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viernes, 19 de agosto de 2016

Malos aires: vamos a peor

Hace tres años publiqué una entrada (Malos aires) en la que me ocupaba del cada vez más alarmante incremento de la temperatura global debida, entre otras causas, a las actividades humanas. Aquí seguimos en las mismas.

Según los datos avanzados por el Gobierno español a la Comisión Europea[1], las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2015 superaron los 339 millones de toneladas equivalentes de CO2, con un aumento de 13,77 millones de toneladas respecto del año anterior (4,2% de incremento), lo que supone aumentar en más de un 18% nuestras emisiones de GEI respecto a 1990. A todo ello se suma un incremento de la degradación de la capacidad de absorción natural de un 8%.

El año pasado fue el segundo año en que se produce un incremento de las emisiones desde que en 2008 descendieran bruscamente debido a la crisis económica, y refleja la inacción de las administraciones públicas a la hora de poner en marcha políticas de lucha contra el calentamiento global. La cifra sigue situando al Estado español a la cabeza de la Unión Europea en el incremento de emisiones desde 1990, año que se toma como referencia para el protocolo de Kioto.

El principal incremento observado se debe al sector energético, con un 17% de aumento de GEI, y en que destaca, dentro un lamentable marco del mayor uso de combustibles fósiles, el nuevo aumento de consumo de carbón, debido en parte al apoyo evidente del Gobierno a la utilización de este combustible obsoleto y contaminante. Otro de los factores determinantes es la actividad industrial, que aumentó un 10%, con un incremento del 17% del sector siderúrgico, así como un aumento del 23% de las industrias asociadas a los sustitutos del ozono.

Es patente también cómo el nulo esfuerzo de la Administración frente a la movilidad provoca seguir con el incremento continuo de la motorización de los desplazamientos, que ha aumentado en un 2,5% su consumo. Así, el resultado evidente es un incremento neto del consumo de combustibles fósiles, que está muy por encima del resto de indicadores económicos, lo que indica la adicción del modelo económico español al petróleo.

La falta de medidas contra el cambio climático provocará que el Estado español se vea obligado a aumentar en un 10% su peso en el sistema europeo de derechos de emisión (ETS). Las emisiones en España en el periodo 1990-2014 son las que más aumentaron en Europa: un 18,6% (en valores absolutos, 53,4 millones de toneladas). Estos datos muestran cómo las declaraciones del gobierno durante la COP21 de París son indefendibles, ya que no han sido capaces de lograr el descenso de las emisiones. De hecho, los compromisos asumidos por España le permitirán en 2020 seguir teniendo mayores emisiones que en 1990. Las reducciones comprometidas para 2030 son ínfimas. El nuevo año de referencia de los compromisos de reducción de GEI (2005), cuando se produjeron emisiones récord en España, hace que en 2015 pasemos de excedernos un 18% respecto a 1990 a haber reducido un 22% respecto a 2005.

Estos datos refrendan la irresponsable actitud del Gobierno frente al cambio climático, plasmada en la política contraria a las renovables, la penalización al autoconsumo, las subvenciones a los sectores fósiles como el carbón, el apoyo a la energía nuclear o el recurso contra gobiernos locales y regionales que han manifestado su oposición al fracking.

Esta actitud temeraria somete a todo el territorio español, especialmente frágil a las consecuencias del cambio climático, a un agravamiento peligroso del deterioro ambiental como consecuencia del calentamiento global. El Estado español, que debería ser puntero en el uso de tecnologías renovables, sigue apostando irresponsablemente por la continua quema de fósiles como única forma de desarrollo.

Es urgente y necesario dejar atrás esta visión cortoplacista e insostenible, abordando con la mayor urgencia un cambio radical en el modelo actual de producción y de consumo, que consiga disminuir las emisiones contaminantes y alcanzar la justicia social y ambiental.



[1] Fuente: http://www.ecologistasenaccion.org/article32696.html