Cuando pensamos en una guerra
imaginamos tanques, aviones y soldados cruzando una frontera. Sin embargo,
buena parte de los conflictos del siglo XXI ya no se desarrollan así. Las
grandes potencias y muchos Estados regionales han descubierto que existe una
forma mucho más rentable de presionar a un adversario: actuar sin llegar a
declarar la guerra.
Los estrategas denominan a ese
espacio ambiguo la zona gris. No es paz, porque existe una voluntad de
perjudicar al adversario. Tampoco es guerra, porque las acciones emprendidas no
alcanzan el nivel que justificaría una respuesta militar convencional. Es una
franja intermedia donde la presión económica, la propaganda, el espionaje, los
ciberataques, el sabotaje o incluso la migración pueden convertirse en armas
políticas.
La ventaja de actuar en la zona
gris es evidente. Si un ejército invade un país vecino, la comunidad
internacional sabe cómo reaccionar. Si, por el contrario, un Estado lanza una
campaña masiva de desinformación, promueve un ciberataque contra una red eléctrica
o favorece una crisis migratoria, resulta mucho más difícil responder. ¿Se
trata realmente de una agresión? ¿Puede demostrarse la intención? ¿Qué
respuesta sería proporcional?
Las herramientas empleadas en
este tipo de confrontación reciben el nombre de ataques híbridos porque
combinan instrumentos muy distintos. Un mismo episodio puede incluir campañas
de propaganda, presión diplomática, ataques informáticos, sabotajes, coerción
económica y utilización de actores aparentemente civiles. Ninguna de esas
acciones constituye por sí sola una guerra. Juntas pueden alterar el
comportamiento de un Estado entero.
Quizá el ejemplo más conocido sea
el de Crimea en 2014. Antes de la anexión por Rusia aparecieron hombres armados
sin distintivos oficiales que ocuparon edificios estratégicos mientras una
intensa campaña informativa sembraba confusión sobre quién controlaba realmente
el territorio. Aquellos «hombrecillos verdes» permitieron modificar la
situación sobre el terreno antes de que la comunidad internacional pudiera
reaccionar.
Otro ejemplo fue el ciberataque
sufrido por Estonia en 2007. Durante varios días quedaron afectados bancos,
ministerios, periódicos y servicios públicos. No hubo bombas ni disparos, pero
un país altamente digitalizado quedó prácticamente paralizado. Atribuir la
responsabilidad resultó extraordinariamente complejo, precisamente una de las
características de las operaciones en la zona gris.
La instrumentalización de la
migración constituye otra modalidad de presión híbrida que ha adquirido una
importancia creciente durante la última década. En 2020, miles de migrantes
fueron conducidos hacia la frontera greco-turca después de que Ankara anunciara
que dejaba de impedir su paso hacia Europa. Grecia y la Unión Europea
interpretaron aquella actuación como un intento deliberado de utilizar los
flujos migratorios para obtener concesiones políticas. Turquía respondió que
simplemente ya no podía soportar en solitario la carga de millones de
refugiados. Más allá de quién tuviera razón, el episodio mostró hasta qué punto
un fenómeno humanitario puede convertirse en un instrumento geopolítico.
Algo parecido ocurrió en 2021 en
la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Las autoridades europeas acusaron al
régimen de Aleksandr Lukashenko de facilitar la llegada de migrantes
procedentes de Oriente Próximo para dirigirlos hacia las fronteras exteriores
de la Unión Europea. El objetivo, según Bruselas, era desestabilizar
políticamente a varios Estados miembros sin recurrir a la fuerza militar.
Estos ejemplos ilustran una
característica esencial de la guerra híbrida: el arma no siempre es un misil.
Puede ser un cable submarino cortado, un virus informático, una campaña de
noticias falsas o un flujo masivo de personas.
Con este marco conceptual resulta
inevitable preguntarse si la reciente crisis de Ceuta puede interpretarse de la
misma manera.
La respuesta exige prudencia.
Calificar un episodio como ataque híbrido implica atribuir una intención
deliberada a un Estado. Esa intención no siempre puede demostrarse de forma
concluyente y, además, suele convertirse inmediatamente en objeto de controversia
política.
Ahora bien, si dejamos a un lado
las declaraciones oficiales y analizamos únicamente el patrón estratégico, la
semejanza con otros episodios de presión híbrida resulta evidente. En la
reciente entrada masiva de migrantes no hubo empleo de fuerza militar. Tampoco
se produjo una invasión convencional. Sin embargo, España se vio obligada a
movilizar recursos extraordinarios, reforzar la frontera, atender una
emergencia humanitaria y gestionar una crisis política y diplomática de primer
orden.
Precisamente eso persiguen muchas
operaciones en la zona gris: imponer costes al adversario sin disparar un solo
tiro.
Ceuta posee, además, unas
características que la convierten en un escenario especialmente sensible. Es
una frontera terrestre entre Europa y África, concentra una enorme presión
migratoria y tiene un elevado valor simbólico para España y para Marruecos. Cualquier
alteración de la normalidad adquiere inmediatamente una dimensión
internacional.
En términos estratégicos, puede
afirmarse que Ceuta constituye una auténtica zona gris geográfica: un lugar
donde confluyen disputas territoriales, control de fronteras, presión
migratoria, relaciones diplomáticas, seguridad europea y percepción pública.
Todo ello la convierte en un espacio especialmente propicio para operaciones de
coerción que no llegan a ser una guerra abierta.
¿Significa eso que la reciente
crisis fue necesariamente un ataque híbrido? No de forma automática. Para
afirmarlo con rotundidad sería necesario demostrar que la relajación de los
controles fronterizos respondió a una decisión política deliberada destinada a
presionar a España o a la Unión Europea. Esa demostración corresponde a los
servicios de inteligencia y a los responsables políticos, no a los analistas.
Sin embargo, también sería
ingenuo ignorar que la instrumentalización de la migración forma ya parte del
repertorio estratégico de diversos Estados. Lo ocurrido en Grecia, Polonia o la
propia Ceuta en 2021 demuestra que los movimientos masivos de personas pueden
utilizarse como herramienta de presión con una eficacia considerable.
Quizá la principal lección sea
otra. Durante siglos las fronteras se defendían con fortalezas y cañones. Hoy
siguen siendo necesarios, pero ya no bastan. En la guerra híbrida las armas
pueden ser un algoritmo, una campaña en redes sociales, un cable submarino, una
remesa de gas... o una multitud de personas desesperadas.
La geopolítica del siglo XXI ha
convertido la zona gris en uno de sus principales campos de batalla. Y pocas
fronteras europeas ilustran mejor esa realidad que Ceuta, donde la línea que
separa la paz del conflicto resulta cada vez más difícil de dibujar.
