Páginas vistas en total

miércoles, 6 de enero de 2021

En unas horas Trump asaltará en vano la última trinchera



Dentro de unas horas, el Congreso de los Estados Unidos (un órgano bicameral, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado) se reunirá en sesión conjunta para contar los votos del Colegio Electoral emitidos en las capitales estatales el mes pasado. En su papel de presidente del Senado, el vicepresidente Mike Pence debería proclamar oficialmente a Joe Biden como el próximo presidente del país.

Este proceso formal, el último paso en las elecciones presidenciales, se ha convertido en la ¿penúltima? trinchera del esfuerzo desesperado, insostenible y posiblemente criminal del presidente Donald Trump para cambiar los resultados de 2020. En su negativa a dar su brazoa torcer, Trump está presionando a Pence y a los representantes republicanos para retrasar u oponerse a la proclamación.

La sesión conjunta del Congreso el 6 de enero no es una mera formalidad. La Ley de Recuento Electoral de 1887 exige que el Congreso convoque y revise, y no solo que certifique formalmente, los resultados del Colegio Electoral.

Esa ley fue una respuesta a las disputadísimas elecciones presidenciales de 1876. Ese año, los republicanos que apoyaban al candidato Rutherford B. Hayes alegaron fraude electoral en cuatro estados que favorecían al demócrata Samuel Tilden, lo que obligó al Congreso a nombrar una comisión independiente para resolver 20 votos electorales disputados.

La comisión nominalmente bipartidista, compuesta por cinco senadores, cinco congresistas y cinco jueces de la Corte Suprema, otorgó los votos en disputa a Hayes, lo que le permitió superar los 185 votos frente a 184 obtenidos por Tilden en el Colegio Electoral. Los procedimientos dejaron una nube de sospecha sobre Hayes, quien recibió el sobrenombre de "Rutherfraude B. Hayes".

El Congreso también salió escaldado de la prolongada y feroz disputa electoral. Para minimizar la probabilidad de que alguna vez volvieran a decidir el resultado de una elección presidencial, los legisladores aprobaron en 1887 la Ley de Recuento Electoral. La ley pone la responsabilidad de resolver las disputas electorales en los estados. Mientras lo hagan, certificando los resultados de sus elecciones a más tardar seis días antes de que el Colegio Electoral se reúna para emitir sus votos, sus resultados se considerarán "concluyentes" cuando el Congreso se reúna para certificar la votación el 6 de enero.

En 2020, todos los estados certificaron sus resultados electorales antes de la fecha límite de del 8 de diciembre. Joe Biden ganó 306 votos electorales, superando los 270 votos necesarios para convertirse en presidente electo, y Donald Trump logró 232. El Congreso está legalmente obligado a ceder ante esas decisiones estatales.

Sin embargo, incluso los resultados concluyentes pueden ponerse en cuestión. De acuerdo con la Ley de Recuento Electoral, si un congresista o un senador están de acuerdo en que una impugnación merece crédito, la Cámara de Representantes y el Senado deben volver a reunirse por separado y deliberar no más de dos horas antes de votar para mantener o rechazar la impugnación. Para que la impugnación prospere, se necesita que dos mayorías, una en cada cámara, vote a favor.

Para anular el resultado de una elección, el Congreso tendría que descalificar suficientes votos electorales para privar a un candidato de los 270 votos necesarios para ganar. Si se consiguiera, el Congreso elegiría al próximo presidente basándose en un sistema de votación especificado en el Artículo II de la Constitución.

Esta tarde, en un intento de cambiar 63 votos electorales de Biden a Trump, al menos una docena de senadores republicanos se opondrán a los resultados en Georgia, Pensilvania, Arizona y Michigan. Sus alegaciones se fundamentan en denuncias de fraude electoral ya desacreditadas administrativa y judicialmente. No hay posibilidad alguna de que los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, voten para apoyar esas recusaciones.

A menos que dimita y ceda la Presidencia a Pence, presidente del Senado pro tempore, como hizo el vicepresidente Hubert Humphrey en enero de 1969, el ahora vicepresidente tendrá el papel formal pero políticamente importante de presidir una proclamación impugnada.

Después de que los certificados de voto de los 50 estados y de Washington DC se lleven a la sesión conjunta, el vicepresidente abrirá los 51 sobres uno a uno y los entregará a los "cajeros" designados. A medida que estos anuncien en voz alta los resultados de cada estado y registren los votos para el recuento final, el vicepresidente «pedirá objeciones, si las hay».

Si los republicanos objetan, se realizará una votación por separado en ambas cámaras. Cuando los republicanos no puedan obtener el apoyo necesario, Pence deberá declarar a Biden presidente electo. Pence está obligado constitucionalmente a cumplir con este deber, por más que Trump diga que confirmar la victoria de Biden sería una traición.

Un presidente estadounidense que organiza un intento de subvertir una elección, con al menos una docena de senadores apoyándole, daña profundamente la democracia, que depende de la transferencia pacífica del poder. Los republicanos, y sobre todo Mike Pence, se enfrentan a una elección entre la fidelidad a la Constitución y la fidelidad a Trump. © Manuel Peinado Lorca. @mpeinadolorca.