Escribió Lord Palmerston que «las
naciones no tienen aliados perpetuos ni enemigos permanentes; lo único
permanente son nuestros intereses, y nuestro deber es defenderlos».
El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras ha introducido un elemento de gravedad en la crisis de
Ceuta. Según el documento remitido a la Audiencia Nacional, agentes marroquíes
habrían guiado activamente a miles de personas hacia los puntos de entrada los
días 30 y 31 de julio. Las imágenes analizadas por la Policía apuntan a una
operación que difícilmente puede explicarse como un desbordamiento espontáneo
de la frontera. El informe, sin embargo, no atribuye formalmente la autoría
intelectual al Gobierno marroquí. Es una distinción importante, aunque no
elimina el problema político.
Pedro Sánchez ha optado por no
acusar a Rabat. En su entrevista en la Cadena SER sostuvo que Marruecos cooperó
desde el primer momento y atribuyó el desencadenamiento de la crisis a campañas
de desinformación y a redes criminales. La posición del presidente ha irritado
a Ceuta, ha dado munición a la oposición y ha desconcertado también a sectores
de la izquierda. La reacción más inmediata consiste en preguntar: si la Policía
encuentra indicios de participación de agentes marroquíes, ¿por qué el Gobierno
no alza la voz?
La respuesta corta es que la
diplomacia no suele consistir en decir en público todo lo que un Estado sabe,
sospecha o teme. Y la respuesta larga exige mirar al otro lado del Estrecho sin
los prismáticos de la política de tertulia.
En Política
entre naciones, Hans Morgenthau, el gran formulador del realismo
político, escribió que el estadista debe pensar el interés nacional en términos
de poder. No estaba recomendando el cinismo, ni justificando cualquier cosa en
nombre de la razón de Estado. Advertía de algo más serio: las decisiones
públicas deben medirse por sus consecuencias, no por su capacidad de arrancar
aplausos. La prudencia, decía, es la virtud suprema de la política exterior
porque obliga a comparar males, calcular riesgos y distinguir entre el gesto
satisfactorio y la decisión útil.
Eso no convierte automáticamente
en acertada cualquier cautela del Gobierno. Pero permite entender por qué un
presidente español puede considerar más peligroso abrir una crisis diplomática
con Marruecos que soportar durante unos días o unas semanas el coste político
de parecer excesivamente complaciente.
España y Marruecos no mantienen
una relación bilateral convencional. No son dos países que intercambian notas
verbales y celebran cumbres cuando conviene a ambos ministros de Exteriores.
Son vecinos unidos por una interdependencia áspera: comercio, seguridad,
terrorismo, pesca, transporte, energía, inversiones, el Sáhara Occidental y,
sobre todo, una frontera cuya llave física está en manos marroquíes.
Robert Keohane y Joseph Nye
explicaron hace casi medio siglo, en Power and
Interdependence, que la dependencia mutua no elimina el poder: lo
redistribuye. La pregunta decisiva no es quién necesita más al otro en términos
generales, sino quién tiene más que perder si un determinado vínculo se rompe.
Marruecos no puede prescindir sin coste de España y de la Unión Europea. Pero
España tampoco puede ignorar que Rabat controla, en la práctica, la intensidad
de la vigilancia en Castillejos, Nador y buena parte de las rutas atlánticas.
La experiencia de 2021 lo dejó al
descubierto. En apenas dos días entraron en Ceuta unas 8 000 personas, después
de que los controles marroquíes se relajaran de forma ostensible en plena
crisis por la acogida en España de Brahim Ghali. El precedente fue interpretado
por numerosos analistas como un recordatorio de poder: Marruecos podía
teatralizar el caos fronterizo y trasladar a Madrid una factura política
inmediata. La frontera no era sólo una frontera; era también un tablero de
negociación.
La politóloga
Kelly Greenhill llamó a esto «migración coercitiva diseñada». Su tesis es
incómoda porque obliga a separar dos cosas que en el debate público suelen
confundirse: las personas desplazadas no son armas, pero pueden ser utilizadas
como instrumentos por quienes controlan su salida, sus rutas o su llegada a una
frontera. El objetivo no tiene por qué ser conquistar territorio. Puede ser
obtener ayuda, reconocimiento, una rectificación diplomática o simplemente
recordar al vecino que la estabilidad tiene precio.
