El hombre que impuso orden en México... y olvidó marcharse.
Durante más de un siglo, los
escolares mexicanos aprendieron que Porfirio Díaz fue poco menos que el villano
oficial de la historia nacional. No deja de ser curioso. Los villanos rara vez
construyen ferrocarriles, equilibran las cuentas públicas, atraen inversiones
extranjeras y mantienen en paz un país durante tres décadas. Tampoco los héroes
suelen amañar elecciones, encarcelar opositores y convencerse de que la patria
no puede sobrevivir sin ellos. Díaz hizo ambas cosas. Por eso, ciento cincuenta
años después de su llegada al poder, sigue siendo uno de los personajes más
discutidos de la historia de Latinoamérica.
El 28 de noviembre de 1876, tras
el triunfo del Plan de Tuxtepec, el general Porfirio Díaz entró victorioso en
Ciudad de México. Comenzaba un régimen que, con un breve paréntesis entre 1880
y 1884, se prolongaría hasta 1911 y acabaría dando nombre a toda una época: el
Porfiriato.
Para comprender por qué los
mexicanos aceptaron durante tanto tiempo que un solo hombre gobernara el país
conviene olvidarse por un momento de la Revolución y observar el México que
encontró Díaz. La independencia de 1821 no había traído la estabilidad prometida.
Durante más de medio siglo el país vivió una sucesión casi ininterrumpida de
pronunciamientos militares, guerras civiles, bancarrotas, invasiones
extranjeras y gobiernos efímeros. La política giraba alrededor de caudillos más
que de instituciones, y la autoridad del Estado apenas alcanzaba muchas
regiones del territorio.
A esa inestabilidad se añadió un
intenso enfrentamiento entre liberales y conservadores. Hasta que Benito Juárez
impulsó las Leyes de Reforma y separó definitivamente la Iglesia del Estado, durante
décadas la Iglesia católica había conservado un enorme poder económico y
político. La Reforma resultó imprescindible para construir un Estado moderno,
pero también desencadenó una guerra civil que dejó al país exhausto. Poco
después llegó la intervención francesa y el efímero Imperio de Maximiliano.
Cuando los republicanos recuperaron el poder, México era una nación soberana,
sí, pero también empobrecida, dividida y profundamente cansada.
En ese escenario apareció
Porfirio Díaz. Nacido en Oaxaca en 1830, combatió junto a Juárez durante la
Guerra de Reforma y alcanzó fama como uno de los héroes de la resistencia
contra los franceses. Su prestigio no procedía de la retórica ni de los salones
políticos, sino del campo de batalla. Había contribuido a salvar la República y
millones de mexicanos le veían como un militar capaz de garantizar algo que el
país llevaba décadas buscando sin éxito: estabilidad.
La ironía histórica quiso que
aquel héroe liberal se levantara inicialmente contra la reelección de Juárez y,
pocos años después, contra la de Sebastián Lerdo de Tejada. El primero de esos
intentos fracasó. El segundo lo condujo a la presidencia. En noviembre de 1876
comenzó un régimen que había nacido en nombre de la no reelección y que
terminaría convirtiéndose en la reelección más prolongada de la historia
moderna de México.
Sin embargo, la mayoría de los
mexicanos no recibió a Díaz como a un dictador, sino como al hombre que podía
poner fin al desorden. Hoy solemos juzgar aquel momento desde la comodidad de
los sistemas constitucionales actuales, pero para muchos ciudadanos del siglo
XIX el principal problema no era la falta de democracia. Era la ausencia de
seguridad. Los caminos estaban infestados de bandoleros, los caciques dominaban
extensas regiones y la administración apenas funcionaba. Antes que libertad
política, buena parte del país reclamaba paz.
Díaz entendió perfectamente
aquella demanda. Su lema, «Poca política y mucha administración», resumía una
manera de gobernar que perseguía reducir los conflictos y favorecer el
desarrollo económico. Mientras otros países latinoamericanos continuaban atrapados
en guerras civiles, México empezó a ofrecer una imagen de estabilidad que
atrajo capitales nacionales y extranjeros.
Los resultados fueron
espectaculares. Cuando Díaz llegó al poder apenas existían unos centenares de
kilómetros de ferrocarril. Treinta años después, la red ferroviaria superaba
los diecinueve mil kilómetros y conectaba las principales ciudades con los puertos
y la frontera estadounidense. Se ampliaron las líneas telegráficas, crecieron
la minería y la industria, mejoraron las finanzas públicas y el país comenzó a
integrarse en la economía internacional como nunca lo había hecho.
Detrás de esa modernización se
encontraba un grupo de colaboradores conocidos como los Científicos, un nombre
que puede inducir a error. No eran hombres de laboratorio, sino políticos y
economistas influidos por el positivismo, convencidos de que el progreso
material acabaría resolviendo los problemas nacionales. Durante algunos años
pareció que tenían razón. México crecía, las inversiones llegaban y el Estado
empezaba, por fin, a funcionar con cierta eficacia.
