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sábado, 6 de octubre de 2012

Insolvencias interesadas de Mitt Romney




En el debate entre candidatos presidenciales estadounidenses celebrado la semana pasada, el candidato republicano Mitt Romney citó a España como el ejemplo de un fracaso del Estado que hay que evitar, habida cuenta el “desorbitado” gasto en lo público que, según el millonario Romney, distingue a nuestro país: “España gasta el 42% de sus impuestos en el gobierno. Nosotros, también”, dijo tan pancho.Como era de esperar, en España los correligionarios ideológicos de Romney, cómodamente instalados en Génova y La Moncloa, convenientemente armados de motosierras mutiladoras del Estado de Bienestar, se han apresurado a aplaudir la intervención tomando el rábano por las hojas para justificar el necesario adelgazamiento de nuestro “descomunal” gasto público. Como siempre, nadie se ha molestado en comprobar el dato esgrimido que, comparativamente, no se sostiene como argumento. Si España está inmersa en una enorme crisis económica no lo está por la cantidad de dinero del PIB que el Estado emplea en sí mismo. En algunas entradas anteriores de este blog (como ésta) he insistido en que el gran problema de la deuda española surge del sector privado y no del público. Si España tuviera un desusado gasto público, explíquenos, señor Romney, cómo Dinamarca, Alemania, Francia, Austria, Reino Unido y muchos otros países de la UE emplean mucho más porcentaje de su PIB en gasto público, lo que también se refleja en la media de la UE-27, de la UE-17, de la UE-16 y de la Eurozona, que son superiores al gasto público español, que usted considera la causa de todos los males. La siguiente tabla, resumida directamente de los datos de Eurostat, es la prueba oficial de lo que acabo de escribir. Las cifras son porcentajes sobre el PIB en los cuatro últimos ejercicios cerrados.

2008 
2009 
2010 
2011 
UE (27 países)
47.1 
51.1 
50.6 
49.1 
Eurozona (17 países)
47.1 
51.2 
51.0 
49.4 
Bélgica
49.8 
53.7 
52.8 
53.4 
Bulgaria
38.3 
40.7 
37.4 
35.2 
Chekia
41.1 
44.9 
44.1 
43.4 
dinamarca
51.5 
58.0 
57.8 
57.9 
Alemania
44.0 
48.1 
47.9 
45.6 
Estonia
39.5 
45.2 
40.6 
38.2 
Irlanda
42.8 
48.6 
66.2 
48.1 
Grecia
50.6 
53.8 
50.2 
50.1 
España
41.5 
46.3 
45.6 
43.6 
Francia
53.3 
56.8 
56.6 
55.9 
Italia
48.6 
51.9 
50.5 
49.9 
Chipre
42.1 
46.2 
46.4 
47.5 
Letonia
39.1 
44.4 
43.9 
39.1 
Lituania
37.2 
43.8 
40.9 
37.5 
Luxemburgo
37.1 
43.0 
42.4 
42.0 
Hungría
49.2 
51.4 
49.5 
48.7 
Malta
44.1 
43.5 
43.3 
43.0 
Holanda
46.2 
51.5 
51.2 
50.1 
Austria
49.3 
52.9 
52.6 
50.5 
Polonia
43.2 
44.5 
45.4 
43.6 
Portugal
44.8 
49.8 
51.3 
48.9 
Rumanía
39.3 
41.1 
40.2 
37.7 
Eslovenia
44.2 
49.3 
50.3 
50.9 
Eslovakia
34.9 
41.5 
40.0 
38.2 
Finlandia
49.2 
56.1 
55.5 
54.2 
Suecia
51.7 
54.9 
52.5 
51.3 
Reino Unido
47.9 
51.5 
50.4 
49.0 
Islandia
57.6 
51.0 
51.6 
46.1 
Noruega
39.8 
46.7 
45.5 
44.6 

