda española supone que los españoles deberíamos dejar de comer durante tres años y ocho meses. De ese ayuno, ocho meses corresponden a la deuda pública, un año a la deuda de las familias y dos años a la de las empresas. La deuda pública española significa un coste de 2.000 euros al año para cada español: El coste de la deuda privada equivale a más de 9.000 euros por español y año. Pero el verdadero riesgo es que la deuda privada se transforme finalmente en deuda pública por impago de aquella. 


Los bancos y cajas españoles han prestado a familias y empresas unos dos billones de euros, aproximadamente el doble de nuestro PIB. Aproximadamente 325.000 millones son créditos al promotor, en cuya devolución hay una morosidad del 20% y un riesgo de impago cercano al 30% (ambos porcentajes son una barbaridad). Para el resto, la morosidad es menor, aunque en absoluto despreciable: la morosidad de los créditos concedidos a particulares y empresas alcanzó en febrero el 8,15%, con lo que rozó la cota máxima de octubre de 1994, cuando marcó el 8,2%. Añadiendo a estos riesgos bancarios los derivados de los activos tóxicos heredados de la crisis global y del exceso de ladrillo en las provisiones de bancas y cajas, algunos analistas (tildados de optimistas por sus colegas) cifran en 250.000 millones de euros la pérdida final de todo el sistema bancario español. 


Particularmente grave es la morosidad en el sector hipotecario cuyo volumen, más de 600.000 millones de euros, hace que un incremento de la morosidad del 5% tenga el doble de efecto sobre el balance que el mismo incremento en la cartera de préstamos a los promotores. La cartera hipotecaria es, además, el centro de muchos debate políticos. Las ayudas a los hogares híper endeudados pueden venir a través del alivio hipotecario, pero debemos ser conscientes de que será a costa de la salud de los balances bancarios. La dación de la vivienda en pago de la hipoteca tiene dos costes. El primero es que abre nuevos agujeros en los bancos en el peor de los momentos (¿los hubo buenos alguna vez?), y el segundo es que deteriora la estabilidad contractual. Cambiar las condiciones establecidas en los contratos mediante una acción legal a posteriori, esto es, después de que hayan sido firmados, es una victoria pírrica que pasará factura en el futuro. Es otra forma de “pan para hoy y hambre para mañana”, pues la incertidumbre cada vez que en el futuro se firme un contrato será enorme y la certidumbre sólo podrá lograrse a costa de un mayor tipo de interés para el consumidor.


Las cuentas del sector financiero siguen siendo un problema. Cada vez que hay una fusión o una intervención, descubrimos que las pérdidas son muchísimo peores que los que la inspección del Banco de España nos contaba: CCM, CAM, Caja Sur, y ahora Cívica con la entrada de la Caixa, que ha dejado con un susto considerable al mercado porque confirma que lo que desde hace años que es vox populi: que los números contables del sector financiero no inspiran confianza. El canje de deuda impagada por activos inmobiliarios a precios ficticios ha permitido a muchas entidades maquillar sus balances y enmascarar sus niveles de morosidad. Se trata de un puro artificio contable para no reconocer las pérdidas e inscribir en su balance números completamente alejados de la realidad. Dadas las numerosas manipulaciones, no es extraño que muchos analistas estimen que la morosidad es la mitad de la que sería si la contabilidad fuera más transparente. 


Por supuesto, gran parte de las predecibles pérdidas bancarias serán absorbidas por los propios bancos, que tienen un capital de alrededor de 300.000 millones. Pero el capital no está repartido por igual: algunas entidades como el Santander o la Caixa no van a sufrir casi nada, pero otros van a tener problemas muy serios porque carecen de liquidez para afrontarlos. Si el impago es de unos 250.000 millones, el contribuyente tendría que poner en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) unos 150.000 millones. Esto aumentaría la deuda pública y las necesidades de financiación en otro 15%, lo que elevaría el ratio actual de la deuda hasta un 80-90% del PIB a finales de año.


Así las cosas, está claro que el Gobierno y el Banco de España han fracasado en el principal objetivo de la reforma financiera, que según el Real Decreto de saneamiento del sector era “recuperar la credibilidad y la confianza en el sistema español”. Los inversores no se fijan en los beneficios, que sólo vienen de las operaciones realizadas con el dinero del Banco Central Europeo (BCE), en las que los bancos toman al 1% y prestan al 3%, sino en el balance (todavía excesivamente enladrillado) y en la caja. Y lo que ven es que cada trimestre bajan los depósitos y sube la morosidad. Por eso, yendo al grano, los inversores internacionales consideran que hace falta una limpieza radical de los balances bancarios con las consiguientes ampliaciones de capital o con el rescate a través del BCE y del FMI.


Si los balances son peores de lo que parece, si las instituciones financieras saben que los activos en su balance son ficticios, que en realidad las hipotecas no se van a pagar, que el suelo por el que han canjeado la deuda es invendible y que si bajan el precio de las viviendas que poseen hasta su precio real sus balances se desplomarán, no debe sorprender que destinen sus recursos a generar colchones para afrontar futuras pérdidas y no a financiar a familias y empresas, lo que supone un lastre enorme para la economía, porque lejos de contribuir a la recuperación detraen recursos productivos para mantenerse en activo aunque carezcan de viabilidad.


Se convierten así en entidades zombis, ni vivas ni muertas, pero que siembran el terror entre los siempre temerosos inversores.