Donald Trump anunció hace unos
días que Estados Unidos había conseguido el control de 65 000 millones de
barriles de petróleo venezolano. Lo dijo con ese sentido de la medida que le ha
permitido construir edificios dorados, poner su apellido en letras de tres
metros y tratar la política internacional como una negociación entre
propietarios de casinos. Según Trump, se trata del mayor acuerdo petrolero de
la historia. Puede que lo sea. También puede que no. De momento, ni siquiera
conocemos el contrato.
Conviene empezar por una
precisión: los 65 000 millones de barriles no existen todavía en forma de
petróleo utilizable. Están bajo tierra. Son una estimación de las reservas
contenidas en 17 campos venezolanos cuya explotación sería encomendada a una
nueva sociedad mixta. Estados Unidos controlaría el 55% de esa empresa y
tendría derecho a comprar parte del crudo a precio de coste. A cambio,
inversores privados aportarían capital y tecnología para reparar una industria
asentada sobre las mayores reservas probadas oficialmente reconocidas, buena
parte de ellas formadas por crudo extrapesado, caro y difícil de explotar.
Delcy Rodríguez, presidenta
interina de Venezuela por la curiosa vía de no haber sido elegida nunca para
ese cargo, asegura que el petróleo seguirá perteneciendo a Venezuela. Trump
dice que el acuerdo «duplica con creces las reservas estadounidenses». Las dos
afirmaciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo, salvo que se aplique la
flexible contabilidad política según la cual una cosa pertenece a Venezuela
cuando habla Delcy y a Estados Unidos cuando habla Donald.
La información disponible indica
que Washington no ha comprado los 65 000 millones de barriles. Ha obtenido el
control mayoritario de una empresa con derechos de explotación sobre los
yacimientos. La parte venezolana recibiría inversiones, impuestos, cánones por
la explotación y una participación en los beneficios. Rodríguez calcula que el
Estado ingresará 209 000 millones de dólares. Trump, por su parte, afirma que
todo se hará «sin coste para el contribuyente estadounidense». Los
contribuyentes venezolanos no han sido mencionados, quizá porque nadie les ha
preguntado.
Hay también cierta confusión
sobre la duración. Caracas habla de un acuerdo de 25 años. Fuentes
estadounidenses describen una concesión de cien. A una producción de 1,5
millones de barriles diarios harían falta unos 119 años para extraer los 65 000
millones. Es posible que los redactores del contrato dominen una aritmética
desconocida en el resto del mundo. O que la cifra se haya elegido porque 65 000
millones impresiona bastante más que «ya veremos cuánto sale».
Trump ha anunciado además que
utilizará petróleo venezolano para llenar la Reserva Estratégica de Estados
Unidos. Lo ha llamado «un regalo de Venezuela al pueblo estadounidense».
Regalar petróleo después de que el destinatario haya enviado tropas, capturado
al presidente de tu país y advertido a su sucesora de que podría correr una
suerte todavía peor constituye una modalidad de generosidad poco estudiada. Se
parece a esas ocasiones en que alguien entrega la cartera a un hombre armado y
este agradece el obsequio.
Para justificar la operación,
Trump ha repetido que Venezuela robó el petróleo estadounidense. Es falso,
aunque contiene los restos de dos historias reales mezcladas hasta hacerlas
irreconocibles.
La primera ocurrió en 1976.
Venezuela llevaba décadas aumentando su control sobre el negocio petrolero. La
Ley de Hidrocarburos de 1943 había elevado los impuestos y establecido la
futura reversión de las concesiones. El sistema conocido como fifty-fifty
permitió después que aproximadamente la mitad de los beneficios quedara en el
país. En 1971 se aceleró la reversión al Estado de los bienes vinculados a las
concesiones.
Carlos Andrés Pérez promulgó la
ley nacionalizadora en agosto de 1975 y Petróleos de Venezuela (PDVSA) asumió
la industria el 1 de enero de 1976. No fue una confiscación nocturna ejecutada
por una patrulla de revolucionarios. Fue una operación preparada, aprobada por
ley y respaldada por casi todo el espectro político venezolano. El Gobierno
estadounidense la conocía con antelación y sus propios documentos diplomáticos
la consideraban inevitable.
Las empresas extranjeras
recibieron compensaciones por algo más de 1 000 millones de dólares. Venezuela
utilizó el valor contable neto de las instalaciones, no el valor fabuloso de
todos los beneficios que las compañías esperaban obtener en el futuro. A las
empresas les habría gustado cobrar más, como suele suceder a quienes cobran,
pero aceptaron el arreglo. Creole, filial de Exxon, recibió cerca de la mitad.
