Hay momentos en los que la
política exterior de una superpotencia parece escrita en una servilleta de
papel, entre el postre y el café. La actual aproximación de Donald Trump a Irán
tiene algo de eso: una mezcla de intuición, teatralidad, cálculo electoral y
presión militar que avanza sin una arquitectura clara, pero con abundantes
riesgos.
Ante la posibilidad de un ataque contra Irán, en las últimas semanas Estados
Unidos ha ido concentrando recursos militares en Oriente Medio y Europa. Portaaviones, sistemas antimisiles,
bombarderos estratégicos. El ruido de fondo es inequívoco. Sin embargo, en
paralelo, Trump insiste en que las conversaciones con Teherán deben continuar.
La acción militar no está descartada, pero tampoco lo está la negociación. La
ambigüedad como método.
El viaje del primer ministro
israelí Netanyahu a Washington el 11 de febrero tenía un objetivo evidente:
endurecer la posición estadounidense hasta hacer inviables las conversaciones.
No lo consiguió. Según diversas informaciones, Trump le trasladó que prefería
mantener abiertos los canales indirectos con Teherán. La escena es reveladora:
Israel empujando hacia la confrontación estratégica, mientras la Casa Blanca
calibra costes y tiempos.
Netanyahu puede confiar en que
Trump mantendrá una línea dura respecto al programa nuclear iraní. Pero no está
tan claro qué ocurrirá con los misiles balísticos y con la red de apoyos
regionales de Irán. Durante meses, el presidente estadounidense repitió que
cualquier acuerdo debía incluir el desmantelamiento de la capacidad misilística
iraní. Más recientemente, ha deslizado que podría aceptar un pacto limitado al
ámbito nuclear. «Nada
de armas nucleares», dijo. El resto, ya se verá.
Esa frase, aparentemente simple,
contiene una fractura estratégica. Tanto Irán como Israel saben que la
disuasión iraní descansa más en sus misiles que en el enriquecimiento de
uranio. El átomo es amenaza potencial; los misiles son herramienta inmediata.
Renunciar a esa exigencia sería admitir que el conflicto puede administrarse,
no resolverse.
Pero hay un problema más
profundo: la guerra no es una operación quirúrgica de bajo coste político.
Trump, que se considera a sí mismo un negociador nato, parece buscar una
victoria rápida, limitada, sin cadáveres estadounidenses que regresen envueltos
en la bandera. El precedente pesa. Tras lo que él interpreta como acciones con
éxito contra objetivos iraníes en el pasado reciente, confía en que la presión
militar produzca resultados sin derivar en una guerra abierta.
El
Pentágono, sin embargo, maneja otros cálculos. Según diversas informaciones
—incluida
una difundida por CBS News— el presidente ha recibido advertencias claras
sobre los riesgos. Irán conserva capacidad para cerrar o perturbar rutas
marítimas esenciales, golpear bases estadounidenses en la región y activar
redes afines en distintos escenarios. La contención que mostró en episodios
anteriores podría evaporarse si percibe una amenaza existencial.
La tensión entre poder civil y
mando militar no es nueva. En los años noventa, la administración de Barack
Obama todavía no existía; quien ocupaba la Casa Blanca era Bill Clinton, y el
presidente del Estado Mayor Conjunto era Colin Powell. Powell relató en sus
memorias su choque con la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright
cuando esta preguntó para qué servía un gran ejército si no se utilizaba. La
respuesta implícita era clara: la fuerza militar no es un instrumento
ornamental ni una palanca automática; implica vidas y consecuencias.
Hoy la discusión reaparece con
otros protagonistas y mayor estridencia. Trump no parece disponer de un aparato
institucional sólido que ordene prioridades, riesgos y objetivos. No hay un
marco estratégico comparable al que articuló la administración de Obama en 2015
para negociar
el acuerdo nuclear. Entonces, la Agencia Internacional de la Energía
Atómica verificó
el cumplimiento técnico; la UE presidía la comisión conjunta y el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas dio respaldo jurídico internacional al
pacto. Había arquitectura.
Trump se mueve en otro registro. Retiró
a Estados Unidos del acuerdo en 2018 sin un plan alternativo detallado. Su
aproximación actual se apoya en conversaciones indirectas supervisadas por dos
figuras sin trayectoria diplomática clásica: Steve Witkoff y Jared Kushner.
Ambos, además, gestionan
otros conflictos delicados, como la guerra entre Rusia y Ucrania. La
política exterior convertida en pluriempleo.
A esta fragilidad institucional
se suma un elemento estructural: la sobreextensión. Estados Unidos dispone de
un poder militar formidable, pero no ilimitado. Los sistemas de defensa
antimisiles —interceptores Thaad, baterías Patriot— son recursos escasos. En
los últimos años han sido enviados a aliados como Israel, Ucrania y Taiwán. La
Marina ha reducido existencias de misiles esenciales para proteger su flota. En
un conflicto prolongado con Irán, Washington debería redistribuir arsenales,
debilitando otros teatros estratégicos.
El dilema es evidente: para un presidente que proclamó “America First” y prometió evitar aventuras exteriores innecesarias, abrir un frente de alta intensidad en el Golfo Pérsico implicaría tensar aún más las costuras globales. La producción industrial de determinados misiles no permite una reposición inmediata. La guerra moderna se libra también en las cadenas de suministro.
En este tablero intervienen otros
actores regionales. Arabia Saudí, Qatar y Turquía —cada uno con su propia
agenda— han
recomendado cautela. Un colapso del régimen iraní puede sonar atractivo en
abstracto, pero la experiencia en Irak, Libia o Siria sugiere que la
fragmentación estatal, el desplazamiento masivo y la violencia prolongada son
escenarios más probables que una transición ordenada. Incluso un Irán
debilitado podría dañar gravemente el tráfico petrolero del Golfo.
Trump, sin embargo, ya ha elevado
la apuesta. El despliegue militar masivo crea expectativas. Para un líder
especialmente atento a la percepción de fortaleza, retroceder sin resultados
visibles puede interpretarse como debilidad. Y en política estadounidense, la
debilidad percibida se paga.
Nos encontramos, así, ante una
ecuación inestable. Por un lado, la posibilidad de un acuerdo limitado al
ámbito nuclear, pragmático, quizá frágil pero funcional. Por otro, la tentación
de una acción militar que pretenda resolver simultáneamente el expediente
nuclear, el misilístico y la proyección regional iraní. Entre ambos extremos,
la improvisación.
La historia reciente enseña que los acuerdos sin anclaje institucional y sin mecanismos claros de resolución de disputas tienden a erosionarse. También enseña que las guerras iniciadas con objetivos ambiguos tienden a expandirse. Si Trump decide atacar pese a las advertencias militares, asumirá una de las decisiones más arriesgadas de las últimas décadas en la política exterior estadounidense.
El precio no será solo suyo. En un mundo interconectado, las ondas expansivas de una guerra en el Golfo alcanzarían mercados energéticos, equilibrios regionales y alianzas globales. A veces, la política internacional parece un juego de billar; otras, una mesa de pinball donde la bola rebota sin rumbo claro. En estos momentos, la Casa Blanca oscila entre ambos tableros.