Pero el progreso, como ocurre con
frecuencia en la historia, llevaba escondida su propia contradicción. La
prosperidad, sin embargo, no había alcanzado a todos por igual. Mientras las
ciudades crecían y el comercio florecía, la riqueza se concentraba en pocas
manos. Grandes haciendas absorbían tierras comunales, millones de campesinos
seguían atrapados por las deudas con sus patronos y numerosos pueblos indígenas
perdían las propiedades que habían conservado durante generaciones. En Yucatán
continuaba la larga Guerra de Castas y, en el norte, miles de yaquis fueron
deportados para trabajar en condiciones miserables en plantaciones de henequén
y caña de azúcar. El país avanzaba, pero no todos viajaban en el mismo tren.
A esa desigualdad se sumaba otra
limitación aún más peligrosa: la política permanecía inmóvil. Díaz nunca
necesitó instaurar un régimen de terror comparable al de otras dictaduras
posteriores. Le bastó con controlar las elecciones, mantener sometida a la
prensa más crítica y recordar periódicamente que la paz tenía un precio.
Gobernadores, jueces y parlamentarios comprendían perfectamente que su
permanencia en el cargo dependía de la confianza del presidente.
La gran paradoja del Porfiriato
es que cuanto más eficaz se mostraba el Estado, más innecesario parecía el
propio Porfirio Díaz. Las instituciones comenzaban a funcionar, la
administración era más sólida y la economía crecía, pero el régimen seguía
descansando sobre una única persona. El héroe liberal que había combatido la
reelección de Benito Juárez terminó convencido de que solo él podía garantizar
la estabilidad de México.
Aquella convicción acabó
convirtiéndose en su mayor error. Los regímenes personalistas suelen creer que
confunden su propia supervivencia con la del Estado. Mientras todo funciona, la
diferencia parece irrelevante. El problema aparece cuando el gobernante
envejece y nadie sabe cómo sustituirlo sin poner en riesgo todo el edificio
político.
Eso fue exactamente lo que
ocurrió. En 1908, durante una entrevista concedida al periodista estadounidense
James Creelman, Díaz dejó entrever que México estaba preparado para celebrar
elecciones libres y que él no tendría inconveniente en retirarse. Probablemente
pensó que controlaría la transición igual que había controlado el país durante
treinta años. Calculó mal.
Un rico hacendado coahuilense
llamado Francisco I. Madero tomó aquellas palabras al pie de la letra. Fundó el
Partido Antirreeleccionista y convirtió una consigna aparentemente sencilla en
un poderoso programa político: «Sufragio efectivo, no reelección». La ironía
era evidente. El lema que derribó al Porfiriato era, en esencia, el mismo con
el que el propio Díaz había justificado su rebelión contra Juárez casi cuarenta
años antes.
Cuando el anciano presidente
decidió volver a presentarse, la maquinaria empezó a resquebrajarse. No fue
únicamente una rebelión de los pobres contra los ricos, ni una simple explosión
de hambre. Fue también la protesta de una sociedad que había cambiado más
deprisa que su sistema político. El México de 1910 era mucho más moderno que el
de 1876, pero seguía gobernado con las mismas reglas.
La Revolución convirtió a
Porfirio Díaz en el villano perfecto. Durante décadas apenas se habló de los
ferrocarriles, del saneamiento de las finanzas públicas o de la consolidación
del Estado. Del mismo modo, algunos de sus admiradores actuales parecen olvidar
la represión política, la desigualdad social o la ausencia de libertades. Ni
unos ni otros hacen justicia a la historia.
Ciento cincuenta años después de
su llegada al poder, quizá sea posible contemplar al personaje con mayor
serenidad. Porfirio Díaz no fue el monstruo que describieron los manuales
revolucionarios, pero tampoco el gobernante providencial que algunos reivindican
hoy. Fue un extraordinario constructor de Estado que nunca aprendió a construir
instituciones capaces de sobrevivirle. Pacificó un país agotado por medio siglo
de guerras, impulsó su modernización y lo incorporó a la economía mundial, pero
acabó creyendo que la estabilidad dependía exclusivamente de su permanencia en
el poder.
Ese fue, probablemente, su mayor fracaso. Los países pueden necesitar, en determinados momentos, dirigentes fuertes capaces de imponer orden donde reina el caos. Lo que nunca deberían necesitar es hombres imprescindibles. Cuando una nación llega a esa conclusión, el problema ya no es el gobernante. Es el propio sistema.
Y quizá sea esa, más que cualquier otra, la lección que sigue dejando Porfirio Díaz siglo y medio después: construir un Estado es una hazaña; conseguir que funcione sin depender de un solo hombre es una obra mucho más difícil.