Varias compañías continuaron trabajando para PDVSA mediante contratos de
asistencia técnica y comercial. Fue una nacionalización, no un robo.
La segunda historia corresponde a
Hugo Chávez. En 2007 obligó a que los grandes proyectos de la Faja del Orinoco
pasaran a ser empresas mixtas controladas al menos en un 60 % por PDVSA.
Chevron, BP, Total, Statoil y Eni aceptaron las nuevas condiciones o negociaron
compensaciones. Total, Statoil y Eni recibieron conjuntamente alrededor de 1 800
millones de dólares.
ExxonMobil y ConocoPhillips
rechazaron las ofertas y recurrieron al arbitraje internacional. Exxon
consiguió laudos por unos 1 600 millones. ConocoPhillips obtuvo en 2019 una
indemnización de 8 700 millones, más intereses y gastos. Venezuela ha discutido
y retrasado esos pagos, y todavía existen deudas pendientes. Pero los
acreedores son las compañías afectadas, no el Gobierno estadounidense. Los
tribunales les reconocieron dinero, no la propiedad sobre una quinta parte del
petróleo venezolano.
Presentar el nuevo acuerdo como
una reparación histórica equivale a que el dueño de un bar cobre una deuda
apropiándose de la finca donde se cultiva la cebada cervecera. La operación
actual no restituye unos barriles que pertenecieran antes a Estados Unidos.
Concede derechos nuevos sobre recursos venezolanos a una sociedad dominada por
Washington. Y los concede un gobierno que depende para sobrevivir del país
beneficiario del contrato.
Todo esto sería menos perturbador
si el desembarco estadounidense hubiera conducido a la democratización
prometida. Cuando las fuerzas especiales capturaron a Nicolás Maduro el pasado 3
de enero, la Administración Trump habló de libertad, transición y elecciones
legítimas. Maduro había usurpado casi con certeza la victoria de Edmundo
González en los comicios de 2024. Había razones más que sobradas para exigir el
final de su régimen. Otra cosa es que existieran razones jurídicas para
bombardear el país, capturar a su presidente y trasladarlo a una cárcel de
Nueva York.
Marco Rubio presentó entonces un
programa de tres fases. Primero, estabilización. Después, recuperación
económica, con acceso de las compañías estadounidenses al mercado venezolano.
Finalmente, transición democrática y elecciones libres. El orden tenía la
claridad de una lista de prioridades: primero se estabilizaba el país, luego
entraban las petroleras y, cuando todo estuviera convenientemente dispuesto, se
permitiría votar a los venezolanos.
Han transcurrido ocho meses. No
hay elecciones convocadas, calendario electoral ni fecha aproximada. Delcy
Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro y figura principal del mismo
aparato chavista, sigue al frente del Gobierno. Conserva buena parte de las
instituciones, las fuerzas armadas, los tribunales y los organismos electorales
que sostuvieron al régimen anterior.
Trump declaró el 24 de julio que
Venezuela «todavía no está preparada» para celebrar elecciones. Añadió que
Delcy estaba haciendo «un trabajo fantástico» y destacó la cantidad de petróleo
que Estados Unidos estaba obteniendo. Es difícil resumir con mayor economía el
cambio de objetivos.
Ha habido excarcelaciones, una
ley de amnistía y conversaciones con algunos sectores de la oposición. Pero las
organizaciones de derechos humanos denuncian que muchas liberaciones han sido
parciales, sometidas a restricciones o sustituidas por arrestos domiciliarios.
A comienzos de agosto quedaban más de 380 presos políticos. La misión
internacional de la ONU advirtió ya en marzo que el aparato represivo
continuaba funcionando y que altos cargos vinculados a violaciones de los
derechos humanos seguían en puestos de poder. Desde la captura de Maduro se
habían producido, además, decenas de detenciones por motivos políticos.
Washington no ha desmontado el
chavismo. Ha llegado a un acuerdo con él. Maduro era hostil, imprevisible y
poco rentable; Delcy Rodríguez es disciplinada, negociadora y abre los campos
petrolíferos. La diferencia ideológica parece haber impresionado mucho menos a
Trump que la diferencia comercial.
La democracia no ha desaparecido
del discurso oficial. Sigue allí, conservada para una tercera fase que llegará
cuando Venezuela esté preparada. Nadie explica quién decidirá que lo está ni
por qué un pueblo capaz de votar en 2024 necesita ahora la autorización de
Washington para volver a hacerlo.
El petróleo, mientras tanto,
dispone ya de campos, porcentajes, previsiones de inversión y planes para
llenar la Reserva Estratégica estadounidense. Las elecciones disponen de una
palabra: algún día.
No resulta difícil averiguar cuál
de las dos cosas motivó realmente la operación.
