Páginas vistas en total

martes, 2 de octubre de 2012

Federales sin saberlo (2): De facto que non de iure


Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, acaba de publicar un libro -Los rostros del federalismo (Alianza Ensayo)- en el que sostiene que el modelo autonómico español es de facto un sistema político de organización territorial de naturaleza federal aunque nuestra Constitución no lo explicite de iure

Supongo que el libro, que reposaba plácidamente en las librerías desde el pasado mes de febrero, ha disparado sus ventas desde el mismo momento en que la crisis económica ha hecho saltar las deshilachadas costuras del Estado autonómico que nació de la Constitución de 1978 para desatar una vez más la presión centrífuga, un descosido que para algunos no tiene parangón en ningún Estado democrático del mundo, aunque la tozuda realidad demuestre que tanto en Canadá como en Escocia existen precedentes sociopolíticos e históricos similares que, por cierto, se están resolviendo civilizadamente sin mayores problemas y sin que nadie piense que Canadá o el Reino Unido vayan a desaparecer del mapa.

Uno, absolutamente ajeno al Derecho Constitucional, intuía que no existen dos federalismos iguales de la misma forma que no existen dos banderas iguales. La bandera es un símbolo, una abstracción representativa del hecho nacional. El federalismo es una abstracción política teórica construida a partir de una realidad práctica plural. Dicho de otra manera, en mi opinión el federalismo no es una obra literaria: es un género en el que caben muchas formas literarias. La lectura de Los rostros del federalismo otorga sobradamente fundamentos jurídicos a mi opinión de aficionado.
El profesor Blanco Valdés insiste en su nuevo libro en una sugerente tesis que ya mantuvo en otro texto –Nacionalidades históricas y regiones sin historia- publicado por la misma editorial en 2005, según el cual el modelo autonómico español no sería una forma original de organización estatal como tantas veces se proclama, sino una versión más del poliédrico rostro del federalismo y, por tanto, equiparable a los landers alemanes, las provincias canadienses o argentinas y los estados mexicanos o estadounidenses.
Blanco Valdés somete a doce estados federales democráticos a un escrutinio de los rasgos esenciales del federalismo que se cumplen por completo en el caso español: doble nivel institucional, pluriconstitucionalidad (además de la Carta Magna los estatutos son constituciones en sí mismos), poderes repartidos y compartidos, y garantía jurisdiccional de la distribución competencial a través de filtros jurídicos que culminan en el Tribunal Constitucional. En definitiva, España tiene un sistema federal de distribución de competencias, pero carece de los mecanismos propios de integración que cohesionan y dan transparencia a los sistemas federales.
Realizado este análisis de constitucionalismo comparado y aséptico, Blanco Valdés entra en la arena política para ocuparse de la disección de las principales fuerzas de tensión antitética que afectan a España y a los dos grandes modelos de organización territorial que se apuntan en el horizonte español: la nacionalista (centrífuga o disgregadora) y la federalista (centrípeta o cohesionadora). Aquí Blanco Valdés deja a un lado la asepsia académica para concluir en la descalificación del nacionalismo al que considera una especie de Gargantúa insaciable al que cuanto más se le da de comer, más hambre tiene. El federalismo reconoce la pluralidad y la diversidad, pero las enlaza mediante la identificación y el reforzamiento de los elementos comunes. El nacionalismo apunta precisamente lo contrario: como Penélope, desteje en la oscuridad lo que cose a la luz del día.
Conjugar nacionalismo y federalismo es algo así como conseguir la cuadratura del círculo, porque mientras que el segundo trata de hacer compatible la diversidad con la unidad (somos diferentes pero queremos permanecer unidos), el nacionalismo aspira a otra cosa, a tener un Estado. No hay ningún nacionalismo que no aspire a eso. Anhela lo contrario que el federalismo, a romper el Estado para crear otros nuevos. Para conseguirlo, los nacionalistas hacen piruetas políticas tales como el “Estado asociado” del Plan Ibarretxe (bien resuelto en tiempos del maligno ZP) o las alusiones eufemísticas al derecho de autodeterminación que evoca estos días el presidente Mas y que amenazan con estallarnos bajo las narices si, como es su costumbre, Rajoy enfrenta el problema fumándose un puro.
En los pasos que está dando estos días el presidente de la Generalitat se pone de manifiesto una vez más que el nacionalismo hace camino al andar. Cada paso prepara el siguiente en un camino interminable y recurrente que solo terminará cuando a ellos les venga en gana porque la secesión les parece lo más natural. Ante la eventualidad de que un hipotético referéndum no saliera a su gusto (que de hecho no saldrá porque los independentistas catalanes andan ahora por el 30% y todavía no se han planteado las consecuencias económicas de la secesión), una independentista explicaba en TV-3 que “si no sale, lo volveremos a intentar”. Como la Benemérita: “vista larga y paso corto”. El resto me lo ahorro.

La Cataluña de Mas es un bloque político que solo con el “Estado propio” alcanzará su destino. Cabalgando el peligroso tigre de la secesión, que ha hecho olvidar una política antisocial de recortes educativos y sanitarios que ha convertido a Mariano Rajoy en Franklin Delano Roosevelt, Artur Mas evita pronunciar la palabra “independencia”, un vocablo cargado de erotismo político, y evoca un seductor derecho a la autodeterminación que es una eufemística cortina de humo que, planteado como se ha planteado, no se sostiene.
Como no podía ser menos, la Constitución de 1978 no alude en ningún párrafo al derecho a la autodeterminación, porque ni la ONU ni la Declaración de Derechos Humanos amparan tal derecho. Surgida a raíz de la Primera Guerra Mundial, la autodeterminación consiste en la abolición de la creencia en que las poblaciones de países ocupados y colonizados se mantenían en una perpetua adolescencia, de forma que las naciones mayores debían tutelarlas y fijar sus destinos, esquimándolas de paso. La autodeterminación significaba que estos pueblos podían ya determinar su propio objetivo, su forma de Gobierno y su estatus en el mundo. En realidad, conseguida la autodeterminación, las naciones seguían siendo marionetas del gran teatro de títeres manejado por sus respectivas potencias coloniales.
Si alguien piensa que Cataluña está sometida a un régimen colonial, alucina. Si plantea que hay antecedentes de autodeterminaciones recientes como Kosovo, cabe recordarle que ni Serbia ni Yugoslavia eran ámbitos democráticos. La autodeterminación era emancipación, porque como federaciones ambas pertenecían al modelo putting together, que corresponde a la formación no deseada y no democrática de una federación. La coerción es el elemento que separa ese modelo territorial de los auténticos modelos federales democráticos. Los requisitos de falta de democracia y presencia de coerción faltan en en el caso catalán y en el vasco, porque ambos forman parte de una estructura estatal democrática, que prevé la reforma constitucional para unificar la diversidad.
Aunque la petición de autodeterminación tenga más fundamentos románticos que jurídicos, por esa voluntad de mejora prevista en la Constitución de 1978, hay que vencer el vértigo y abrir las puertas de la reforma al federalismo, regulando civilizadamente el ejercicio de la separación, como Canadá con Quebec, o Reino Unido con Escocia, para el caso (muy improbable por ahora) de que una mayoría ciudadana se pronuncie claramente por la escisión. Hacia una reforma de esa naturaleza debe caminarse sin sacar los tanques a la calle (como sugieren los ultraderechistas de guardia) ni llevar el caso ante los tribunales, como ha señalado inoportunamente nuestra vicepresidenta del Gobierno.
Paciencia y barajar. A dialogar tocan.