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lunes, 16 de enero de 2017

España va bien: los pobres más pobres y los ricos se escaquean

OXFAM Intermón acaba de publicar su último informe sobre la desigualdad. Ámbito internacional: la economía mundial está al servicio de un 1 % que acumula más riqueza que el 99% restante. La crisis de desigualdad extrema está alcanzando cotas insoportables. Si hubiera que destacar dos titulares aplicados al caso español, estos serían “La desigualdad sigue aumentando a pesar del crecimiento de la economía” y “Casi la mitad de las personas paradas en España está en riesgo de pobreza”. 

Según el informe, España, como Jano, es bifronte: por un lado, el PIB crece desde 2014, pero la desigualdad aumenta y la situación de las personas más vulnerables empeora, hasta el punto de que España es el segundo país de la UE donde más ha crecido la desigualdad desde que estalló la crisis. “Este continuo aumento de la desigualdad se debe a una concentración de la riqueza en menos manos, a la vez que se produce un deterioro de la situación de las personas más vulnerables", dice el informe, que ofrece algunos datos que sostienen esta afirmación. 

Entre 2008 y 2014, los salarios más bajos cayeron un 28%, mientras que lo más altos apenas se redujeron. En 2015, la remuneración del ejecutivo con el salario más elevado era 96 veces superior a la del sueldo medio de las empresas del Ibex. En 2015, el 30% de la población más pobre perdió el 33,4% de su riqueza, mientras que la fortuna de las tres personas más ricas creció un 3%. Es más, la fortuna de esas tres personas equivale a la riqueza del 30% de la población más pobre, es decir, de 14,2 millones de personas.

Los datos tanto del Instituto Nacional de Estadística como de la OCDE muestran que durante la crisis han sido los niveles de renta más bajos los que más ingresos han perdido. En 2013, el 10% de población más pobre concentraba el 1,9% de renta nacional, un porcentaje que dos años después había caído hasta el 1,7%. 

"La crisis no ha afectado a todos por igual, ni la reciente recuperación está generando las mismas oportunidades. Las desigualdades se ahondan y retratan un país que avanza a dos velocidades, conformando una sociedad más polarizada", señala Oxfam. El índice Gini, el indicador que mide la desigualdad, ha aumentado en 0,9 puntos desde 2014. El informe subraya que otros países con niveles similares de crecimiento económico en los últimos años sí han conseguido reducir más la desigualdad. 

La oficina del recaudador de impuestos,
de Pieter Brueghel el Joven (1640).
El aumento de las diferencias se debe, dice la organización, al modelo económico, incapaz de crear empleo de calidad y salarios dignos, y a algunas políticas. Oxfam critica que las empresas recuperen beneficios, mientras los salarios se estancan y pierden poder adquisitivo. Apunta también a la política tributaria, que apenas frena "la acumulación de la riqueza" y es incapaz de alcanzar unos niveles de recaudación que sostengan los servicios públicos. Las políticas sociales, dice la organización, no han sido capaces de acabar con la pobreza estructural, tampoco en época de bonanza.

"Como señala la OCDE, las políticas de protección social en España (desempleo, pensiones, beneficios sociales) están mal enfocadas y muestran un perfil poco progresivo, beneficiando en mucha mayor medida a los hogares de mayor renta. El margen de mejora para incrementar su capacidad redistributiva es elevado, con una focalización adecuada", asegura el informe, que recuerda que durante la crisis las partidas presupuestarias de educación y sanidad se recortaron.

Entre otras cosas, Oxfam propone la aprobación de una ley contra la evasión fiscal, propone apostar por impuestos a las grandes fortunas. Buena falta hace. El entramado mundial de paraísos fiscales agrava esta desigualdad, al permitir que una minoría privilegiada de grandes empresas y grandes fortunas muevan fácilmente su dinero para no pagar los impuestos que les corresponden.

Los impuestos que no se pagan por la fuga de dinero hacia paraísos fiscales suponen menos recursos públicos para políticas sociales como la sanidad, la educación, la protección social y la cooperación. En una reciente columna publicada por Jesús Mota en ELPAÍS, venía a recordarnos que la calidad democrática de un país empieza por su estructura fiscal y puede medirse por la capacidad redistributiva de sus impuestos directos. Si aplicamos estos principios sencillos a nuestra fiscalidad, apreciamos que algo falla. 

Las estadísticas fiscales desmienten el mito de la recuperación económica. Los ingresos públicos todavía no han alcanzado las cantidades registradas al inicio de la crisis. En 2007 la Agencia Tributaria recaudó 200.676 millones en total; pues bien, en 2015 la recaudación fue de 182.009 millones. Algunos hundimientos son estrepitosos, como el de sociedades (de 44.823 millones recaudados en 2007 se ha desplomado hasta los 20.649 millones en 2015). Este es el diagnóstico general de los ingresos públicos. Pasemos ahora a ver el panorama de los impuestos.

Veamos el impuesto más importante y progresivo, el IRPF, del que me ocupé en una entrada anterior (Soy rico o bienvenido al club de los pringaos), para observar el reparto de la carga tributaria en España y apreciar cómo se escaquean los más ricos. Con estadísticas de la Agencia Tributaria del año 2014, resulta que en ese año fiscal solo 5.394 personas declararon rentas superiores a 601.000 euros anuales. ¿Podemos comulgar con la rueda de molino de que en España solo 5.394 personas ganan más de 600.000 euros al año? 

En 2007 había en España 10.580 personas que ganaban más de 601.000 euros, lo que quiere decir entre 2007 y 2014 se han perdido más de cinco mil declarantes del tramo más alto. Como escribía Mota: “Una de dos, o la crisis ha castigado salvajemente a los ingresos más elevados o la gestión de la Agencia Tributaria deja mucho que desear si permite una fuga tan notable en el IRPF. La primera opción es una broma; la segunda, una tragedia”. 

Conclusión: el IRPF es fácil de burlar en los tramos de rentas altas. Por ejemplo, en 2007 aparecían 96.477 declarantes con ingresos entre 150.000 y 601.000 euros; en 2014 solo aparecen 63.122. Los estratos más altos de renta simplemente se han esfumado; han dejado de contribuir proporcionalmente al esfuerzo fiscal del país. Si tributan, lo hacen eludiendo la imposición progresiva del IRPF. Si uno no quiere pensar mal, al menos este es un problema de mala gestión política. 

La hacienda pública (y hacienda somos todos, nos dicen) ha perdido dinero a espuertas durante la crisis y todavía no se ha recuperado. Si se suman las caídas anuales de recaudación en los siete últimos ejercicios fiscales, la pérdida acumulada suma 272.000 millones. Así que las preguntas son obligadas: con una estructura de declaración en la que las rentas más altas están en fuga y con una recaudación tan dañada, ¿es factible sostener el funcionamiento de un Estado que garantice un mínimo de protección social a sus ciudadanos? ¿O son imperativamente necesarias una reforma fiscal y una ofensiva total contra el fraude?

El fraude fiscal empobrece tanto a la sociedad que los gobiernos no pueden seguir haciendo la vista gorda. Pero no lo harán por iniciativa propia. Debemos presionar para que suceda. Es necesario un consenso internacional. Los líderes mundiales tienen que poner fin al gran agujero negro de las finanzas globales y a la falta de transparencia fiscal. Para el Gobierno y el Parlamento español, esta debe ser también una prioridad.