Bien mirado, el candidato republicano, un mormón confeso que se cree cosas tales como que Dios vive en el planeta Kolob, es una víctima más de la intoxicación con la que se está bombardeando a la opinión pública desde los foros neoliberales, cuya incansable letanía es repetir que el mayor problema de la economía española es el endeudamiento del Estado. Nuestro Gobierno, que actúa como la voz de su amo alemán, considera tal endeudamiento como la causa de que el país esté en recesión. De ahí su constante referencia a que “España no puede gastarse más de lo que tiene”, frase que, más o menos modificada, repite con la cansina constancia del Hare Krishna.
Los datos, sin embargo, son tozudos y no avalan tal supuesto. Vayamos a ellos. Pongámonos en 2007, el año en el que comenzó a desencadenarse la crisis gracias, entre otras cosas, a los turbios manejos financieros de Lehman Brothers, uno de cuyos principales europeos era Luis de Guindos, la zorra que hoy cuida el gallinero de nuestra economía. Si el déficit y la deuda pública hubieran sido la causa de la crisis que padecemos, ese año España habría presentado un enorme déficit público y una elevada deuda pública. No era así: durante el período 2000-2007 la deuda pública española evolucionó a la baja, dede el 59,3% del PIB al 36,2%, descenso que se debió al elevado crecimiento económico durante aquel período. Cuando comenzó la crisis, España tenía superávit porque ingresaba un 2,23% del PIB más de lo que gastaba y la deuda pública era equivalente a un 36,2% del PIB, una de las más bajas de la UE-15 y muy por debajo de lo establecido por el Tratado de Maastricht (60% del PIB). En realidad, la deuda pública neta (es decir, la que excluye la deuda propiedad del Estado) era sólo un 26,7% del PIB.
A mediados de 2011, cuando Rodríguez Zapatero sucumbió a las presiones de la troika (Comisión Europea, FMI y Banco Central Europeo) que hoy nos gobierna de facto y entregó su cabeza (y la del PSOE) en forma de una vergonzosa reforma constitucional, la "desmesurada" e "inquietante" deuda pública española equivalía al 63% del PIB, porcentaje bastante inferior al alemán (83%), al francés (82%), al italiano (104%) o al griego (143%), y a la media de la deuda europea. El porcentaje de nuestra deuda con respecto al PIB no era ninguna circunstancia excepcional porque tanto con los gobiernos de Aznar como con los de González hubo momentos en los que nuestro endeudamiento fue aún mayor.
De ahí que el argumento utilizado por los economistas neoliberales, entre cuyos talibanes se cuentan quienes al alimón rigen hoy nuestra economía, de que la crisis fue motivada por el derrochador gasto público, no se sostenga, lo cual, lamentablemente, no es obstáculo para que los medios afines al Gobierno, que son una abrumadora mayoría, comulguen interesadamente con ruedas de molino y continúen promoviendo esta explicación mendaz de la crisis.
Repitan conmigo: no es cierto que la crisis se deba a que el Estado se gastaba más de lo que tenía. El gasto público no era el problema porque ni el déficit ni la deuda pública se alejaban de lo normal en los países de nuestro entorno. De ahí que las políticas de recortes de gasto público (incluyendo el gasto público social) no pueden justificarse bajo el argumento de que nos gastábamos más de lo que teníamos. El tan cacareado crecimiento del déficit no se debió al aumento del gasto público, sino a la bajada de los ingresos al Estado resultado de la recesión y del incremento del desempleo, a cuya evolución negativa contribuyeron los recortes del gasto público. Fue el elevado crecimiento de desempleo y el consecuente descenso del nivel de ocupación y de la masa salarial lo que disparó el déficit público del Estado, que alcanzó en 2009, dos años después del inicio de la crisis, el 11,2% del PIB, y ello como consecuencia de que los ingresos al Estado, incluyendo el IRPF, proceden en su gran mayoría de las rentas del trabajo y no de las de capital.
Antes de seguir apretando el cuello de los que menos tienen, el Gobierno debería corregir las reducciones de impuestos de los últimos quince años y, muy en especial, de las rentas de capital y en las rentas superiores, reducciones que, como ha señalado el FMI han sido responsables de más de la mitad del déficit estructural existente en España. El Estado podría hacer obtenido 2.100 millones de euros (ME) manteniendo el impuesto sobre el patrimonio, 2.552 ME anulando la bajada del impuesto de sucesiones, 2.500 ME revirtiendo la bajada de impuesto que se aprobó para las personas que ingresan más de 150.000 euros al año y 5.300 ME eliminando la reducción de los impuestos de las empresas que facturan más de 150 ME al año (que representan sólo el 0,12% del tejido empresarial español), 44.000 ME anulando el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las grandes empresas, 3.000 ME gravando los beneficios bancarios (como ha aconsejado el FMI), y así un largo etcétera. Con estos fondos podría haberse dinamizado la economía con inversiones públicas productivas y con ello estimular el crecimiento del empleo, disminuyendo así el déficit.
Los manifestantes que salen estos días a las calles españolas tienen razón. Imponer más austeridad no va a servir de nada; aquí, quienes están actuando de forma verdaderamente irracional son los políticos españoles y europeos y los funcionarios supuestamente serios del FMI y del BCE que exigen todavía más sufrimiento. El que estas medidas no sean las que se adopten y en su lugar se impongan los recortes a destajo se debe al diagnóstico erróneo de que el gasto público causa la enfermedad, y así nos va: camino de la UVI del rescate.