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lunes, 4 de junio de 2018

Luces y sombras de la “España vacía”


En el momento actual de cambio continuo, y más aún en un país como España con situaciones territoriales muy diversas por más que algunos se empeñen en proclamar la uniformidad, destacan y son objeto de particular preocupación los vacíos demográficos del mundo rural interior. Resolverlos requiere acometer y acertar un nuevo modelo territorial sostenible, viable, responsable y solidario.

Gracias a una reseña que la catedrática de Geografía Josefina Gómez Mendoza publicó ya va para dos años en Revista de Libros, he leído estos días La España vacía. Viaje por un país que nunca fue (Turner, 2016) del periodista Sergio del Molino, empeñado en recrear –como titula Josefina su artículo- “El imaginario de la España vacía”. A este libro de gran éxito, cuyo título se emplea machaconamente como metáfora del problema de la despoblación, se unen sus casi contemporáneos y mucho menos difundidos Los últimos. Voces de la Laponia española, de Francisco Cerdá (Pepitas de Calabaza, 2017); Alabanza de aldea, de Adolfo García Martínez (KRK, 2016); y El viento derruido. La España rural que se desvanece, de Alejandro López Andrada (Almuzara, 2017).
Esos libros vienen a incorporarse al nuevo ciclo de literatura pesimista sobre España en el que estamos de nuevo sumidos, lo que se ha dado en llamar «relatos depresivos» que tienen mucho del regeneracionismo novecentista de Joaquín Costa, Rafael Altamira o Lucas Mallada, y que ahora ponen el acento en los desequilibrios territoriales, que son también sociales y culturales, que delimitan una España vacía y abandonada dentro de la totalidad. De nuevo, como en las literaturas regeneracionistas y noventayochistas a las que creíamos haber cerrado con la “doble llave al sepulcro del Cid”, el gran territorio de esa España vacía se identifica como una “rareza” dentro de la normalidad europea, en la que los pueblos se habrían beneficiado de siglos de progreso y no se habrían quedado atrasados y sumidos en la penuria como ocurriría en el caso ibérico.
Del Molino acentúa esa nueva versión del “Spain is different” cuando afirma (p. 44) en términos rotundos: «Un pueblo rico de la Meseta nunca fue tan rico como un pueblo pobre de Francia o Alemania», o también cuando dice que mientras para un extranjero un paisaje es un parque, en España un paisaje es un problema que resolver. La España rural como una originalidad ibérica y un problema por resolver. Atrapados por el sentimentalismo y un sentido épico de la derrota, quienes escriben sobre la despoblación de la España rural olvidan a quienes permanecen en ella y a quienes han llegado allende de nuestras fronteras para iniciar una nueva vida. Todos aquellos ciudadanos que, en definitiva, alimentan la esperanza de que se revierta la situación.
En lo que respecta a la originalidad, no hay tal. En un libro elocuentemente llamado La rendición silenciosa (Peaceful Surrender The Depopulation of Rural Spain in Twentieth Century. Cambridge Scholars Publishing, 2011), los economistas Fernando Collantes y Vicente Pinilla han descrito cómo el modelo de la despoblación de la España rural debido a la emigración hacia las ciudades responde a los modelos de Francia o Gran Bretaña, por ejemplo, sólo que medio siglo más tarde: aunque se había estancado el crecimiento demográfico en las zonas rurales, la emigración en masa no se desencadenó hasta los años cincuenta. Eso sí, a partir de entonces el proceso fue más acelerado, intenso, extenso y prolongado. En suma, el caso español, aunque con sus singularidades, no es excepcional, y España se habría comportado como lo hicieron los países de más temprana industrialización y urbanización, como está ocurriendo ahora con los países del Este europeo, todavía en pleno proceso respecto de nosotros.
Y ahora vayamos con el problema. Sin duda, más del 40% del territorio español tiene unas densidades demográficas alarmantemente bajas y peligra la cohesión territorial de un país con tales vacíos. Pero, además de contemplarlo como un problema cabe también ver en ello una oportunidad.

En el mapa anterior puede verse que el medio rural español (densidad <20 hab./km2) está conformado por un 60% de municipios con menos de 1.001 hab., que ocupan el 40 % de la superficie y solo representan el 3,1 % de la población. Y el 80 % no llega a los 30.000 habs. Nuestro país es un escenario mayoritariamente rural: Más del 80% de España cumple esas condiciones. Excluidas la orla costera mediterránea, Madrid y su expansión metropolitana, y algunos corredores singulares (Badajoz-Cáceres, Bajo Guadalquivir, Fachada Atlántica) o las mayores de nuestras islas, España se dibuja como una inmensa mancha en donde lo urbano es lo residual y en donde la infraestructura no estructura.

El Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento considera 86 Grandes Áreas Urbanas (GAU) mayores de 50.000 habitantes (son 753 municipios y representan el 9,6% de la superficie de España), en las que reside el 69% de la población española y se concentra el 75% del empleo. La mayoría de ellas -66- tienen carácter supramunicipal/metropolitano. El Atlas denomina Pequeñas Áreas Urbanas (PAU) a 119 municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes, que concentran el 7% de la población y ocupan un 5,6% de la superficie de España, a las que suman 202 municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, muchos de los cuales son costeros y tienen una incidencia clara de la actividad turística, con una gran relevancia en las viviendas ligadas a la edificación dispersa, a la segunda residencia y a ese sector de actividad, que consideran urbano por motivos funcionales. Como resultado, el Atlas presenta 407 ámbitos urbanos (GAU o PAU) mayores de 5.000 habitantes, que integran un total de 1.074 municipios (un 13% del total) y concentran más del 82% de la población. El 18% restante de la población puede considerarse mayoritariamente rural y vive dispersa en el 87% de los restantes municipios españoles.
En el 84% de los que tienen menos de 5.000 habitantes, hay cada vez más municipios con menos de cien habitantes. En la inmensa mayoría de estos municipios rurales de menos de 5.000 habitantes el proceso de envejecimiento demográfico es manifiesto: el 19% de la población en España tenía más de 65 años el pasado uno de enero, con una edad media de 43,1 años. En los de menos de 101 habitantes esa edad media era de 57,8 años, y en todos los menores de 5.000 habitantes la edad media superaba la media nacional. A lo que se superpone su baja natalidad: a 1 de enero de 2017 en 1.027 municipios no había empadronado ningún menor de cinco años, lo que provoca que su futuro sea inviable a menos que cambien radicalmente las políticas territoriales de desarrollo y se opte por unas políticas de sostenibilidad rural muy diferentes.
No es lo mismo un país con una esperanza de vida de treinta y tres años, como la española al comenzar el siglo XX, que con la de ochenta y dos años actual y de 1,2 hijos por mujer, cuando la tasa de reposición es de 2,1. No es igual la pirámide de la población española de mediados del siglo pasado, una pirámide propiamente dicha con amplia base, que la del segundo decenio del siglo XXI, que como mucho se parece a una vieja hucha, con una base pequeña y una panza alta. Véase, si no, el histórico de evolución de la población y la proyección hasta 2049, cuando los del baby boom de los años sesenta a ochenta del siglo pasado tengan entre setenta y noventa años.
Durante los últimos meses he tenido el privilegio de formar parte del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE) creado por el PSOE, en el que un grupo de académicos, afiliados unos, independientes otros, hemos elaborado sendos documentos sobre Agenda Urbana 2030-2050 y Política territorial, respectivamente, con los objetivos de contribuir a la lucha contra el cambio climático y de lograr una transición ecológica ambiciosa y socialmente justa en España. En esos documentos se pretende establecer una nueva relación entre el entorno rural y urbano, unas nuevas pautas para la construcción y rehabilitación sostenible y energéticamente eficiente, la implantación de una movilidad sostenible, un modelo energético 100% renovable y promover la economía circular que convierta el modelo de desarrollo en ambientalmente sostenible.
En el marco de una recuperación económica que está lejos de beneficiar a la mayoría de la sociedad española, una planificación rural comarcal integrada y centrada en las perspectivas de un desarrollo ambientalmente sostenible, socioeconómicamente cohesionado y territorialmente equilibrado, con servicios públicos garantes del bienestar de los ciudadanos, y una dinámica de puesta en valor de los elementos del patrimonio (recursos naturales y culturales) de este medio rural no es ya una alternativa sino una necesidad.
Es imprescindible una Estrategia de Estado a medio y largo plazo para un posible y necesario nuevo pacto territorial, que integre los procesos de renaturalización que se extienden a millones de hectáreas en España, que recupere la vinculación indisoluble entre medio ambiente, territorio y ciudad, y que garantice la igualdad de oportunidades y el bienestar de toda la población, independientemente de donde resida. © Manuel Peinado Lorca. @mpeinadolorca.