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domingo, 24 de enero de 2010

¿Gaudeamus Igitur o Dies Irae?





No descubro ningún misterio si digo que el estado actual de las universidades españolas no es bueno, pero también debo decir sin caer en la jactancia que tenemos la mejor universidad de la historia de España. En los últimos 30 años la universidad española ha dado un salto de gigante. Se ha multiplicado el número de universidades hasta alcanzar las 77 y un crecimiento tan acelerado sólo podía hacerse en detrimento de la calidad. Pero es mucho mejor tener universidades mediocres que no tenerlas, de la misma forma que la profusión de escuelas primarias, sean cuales sean las carencias que algunas presenten, significa un notable avance con respecto a los índices de escolarización que tuvimos hasta la pasada década de los 70. Por tanto, antes de fustigar al sistema educativo español en general, y a la universidad en particular, conviene tomar ciertas referencias.

En 1900, en España había una tasa de analfabetismo del 64%, que había descendido en 2001 al 2´4%. Hasta 1845 no se crean los primeros institutos de enseñanza media; con la Ley Moyano de 1857 se consigue que haya uno en cada capital de provincia y dos en Madrid. Hasta la Constitución de 1931 no se instaura la enseñanza primaria obligatoria (y gratuita), una conquista social que en Europa tenía entonces siglo y medio de antigüedad. Al comenzar el siglo XX, solamente el 2% de los jóvenes españoles cursaban estudios secundarios; en vísperas de la guerra civil llegaron al 5%; en 1959, al 14% y en 1990, al 40%. En 1900, sólo 16 jóvenes mayores de 24 años de cada 100.000 tenían un título universitario; en los años 70, ya eran cien, y al finalizar el siglo pasado, mil. La Ley Moyano, que siguió el modelo napoleónico exclusivamente orientado a la creación de escuelas especiales para formar a los cuadros funcionariales y dirigentes requeridos por el Estado, creó diez distritos universitarios, satélites todos ellos de la Universidad Central de Madrid, adonde en 1836 se había trasladado la de Alcalá, la única que otorgaba el título de doctor. La ley gravitacional que unía a todas las universidades españolas era el Concordato de 1851, que imponía el derecho de la Iglesia a controlar que no se enseñase en ellas nada que fuese contrario «al dogma y a las buenas costumbres».




Mientras tanto, las universidades europeas y norteamericanas habían experimentado una profunda y positiva transformación que había seguido el modelo instituido en la universidad de Berlín en 1810. Para adoptar eficazmente ese modelo con garantías de éxito, era necesario cumplir varios requisitos, entre los que cabe destacar la configuración de la universidad como un espacio de libertad dentro de una sociedad de las libertades; el abandono de las viejas prácticas de transmisión magistral y dogmática de la información, que debían ser reemplazadas por el razonamiento y la crítica de todo conocimiento; la adecuada preparación de los estudiantes en sus dos etapas previas al ingreso en la universidad y, finalmente, la consideración de la educación y de la investigación no como un gasto, sino como la mejor inversión para el desarrollo del país.



Coincidirán conmigo en que ninguna de esas circunstancias se han dado conjuntamente en los dos últimos siglos de historia de España, por lo que a finales de la década de los 70 del siglo pasado el sistema universitario español había alcanzado tales cotas de esclerosis e inmovilismo que era imprescindible diseñar una nueva estrategia de gobierno y gestión que, sin menoscabo de las funciones docentes, les permitiera seguir el modelo poshumboldtiano característico de las universidades modernas intensivas en investigación y en transferencia de tecnología. La profunda transformación organizativa que experimentó la Universidad española a raíz de la Transición ha representado, con sus luces y sus sombras, una mejora indiscutible en los ámbitos docente e investigador.


En los años que han transcurrido desde la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria (1983), las universidades españolas han evolucionado positivamente. Además, esa transformación hizo de las universidades puntos de centralidad educativa, cultural y de generación de riqueza y bienestar, lo que obligó al sistema universitario español a dar respuesta al acceso universal a la formación superior y a los requerimientos y a las prioridades territoriales ligadas a las políticas autonómicas, al mismo tiempo que tuvo que enfrentarse a una creciente competitividad a nivel internacional en la captación de recursos, talento y oportunidades, que son los factores clave de la excelencia universitaria.


Pero los retos y los desafíos cambian, y los nuevos escenarios exigen nuevas actitudes y nuevos compromisos. A la vez que reconocemos nuestros avances, hemos de reconocer que nuestras universidades no ocupan puestos relevantes en las clasificaciones internacionales de calidad. Los resultados globales de las universidades españolas ni siquiera están a la altura que les correspondería atendiendo a nuestra potencialidad socioeconómica. Ha llegado el momento de sustituir expansión por calidad y para ello es imprescindible considerar algunos principios básicos.





El primero de ellos es que, frente al modelo uniforme que domina ahora, es imprescindible que todas las universidades tengan en el futuro su propio perfil, que asuman que es imposible que en todas las ramas del conocimiento se alcance el mismo nivel de excelencia. El Estado autonómico favorece la diferenciación entre universidades: en unas se hará ciencia y habrá que enseñar a hacerla, mientras que otras se centrarán en preparar profesionales con muy distintas exigencias de conocimiento. Unas y otras seguirán siendo universidades. El segundo principio es favorecer que las universidades compitan entre sí, lo que únicamente se logra si a su vez se compite en el interior de cada una. La potenciación de la Universidad requiere arriesgarse a apostar por ciertas líneas y actividades, especializarse en campos en los que pueda tenerse una cierta presencia internacional y abandonar las políticas que conducen a la mediocridad general. La tendencia hacia la uniformidad y el “café para todos” pueden comprometer un proyecto positivo e imprescindible si se pretende cambiar en profundidad, mejorándolo, el modelo universitario.

La responsabilidad es de todos, pero sobre todo de los que estamos dentro. «Si quieres cambiar un cementerio, no puedes esperar mucha ayuda de los que están dentro», dijo una ex rectora de la Universidad de Oslo. Demostremos que estamos vivos. De lo contrario, es muy posible que en los paraninfos universitarios, en lugar del Gaudeamus Igitur haya que entonar el Dies Irae.