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| Campo de concentración de Argelès-sur-Mer, en la costa de Francia, en marzo de 1939. Foto de Robert Capa. |
La fotografía parece pertenecer a
una época remota, casi a otro país. Una mujer joven, de pie sobre la arena,
mira a la cámara con una mezcla de cansancio y dignidad. A su alrededor hay
mantas, ropas tendidas, tablas mal ensambladas, cuerpos inclinados sobre un
equipaje que ya no contiene una vida sino sus restos. No hay casas ni calles;
sólo playa, viento y una provisionalidad que se parece demasiado a la
intemperie.
La escena corresponde a uno de
los campos levantados en las playas del Rosellón francés en 1939. Allí fueron
encerrados decenas de miles de españoles que habían cruzado los Pirineos
durante La Retirada,
tras la caída de Cataluña y la derrota de la República. Habían dejado atrás una
guerra, los bombardeos, las cárceles y el miedo a la represalia. Al llegar a
Francia no encontraron exactamente asilo, sino arena cercada.
En Argelès-sur-Mer,
Saint-Cyprien
y Le Barcarès
se improvisaron campos inmensos junto al Mediterráneo. La palabra improvisados
suele emplearse como si constituyera una disculpa. No lo es. Puede explicar el
desorden inicial, pero no justifica que miles de seres humanos fueran
amontonados a la intemperie, sin agua suficiente, sin letrinas adecuadas, sin
barracones y sin medios para resguardarse de la tramontana. En febrero, aquella
playa luminosa que hoy sirve para las vacaciones era una planicie helada, barrida
por un viento que se colaba por cualquier manta.
Los refugiados españoles
construyeron muchas de las precarias instalaciones en las que luego
malvivieron. Cavaron hoyos en la arena, levantaron chozas con tablas y telas,
hicieron de la escasez una rutina. Las epidemias, la disentería y el hambre
acabaron de convertir el exilio en una prolongación de la derrota. No eran
invasores. Eran familias deshechas, soldados vencidos, jornaleros, maestros,
médicos, niños y ancianos que habían escapado de un régimen que acababa de
demostrar, con una eficacia brutal, cuánto podía costar la victoria.
Conviene recordar algo perturbador:
aquellos campos no fueron inicialmente una obra de Vichy. Se abrieron en los
últimos meses de la Tercera República francesa, cuando Francia aún no había
sido derrotada por Alemania ni gobernada por el mariscal Pétain. La
responsabilidad histórica no puede descargarse sobre los colaboracionistas que
llegaron después. Fue una democracia, asustada, desbordada y atravesada por un
fuerte anticomunismo, la que aceptó que aquellos españoles fueran recluidos
tras alambradas.
Vichy heredó más tarde parte de
esa red de internamiento y la empleó para otros fines todavía más siniestros.
Por aquellos lugares, y por otros como Rivesaltes
o Gurs, pasarían
también judíos, gitanos, antifascistas y extranjeros considerados indeseables. El
desprecio administrativo por quienes no tenían patria ni papeles acabó siendo
un material muy útil para la persecución. La historia nunca empieza de golpe en
el horror absoluto. Antes hay pequeñas renuncias: una manta que no llega, una
puerta que se cierra, un insulto que se tolera, una tienda incendiada de la que
se dice que quizá no es asunto de nadie.
Por eso resulta tan doloroso
contemplar lo que sucede ahora en Ceuta. En las últimas semanas, personas
migrantes que permanecen en asentamientos improvisados han sufrido agresiones y
amenazas. Hace pocos días, un grupo encapuchado atacó el asentamiento de las
Naves del Tarajal; según las informaciones publicadas, arrojó piedras y disparó
una pistola de balines, con el resultado de un niño herido de gravedad. En la
madrugada del 11 de septiembre ardieron al menos cuarenta tiendas y chabolas en
el mismo entorno. Unas doscientas personas, incluidas familias con niños,
perdieron el precario refugio que tenían.