Esa es la primera razón para
evitar afirmaciones rotundas cuando la investigación judicial está abierta.
Acusar oficialmente al Gobierno de Marruecos sin una prueba concluyente
obligaría a exigir una respuesta. Y si Rabat respondiera reduciendo su cooperación
migratoria, España se encontraría de nuevo ante una frontera convertida en
mecanismo de presión. No es una hipótesis extravagante: es lo que ya ocurrió, a
menor escala, en 2021.Y quies olvidan esto, que recuerden la Marcha Verde de
1975.
La segunda razón se llama
seguridad. España y Marruecos sostienen desde hace años una cooperación intensa
contra el terrorismo, las redes de trata, el narcotráfico y la delincuencia
organizada. El acuerdo bilateral de seguridad incluye precisamente intercambio
de información y apoyo en investigaciones sobre terrorismo e inmigración
irregular. El marco de cooperación no es una cortesía diplomática: es una pieza
de la seguridad nacional española.
La tercera razón es económica.
Marruecos es el principal socio comercial de España fuera de la Unión Europea y
España sigue siendo el primer proveedor y cliente europeo del reino alauí. La
automoción, la logística, el textil, la agricultura y las infraestructuras han
tejido durante años una red de intereses que no desaparece porque un portavoz
decida elevar el tono. ICEX resume esa posición central. También Inditex
mantiene en Marruecos uno de sus grandes clústeres de producción. La diplomacia
no se hace para proteger balances empresariales, pero una ruptura o una
escalada comercial tampoco la pagan los ministros: la pagan empresas,
trabajadores y consumidores.
Queda el Sáhara Occidental, la
cuestión que gravita sobre todo lo demás. En 2022 Sánchez avaló el plan
marroquí de autonomía como «la base más seria, realista y creíble» para
resolver el conflicto. Aquel giro cerró la crisis con Rabat, pero abrió otra en
la política española y deterioró la relación con Argelia. No fue una decisión
inocua ni indiscutible. Tampoco se puede presentar como una cuestión liquidada:
la Unión Europea continúa remitiendo formalmente la salida del conflicto al
proceso de Naciones Unidas y el Tribunal de Justicia de la UE ha subrayado el
derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. La sentencia europea sobre
los acuerdos comerciales es un recordatorio de que la geopolítica tiene también
límites jurídicos.
La diplomacia del silencio, por
tanto, sólo es defendible si no se convierte en diplomacia de la indefensión.
España debe preservar los canales con Rabat, porque sería absurdo prescindir de
ellos; pero debe hacerlo desde una posición europea, con capacidad de
documentar los hechos, reforzar Ceuta, mejorar los dispositivos de acogida y
reducir la ventaja que proporciona a Marruecos el control de la frontera. La
petición española de ayuda a Frontex va en esa dirección, aunque llega después
de una crisis de enormes dimensiones. La asistencia solicitada a la agencia
europea no resuelve el problema de fondo, pero evita que Ceuta quede sola.
Hay una forma infantil de
entender la firmeza: elevar la voz, retirar al embajador y exigir una
humillación pública del vecino. Suele ser la firmeza de quienes no tendrán que
administrar las consecuencias. Y hay una forma igual de infantil de entender la
prudencia: callar indefinidamente, negar los indicios y confundir la buena
relación con la subordinación.
La política exterior adulta
discurre entre esos dos precipicios. No exige a Sánchez que convierta cada
informe policial en una crisis de Estado. Le exige que no utilice la razón de
Estado como una cortina detrás de la cual desaparezcan la transparencia, la
responsabilidad y la defensa de Ceuta. La prudencia puede ser una virtud; la
opacidad permanente, no. En ese sentido, la intervención de Pedro Sánchez en el
Congreso, que estoy escuchando mientras escribo, ha venido a iluminar el
escenario.
Marruecos sabe que España
necesita cooperación. España debe demostrar que esa necesidad no equivale a
vulnerabilidad. Esa es la verdadera tarea de la diplomacia.
