En febrero de 2022, cuando los
carros de combate rusos entraron en Ucrania, millones de personas comenzaron a
huir hacia el oeste. España reaccionó como cabía esperar de un país
razonablemente civilizado. Se abrieron centros de recepción, se habilitaron alojamientos,
se escolarizó a los menores y se concedieron permisos de residencia y trabajo.
Las comunidades autónomas, gobernadas por partidos de todos los colores,
ofrecieron plazas sin que sus presidentes advirtieran de la desaparición de
España, la sustitución de su población o el derrumbe de nuestra cultura.
Hasta febrero de 2026, más de 264
000 desplazados de Ucrania habían recibido protección temporal en nuestro país.
Llegaron a ser muchos más que los extranjeros que entraron en Ceuta a finales
de julio, pero nunca fueron presentados como una amenaza para la integridad
territorial. Eran refugiados. Personas que escapaban de una guerra. Familias
necesitadas de ayuda.
En Ceuta, en cambio, se impuso
otro vocabulario. Los que llegaban ya no eran refugiados ni personas, sino una
avalancha, una invasión o una masa. No huían ni buscaban una vida mejor:
asaltaban España. No necesitaban protección: amenazaban nuestra soberanía. La
diferencia no reside solamente en las circunstancias de ambas llegadas. También
está en el origen, el color de la piel, la religión y la posición social de
quienes protagonizaron cada movimiento.
Conviene comenzar reconociendo lo
evidente. Lo ocurrido en Ceuta fue una emergencia extraordinaria. Las
estimaciones iniciales oscilaron entre 50 000 y más de 70 000 entradas en unas
horas. No todos eran marroquíes: también había numerosos migrantes
subsaharianos. La mayoría regresó o fue devuelta rápidamente y Reuters
calculaba pocos días después que permanecían entre 3 000 y 5 000. Pero
concentrar decenas de miles de personas en una ciudad de 84 000 habitantes y
apenas 18,5 kilómetros cuadrados desborda cualquier capacidad asistencial.
Hubo muertes, hacinamiento,
alteraciones del orden, falta de alojamiento y una frontera sobrepasada. Era
imprescindible movilizar policías, sanitarios, servicios sociales y medios
militares. El Ejército no fue enviado necesariamente a combatir una invasión:
proporcionó vigilancia, alojamientos, suministros y capacidad logística. Una
emergencia real exige medios extraordinarios. Hasta aquí, poco hay que
discutir.
El problema comienza cuando una
crisis fronteriza se convierte en una narración bélica y las personas son
transformadas en un ejército enemigo. Vox habló de «verdadera invasión», pidió
el cierre de la frontera, la intervención militar y expulsiones colectivas.
Algunos de sus dirigentes extendieron sus acusaciones a las organizaciones
humanitarias, como si asistir a seres humanos heridos o hambrientos equivaliera
a colaborar con el enemigo. El PP utilizó un lenguaje menos homogéneo, pero
varios de sus dirigentes asumieron conceptos similares y propusieron
devoluciones automáticas que la Fiscalía recordó que no son legalmente
posibles, especialmente cuando afectan a menores.
La comparación europea ayuda a
recuperar cierta perspectiva. Hasta la irrupción extraordinaria de Ceuta,
España ni siquiera era el principal punto de entrada irregular en la Unión
Europea. Según Frontex, durante los siete primeros meses de 2026 las rutas
marítimas españolas habían registrado unas 13 300 detecciones, frente a más de
16 400 en el Mediterráneo central, dirigido principalmente hacia Italia, y más
de 20 200 en el Mediterráneo oriental, cuyo destino principal era Grecia.
Grecia e Italia acumulaban juntas casi tres veces más llegadas marítimas que
España sin que nadie afirmara que la integridad territorial de ambos países
hubiera desaparecido. Frontex advierte, eso sí, que su balance no incorporaba
todavía el episodio de Ceuta.
El panorama general es claro: la
llegada irregular de inmigrantes por mar forma parte de una realidad europea
persistente. Italia y Grecia la soportan desde hace años en proporciones
superiores a las españolas. Se habla de control fronterizo, acogida,
devoluciones y solidaridad comunitaria, pero no siempre se presenta cada
desembarco como una operación contra la soberanía nacional.