La investigación deberá
determinar el origen concreto del incendio y establecer responsabilidades. No
hay derecho a anticipar una sentencia cuando la policía todavía investiga los
hechos. Pero tampoco lo hay para fingir que un incendio de decenas de tiendas, tras
ataques anteriores contra quienes las habitaban, es una anécdota urbana sin
contexto. El contexto existe y está formado por miedo, abandono, lenguaje
deshumanizador y una peligrosa disposición a aceptar que algunas personas vivan
fuera de la obligación elemental de ser tratadas como personas.
En Ceuta se ha oído demasiadas
veces la palabra «invasión». Es una palabra útil para quien quiere simplificar
el mundo hasta hacerlo irreconocible. Una invasión la protagonizan ejércitos
con uniformes, objetivos militares y cadenas de mando. Una multitud de personas
exhaustas, que duerme en parques, naves abandonadas o campamentos de fortuna,
no es un ejército. Puede plantear un problema gravísimo de gestión fronteriza,
de seguridad, de recursos públicos y de capacidad de acogida. Todo eso es
discutible y debe discutirse. Pero ninguna de esas dificultades autoriza a
convertir a un niño en blanco de una pistola de balines ni a considerar
aceptable que una familia pierda su refugio entre llamas.
La inmigración irregular no es
una cuestión sencilla, y sería pueril afirmarlo. Ceuta soporta una presión
fronteriza excepcional. Es una ciudad pequeña, con recursos limitados y una
frontera sometida a tensiones que no controla. España debe exigir a Marruecos
cooperación efectiva, y Europa no puede mirar hacia otro lado cada vez que una
ciudad fronteriza queda abandonada ante una crisis que es europea. También se
debe perseguir a las redes que trafican con seres humanos y resolver con
rapidez, garantías y sentido común la situación administrativa de quienes
llegan.
Nada de eso contradice la
obligación de proteger la vida y la integridad de quienes ya están aquí. Al
contrario: es su condición previa. El Estado tiene derecho a controlar sus
fronteras; lo que no tiene, ni él ni sus ciudadanos, es derecho a degradar a quienes
las han cruzado. Una frontera no deja de ser frontera porque haya compasión. Lo
que deja de ser, cuando desaparece la compasión, es una frontera civilizada.
Los españoles sabemos algo de
esto, aunque a veces lo hayamos relegado a los álbumes familiares y a las
asignaturas de historia. Hace menos de un siglo fuimos nosotros quienes
llegamos a Francia con las maletas rotas, los hijos de la mano y el porvenir reducido
a una línea de alambre sobre la playa. Francia no estuvo entonces a la altura
de quienes huían. No todos los franceses fueron hostiles, desde luego: hubo
organizaciones solidarias, sindicalistas, cuáqueros, vecinos, médicos y
familias que ayudaron. Pero el Estado francés creó campos y buena parte de la
sociedad aceptó que aquellos vencidos quedaran apartados de la vista.
Ésa es quizá la lección más inquietante
de Argelès. No hace falta que una sociedad sea monstruosa para cometer una
infamia. Basta con que se acostumbre a mirar hacia otro lado. Basta con que los
refugiados sean descritos como una molestia, una amenaza abstracta o una cifra
incómoda. Basta con que nadie se pregunte dónde dormirán esta noche quienes han
perdido una tienda, una manta y unos papeles que acaso eran lo único que
conservaban.
La mujer de la fotografía no nos
pide que resolvamos de un plumazo los dilemas de Ceuta, de España o de Europa.
Nos obliga a algo más modesto y difícil: a reconocerla. Era una española en
Argelès, pero podría ser hoy una refugiada en el Tarajal. Entre ambas sólo
media una playa, una alambrada y la frágil memoria de lo que fuimos.
Quien incendia un campamento de
refugiados no defiende a Ceuta. La empequeñece. Quien agrede a quienes no
tienen techo ni protección no protege una frontera: renuncia a la parte más
elemental de la civilización. Y quien guarda silencio ante esa violencia
debería volver a mirar la fotografía. La arena conserva pocas huellas, pero la
historia recuerda muy bien quién estaba al otro lado de la alambrada.