La diferencia con los ucranianos
es aún más reveladora. España activó para ellos la protección temporal europea,
una vía excepcional que les concedía desde el primer momento residencia,
permiso de trabajo, sanidad, ayudas y escolarización. Se ampliaron en más de 21
000 las plazas de acogida y las comunidades autónomas ofrecieron espacios para
unas 15 000 personas. Según el Gobierno, el esfuerzo público superó los 1 500
millones de euros durante los primeros años.
Todo eso fue correcto. Lo
significativo es que casi nadie preguntara obsesivamente cuánto costaba cada
ucraniano, qué delitos podrían cometer o si resultaban culturalmente
compatibles con nosotros. Tampoco se exigió que demostraran individualmente su
condición de buenas personas antes de recibir ayuda. Se los consideró
merecedores de protección y después se organizó el procedimiento jurídico para
concedérsela.
Los africanos encuentran el
proceso inverso. Como apenas existen vías legales para que un joven marroquí,
senegalés o maliense pueda solicitar entrada, muchos llegan irregularmente. Esa
irregularidad, creada en buena medida por la ausencia de alternativas, se
utiliza después como prueba de su peligrosidad. Los ucranianos fueron regulares
porque Europa decidió regularizarlos inmediatamente; los africanos son llamados
«ilegales» porque Europa ha decidido no ofrecerles una puerta equivalente.
También influye el perfil
demográfico. Entre los desplazados ucranianos predominaban mujeres, menores y
personas mayores, pues muchos hombres en edad militar no podían abandonar el
país. Entre quienes cruzaron a Ceuta había numerosos varones jóvenes. Un grupo
de madres con niños despierta compasión; una multitud de hombres jóvenes
provoca inquietud. La diferencia psicológica es comprensible, pero no autoriza
a convertir una percepción en una condena colectiva. Ser joven, varón, pobre y
musulmán no constituye delito ni demuestra una intención invasora.
El contraste aparece igualmente
en el reparto territorial. Las comunidades autónomas aceptaron sin grandes
conflictos a miles de ucranianos. Cuando se propone distribuir a unos pocos
centenares de menores extranjeros llegados a Canarias o Ceuta, comienzan los
recursos judiciales, las negativas, las cuentas sobre capacidades supuestamente
agotadas y las advertencias sobre efectos llamada. Algunas administraciones que
exhibieron orgullosamente su solidaridad con Ucrania consideran ahora
insoportable recibir a unas decenas de adolescentes africanos.
Esa diferencia tiene un nombre:
xenofobia selectiva. No consiste necesariamente en odiar a cualquier
extranjero. De hecho, el xenófobo moderno suele poner como prueba de su
tolerancia precisamente a los extranjeros que acepta. Se recibe con los brazos
abiertos al europeo blanco, cristiano y culturalmente próximo mientras se
presenta al africano o al musulmán como una amenaza demográfica. La
hospitalidad queda condicionada por el parecido del recién llegado con quien
abre la puerta.
No se trata de negar las
diferencias jurídicas ni logísticas. Los ucranianos huían de una guerra
reconocida; quienes entraron en Ceuta formaban un grupo heterogéneo de
refugiados potenciales, migrantes económicos y personas movilizadas por rumores
o redes. Los primeros llegaron gradualmente y se distribuyeron por todo el
país; los segundos irrumpieron en unas horas en un territorio diminuto. Estas
circunstancias explican por qué Ceuta sufrió una crisis inmediata. No explican
que unos fueran recibidos como víctimas y otros descritos colectivamente como
invasores.
Un Estado tiene derecho a
controlar sus fronteras, identificar a quienes entran, examinar las solicitudes
de asilo y devolver a quienes no tienen derecho a permanecer, siempre con
garantías legales. Nada de eso es xenófobo. Sí lo es asociar inmigración y delincuencia
sin pruebas, atribuir intenciones militares a civiles desarmados, negar
protección a los menores por su nacionalidad o reclamar para los africanos un
trato que nunca aceptaríamos si se aplicara a los ucranianos.
La pregunta más perturbadora no
es por qué España acogió a quienes huían de Ucrania. Hizo bien. La pregunta es
por qué aquella generosidad, que demostró nuestra enorme capacidad de acogida,
parece evaporarse cuando quienes llaman a la puerta tienen la piel más oscura,
rezan de otra manera y proceden del sur. La crisis de Ceuta puso a prueba
nuestras fronteras durante unas horas. El lenguaje con el que hemos hablado de
quienes las cruzaron está poniendo a prueba algo bastante más duradero: la idea
que tenemos de nosotros mismos.
